Expertos del Caribe presentaron la Real Orden de 20 de noviembre de 1803, que es la partida de bautismo de San Andrés Islas, como prueba reina de la Cancillería de Colombia para rechazar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a Nicaragua.

El 13 de julio publicará el fallo sobre la queja de Nicaragua de un supuesto incumplimiento del fallo de 2012. Al mismo tiempo, presentaron una petición al tribunal para resolver ―a favor de Colombia― el conflicto limítrofe con Nicaragua. Pero, pareciera que la Cancillería colombiana ―a cargo de Álvaro Leyva Durán― sigue la misma sordera y el síndrome de la rana sorda como aquella motivadora fábula infantil. ¡No escucha! Por ende, tampoco responde las peticiones respetuosas de los expertos que le advierten que se van a estrellar nuevamente.

Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como cierre del encuentro denominado “Camino a la Cumbre Amazónica: reunión técnico-científica”, (6, 7 y 8 de julio de 2023) organizado por la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente, descuida la protección de la soberanía nacional frente a la aspiración de Nicaragua de quedarse con gran parte de la plataforma marítima nacional.

Conducta omisiva para defender a San Andrés isla

La Cancillería colombiana estaría incurso en una conducta omisiva, poco transparente y antipatriótica que afectaría la soberanía nacional. No ha querido ponerle contención a los deseos del presidente Daniel Ortega de expansión de los límites marítimos de Nicaragua, lo cual afectaría grandemente a la población isleña.

En efecto, la conducta del gobierno actual es el mismo camino conducido por los cancilleres que le precedieron en los últimos 30 años. En este período los analistas se han divido para recibir los fallos de la Corte. Para el gobierno de Iván Duque fue un triunfo, porque Colombia no fue condenada a reparar monetariamente a Nicaragua. En vez de ordenar reparaciones de este tipo, la Corte optó por solicitar que cesaran esas violaciones. sobre el diferendo Colombia Nicaragua.

Por otra parte, hay expertos como el perito internacional cartagenero, Juan Roberto Serrano Ochoa, residente en La Haya, que desde el año pasado le esta solicitando al gobierno del presidente Gustavo Petro que rectifique el curso de esas negociaciones.

«La rana sorda» del Canciller

Mientras el Canciller Álvaro Leyva posa con nuestros indígenas del Amazona, está dejando solo a los nativos del Caribe a merced de la voracidad nicaraguense. /Presidencia.

El perito, obrando como ciudadano, presentó un escrito ante la misma Corte un día antes de que se vencieran los términos para que el gobierno presentara la oposición al fallo de 2012 que se dio a conocer en el mes de abril de 2022. Adjuntó pruebas históricas sobrevivientes para revertir ese fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.

De manera que el 27 de noviembre de 2022 publicamos la primera entrega de esta serie sobre esas pruebas sobrevivientes. Allí Serrano Ochoa explicó la necesidad de que el equipo de la Cancillería se enterara de esas pruebas para que la sopesaran a fin de mejorar la estrategia de defensa de los intereses colombianos. Pero el gobierno nacional hasta ahora no le ha respondido. En la segunda entrega, se presentaron esas pruebas históricas, pero la Cancillería seguía sorda. En junio la revista Semana entrevistó a Serrano donde reiteró lo que ya había planteado en noviembre y diciembre de 2022 en VoxPopuli Digital: solicitar al gobierno rechazar el fallo dela Corte y tener en cuenta las nuevas pruebas que no se tuvo en cuenta en esa decisión.

Nuevo derecho de petición

El nuevo derecho de petición de Serrano Ochoa, radicado el 4 de julio, reitera la necesidad de que Colombia presente antes del 13 de julio de 2023 la coadyuvancia a la petición ciudadana que le hizo a la Corte en tiempo legal, es decir, el 18 de noviembre de 2022. Esta solicitud la presentó para la reparación y rectificación del fallo enviada a la CIJ con copia al Secretario General de las Naciones Unidas. También propone:

«RECHAZAR de una vez por todas el fallo en mención y todo lo dispuesto con relación al mismo, responsabilizando a la CIJ de las consecuencias impredecibles que se puedan presentar al no atender la solicitud de reparación y rectificación al Fallo del 2012, enviada a la CIJ, por el suscrito.

