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Se disparan casos de explotación sexual a niños en Medellín

La revelación la hizo el diario El Colombiano de Medellín con testimonios e historias al tiempo que informó sobre los esfuerzos de la Alcaldía de superar estos impases.

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“Yo vi niñas muy pequeñas, como de 9 años, se montaban a esos carros con señores todos viejos”, “En La Veracruz, San Diego, la 40, la 45, el Lleras, la comuna 13, la 33, el parque del Poblado hay parches de día y otros de noche, y remataderos”, “Por redes los gringos le escriben a uno que venga, que caiga con pollitas”, “La noche se presta para la Escnna, pero a lo bien eso es 24/7”. Estos son testimonios que dieron hace unos meses adolescentes de 13 a 17 años atendidos en centros de protección como víctimas o en riesgo de explotación sexual.

Las actas donde constan sus relatos, conocidas por este medio, son reflejo de un problema que ha mostrado tendencia al alza en los últimos 12 años en Medellín y se ha extendido camuflado entre otros delitos hasta convertirse en paisaje para unos, alarma para otros y en un monstruo que cercena sin piedad los derechos y la dignidad de los menores de edad.

Organizaciones sociales y líderes comunitarios han venido alertando de un mayor número de casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna) en comunas donde no era tan usual, pero donde explotadores y redes aprovechan la pobreza, el auge del turismo, la proliferación de rumbeaderos y el consumo de alcohol y drogas, entre otros factores para atrapar víctimas.

Dichos líderes aseguran que notan una mayor incidencia en comunas como la 1, Popular; 3, Manrique; 5, Castilla; 7, Robledo; 8, Villa Hermosa; 9, Buenos Aires; o 13, San Javier, entre otras. Y coinciden con datos de la Mesa contra la Escnna, que agrupa a sociedad civil, academia e institucionalidad hace más de una década y que entre sus más recientes investigaciones concluyó que el problema hace rato trascendió El Poblado y el Centro. “No es que haya migrado” —dijo el docente Iván Muñoz, integrante del secretariado técnico de la Mesa en representación de la Universidad de Antioquia— “es que se ha expandido a nuevas partes, a casi todo Medellín”.

Un problema de gravedad

Es un reto mayúsculo para la institucionalidad, para todas las alcaldías del Valle de Aburrá y para el alcalde Federico Gutiérrez, que en días pasados dio a conocer el Decreto 0082 del 26 de enero 2024, que prorrogó el toque de queda que se ha extendido desde 2021 para menores de edad, todos los días de la semana, entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., en el Parque Lleras y sitios cercanos, el corredor vial de la 33, zonas de La Candelaria y el corredor de la 70.

Pero en otros lugares, líderes, ONG y colectivos juveniles siguen viendo, ante la mirada impávida de vecinos y un silencio a veces cobijado por la indiferencia y otras por el temor, cómo a menores de edad de los barrios más pobres los recogen en camionetas, les mandan vehículos de aplicación o los citan en sitios como estaciones del Metro, un parque y hasta en una UVA. Y no los llevan exclusivamente a la 33, la 70 o el Lleras; hay proliferación de lugares de rumba en los barrios y los destinos donde ocurre la explotación puede terminar siendo una finca o un apartamento alquilado por plataformas digitales.

Alejandra Ossa, integrante del equipo de Niñez y Juventud de la corporación Con-Vivamos, que lleva 34 años en la comuna 1, ve con mucha preocupación la situación en el territorio. Allí, la Secretaría de Inclusión Social atendió 59 casos entre 2020 y enero de 2024 —48 niñas y adolescentes mujeres y 11 niños y adolescentes hombres; 54 entre 12 y 17 años y dos entre 6 y 11—.

Pero las cifras podrían ser más altas y para Ossa hay que tener en cuenta además que hay familias que se prestan para la explotación en las casas de los menores de edad y que ha crecido la inducción a caer en este delito, que también incluye la mal llamada pornografía infantil, a través de redes sociales o por parte de otras víctimas.

