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Incendio en Murcia, España causa al menos 13 muertos, informan autoridades

A última hora de la tarde del domingo en Murcia, los servicios de rescate todavía trabajaban para localizar a tres personas que aún están en paradero desconocido, por lo que es previsible que el número de víctimas aumente en los próximos días.

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Photo: AFP

Ni en sus peores presagios, ni una sola de todas las personas que habían acudido durante la noche del sábado y la madrugada del domingo a Las Atalayas, el principal polígono de ocio nocturno de Murcia, para disfrutar de la fiesta en alguna de sus discotecas hubiera podido imaginar la tragedia que allí se viviría al amanecer.

De repente, la música y la celebración dieron paso terror y las llamas. Al infierno de un incendio que se extendió por tres de los locales y que ha dejado al menos 13 fallecidos, 10 aun sin identificar, y cuatro heridos, tal y como han confirmado las autoridades locales.

A última hora de la tarde del domingo, los servicios de rescate todavía trabajaban para localizar a tres personas que aún están en paradero desconocido, por lo que es previsible que el número de víctimas aumente en los próximos días.

El trágico incendio de Murcia es ya el más mortífero registrado en España en un local de ocio desde 1990, cuando 43 personas perdieron la vida en la discoteca Flying de Zaragoza. Además, ha dejado 24 heridos leves por quemaduras e intoxicación por inhalación de humos, todos dados de alta.

El fuego se declaró en torno a las 6.00 horas en la sala Fonda Milagros para extenderse a continuación a otros dos locales contiguos, Teatre y Gonden.

Las primeras llamadas alertando de las llamas no se hicieron esperar y rápidamente se desplazaron hasta la zona varias dotaciones de bomberos –que sofocaron el fuego en torno a las 10.00 horas–, así como ambulancias medicalizadas y de transporte para atender a los heridos.

Aunque de inicio todas las sospechas apuntaron a la sala Teatre, un local que ya en 2009 tuvo que ser desalojado por un incendio que no provocó daños personales, finalmente la Policía informó de que el fuego se desató en la Fonda Milagros.

Se desconocen las causas que provocaron las llamas y la investigación, que se antoja larga. “Es pronto para saberlo; está en manos de Policía Científica y Judicial”, dijo el jefe del Servicio de Bomberos de Murcia

Ahora mismo, tal y como ha reconocido el portavoz de la Policía Nacional en Murcia, el subinspector Diego Seral, la investigación está centrada en la línea de “localizar a las personas desaparecidas que ya estén siendo atendidas en los centros sanitarios o aquellas que desgraciadamente se puedan ya identificar como personas fallecidas”.

A última hora de la tarde del domingo, el alcalde la ciudad, José Ballesta, ha confirmado que tres de las 13 víctimas mortales han sido identificadas gracias a su huella dactilar, sin embargo, habrá que esperar para las otras diez, ya que se requerirá una prueba de ADN de un familiar.

Además, el regidor ha asegurado que han solicitado “toda la información comercial y los expedientes” de las discotecas implicadas y que “si alguien que no ha cumplido” en referencia a lo normativa, irán con todo contra ellos. “Que no tengan la menor duda, vamos a realizar todas las actuaciones. Sea quien sea, ya sea empresa pública o privada, de dentro o de fuera”, apuntó Ballesta.

Terror en la primera planta

Con mucho todavía por esclarecerse, una de las pocas certezas a las que han llegado las autoridades es que lo peor de la tragedia se vivió en la primera planta de La Fonda, donde han sido encontrados 11 de los cuerpos sin vida.

Allí, en una zona de reservados, un grupo se había reunido para celebrar el cumpleaños de Eric Hernández, un joven nicaragüense que había congregado a nueve amigos y familiares. “El techo de la discoteca se vino abajo”, relató a La Opinión de Murcia una de las personas que consiguió escapar del horror.

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Victimas hacen reclamos ante libertad de Salvatore Mancuso

Luego de la llegada de Mancuso al país en febrero de 2024 tras purgar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, hubo muchas decisiones judiciales sobre su libertad.

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Tras conocerse la liberación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, las organizaciones de víctimas se han pronunciando para solicitarle compromisos con la verdad y la reparación de estas.

