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Guillermo Lasso ordena disolución del Congreso del Ecuador

El presidente Guillermo Lasso se presentó el martes ante el unicameral Congreso para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado.

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Photo: AFP

El presidente Guillermo Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución, decretó este miércoles la disolución del legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas.

El impopular mandatario de derecha, señalado por la oposición legislativa de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó «disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna», según el documento difundido por la presidencia.

En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el costo de la vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda que domina el Congreso para recuperar fuerzas. El líder de la oposición es el exmandatario Rafael Correa, prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel por corrupción.

La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años que comenzó en mayo de 2021 y termina en 2025.

«Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir», expresó Lasso en cadena nacional, acompañado de sus ministros.

El gobernante se presentó el martes ante el unicameral Congreso para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado.

Según las denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que llegara a la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.

El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.

«Salida constitucional»

Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

«Sin bloqueos el gobierno expedirá una serie de decretos ley que cumplirá con el mandato soberanamente expresado por ustedes», señaló el presidente, quien tenía una minoría en el Legislativo.

La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar, mientras que en el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, constataron periodistas de la AFP.

Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada «muerte cruzada», que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.

«Las fuerzas armadas y la policía nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución», expresó el general Nelson Proaño, jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas ecuatorianas, en un video difundido por el ministerio de Defensa.

En junio pasado el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.

En su alocución, Lasso expresó que decidió disolver la Asamblea Nacional «para dar una salida constitucional al Ecuador», un país que durante años tuvo fama de ingobernable.

Entre 1997 y 2005 tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados en medio de revueltas populares.

El debate sobre el juicio político contra Lasso debía continuar este miércoles antes de un llamado a la votación sobre la destitución, pero Lasso se anticipó y decretó la «muerte cruzada».

«Esto no es fiscalización, es una obstrucción que ha generado una grave crisis y conmoción interna», señaló Lasso, quien sostiene que el juicio en su contra es «contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo».

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Procuraduría hará veeduría sobre carrotanques de agua en la Guajira

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio de la Guajira por parte de los carrotanques que están funcionando

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La Procuraduría le solicitó información a la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD) sobre las acciones que se están implementando para brindar accesibilidad y calidad del agua potable para la población wayuú en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, municipios de La Guajira.

En la solicitud, también se pidió a la Unidad los estudio y conceptos técnicos que determinaron que la adquisición de los carrotanques era una de las soluciones a corto plazo para lograr el abastecimiento de agua en La Guajira, los puntos de captación del recurso hídrico y la calidad de agua suministrada en el departamento.

De igual manera que se detalle la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos.

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio por parte de los carrotanques que están funcionando, cómo se determinaron estas rutas y sus frecuencias y la respectiva socialización con las administraciones municipales sobre esas rutas de distribución.

La Procuraduría destacó que en la pasada mesa de trabajo realizada el 21 de febrero, el subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, indicó que es la misma entidad la que toma muestras aleatorias al agua de los carrotanques y las procesa en sus laboratorios.

Por ello, pidió a su vez información sobre el número de Puestos de Mandos Unificados, las mesas de diálogo y de monitoreo, ajustes y continuidad por parte de la UNGRD y la participación de las autoridades wayuú en esos espacios.

Por otra parte, el Ministerio Público requirió en el informe las medidas de prevención ante la temporada de menos lluvias, es decir, época del Fenómeno del Niño.

La entidad ha destacado la importancia de trabajar armónicamente con otras entidades nacionales y territoriales, con el fin de realizar acciones orientadas a garantizar el goce efectivo del derecho al agua para la población en la Guajira.

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Carro de Day Vásquez se incendia cuando estuvo parqueado en Barranquilla

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

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En las últimas horas, Day Vásquez escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que su carro se incendió cuando estaba parqueado en la puerta de la casa de sus padres. 

“Y de repente el carro parqueado en la puerta de la casa de mis papás… Vaya sorpresa!! Se INCENDIÓ”, indicó.

https://twitter.com/RNacional_News/status/1764323044921692659

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, se hay varias teorías, desde fallos técnicos hasta la posibilidad de un sabotaje deliberado. 

Recordemos que Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, actualmente enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y es la testigo clave en el proceso judicial contra el hijo del presidente Gustavo Petro. 

Tras su arresto el pasado julio, el hijo del mandatario admitió, según la Fiscalía, haber recibido dinero para la campaña del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del polémico empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

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Ministerio público solicita restricciones de circulación de Salvatore Mancuso

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira.

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Luego de la audiencia que inició este primero de marzo y en la que el juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá está definiendo si le otorga o no la libertad a prueba a Salvatore Mancuso, la Procuraduría General de la Nación solicitó restricciones de movilidad en el territorio nacional al exjefe paramilitar como garantía a los derechos de las víctimas.

Así mismo, se destacó que si no se fijan dichas  limitaciones en sus desplazamientos, se traduciría “claramente en una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”.

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, en donde tuvo lugar su accionar criminal. 

Además, la Procuraduría precisó que no se le puede conceder de manera inmediata la libertad a prueba, mientras no comparezca ante las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también cursan procesos en su contra.

El Ministerio Público aseguró que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz.

Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control indicó que esa designación “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo es y seguirán siendo las víctimas”.  

El tema de la libertad a prueba del exjefe paramilitar se discutió en años anteriores en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, donde se decidió que Salvatore Mancuso cumplía los requisitos para acceder a esa medida, que no se le había otorgado porque no estaba en el país. 

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