“Se explota uno por necesidad de la comida”, “No siempre es por necesidad, muchas veces las familias las obligan”, “Las mamás les dicen: ‘si va a estar con él, cóbrele primero’”, “A uno lo conspiran las amistades o uno les dice, venga yo la pongo a ganar dinero”, “A veces quienes te rodean te llevan al desnucadero”, se lee entre los relatos de los menores de edad.

Las carencias económicas ponen en mayor riesgo a niñas, niños y adolescentes. “A veces las mismas familias llevan a hijas, sobrinas o hermanas a que intercambien mercados, dinero u otros asuntos por su cuerpo”, dijo Ossa. Y hay una estrecha relación entre la Escnna con el consumo de sustancias psicoactivas que, a su vez, hace que los menores de edad disparen adicciones que les ponen la necesidad de conseguir dinero.

“Una cosa lleva a la otra… mejor dicho, tiene uno que tirar tusi ventiao”, “Es que imagínese un viejo bien feo… toca uno volarse, meterse un viaje para que no sea tan horrible”, “Es una cosa que está la una con la otra, sexo, vicio, sexo, vicio”, ejemplifican los menores de edad que se han enfrentado a este flagelo.

Por su lado, líderes de la comuna 13, San Javier, donde la Secretaría de Inclusión atendió 36 casos entre 2020 y enero de 2024 —24 mujeres y 12 hombres de los 12 a los 17 años en su mayoría— comparten las preocupaciones de Popular y Santo Domingo.

Algunos coincidieron en que la fuerza turística que tomó el sector ha sido aprovechada para la Escnna. “Ya no es extraño ver esto en sitios como las escaleras eléctricas”, dijo una persona que pidió reserva.

En consideración del profesor Muñoz uno de los factores que más influye es el auge del turismo, que también ha trascendido los lugares tradicionalmente emblemáticos. Pero no es el único ni todos los casos corresponden a victimarios turistas. En los diagnósticos de la Mesa se evidencian otros como el aumento de población migrante; el hambre y la pobreza tras la pandemia; el auge de tecnologías y redes sociales; la utilización de víctimas para captar a otros menores de edad; y, uno de los más graves, que los grupos criminales organizados de los barrios convirtieron la explotación sexual en uno de sus principales renglones económicos, entre los que justamente está el tráfico de drogas.

En palabras de los menores de edad: “A uno lo contactan por el WhatsApp, se concreta la vuelta y las lucas para la ropa”, “Se entregan fotos por dinero”, “Las Convivir te piden por cuidarte, dejarte el punto en la calle, quitan dinero”, “Le dicen: ‘mándeme un video’”.

Lo cierto es que otra de las preocupaciones de la Mesa y líderes de las comunas es que las cifras presentadas por las autoridades no corresponden a la realidad ni a la gravedad del problema. Y el número de casos varía según la institución, aparte del subregistro porque muchas veces ni siquiera se denuncia.

Según la Secretaría de Inclusión Social, a través de su Unidad de Niñez, en el primer mes de este año se atendieron 39 casos en toda la ciudad, mientras que entre 2020 y 2023 fueron 764, con tendencia al aumento año tras año. En dos de las zonas donde se prorrogó el toque de queda a menores de edad la diferencia de casos atendidos es enorme. Mientras que 124 del total corresponden a la comuna 10, La Candelaria —94 mujeres y 30 hombres casi todos de 12 a 17 años—, en El Poblado en ese mismo tiempo atendieron 7 —todos de niñas y adolescentes mujeres de 6 a 17 años—.

“Hay que fortalecer acciones”

Por esto, algunas organizaciones alertan que el toque de queda no es suficiente ni la única medida acorde, porque además se enfoca en encerrar a los menores de edad y no en los victimarios. Vanessa Serpa, integrante del equipo de Mujeres y de Niñez y Juventud de Con-Vivamos, dijo que incluso han notado incidencia alrededor del sistema Metro por la facilidad que ofrece de movilizarse entre lugares emblemáticos y zonas periféricas de la ciudad.