Según trascendió, el histórico jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia quedó libre luego de que se dictaminara que ya había cumplido su pena impuesta durante el proceso de Justicia y Paz, al que se acogió tras la desmovilización de las AUC.

Luego de cumplir sus obligaciones judiciales bajo Justicia y Paz, Mancuso ahora ostenta la figura de gestor de paz, por designación del presidente Gustavo Petro a través de una resolución que expidió en agosto de 2023, a la vez que fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

A raíz de esta situación, habitantes del Urabá Antioqueño, Córdoba, Montes de María y de pueblos a la orilla de los ríos Magdalena y Sinú han expresado su deseo de que Mancuso ahonde en la verdad que hay tras delitos como masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierra del que fueron víctimas.

“Mancuso ya pagó su condena en Justicia y Paz. Pero las víctimas siguen esperando más verdad. Que él confiese todos esos hechos realizados –en connivencia con otros grupos armados y con empresarios– cuando estuvo con las autodefensas”, apuntó Nora Saldarriaga directora de la Fundación Forjando Futuros.

Saldarriaga también señaló que las organizaciones de la sociedad civil le reclaman al exjefe paramilitar que, si va a estar en la JEP aporte a la verdad y la justicia.

“Y por supuesto que se le den las garantías para que ayude al esclarecimiento de hechos tan importantes como la ubicación de las fosas y en donde están los desaparecidos, para que las víctimas puedan ser reparadas, puedan conocer los hechos y puedan tener esa verdad y así salir de esta situación tan crítica que sigue sumiendo a los colombianos”, apuntó Saldarriaga.

Luego de la llegada de Mancuso al país en febrero de 2024 tras purgar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, hubo muchas decisiones judiciales sobre su libertad. La definitiva la emitió el pasado 4 de marzo una jueza de Justicia y Paz.

En ese momento la magistrada, por petición de la defensa, acumuló todos los procesos que mantenían a Mancuso en La Picota, y profirió fallo a su favor. Sustituyó las 57 medidas de aseguramiento por medidas “no privativas de la libertad”. Además, ordenó al Inpec expedir la debida boleta de salida.

Eso, sin embargo, no fue inmediato. El Inpec se tomó más de dos meses para remitir 31 oficios a los despachos judiciales entre Fiscalías, Juzgados, Tribunal Superior, Unidad Nacional de Lavado de Activos, Justicia Transicional, Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que cada uno informara si tenían algún pendiente con el ahora gestor de paz o en su contra proferidas medidas de aseguramiento.

Una vez fueron allegadas todas las respuestas y notificaciones, el Inpec procedió con el trámite de libertad.

Tras su salida de la cárcel, se prevé que Mancuso se radique en la ciudad de Medellín como ordenó la juez que le acumuló los procesos y concedió la libertad.

Eso sí, Mancuso no podrá desplazarse a las zonas donde tuvo injerencia criminal, es decir regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira. Además, de los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado.

Pese a que hoy es un “gestor de paz”, actualmente Salvatore Mancuso tiene abiertos varios procesos judiciales en diferentes etapas por 65.067 hechos criminales por los que se emitirían 45 sentencias adicionales en su contra, según Justicia y Paz.

La justicia colombiana también lo vincula a múltiples masacres como la de Pichilín en Sucre, la masacre de Tasajera y El Salado en Bolívar, y otras más.

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Contratista de carrotanques en la Guajira habría intentado quitarse la vida

Se trata de Luis Eduardo López Rosero, que en octubre del año pasado se ganó el contrato por 46.800 millones para la compra de 40 carrotanques que tenían el destino de entregar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira.

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Uno de los casos más grandes de corrupción de este Gobierno, que empezó a conocerse por unos carrotanques detenidos que tenían el propósito de llevar agua a La Guajira, sigue generando revelaciones. En este caso, quien es considerado el testigo estrella, Luis Eduardo López ‘El Pastuso’, es el protagonista.

Se trata del propietario de la empresa Impoamericana Roger, que es contratista en el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).

El diario El Colombiano de Medellín informó que “en su residencia se dispuso a tomarse un veneno, siendo detenido por su familia que lo remite a una clínica psiquiátrica en pasto donde aún permanece”.

