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Gobernadores y Gustavo Petro tendrán nuevo pulso en Rionegro
La discusión sobre la forma como se viene manejando la descentralización del país tendrá lugar en la cumbre de gobernadores a realizarse en Rionegro.
Este lunes 8 de mayo se conmemorarán 160 años de una de las cartas de batalla más progresistas y liberales de Colombia: la Constitución de 1863, que justamente tuvo como epicentro de formación el municipio de Rionegro, que no por nada es conocido hoy por hoy como “la cuna de la libertad” del Oriente antioqueño.
Al margen del repaso histórico y de las remembranzas nostálgicas de una constitución que apostó a la libertad plena y estableció el federalismo, la fecha busca poner de presente un pendiente que sigue haciendo mella en pleno siglo XXI: la descentralización y la autonomía regional que, aunque consagró hace 30 años la Constitución del 91, sigue en veremos. No es un asunto menor.
Hoy, de los casi $16 billones dispuestos en regalías para 2023, apenas $5,3 billones son para inversión regional, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Es decir, de cada $1.000 producto de las regalías, apenas le corresponden a las regiones alrededor de $340.
Ello podría explicar las marcadas desigualdades en los territorios versus el centro del país, que se hacen palpables en la ausencia de universidades, carencias en materia de ciencia y tecnología (cuyos recursos se siguen concentrando en ciudades como Bogotá o Medellín), o que uno de cada 3 departamentos en Colombia no tenga representación en el Senado.
“La Constitución de 1991 fue muy progresista, pero se quedó corta y le faltó desarrollar aspectos de autonomía regional y descentralización. Hoy las regiones reclaman una mayor participación en el fisco y en los recursos. No podemos seguir viviendo de los impuestos del alcohol o el cigarrillo, como hace 160 años”, reclama el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera.
Incluso, la problemática escaló hasta el recién aprobado Plan de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, que en su hoja de ruta para los próximos 4 años incluyó una serie de artículos para favorecer la autonomía regional, dar vía libre a pactos territoriales para concertar inversiones y hasta fortalecimiento de corredores férreos o aeropuertos fronterizos.
Sin embargo, como muestra de las complejidades para hacer realidad la autonomía regional, el proyecto tuvo que darle otros seis meses a la denominada Misión de Descentralización –creada en una ley de 2019–, para que presente al Congreso iniciativas concretas que permitan “ordenar y definir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”.
“Seguimos siendo un país muy desigual, porque la arquitectura de distribución de los recursos favorece lo urbano sobre lo rural. Aún existen concentraciones del poder económico y poblacional sobre los pueblos intermedios y pequeños. No logramos integrar las fronteras, ni reconocer e incluir a los campesinos, indígenas y afros que suman cerca del 45 % de la población”, admite Darío Indalecio Restrepo, director de la Misión de Descentralización, un organismo adscrito al DNP.
De hecho, este lunes se tiene previsto que la Federación de Departamentos –que ha venido promoviendo eventos para conmemorar la Constitución del 63 para reclamar una efectiva autonomía territorial–, presente desde Rionegro al Gobierno un documento que podría ser la hoja de ruta de un proyecto de acto legislativo (es decir, para modificar la Constitución) para darle dientes a las normas de ordenamiento territorial.
Según la Federación, el texto “contiene las bases” para avanzar hacia una “autonomía territorial sólida”, inspirada justamente en la Constitución de Rionegro “y en la urgencia de reconocer el papel de los departamentos para garantizar el bienestar y derechos de los habitantes en el territorio”.
El asunto no se queda en foros, sino que para afianzar su idea de volver a un país federalista el organismo tiene página web y busca organizar mesas sectoriales regionales.
“Hay garantías de soberanía y unidad, pero es necesario fortalecer la planeación desde las entidades, buscando el desarrollo de las regiones. Planteamos que nos permitan participación en impuestos como el IVA”, agrega Tavera.
La duda que empantana el camino hacia esa descentralización y el trabajo que podría hacer el Ejecutivo de la mano de los gobernantes regionales es la tensa relación entre Petro y los mandatarios. No solo la relación está fracturada por el sonado desplante del Jefe de Estado a más de 300 alcaldes en agosto pasado, sino que la proclama de “Libertad y Orden” a finales de marzo caldeó los ánimos.