Entre los hallazgos que han hecho, por ejemplo, está la estación Santo Domingo del Metrocable como punto de encuentro con menores de edad que luego llevan al Parque Arví u otros sitios de Santa Elena.

Aunque Serpa relató que el año pasado varias organizaciones sociales se plantaron con pancartas en una de las estaciones del Metro para hacerle un llamado directo sobre el tema, desde la empresa indicaron que no han sido “notificados de manera oficial de llamados de las organizaciones sociales y tampoco se han mencionado en los espacios de conversación con líderes sociales, colectivos u organizaciones de la sociedad civil”.

Asimismo, afirmaron no conocer ningún caso de presunta Escnna en el sistema y recordaron que aunque promueven el relacionamiento positivo, con más de un millón de personas que movilizan a diario deben actuar bajo el principio de presunción de inocencia.

La compañía aseguró que desde 2018 hasta la fecha se ha vinculado a acciones pedagógicas y formativas del Plan Intersectorial contra la Escnna, liderado desde la Secretaría de Inclusión Social, así como a otras iniciativas para combatir este delito.

Sin embargo, Serpa, Ossa, Muñoz y otros líderes creen que falta contundencia y permanencia de acciones de prevención y sensibilización en el Metro y en los sistemas de movilidad, incluidas terminales de transporte, aeropuertos, taxis y plataformas digitales para pedir estos servicios, pues como ha pasado con establecimientos de alojamiento, de comercio o rumba, en ocasiones se prestan para promover el delito, ofreciendo catálogos de menores de edad o llevando a turistas y locales a zonas de explotación.

“Se da en moteles, en la calle, en San Diego, en Botero, en La Veracruz, hasta en los mismos barrios, en la tienda, en el Centro, en el Lleras”, “Algunos taxistas son meros cochinos”, “Puebliando les va muy bien, en Concordia, Segovia, Apartadó”, manifestaron también las menores de edad protegidas.

Sobre esto, expertos y entidades que trabajan con jóvenes en el territorio han hablado varias veces de la venta de paquetes turísticos con todo incluido, que incorporan sexo con menores de edad, lo que en cualquier contexto es un delito. Es así como puede moverse todo un andamiaje de transporte, hospedaje, lugares turísticos, rumba, drogas y explotación en cualquier comuna.

Para Muñoz, una falencia está justamente en la intermitencia de acciones en todas las alcaldías, según lo evidencian tras casi 13 años de existencia de la Mesa: “Hay un escándalo, entonces hay un pico de acciones, pero pasa la cresta de la ola y se relajan un poco. Ha pasado en todas las administraciones”.

La Secretaría de Inclusión tiene la Unidad de Niñez que incluye atención niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual; acompañamiento familiar para evitar que estos casos ocurran o se repitan; y equipos de profesionales que lideran recorridos por zonas de la ciudad con más incidencia del delito, con el fin de proteger a los menores de edad, sensibilizar, caracterizar y presentar la oferta institucional.

Asimismo, hay dos lugares denominados Casa Vida, una que funciona en modalidad de internado. En ambas se atienden víctimas o menores de edad en riesgo de Escnna con activación de rutas de educación, salud, arteterapia, formación preocupacional y acompañamiento psicosocial. Y cuentan con el proyecto La magia de jugar es sanar, que tiene acciones de prevención, atención y asistencia técnica en casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales.

Pero expertos y organizaciones consideran que este problema de magnitud desbordada implica una real articulación de las instituciones, incluso para consolidar cifras, así como un abordaje integral basado en prevenir de forma sostenida y contundente. Creen que no basta con que todos se unan cada año, el Día contra la Escnna, a marchar o hacer plantones y que urge destinar recursos desde cada dependencia que tenga que ver con el tema, cuyas soluciones no son solo del Estado, sino también del sector privado, la familia y la sociedad en general, por ejemplo, denunciando.

