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Procuradora Margarita Cabello advierte acciones para combatir la corrupción

El diario El Colombiano presentó un podcast donde Margarita Cabello, la jefa del Ministerio Público expresó que el fallo de la CIDH no puede promover la impunidad a corruptos en Colombia.

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Si hay un alto funcionario del Estado que le incomode al presidente Gustavo Petro –además del Fiscal– es la procuradora general, Margarita Cabello. Por eso su lectura del país cobra particular relevancia en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno Nacional.

El presidente Petro la menciona en el supuesto “golpe blando”, y la bancada del Pacto Histórico la acusa de persecución. Dice que la van a denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso logran una declaración del secretario general de la OEA. Pero Margarita Cabello sigue firme en su tarea de investigar, sancionar e inhabilitar a los funcionarios elegidos por voto popular porque, dice, así se lo ordena la Corte Constitucional.

De hecho, en los últimos días sancionó a Camilo Romero, el embajador de Colombia en Argentina, a quien multó a pagar $31 millones por falta de vigilancia y control en la venta de licor cuando fue gobernador en Nariño.

En medio de todo ese caótico panorama de escándalos de chuzadas –al que ya le abrieron proceso–, marchas y críticas, Cabello habló con EL COLOMBIANO sobre su trabajo como órgano disciplinario y el contrapeso que le corresponde hacer al poder.

¿Desde su tarea de Procuradora como está viendo el “niñera gate”, la marcha de Petro y los audios de Benedetti que complican al presidente?

“La Procuraduría es el órgano de control dentro de una democracia como la nuestra. Control significa disciplinar, poner orden en la casa que es nuestro país. En todo esto que menciona, con pausa y serenidad, vamos mirando cuál es el comportamiento de los servidores públicos, e iniciamos las investigaciones en lo que veamos que se sale de la Constitución y de la ley. Controlar le molesta a la gente, pero controlar es lo único que puede darle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos”.

En el caso de la marcha del martes pasado, en la que el presidente Petro salió a la calle, atacó fuertemente instituciones como el Congreso y los medios de comunicación. ¿Qué puede hacer la Procuraduría?​

“El Presidente de la República no es disciplinable por parte de la Procuraduría, pero hay mecanismos de sanción. En una sociedad democrática, ningún funcionario, incluyendo al mandatario, puede estar bajo el manto de la impunidad o el concepto de que no se puede investigar, lo que pasa es que lo investigan diferentes entes disciplinarios. La Procuraduría investiga hasta la vicepresidenta, hasta ahí llega”.

Los congresistas del Pacto Histórico han señalado a la Procuraduría de perseguirlos, ¿usted está desde el Ministerio Público haciendo un trabajo de oposición al gobierno?

“Ese es un estribillo que han querido utilizar. Si tengo una investigación es que hay una persecución política, pero que miren cuántas absoluciones tienen, cuántos archivos, cuántos inhibitorios se les han proferido para que entonces me digan que solamente cuando hay una denuncia contra ellos entonces los estamos persiguiendo y los estamos sancionando. La Corte Constitucional consideró que por mandato, la Procuraduría podía seguir investigando, juzgando y sancionando a funcionarios de elección popular. Y agregó algo en el sentido de explicar que las decisiones o sanciones contra funcionarios de elección popular deben ser revisadas por el Consejo de Estado. Una vez revisada, se ejecuta la sanción”.

Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, logra que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga que la Procuraduría no podía destituirlo. Pero ahora la Corte Constitucional dice que la Procuraduría sí puede, pero la bancada de Gobierno sigue pensando que vale más la definición de la CIDH, ¿usted va a seguir sancionando a funcionarios elegidos popularmente?

“No es que yo lo diga, es que la Corte Constitucional ya emitió los parámetros y yo estoy aplicando esa decisión. Por lo tanto, debo seguir sancionando a funcionarios de elección popular”.

¿A qué cree que le temen los congresistas del Pacto Histórico que la señalaron de que no podía inhabilitar? ​

“La sentencia de la Corte es clara, la C030 del 2023. Ellos insisten en que no y no sé cuáles son sus argumentos jurídicos. Imagino que tratarán de que una sentencia de la Corte Interamericana está por encima de una decisión de la Corte Constitucional y si es así estaría un Presidente de la República desconociendo una decisión de la rama judicial. Y eso es gravísimo”.