Si bien Juan Roberto Serrano presentó oportunamente una oposición al fallo, es una iniciativa ciudadana que necesita la coadyuvancia del Estado colombiano. Por tanto, esta coadyuvancia debe hacerla la Cancillería antes de que se dé lectura al fallo que está previsto para el 13 de julio, como ya se dijo.

San Andrés y Mosquitos son de Colombia

Para sustentar la prueba histórica sobreviviniente, Serrano señala que en el párrafo 65 del fallo de Noviembre 19 de 2012, la CIJ desconoció, sin una sustentación previa, la Real Orden de 20 de noviembre de 1803. La Corte señaló:

“… que ni Nicaragua ni Colombia han demostrado que poseían título sobre las formaciones insulares en disputa en virtud del uti possidetis juris,” reconociendo la CIJ que Nicaragua no presenta título sobre las formaciones insulares en disputa y con el “ni Colombia,”

la CIJ se atreve a desconocer sin una sustentación previa, la Real Orden de 20 de noviembre de 1803. A finales del siglo XVIII, la costa de la Mosquitia o Misquitia, actualmente territorio de Zelaya alta y Zelaya baja en Nicaragua, era entonces un espacio habitado por los indios Misquitos y dependía de la Corona Española bajo el gobierno de los Borbón, siendo Rey don Carlos IV, quien expidió el 20 de noviembre de 1803 una Real Orden que tiene el valor de una Célula Real:

«El Rey ha resuelto que las Yslas de San Andres, y la parte de la costa de Mosquitos desde el cabo de Gracias a Dios inclusive hacia el río Chagres, queden segregadas de la Capitanía General de Guatemala, y dependientes del Virreinato de Santa Fe, y se ha servido S.M. conceder al governador de las expresadas Yslas Don Tomás O´Neille el sueldo de dos mil pesos fuertes anuales en lugar de los dos mil y doscientos que actualmente disfruta. Lo aviso a Vuestra Excelencia de Real Orden a fin de que por el ministerio de su cargo se expidan las que correspondan al cumplimiento de esta soberana resolución. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, San Lorenzo 20 de noviembre de 1803″.

En el año de 1805 don Carlos IV emitió otra Real Orden confirmando la anterior. Esta es la que podemos llamar “partida de bautismo”, las escrituras de Colombia sobre el Archipiélago. Tiene fuerza de ley internacional y como tal tendrá que tenerla en cuenta la Corte de la Haya en la demanda que Nicaragua ha interpuesto contra Colombia.

Rechazar el fallo

Sin duda, al presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego no le queda otra salida que el de rechazar el fallo. Esta decisión debe tomarla por dos razones. Primero porque es su responsabilidad constitucional y legal por ser el representante legal del estado colombiano. Segundo, porque es un deber por amor de patria ser diligente para la defensa de nuestros intereses patrióticos.

¿Qué consecuencias tendría si no actúa para revertir esa decisión que es injusta de todo punta de vista? Puede ser procesado por la Comisión de Acusaciones. Igualmente, el país y, especialmente el Caribe, rechazaría esa conducta negligente.

El mismo presidente Juan Manuel Santos rechazó el veredicto del alto tribunal de La Haya, porque cometió serios errores en el trazado de la frontera. El fallo del máximo tribunal mundial movió hacia el Este la frontera marítima entre los dos países. Le otorgó a Nicaragua 200 millas náuticas en el Mar Caribe que antes estaban bajo soberanía de Colombia.

¿Qué responderá el presidente Gustavo Petro ante la conducta omisiva de su canciller? ¿Qué dicen los senadores del Pacto Histórico? En la próxima entrega analizaremos la lectura del fallo del 13 de julio.