Los mismos jóvenes que han participado en diagnósticos reconocen los riesgos que corren las víctimas, como enfermedades de transmisión sexual, embarazos adolescentes, adicción a drogas o daños a la integridad. Entre sus relatos ratificaron que esta práctica incluye encontrarse con desconocidos, ir a fiestas de remate, ser engañados por adultos que les quitan el dinero producto de la explotación y hasta que las dejen desnudas o las tiren de los carros.

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Mujer que denunció a extranjero a quien le había arrendado apartamento en El Poblado y se fue sin pagarle ya logró conciliación

Manifestaron que se necesita acompañamiento a las familias, fortalecer la autonomía de los menores de edad, regular el uso de aparatos electrónicos y redes sociales y generar mayor conciencia. Desde la Mesa contra la Escnna agregaron la importancia de promover la sanción social del delito, de fortalecer y difundir los mecanismos de reportes, las denuncias, investigaciones y judicialización de los responsables; así como posicionar la política de turismo responsable y monitorear con rigor espacios de riesgo, como apartamentos alquilados por plataformas, entre otras acciones.

“Se debe fortalecer el Plan Intersectorial”

Aunque Medellín cuenta con el Plan Intersectorial para la Prevención, Atención y Judicialización de la Escnna en Medellín, una carta de navegación hasta 2028 que articula a varias instituciones, son pocos los avances que en el último diagnóstico de la Mesa contra la Escnna encontraron en materia de judicialización.

Según hallaron en los datos abiertos de la Fiscalía, entre 2010 y 2022, en los procesos abiertos por casos de Escnna en Medellín, solo el 10% llegó a imputaciones, el 7,4% a capturas y el 4,8% a condenas. Desde la Policía Metropolitana no informaron cuántas capturas han hecho en los últimos años por este delito, pero indicaron que están articulados con la alcaldía, las comisarías de Familia y el Icbf, y que este año se dio inicio en el país a la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura para proteger a los menores de edad de este tipo de delitos.

La denuncia en estos casos es fundamental, si conoce o sospecha de alguno, puede hacerlo en las líneas 123, 141 del Icbf y 122 de la Fiscalía. Claro que los líderes consideran que esto crecerá en la medida en que la respuesta institucional con los ciudadanos que denuncian sea efectiva.

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Entregan detalles sobre muerte de colombo-estadounidense en Medellín

Después de la agresión, los otros dos hombres que estaban invitados en esta reunión, salieron de la urbanización y los vigilantes comenzaron a perseguirlos por toda la avenida Las Palmas, en Medelín.

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Photo: Colprensa

Cuatro hombres se citaron en el apartamento de uno de ellos para departir, al son de la música y el consumo de bebidas embriagantes, desde la noche del viernes en Medellín. Todos cuatro amanecieron en la fiesta, pero después de que pasaron las 8:00 de la mañana del sábado, los malos tragos y las propuestas indecorosas dieron pie a un altercado que acabó con un muerto y un herido.

Dentro de la habitación 2313 del conjunto residencial Yerbabuena se presentaron los desmanes luego de que, según el reporte judicial, el fallecido le habría propuesto a uno de sus invitados a que sostuviera relaciones sexuales con él, lo que generó una reacción violenta por parte de esta persona, quien primero lo retira y después toma uno de los cuchillos de la cocina de la vivienda, para atacarlo.

Las múltiples lesiones con arma blanca provocaron la muerte de Josué Cardona Palacio, quien nació en Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos, hace 34 años, y quien tiene cédula colombiana expedida en Miami. Se desempeñaba como programador informático y el apartamento donde ocurrieron los hechos es de su propiedad.

Otro de los invitados a esta reunión, el venezolano Osneyver Rafael Vega Esvell, de 25 años, intentó defender a Josué de su agresor, recibiendo una puñalada en el hombro izquierdo y otra en la espalda, siendo trasladado en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín a la Clínica Las Vegas, de Medellín. Estas lesiones no comprometieron su vida.