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¿Pero no está por encima?

“La sentencia de la CIDH desestructura nuestra forma constitucional. Nosotros tenemos otras entidades, distintas a un juez penal, que pueden sancionar y destituir a un funcionario de elección popular. Por ejemplo, el Consejo de Estado con la pérdida de investidura y el Congreso de la República con el presidente. Y viene la CIDH, introduciéndose un poco más de lo debido, a decir que solo se puede destituir por un juez penal. Si ya la Corte Constitucional determino cómo se debe interpretar esa sentencia de la CIDH en Colombia, nuestro presidente debe respetar las decisiones de la rama judicial”.

Usted dice que la CIDH se metió más allá de lo que debía, ¿cree qué hay un interés político o ideológico en la CIDH?

“Como Procuradora no puedo emitir un concepto de qué hay de trasfondo. La historia se encargará de contarlo. Sobre todo una sentencia de la CIDH que le impone al país unas obligaciones cuando ya nuestras instituciones habían levantado la sanción de destitución del alcalde de ese momento y hoy presidente de la República. Todo estaba solucionado con las normas colombianas, le habían devuelto la alcaldía a Gustavo Petro, y una de las reglas internacionales es que las problemáticas se deben resolver primero dentro de los países y solo cuando no hay garantías dentro de los países es que las decisiones internacionales entran. Y aquí ya estaba resuelto”.

¿Hay un choque de trenes entre las dos jurisprudencias: la CIDH y la Corte Constitucional?

“Todos los del Pacto decidieron hacer una carta y decir que iban a acusar a la Procuraduría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vino el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los respaldó de alguna manera. Sacó un comunicado, voy a decir algo atrevido, inoportuno diría yo, un comunicado donde está ratificando que la sentencia de la Corte Interamericana la debe cumplir la Procuraduría y la debe cumplir el Estado colombiano, olvidándose que nuestra estructura es distinta. Le dice al país que las sanciones que impone el Consejo de Estado o cualquier autoridad que no sea juez penal frente a un funcionario de elección popular no valen en Colombia. Cosa delicada, de todos modos, porque estaría también atacando las instituciones colombianas”.

¿Le pareció irrespetuoso el secretario general de la OEA con la Corte Constitucional colombiana?

“Irrespetuoso no, es inoportuno. Porque la Corte Constitucional, que tiene gran legitimidad en nuestro país como órgano de cierre, acaba de proferir una decisión, y el comunicado del secretario general es contrario a esa decisión”.

El secretario de la OEA hace ese pronunciamiento justo cuando los congresistas del Pacto Histórico la acusaban a usted de persecución política. ¿Cree qué hay intereses en común?

“Yo no quisiera decirlo, pero eso no es bueno porque acabando de salir esta decisión de la Corte Constitucional en febrero mirando cómo está la situación en nuestro país con un partido político de gobierno que está diciendo que no es válido que la Procuraduría pueda hacer lo que la Corte Constitucional le dice que haga, que un organismo internacional saque un comunicado opinando en ese sentido y diciendo que no es correcto lo que hace la Procuraduría, para el momento político del país, creo que era inoportuno”.

La CIDH prácticamente dice que los elegidos por voto popular pueden hacer todo lo que quieran menos delinquir… es como darles carta blanca…

“Exactamente. Nuestra función tiene que ver con la ética, no ineficiencia, no corrupción”.​​​​​​​

El presidente Petro ha manifestado que quiere acabar la Procuraduría, pese a que no tiene respaldo suficiente en el Congreso para hacer la reforma que se requeriría para ello. ¿Cree que hay canales de diálogo en la Casa de Nariño para evitar este choque?

“Yo tengo que reconocer que el presidente Petro es un hombre respetuoso. He conversado con él y las conversaciones han sido muy tranquilas en el sentido de entender la situación del país. Hemos conversado cuando ha sido necesario. Lógicamente tenemos visiones distintas de la interpretación de la sentencia de la Corte Interamericana y de ambos lados existe el mejor ánimo para poder respetar la institucionalidad colombiana y ver cómo se puede acatar de la mejor manera esa sentencia. Lo único que me preocupa es que el Estado hoy está representado por el Presidente de la República, quien a su vez es el mismo demandante de la sentencia, a quien le interesa mucho que no lo sancione ninguna institución sino un juez penal. Me preocupa que podamos hablar de pronto de un conflicto de intereses y que entonces la propia Procuraduría y las entidades del Estado estemos sin defensa porque el defensor es el mismo Presidente”.