Esto después de que su principio de oportunidad fuera revocado, el cual le habría permitido una posible reducción de su pena a cambio de colaborar con la justicia.

Como lo reveló EL COLOMBIANO, un exasesor de Gestión del Riesgo fue la persona que recibió un maletín negro lleno de fajos de billetes en enero de este año como mensajero de Sneyder Pinilla. Juan Camilo Llanos recibió un maletín negro en enero de 2024 con más de 4.000 millones de pesos en su interior.

Esos recursos eran parte de un soborno del contratista Luis Eduardo López Rosero, que en octubre del año pasado se ganó el contrato por 46.800 millones para la compra de 40 carrotanques que tenían el destino de entregar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira. Eso no sucedió, pero según el testimonio de los dos directos implicados, el dinero sí habría llegado a las manos de Andrés Calle e Iván Name, presidentes de Cámara y Senado en el Congreso.

Como lo contó este diario en su momento, López reveló que en total entregó al ex subdirector de la Unidad, Sneyder Pinilla, 7.200 millones de pesos para el pago de sobornos en el Congreso. Lo que llama la atención es que contrario a eso, Pinilla siempre ha dicho que fueron 4.000 millones, por lo que estarían en el aire unos 3.000 millones.

Rosero aseguró ante el ente acusador que su empresa, Impoamericana Roger SAS, se quedó con el contrato por 46.800 millones de pesos para el suministro de carrotanques a la Gestión del Riesgo y que tendrían el fin único de repartir agua en La Guajira.

De ese millonario contrato, Pinilla le reclamó el pago del 16 por ciento, según lo hablado previamente. Pero además, dijo Rosero, que en el plan para robarse la plata de los carrotanques, quedó establecido que, en efecto, él presentaría a sus tres empresas para dar fachada de legalidad. Eso sí, las tres debían ser de su propiedad para que, al fin y al cabo, el contrato quedara en sus manos y así concretar el esperpento de corrupción.

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Procuraduría advierte que Colpensiones no está en capacidad de atender pensionados

La procuradora, Diana Ojeda, explicó que el organismo no se opone a la reforma pensional aprobada en el Congreso, sino que tiene varias críticas al respecto de ese proyecto como la fecha para la entrada en funcionamiento por parte de Colpensiones.

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La Procuraduría pidió a Colpensiones que explique cuáles son las medidas que ha tomado la entidad para cumplir con los cambios que sufrirá el sistema pensional, a causa de la reforma que fue aprobada en el Congreso y entrará en vigencia en julio del 2025.

El organismo pidió información a Colpensiones sobre las acciones y cambios administrativos, tecnológicos y operativos implementados por esa entidad para la entrada en operación del nuevo modelo pensional en el país.

La procuradora, Diana Ojeda, explicó que el organismo no se opone a la reforma pensional aprobada en el Congreso, sino que tiene varias críticas al respecto de ese proyecto, como la fecha para la entrada en funcionamiento.

«La entidad no se opone a una reforma, la entidad se opone a muchos aspectos de esa reforma que están por reglamentar, que no fueron definidos en el texto, que quedaron confusos, se opone a la vigencia, se opone a la institucionalidad de Colpensiones porque conocemos sus fallas desde que la crearon», afirmó la funcionaria.

La procuradora además resalta que desde varios sectores han criticado este nuevo modelo, debido a que consideran que Colpensiones no está lista para asumir las funciones que requiere la reforma.

«Desde muchos escenarios académicos, técnicos y requerimientos que se le ha hecho a Colpensiones hemos manifestado contundentemente que la entidad no está preparada para asumir las nuevas obligaciones que tiene con la reforma pensional», añadió Ojeda.

Entre la información que pidió la Procuraduría aparece la petición detalla del número de solicitudes de expedición y corrección de historia laboral radicadas, atendidas y pendientesde respuesta entre el segundo semestre de 2023 y lo corrido de este año.

Colpensiones deberá remitir la información solicitada por la Procuraduría junto con el cronograma establecido por esa entidad para la implementación del nuevo modelo pensional, en un plazo no mayor a 10 días.

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