Después de la agresión, los otros dos hombres que estaban invitados en esta reunión, salieron de la urbanización y los vigilantes comenzaron a perseguirlos por toda la avenida Las Palmas, mientras se llamaba a la Policía, que con una de las unidades del cuadrante apoyaron la persecución y sobre esta vía principal, a la altura de la calle 16, lograron la captura de los dos presuntos responsables de esta doble agresión.

Los uniformados detuvieron a Dajhal Mesa Salazar, de 20 años, y a Andrey Gómez Posada, de 24; a este último le encontraron el cuchillo ensangrentado con el que se habría cometido el asesinato y, según los registros judiciales, tendría antecedentes por los delitos de receptación y falsedad marcaria. El otro detenido no tenía antecedentes judiciales.

A ambos se le realizan las audiencias ante el juez de control de garantías, donde les imputaron el delito de homicidio y tentativa de homicidio y en las próximas horas se sabrá si a ambos los envían a prisión por estos hechos.

Este programador, quien trabajaba para varias empresas en distintas partes del mundo, compartía su residencia entre Medellín, de donde son oriundos sus padres, y Estados Unidos, su país natal, principalmente en el estado de la Florida.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si los dos atacados conocían a los procesados con anterioridad o si, por el contrario, los habrían conocido mediante redes sociales esa misma noche.

El asesinato de Josué es la primera que se confirma como homicidio de un extranjero en Medellín, entre los 13 fallecimientos ocurridos en el Valle de Aburrá por múltiples causas que se han presentado este año de la población no migrante en la ciudad.

De acuerdo con informes judiciales, de los otros 12 fallecidos, en tres casos se confirmó que se trataban de suicidios, dos se produjeron después de que las víctimas ingresaran con personas a los lugares donde se encontraban hospedados, una más tras el consumo de yagé en una finca de Barbosa, otra luego de haberse caído y golpearse contra el suelo y los restantes se deberían a causas naturales, entre las que se encuentra un bebé peruano de nueve meses de nacido, quien padecía desde su nacimiento problemas renales y de corazón.

Estas recientes muertes, sumadas a las 31 que ocurrieron en el 2023, entre ellas seis luego de citas mediante uso de aplicaciones, han hecho que desde Estados Unidos se hayan emitido múltiples alertas para que sus ciudadanos, en lo posible, no visiten Colombia.

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Carlos Fernando Galán anuncia refuerzo de pie de fuerza en Bogotá

El alcalde de Bogotá anunció que a la ciudad llegarán 700 policías nuevos para reforzar labores, de los cuales 100 tendrán la tarea de combatir el hurto a personas y al comercio, que son, precisamente, los delitos de alto impacto.

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La oleada de hurtos masivos en establecimientos comerciales y balaceras en distintas zonas de Bogotá hizo que el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, anunciara una serie de ajustes a su política de seguridad, que se le conoce como “Bogotá Camina Segura”.

En ese sentido, el mandatario local anunció que a la ciudad llegarán 700 policías nuevos para reforzar labores, de los cuales 100 tendrán la tarea de combatir el hurto a personas y al comercio, que son, precisamente, los delitos de alto impacto que han sido mediáticos en las últimas semanas.

“Sabemos que la seguridad es el principal reto que tenemos que enfrentar. Ese grupo fortalecerá la estrategia para poder enfrentar de manera cada vez más efectiva a los delincuentes. Somos conscientes de la problemática de seguridad, estamos con la estrategia que requiere ajustes”, afirmó Galán.

Por otro lado, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel José Gualdrón, dijo que una de las estrategias será la inclusión de policías encubiertos bajo el nombre “Arcángel”, quienes estarán ubicados “en sitios como Transmilenio, restaurantes, bares y algunos sectores de parques”.

Parte de los 700 uniformados estarán desplegados así: 150 policías que entran esta semana a apoyar labores, 50 estarán destinados a inteligencia, otros 50 para Policía Judicial y 50 repartidos en las dependencias de Infancia y Adolescencia y Turismo.

