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Corte Suprema condena a exsenador Mario Castaño a 15 años de cárcel por corrupción

El exsenador liberal Mario Castaño fue condenado al haberse comprobado que lideraba una red criminal de corrupción en varios departamentos del país.

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Por liderar un red de corrupción estatal, el exsenador Marío Castaño tendrá que pagar una pena de 15 años de cárcel y pagar una millonaria multa. Así lo sentenció la Corte Suprema al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

El fallo del alto tribunal está relacionado con la red criminal que tejió en diferentes municipios como Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca de la mano de servidores públicos y particulares. Además de la condena, tendrá que pagar 11.968.54 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y también una multa de $1.060.000.000.

Corte Suprema abrió nueva investigación contra el exsenador Mario Castaño y le negó libertad

Según se lee en el documento, Castaño cumplirá condena por 19 delitos establecidos luego de una investigación que inició el pasado marzo de 2022 por las irregularidades en contratación en varios departamentos del país. “Para la Sala, el Senador Mario Castaño tenía plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos, pues así lo revela su sanidad mental y la plena conciencia (…) De manera voluntaria solicitó la diligencia de formulación de cargos y los aceptó en su totalidad”, dicta en el fallo.

Por medio de la investigación, se logró establecer que Castaño habría aprovechado su experiencia como contador público y con información sobre finanzas de la nación montó un entramado de corrupción para entregar contratos de obras públicas en diferentes departamentos a cambio de millonarias coimas.

La Corte consideró que su posición política le permitió tener contacto con diversos actores del sector público (alcaldes y funcionarios) y, a través de un entramado burocrático, interferir en diferentes procedimientos administrativos y de contratación que le facilitaron a la organización alcanzar su cometido delictivo y obtener provecho ilícito en detrimento del patrimonio del Estado.

Por otro lado, con respecto al delito de estafa agravada, el alto tribunal determinó que Castaño a través de particulares, engañó a funcionarios del Ministerio de Cultura para que creyeran que los dineros del proyecto de la Escuela Taller Salamina serían destinados de manera íntegra a ese propósito, cuando en realidad parte de esos recursos fueron desviados al patrimonio de Castaño Pérez y al de quienes intervinieron en el hecho, obteniendo así un provecho ilícito.

Con plata corrupta de Mario Castaño se habrían financiado campañas electorales

En la sentencia condenatoria, contra la cual procede el recurso de apelación, la Corte también dio por acreditado que “consiguió que los contratistas Juan Carlos Martínez Rodríguez y Daniela Ospina Loaiza, vinculados al Senado de la República, se apropiaran de recursos públicos por 40 millones de pesos. La condena destaca que con su posición de senador y usando sus poderes burocráticos no sólo logró que entraran a esa corporación, sino que también consiguió que se le diera trámite al pago de distintas cuentas de cobro pese a que había discordancias entre los informes presentados por ellos y el del supervisor del contrato”.

Sin embargo, la Corte Suprema anuló parte de la aceptación de cargos, específicamente en relación al delito de interés indebido en la celebración de contratos y uno de los casos de peculado para que la investigación continúe.

“De igual manera, en relación con los delitos de peculado por apropiación en grado de tentativa, por los hechos relacionados con los proyectos de canchas sintéticas en los municipios de Suárez y San Diego, Samaná, así como lo relativo a los proyectos de “Sacúdete” en Armero Guayabal y Villamaría, para que el asunto retorne a la Sala de Instrucción y bajo un nuevo número de radicación se adelante lo dispuesto al respecto”, dice la sentencia.

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Procuraduría hará veeduría sobre carrotanques de agua en la Guajira

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio de la Guajira por parte de los carrotanques que están funcionando

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La Procuraduría le solicitó información a la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD) sobre las acciones que se están implementando para brindar accesibilidad y calidad del agua potable para la población wayuú en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, municipios de La Guajira.

En la solicitud, también se pidió a la Unidad los estudio y conceptos técnicos que determinaron que la adquisición de los carrotanques era una de las soluciones a corto plazo para lograr el abastecimiento de agua en La Guajira, los puntos de captación del recurso hídrico y la calidad de agua suministrada en el departamento.

De igual manera que se detalle la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos.

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio por parte de los carrotanques que están funcionando, cómo se determinaron estas rutas y sus frecuencias y la respectiva socialización con las administraciones municipales sobre esas rutas de distribución.

La Procuraduría destacó que en la pasada mesa de trabajo realizada el 21 de febrero, el subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, indicó que es la misma entidad la que toma muestras aleatorias al agua de los carrotanques y las procesa en sus laboratorios.

Por ello, pidió a su vez información sobre el número de Puestos de Mandos Unificados, las mesas de diálogo y de monitoreo, ajustes y continuidad por parte de la UNGRD y la participación de las autoridades wayuú en esos espacios.

Por otra parte, el Ministerio Público requirió en el informe las medidas de prevención ante la temporada de menos lluvias, es decir, época del Fenómeno del Niño.

La entidad ha destacado la importancia de trabajar armónicamente con otras entidades nacionales y territoriales, con el fin de realizar acciones orientadas a garantizar el goce efectivo del derecho al agua para la población en la Guajira.

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Carro de Day Vásquez se incendia cuando estuvo parqueado en Barranquilla

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

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En las últimas horas, Day Vásquez escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que su carro se incendió cuando estaba parqueado en la puerta de la casa de sus padres. 

“Y de repente el carro parqueado en la puerta de la casa de mis papás… Vaya sorpresa!! Se INCENDIÓ”, indicó.

https://twitter.com/RNacional_News/status/1764323044921692659

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, se hay varias teorías, desde fallos técnicos hasta la posibilidad de un sabotaje deliberado. 

Recordemos que Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, actualmente enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y es la testigo clave en el proceso judicial contra el hijo del presidente Gustavo Petro. 

Tras su arresto el pasado julio, el hijo del mandatario admitió, según la Fiscalía, haber recibido dinero para la campaña del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del polémico empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

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Ministerio público solicita restricciones de circulación de Salvatore Mancuso

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira.

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Luego de la audiencia que inició este primero de marzo y en la que el juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá está definiendo si le otorga o no la libertad a prueba a Salvatore Mancuso, la Procuraduría General de la Nación solicitó restricciones de movilidad en el territorio nacional al exjefe paramilitar como garantía a los derechos de las víctimas.

Así mismo, se destacó que si no se fijan dichas  limitaciones en sus desplazamientos, se traduciría “claramente en una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”.

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, en donde tuvo lugar su accionar criminal. 

Además, la Procuraduría precisó que no se le puede conceder de manera inmediata la libertad a prueba, mientras no comparezca ante las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también cursan procesos en su contra.

El Ministerio Público aseguró que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz.

Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control indicó que esa designación “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo es y seguirán siendo las víctimas”.  

El tema de la libertad a prueba del exjefe paramilitar se discutió en años anteriores en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, donde se decidió que Salvatore Mancuso cumplía los requisitos para acceder a esa medida, que no se le había otorgado porque no estaba en el país. 

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