Petro habla de golpe blando y de golpe de Estado y señalaron que la Procuraduría era una de las que ejecutaba esa estrategia ¿De eso también ha hablado en privado con el Presidente?​

“Eso no me lo ha dicho, pero no sé cuál es la estrategia. Si la Procuraduría sanciona, entonces estamos atacando al Gobierno, pero en todos los gobiernos se han sancionado partidos y ninguno ha dicho que por esa razón hay un golpe contra el Estado. Él ataca a la Procuraduría y dice que estamos ejerciendo funciones que no deberíamos porque quiere hacer cumplir de manera literal la sentencia de la CIDH. Petro está actuando a título propio y no como Presidente de la República y hacia ese camino van las manifestaciones permanentes”.

¿Cómo van las investigaciones contra Nicolás Petro?

“El proceso va adelantado en la regional de Barranquilla por lo que el hijo del señor Presidente es diputado allá. Ya recibimos declaraciones de varias personas y esta semana estamos citando a declarar a otros testigos. Además, ya pedimos toda la información sobre el patrimonio y los gastos tanto de él como de su exesposa. Por ahora nos faltan unas declaraciones que involucran al señor Lopesierra, a quien señalan de entregar aportes a la campaña. Eso está todavía en etapa probatoria, pero ya estamos bastante avanzados en declaraciones. Estamos esperando las certificaciones de idoneidad de las grabaciones y, una vez recolectado todo el acervo probatorio, estaremos listos para emitir decisiones en unos tres o cuatro meses”.

La Procuraduría es tal vez la entidad que más más ha trabajado las denuncias contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ¿qué pueden esperar los ciudadanos? ​

“Del actual alcalde hemos recibido infinidad de denuncias. Todos los días nos llegan recursos por muchos lados, contra él y su equipo. De esas hemos archivado por lo menos 50 y activos hay alrededor de 24 procesos. Un día dijo que había una persecución porque le teníamos varias investigaciones abiertas, pero hemos archivado varias y otras van en etapa probatoria”.

Pero, ¿cuáles serán las investigaciones más adelantadas? ¿Buen Comienzo, el tema de la declaración de renta o los seguros de Hidroituango?

“Por ejemplo, ya en evaluación tenemos la participación en política, que fue la razón por la que se le suspendió. Ese proceso ya está para una próxima decisión”.

Hace unos meses el registrador y usted misma hablaron sobre riesgos en las próximas elecciones. ¿Cómo ven la situación en las zonas del país?

“Hemos escuchado la gran preocupación en cuanto a inseguridad. Los alcaldes y gobernadores se sienten solos, no sienten que la política de paz total está en armonía con las problemáticas reales de sus regiones. Por esa desarticulación, la Procuraduría está pidiendo efectos de que hayan buenas elecciones (….) Ha bajado el ejercicio de la fuerza pública y los grupos se empoderan. Incluso vimos un comunicado en el que el Clan del Golfo dice que no van a permitir que los partidos tradicionales pongan candidatos”.

¿Usted siente que las elecciones de octubre están en alto riesgo?

“Nosotros como vigilantes del proceso electoral estamos anunciando que podrían estar en riesgo si no se toman las medidas rápidamente, esa es nuestra voz de alerta”.

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Se cumple la semana del idioma creole en colegios y escuelas de San Andrés

Conferencistas e historiadores que vienen promoviendo la práctica del creole de San Andrés y Providencia han hecho su presencia en los eventos programados por la Gobernación de San Andrés.

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Photo: Gobernación Departamento Archipiélago

En el marco de la semana mundial de las lenguas nativas, San Andrés ha abierto un espacio para celebrar la semana del idioma creole, celebración que viene con una variada programación en colegios y escuelas de la isla.

Conferencistas e historiadores que vienen promoviendo la práctica del idioma nativo de San Andrés y Providencia han hecho su presencia en los eventos programados por la Gobernación de San Andrés para destacar la importancia de la práctica del idioma creole en el archipiélago.