En ese entonces, agobiados por los hechos de violencia y alteraciones del orden público en varias zonas del país –particularmente en el Bajo Cauca antioqueño–, varios gobernadores publicaron en sus redes el escudo de Colombia bajo la consigna de “Libertad y Orden”, un duro campanazo de alerta al unísono para pedir de Petro mayor acción y eficacia contra los grupos armados que piden pista en la paz total.
La manifestación la encabezó en sus redes el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, secundado por otros mandatarios como Juan Guillermo Zuluaga (Meta), Nicolás García (Cundinamarca) u Orlando Benítez (Córdoba).
Sin embargo, desde el petrismo duro hubo críticas a las consignas y, al no bajar a los mandatarios regionales de “golpistas, sinvergüenzas y fachos”, dirigentes del calibre del exsenador Gustavo Bolívar alertaron por un supuesto “golpe de Estado blando”.
En medio de estas tensiones es que los gobernadores en pleno le plantearán mañana al presidente Petro su idea de avanzar en la descentralización y el objetivo que acordaron en octubre: que el país retorne a un modelo federalista, tal como lo planteó la Constitución del 63 alrededor de lo que se conoció como Estados Unidos de Colombia.
Hace más de una década, en junio de 2011, el entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro, esbozaba su modelo de descentralización, advirtiendo que “no es una desconcentración del poder entre funcionarios, sino entre el Estado y la ciudadanía” y reclamando que lo que ha existido en Colombia” es una descentralización burocrática, pero no una cesión de poder a la ciudadanía”.
Habrá que ver qué tanto de ese talante queda en el hoy Presidente y si tendrá eco la propuesta de los gobernadores hacia un modelo federal.
Las lecciones que dejó 1863
En 1863, cuando Colombia apenas sumaba poco más de medio siglo de independencia, el país acumulaba un sinfín de guerras civiles y conflictos en búsqueda de un modelo de Nación que garantizara igualdad y soberanía. Entonces, se estableció lo que se llamó el Olimpo Radical, un periodo histórico de gran agitación social marcado por las libertades y el progresismo. En ese contexto se enmarca la Constitución de 1863, promovida, entre otros próceres, por Tomás Cipriano de Mosquera.
La carta magna, que aseguraba un modelo federal, otorgaba a los territorios autonomía fiscal y era de talante fundamentalmente liberal, permaneció vigente durante 23 años, hasta que se enquistó la Constitución de 1886 –de corte conservador y que permaneció hasta 1991–.
La del 63 consagraba nueve estados soberanos (entre ellos Antioquia y Cundinamarca) reunidos bajo la sombrilla de un Estado libertario y laico, destacándose como territorios independientes, pero colaborativos y armónicos.
En materia de derechos, la carta insistió en que no habría más esclavos; prohibió la pena de muerte; consagró la libertad de expresión y la “libertad absoluta” de circulación de impresos; la libertad religiosa; el gobierno republicano y federal; el establecimiento de penas de hasta 10 años de cárcel, y hasta la libertad de portar armas. En materia política, fijó el periodo presidencial en 2 años y les prohibía a los congresistas hacer negocios con el Gobierno.
Sin embargo, los derechos y libertades que consagró la Constitución de Rionegro, que hoy bien podrían ser fundamentales, eran demasiado ambiciosos y progresistas para la Colombia de 1863.
En su libro Cartas de Batalla, el jurista Hernando Valencia Villa evoca una anécdota con dejo de leyenda que indica que la Constitución de 1863 fue mostrada por liberales colombianos al poeta Víctor Hugo, entonces “una de las figuras cimeras del liberalismo republicano en Europa”.
Lo que dijo el poeta francés evidencia lo progresista, pero a la vez lo muy idealista, que resultaba la carta magna: “Pero esta es una constitución para ángeles”, sentenció.
Bien advierte Valencia en el texto que la “secularización de la sociedad, la liberalización de las prácticas sociales y el establecimiento de una política económicamente permisiva (el Estado gendarme) eran metas excesivamente ambiciosas para la Colombia de 1860”.
De allí el surgimiento de la Constitución de 1886, nacida de una guerra civil provocada justamente por las dificultades que planteó para el naciente país la ola de radicalismo liberal. El país entró entonces en lo que se llamó la Regeneración al mando de Rafael Núñez que, entre otras, afianzó una vez más el centralismo.