El alcalde Galán explicó que la política de seguridad local implica la articulación de las entidades del Distrito que tienen alguna implicación en la seguridad ciudadana. Muestra de ello, según el alcalde, son los helicópteros que han sobrevolado la capital, los “gestores de la Secretaría de Movilidad y el acompañamiento de miembros de la Brigada XIII del ejército en zonas priorizadas y operativos”.

“Eso es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para, con todo el aparato institucional, actuar de manera preventiva y reactiva”, advirtió Carlos Fernando Galán en la rueda de prensa en la que también estuvieron el secretario de Seguridad, César Restrepo, y la directora seccional de Fiscalías, Leonor Merchán Lopera.

Y agregó que “tengo como alcalde la principal responsabilidad, entonces mi principal responsabilidad era conectar a esos actores y eso es lo que estamos haciendo”.

El secretario Restrepo, por su parte, habló de la importancia de la red de cámaras de vigilancia en la ciudad. Sobre estos artefactos dijo que “entre el 15 y 20 % de las cámaras (de Bogotá) están en constante revisión” y que “el reto es disminuir este porcentaje para tener mayor cobertura en los canales de videovigilancia”.

Por último, presentaron el cartel de los más buscados, en donde aparecen los rostros de los doce hombres que estarían detrás de casos de hurtos y homicidios en la ciudad y que tienen órdenes de captura vigentes.

Por información que ayude a dar con la captura de estos presuntos delincuentes, la Policía ofrece recompensas que ascienden hasta los $150 millones.

Parte de los hechos violentos y de inseguridad que ocurriendo en Bogotá la semana pasada fue el homicidio del empresario Hernán Roberto Franco Charry en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

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Lanzan plan de vivienda y basura cero para San Andrés y Providencia

El anuncio sobre las viviendas en Providencia contó con el acompañamiento de la alcaldesa encargada de Providencia Debbie Archbold, quien informó sobre los beneficiarios de este proyecto.

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Photo: Gobernación Departamento Archipiélago

La construcción de 100 viviendas para damnificados en Providencia, la restauración de viviendas típicas isleñas tradicionales en San Andrés y el desarrollo de un plan de basura cero para el territorio insular fueron los principales anuncios dados por el Gobernador de San Andrés Nicolás Gallardo Vásquez en el marco de una visita oficial efectuada por la ministra de vivienda Catalina Velasco al territorio insular el pasado fin de semana.

El anuncio sobre las viviendas en Providencia contó con el acompañamiento de la alcaldesa encargada de Providencia Debbie Archbold, quien informó sobre los beneficiarios de este proyecto.

«Los que recibirán las casas nuevas son los damnificados por el huracán Iota que actualmente viven en arriendo en residencias en el municipio y que venían clamando por una vivienda nueva al perderlo todo por el huracán», afirmó.

Por su parte, el Gobernador Gallardo informó sobre el plan de restauración de viviendas tradicionales que se hará con base en la información recogida durante las ultimas décadas por la Universidad Nacional Sede Caribe.

«La información de las casas que serán restauradas ya ha sido planificada por la Universidad Nacional y ahora, luego de tener una ley de restauración de viviendas tradicionales, podemos decir que este proyecto es una realidad para propietarios de viviendas tradicionales en la isla», dijo el mandatario.

Finalmente, la Ministra Velasco presentó el plan de basura cero para el territorio insular que se trata de la utilización de residuos solidos para la generación de energía y un plan de evacuación que se hará de manera planificada para su reúso en el continente colombiano.

La visita oficial culminó con un recorrido por la isla, en la cual se destacó la presencia en sectores como La Loma y los barrios que comprenden el denominado Distrito IV que espera poder tener a su disposición próximamente con la instalación de tuberías y redes de alcantarillado pluvial para la evacuación de aguas en tiempos de altas precipitaciones en esta parte de San Andrés.

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