«Es necesario seguir promoviendo la práctica del idioma creole entre los niños y jóvenes para que las futuras generaciones puedan encargarse de conservar el patrimonio mas importante para los isleños», dijo Samuel Robinson Davis, miembro de la academia colombiana de historia.

La Gobernación de San Andrés ha venido publicando en redes sociales y en espacios de congregación pública la programación de los eventos que se extenderán hasta el viernes 23 de febrero, día de celebración de las lenguas nativas en el mundo.

«Lenguas Nativas, protectoras del pensamiento y la memoria de los pueblos» es la frase con la que los Ministerios de Educación y de las Culturas, las Artes y los Saberes invitan a los colombianos a celebrar y participar de la programación preparada para festejar mañana 21 de febrero el Día Internacional de la Legua Materna y el Día de las Lenguas Nativas en Colombia.

El 21 de febrero fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, como el día internacional de la lengua materna, a través de la Resolución 30C/DR.35 de noviembre de 1999, que tiene como objetivo promover la diversidad lingüística y cultural.

Asimismo, la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado formalmente el Decenio de las Lenguas Indígenas, (2022-2032) (Ref.: A/74/396, 18 de diciembre de 2019), cuyo objetivo es «llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas, promoverlas, y de adoptar nuevas medidas urgentes a niveles nacionales e internacionales».

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Laura Sarabia vuelve a su cargo en el DAPRE

Según expertos, el viaje de Gustavo Petro y Laura Sarabia marcaba el inicio de una ruta que empezaba a recomponerse con el nombramiento de la funcionaria en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

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Photo: Colprensa

Laura Sarabia resurgió con más poder en el Gobierno, estando solo por debajo del mismísimo Gustavo Petro. Después de salir hace casi un año por un escándalo de presunta persecución y maltrato a la niñera de su hijo, volverá a Palacio a dirigir el Departamento Administrativo de Presidencia, puesto que ocupó quien fuera codirector del Partido Verde, Carlos Ramón González, a quien le ganó el pulso con la paciencia de un maratonista.

Sarabia, una mujer que no alcanza los 30 años y que tiene una especialización en marketing político de la Universidad Externado, tendrá en sus manos la responsabilidad de tirarles línea a todos los ministerios, a las entidades centrales y dar las instrucciones del presidente en el Ejecutivo. No se trata de una responsabilidad menor.

La relación entre Sarabia y Petro parecía recomponerse desde que ella acompañó al presidente a Munich, Alemania, a una conferencia de seguridad. El viaje fue un escándalo, pues nadie quedaba al frente del Departamento de Prosperidad Social, una de las entidades más grandes y más importantes en materia de transferencias.

Pero este aterrizaje en pleno a la Casa de Nariño no libera a Sarabia de sus pendientes con la justicia, pues hay que recordar que es investigada por la Procuraduría en el caso del uso irregular de un esquema de seguridad y equipos de polígrafo para hacerle un cuestionario a su exniñera, Marelbys Meza, por la pérdida de un dinero en efectivo en su apartamento del barrio Colina en Bogotá.

El diario El Colombiano de Medellín había anticipado que esta semana habría cambios en el Gobierno; esto tras la renuncia el viernes de la ministra de Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, y el encargo en el Departamento Nacional de Planeación, en donde está Daniel Rojas, que podría quedarse en esa entidad saliendo a su vez de la Sociedad de Activos Especiales.

Lo de Sarabia es un mensaje claro de ratificación de confianza del presidente. Este diario conoció que en el gabinete de ministros hay quienes no están conformes con la decisión, porque aseguran que la profesional en relaciones exteriores tiene poca experiencia en la administración pública, y su hoja de vida está referida mayoritariamente por su paso como asesora del equipo de Armando Benedetti, mientras este era senador.

Benedetti, hoy embajador en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, le envió una decena de audios a Sarabia en donde amenazó al Gobierno con una implosión por su supuesto conocimiento de hechos no muy santos durante la campaña. “Nos hundimos todos, nos vamos presos, Laura”, decía el funcionario en comprometedores grabaciones por WhatsApp que siguen siendo objeto de investigación por las autoridades.