En una columna de hace 10 años, justamente a propósito de los 150 años de la Constitución de Rionegro, el economista Salomón Kalmanovitz recordaba en El Espectador que la Constitución de la Regeneración llevó a que “los estados soberanos fueran robados de su autonomía y recursos fiscales, que fueron gastados arbitrariamente, desconociendo las necesidades de los municipios y de las regiones. Gobernadores y alcaldes eran nombrados a dedo por el poder central”.
En materia federal, el exvicepresidente del Consejo de Estado William Zambrano explica que, con miras a aterrizar el debate a la Colombia de 2023, la lección que deja la Constitución de Rionegro es la importancia de que las autoridades territoriales puedan ejercer sus propias competencias.
“No se trata de revivir fantasmas del pasado, ni de instaurar la Constitución de 1863, sino de construir sin pugnacidad un mejor país. La idea es reconocer a los territorios como agentes del desarrollo y entender que hay una relación entre el centro y las regiones de forma paternalista, desconociendo que las entidades tienen sus propias capacidades”, explica.
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Los pro y los contra por el alza del salario mínimo en Colombia para el 2025
Fue el 24 de diciembre, en medio de una novena celebrada en el colegio La Salle, en Zipaquirá, Cundinamarca, que el presidente Gustavo Petro anunció la cifra oficial: el alza del salario mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2025 será de 9,54 %.
Luego de cinco sesiones de la Comisión Permanente de Concertación, dos encuentros de la subcomisión de productividad y alrededor de 15 reuniones bilaterales, las partes —representantes de sindicatos y empresarios— no lograron llegar a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para 2025, por lo que finalmente fue decretado por el Gobierno Nacional.
Fue el 24 de diciembre, en medio de una novena celebrada en el colegio La Salle, en Zipaquirá, Cundinamarca, que el presidente Gustavo Petro anunció la cifra oficial: el alza del salario mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2025 será de 9,54 %. Esto representa un aumento de $123.500 frente a 2024 —sin el auxilio de transporte—, lo que significa que la nueva asignación será de $1.423.500.
Ahora, el subsidio del transporte fue incrementado en $38.000, pasando de $162.000 a $200.000, un alza de 23 %. Esto quiere decir que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el transporte, quedará en $1.623.500 el próximo año.
¿Cómo quedarán los costos?
La base de cotización para salud y pensión lo calculan las empresas según el salario mensual del trabajador, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente (SMLV) o superior a 25 SMLV.
En cuanto a salud, el aporte total es del 12,5%: de este porcentaje, el empleador paga el 8,5% con base al salario del empleado, que para este año equivalía a $110.500, de los cuales 4%, $52.000, los asume el trabajador con su sueldo. Con este incremento, a la empresa le correspondería pagar $120.955.
Para pensión se debe realizar una contribución del 16%, donde el empleador aporta el 12%, es decir, $156.000, de los cuales el trabajador pone 4%, que son $52.000. Con el ajuste para 2025, las empresas tendrán que poner $113.840.
Sobre la ARL, el valor depende del nivel de riesgo asociado al trabajo. El aporte para una ARL de nivel 1 sería de $7.428.
Otros pagos adicionales que deben hacer las empresas están relacionados con las prestaciones sociales: las dos primas de servicios que se pagan al año (junio y diciembre), las cesantías, que se deben consignar al fondo privado (AFP) o la Fondo Nacional de Ahorro (FNA), y los intereses a las cesantías que se pagan una vez al inicio de cada año (30 de enero).
Con lo anterior, el costo de un empleado, con parafiscales, llegaría a $1.865.216 al mes. Sin embargo, hay otros pagos adicionales que deben hacer las empresas y que están relacionados con las prestaciones sociales: las dos primas de servicios que se pagan al año (junio y diciembre); las cesantías, que se deben consignar al fondo privado (AFP) o la Fondo Nacional de Ahorro (FNA), y los intereses a las cesantías que se pagan una vez al inicio de cada año.
En total, sumando estas prestaciones sociales más los parafiscales, cada trabajador le costaría a una empresa alrededor de $2.417.000 a partir del próximo año.
Las dos caras
El incremento que decretó el presidente Petro ha sido motivo de diversos debates: unos a favor, apelando a los derechos de los trabajadores; y otros en contra, argumentando los costos que tendrán que asumir las empresas y la informalidad.
De hecho, una de las críticas ha sido que el alza se dio por encima de la inflación, que se proyecta en alrededor del 5,1% para el total de 2024 (la cifra se revelará en enero de 2025). Así, en términos reales, el aumento se ubicaría en 4,4%, similar al de 2022, cuando fue de 4,2%.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “este aumento es uno de los más altos del siglo en términos reales (descontando la inflación)”. Y recordó que el porcentaje que se decretó en 2022 “generó efectos negativos en el mercado laboral y los precios, al aumentar la inflación durante ese año y el siguiente (…) El aumento del salario mínimo para 2025 es de los más altos del siglo en términos reales”.
Desde la óptica de Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, con este incremento del 9,54%, junto al “desmesurado” aumento del auxilio de transporte (18% real) “podemos esperar un 2025 con mayor inflación, altas tasas de interés por más tiempo y un deterioro en el mercado laboral”.
Sobre la informalidad y el desempleo que se podría generar, Mejía afirmó que, si bien el dato que decretó el Gobierno luce como una buena noticia para los trabajadores formales que ganan un salario mínimo, en la práctica tendría dos efectos primordiales. “Uno, al encarecer sustancialmente el costo del empleo formal, inducirá aún más la contratación informal, especialmente en las microempresas; y dos, presionará al alza la inflación, retrasando la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República”, dijo.
Al respecto, desde el Observatorio de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana indicaron que esta alza del salario solo le aplicará al 17% de los trabajadores de Colombia. “El aumento del salario mínimo solo le aplica al 14% que gana exactamente el mínimo; a menos del 1% que ganan más de 10 salarios mínimos y tienen salario integral; a los empleados públicos (más de 500.000) que no negociarán un incremento menor, y a los congresistas y altos funcionarios del Estado”.
De esta manera, concluyeron, el restante de los empleados, es decir, el 83%, “estaría viviendo entre la informalidad, precariedad y aumentos menores. El 2025 no será un año de ganancias en formalización, probablemente va a ser un año donde aumente el desempleo y la no participación”.
Sin embargo, desde la otra orilla opinan que no es cierto que el incremento del mínimo lleve a más pobreza y desempleo.
Enrique Correa De La Hoz, socio fundador del Centro de Estudios Laborales Correa de la Hoz y doctor en Derecho del Trabajo, explicó que experiencias internacionales, como las de Brasil y México, muestran resultados opuestos.
“En Brasil, los incrementos reales del salario mínimo durante el gobierno de Lula da Silva redujeron la pobreza extrema y mejoraron la distribución del ingreso. En México, aumentos del 78% en el salario mínimo, entre 2018 y 2023, disminuyeron la pobreza laboral, fortaleciendo la capacidad de consumo sin afectar la estabilidad económica. En Colombia, los incrementos reales y significativos del mínimo son necesarios para combatir la pobreza laboral y dinamizar la economía”, comentó.
Añadió que al fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, se dinamiza el consumo interno y se impulsan sectores clave como los alimentos, el comercio y los servicios: “En un país donde las desigualdades de ingreso están profundamente arraigadas y donde el 44% de la desigualdad se encuentra determinada por circunstancias desde el nacimiento, incrementar el salario mínimo es una herramienta clave para reducir estas brechas y promover una mayor equidad económica”.
¿Qué productos y servicios subirán con el mínimo?
A la par del salario mínimo, hay una serie de precios de bienes y servicios que se fijan con base en este incremento y que se harán efectivos desde los primeros días de enero.
Entre ellos está el copago de las EPS, que son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado. También aumentarán los pasajes de transporte público y algunas multas de tránsito, como las fotomultas y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat). Otros servicios son la pensión mínima y aportes voluntarios; las tarifas judiciales y legales, como las tasas notariales.
Cabe resaltar que el mínimo también es la base para calcular cuánto debe ser la remuneración para quienes reciben un pago diario, como las empleadas domésticas que laboran por días o los jornaleros.
Gloría Ramírez, ministra del Trabajo, aseguró que van a seguir revisando para que algunos bienes, servicios y artículos se desindexen. Estima que serán aproximadamente 200 los productos desindexados. “Ya ratificamos los 188 productos, y le hemos solicitado a Hacienda para que nos diga qué otros productos y bienes pueden ser desindexados”, declaró.
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Nacional vence al Tolima 2-0 y es campeón de la Liga Betplay II del 2024
La superioridad de Atlético Nacional se mantuvo durante todo el encuentro, mientras que Deportes Tolima no encontró la forma de quebrar el orden defensivo del rival.
Atlético Nacional se convirtió en el nuevo campeón de la Liga BetPlay, después de derrotar este domingo 22 de diciembre 2-0 a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la gran final y con el marcador global de 3-1 logró estampar la estrella 18 en su escudo.