Por dichos audios Sarabia salió del Gobierno, y en esa decisión también cayó Benedetti, que se desempeñaba como embajador en Venezuela.

La decisión la tomó el presidente Gustavo Petro en junio de 2023, tras reunirse con los dos. Meses después, la funcionaria regresó al alto Gobierno cuando el presidente la nombró directora del DPS, moviendo a Cielo Rusinque, quien hoy es superintendente de Industria y Comercio.

Como directora del DPS, la joven logró reunir al presidente en Cartagena con los dueños de los grupos empresariales más importantes del país, un movimiento que sorprendió a detractores del Gobierno. En la reunión participaron Luis Carlos Sarmiento y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Alejandro Santo Domingo, Carlos Julio Ardila, Carlos Enrique Cavalier y César Caicedo.

De ese encuentro se materializó una inversión de alrededor de 100.000 millones de pesos para La Guajira, en un programa conjunto entre el Gobierno y el Grupo Aval, que para muchos era inimaginable en esta administración. Luego de esa reunión, el mandatario tuvo otra con los representantes del llamado Grupo Empresarial Antioqueño y el grupo Gilinski, así se destrabó el negocio de la compra de la mayoría accionaria de Nutresa.

González al DNI

Con la llegada de Sarabia al Dapre, el diario El Colombiano conoció que el destino de Carlos Ramón González será la Dirección Nacional de Inteligencia, otro fichaje poco esperado fuera del Gobierno.

González llevaba la computadora de palacio para lograr las mayorías en la aprobación de las reformas, lo que no va mal en el Congreso. Ahora estará al frente de una entidad fundamental en inteligencia y que es dirigida por Manuel Casanova, un militante de vieja data del M19.

Con estos cambios, el Gobierno reconfigura su círculo de poder y espera tener mejores resultados en la gestión. Hasta ahora la principal barrera es la ejecución y los escándalos diarios.

El último movimiento que se conoció ayer en la noche fue el de Mauricio Toro, quien renunció al Icetex. El miembro del Partido Verde dijo a este diario que se trató de una decisión personal que estaba considerando desde hacía algún tiempo, porque cree que ya cumplió su ciclo.

Toro tiene una oferta en el sector privado para liderar un proyecto en tecnología. Deja el cargo luego de una campaña de condonación de créditos y reajuste de las tasas para algunos deudores. También tuvo una polémica por nombrar en una dirección a una mujer que trabajó previamente en su UTL.

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Delroy Gordon Fox fue elegido como nuevo director de la OCCRE

En la terna de candidatos para dirigir la OCCRE estuvieron aspirando, además de Gordon Fox, la abogada y actual directora Pilar Bryan Manuel y el también abogado Omar Torrijos Bent Vallarino.

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Photo: Gobernación Departamento Archipiélago

Luego de realizada la reunión de la Junta Directiva de la Oficina de Control de Circulación y Residencia de San Andrés y Providencia OCCRE finalmente se eligió, mediante terna de candidatos, al abogado Delroy Gordon Fox como nuevo director de la entidad para el periodo 2024-2025.

El profesional del derecho, quien fuera secretario de Deportes en el gobierno de Everth Hawkins Sjogreen, también ocupó el cargo de Defensor del Pueblo regional durante entre el 2023 y el 2023 destacando su gestión por la defensa de los derechos de los raizales en su lucha por frenar la galopante sobrepoblación existente en la isla.

En la terna de candidatos para dirigir la OCCRE estuvieron aspirando, además de Gordon Fox, la abogada y actual directora Pilar Bryan Manuel y el también abogado Omar Torrijos Bent Vallarino.

La elección del nuevo director estuvo lleno de variantes ya que la misma estuvo programada para el mes de octubre de 2023, siendo aplazada por la Junta Directiva al inicio por razones electorales y posteriormente por inconvenientes relacionados por la posible relación de uno de los representantes raizales con el entonces mandatario seccional Everth Hawkins.

Entre los principales compromisos del funcionario esta el de sacar adelante el plan de medición de capacidad de carga poblacional para el archipiélago, la emisión de tarjetas de residencia pendientes para residentes legales y una lucha frontal contra la corrupción al interior del organismo la cual ha sido denunciada en diferentes espacios de opinión y que le han restado credibilidad y legitimidad a la entidad.

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