El triunfo del conjunto ‘verdolaga’ se registró gracias a las anotaciones de Alfredo Morelos y Andrés Felipe Román.
En el primer tiempo, el equipo antioqueño dominó con tranquilidad el partido y sacó la ventaja necesaria para acercarse al título.
Atlético Nacional solo necesitó seis minutos para abrir el marcador. Después de una secuencia de pases, Andrés Felipe Román controló el balón en el borde del área para habilitar con un sutil pase a Alfredo Morelos.
El atacante no perdió el tiempo y con velocidad dominó el esférico para posteriormente sacar un fuerte remate cruzado de derecha que venció la resistencia del guardameta William Cuesta.
La superioridad de Atlético Nacional se mantuvo, mientras que Deportes Tolima no encontró la forma de quebrar el orden defensivo del rival.
El conjunto antioqueño le cedió el control del balón al ibaguereño y se replegó en su propio campo para cerrar los espacios, aunque al momento de presionar lograba recuperar la pelota e iniciaba rápidos contraataques.
Precisamente, sobre el minuto 31, Atlético Nacional consiguió el 2-0, después de recuperar el esférico en la mitad de la cancha.
Marino Hinestroza controló y transportó por algunos minutos para habilitar a Andrés Felipe Román, quien entró al área y remató con su guayo derecho para lograr el 2-0 parcial.
En el segundo tiempo, Deportes Tolima saltó al gramado del estadio Atanasio Girardot con la intención de mejorar su rendimiento y buscar el descuento.
Los dirigidos por David González tomaron el control del balón y empezaron a arrinconar a Nacional en su propio campo con el objetivo de generar peligro.
Sobre el minuto 60, Deportes Tolima tuvo la oportunidad de descontar, después de que el árbitro central Carlos Ortega sancionara como mano y penal una acción del defensor Felipe Aguirre.
Yeison Guzmán se encargó de ejecutar la infracción, pero esta fue atajada por David Ospina.
En el complemento del partido, Atlético Nacional manejó el ritmo de competencia y le dio manejo al balón para confirmar la victoria y el título 18 en la primera división del fútbol colombiano.
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Canciller dijo que nombramiento de Daniel Mendoza en Tailandia era inconveniente
El canciller Luis Gilberto Murillo dejó claro que expresó su oposición al nombramiento desde un principio, aunque subrayó que la decisión final recaía en el mandatario.
El canciller Luis Gilberto Murillo rompió su silencio sobre la designación de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia.
El nombramiento, que finalmente no se llevará a cabo, generó controversia debido a varios mensajes ofensivos hacia las mujeres y la difusión de imágenes de alto contenido sexual por parte de Mendoza.
El canciller dejó claro que expresó su oposición al nombramiento desde un principio, aunque subrayó que la decisión final recaía en el mandatario.
“Yo fui el primero en decirle al presidente Petro, inviable. Usted puede estar de acuerdo o no, pero lo que se dijo es un tema muy complejo con las mujeres; es inviable. Ahora, esta es una decisión del Presidente, no es mía”, aseguró Murillo.
El jefe de la diplomacia reveló que también sostuvo una conversación con Mendoza en la que personalmente le comunicó que nombramiento no era conveniente.
“Me lo preguntó, le dije, su nombramiento es inviable. Esa es mi posición como canciller. Él cuando escuchó mi posición, hizo parte de su análisis, me imagino, y retiró su candidatura”, manifestó.
El Canciller también criticó a sus colegas del gabinete “que salieron a expresarse públicamente sobre la política exterior cuando pueden hacerlo dentro del Gobierno”, refiriéndose a la designación de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia.
“Uno puede salir de manera oportunista a lavarse las manos y sigue en el gobierno. Si no están de acuerdo, uno se va. Y yo sé que el presidente Petro no lo va a decir, yo sí lo digo. Uno pierde o gana las batallas dentro del Gobierno, y cuando uno pierde una batalla en el Gobierno, pues tiene que asumirla, perdió, pero tiene que salir a defender lo que ya se decidió dentro del Gobierno, porque somos una coalición que está presentando una nueva visión de sociedad”, puntualizó.
Es la primera vez que el Canciller se pronuncia sobre este tema, mostrando una posición distante a la del presidente Gustavo Petro, que en varias ocasiones defendió a Mendoza.
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