“Yo vi niñas muy pequeñas, como de 9 años, se montaban a esos carros con señores todos viejos”, “En La Veracruz, San Diego, la 40, la 45, el Lleras, la comuna 13, la 33, el parque del Poblado hay parches de día y otros de noche, y remataderos”, “Por redes los gringos le escriben a uno que venga, que caiga con pollitas”, “La noche se presta para la Escnna, pero a lo bien eso es 24/7”. Estos son testimonios que dieron hace unos meses adolescentes de 13 a 17 años atendidos en centros de protección como víctimas o en riesgo de explotación sexual.

Las actas donde constan sus relatos, conocidas por este medio, son reflejo de un problema que ha mostrado tendencia al alza en los últimos 12 años en Medellín y se ha extendido camuflado entre otros delitos hasta convertirse en paisaje para unos, alarma para otros y en un monstruo que cercena sin piedad los derechos y la dignidad de los menores de edad.

Organizaciones sociales y líderes comunitarios han venido alertando de un mayor número de casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna) en comunas donde no era tan usual, pero donde explotadores y redes aprovechan la pobreza, el auge del turismo, la proliferación de rumbeaderos y el consumo de alcohol y drogas, entre otros factores para atrapar víctimas.

Ayer en la noche realizamos una intervención integral en el Parque Lleras y sus alrededores.
Se lo tomaron las mafias de la droga y peor aún, de la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
No llegamos a la Alcaldía para tapar realidades, llegamos… pic.twitter.com/nBr0f7OA1H

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 3, 2024

Dichos líderes aseguran que notan una mayor incidencia en comunas como la 1, Popular; 3, Manrique; 5, Castilla; 7, Robledo; 8, Villa Hermosa; 9, Buenos Aires; o 13, San Javier, entre otras. Y coinciden con datos de la Mesa contra la Escnna, que agrupa a sociedad civil, academia e institucionalidad hace más de una década y que entre sus más recientes investigaciones concluyó que el problema hace rato trascendió El Poblado y el Centro. “No es que haya migrado” —dijo el docente Iván Muñoz, integrante del secretariado técnico de la Mesa en representación de la Universidad de Antioquia— “es que se ha expandido a nuevas partes, a casi todo Medellín”.

Un problema de gravedad

Es un reto mayúsculo para la institucionalidad, para todas las alcaldías del Valle de Aburrá y para el alcalde Federico Gutiérrez, que en días pasados dio a conocer el Decreto 0082 del 26 de enero 2024, que prorrogó el toque de queda que se ha extendido desde 2021 para menores de edad, todos los días de la semana, entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., en el Parque Lleras y sitios cercanos, el corredor vial de la 33, zonas de La Candelaria y el corredor de la 70.

Pero en otros lugares, líderes, ONG y colectivos juveniles siguen viendo, ante la mirada impávida de vecinos y un silencio a veces cobijado por la indiferencia y otras por el temor, cómo a menores de edad de los barrios más pobres los recogen en camionetas, les mandan vehículos de aplicación o los citan en sitios como estaciones del Metro, un parque y hasta en una UVA. Y no los llevan exclusivamente a la 33, la 70 o el Lleras; hay proliferación de lugares de rumba en los barrios y los destinos donde ocurre la explotación puede terminar siendo una finca o un apartamento alquilado por plataformas digitales.

Alejandra Ossa, integrante del equipo de Niñez y Juventud de la corporación Con-Vivamos, que lleva 34 años en la comuna 1, ve con mucha preocupación la situación en el territorio. Allí, la Secretaría de Inclusión Social atendió 59 casos entre 2020 y enero de 2024 —48 niñas y adolescentes mujeres y 11 niños y adolescentes hombres; 54 entre 12 y 17 años y dos entre 6 y 11—.

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Pero las cifras podrían ser más altas y para Ossa hay que tener en cuenta además que hay familias que se prestan para la explotación en las casas de los menores de edad y que ha crecido la inducción a caer en este delito, que también incluye la mal llamada pornografía infantil, a través de redes sociales o por parte de otras víctimas.

“Se explota uno por necesidad de la comida”, “No siempre es por necesidad, muchas veces las familias las obligan”, “Las mamás les dicen: ‘si va a estar con él, cóbrele primero’”, “A uno lo conspiran las amistades o uno les dice, venga yo la pongo a ganar dinero”, “A veces quienes te rodean te llevan al desnucadero”, se lee entre los relatos de los menores de edad.

Las carencias económicas ponen en mayor riesgo a niñas, niños y adolescentes. “A veces las mismas familias llevan a hijas, sobrinas o hermanas a que intercambien mercados, dinero u otros asuntos por su cuerpo”, dijo Ossa. Y hay una estrecha relación entre la Escnna con el consumo de sustancias psicoactivas que, a su vez, hace que los menores de edad disparen adicciones que les ponen la necesidad de conseguir dinero.

“Una cosa lleva a la otra… mejor dicho, tiene uno que tirar tusi ventiao”, “Es que imagínese un viejo bien feo… toca uno volarse, meterse un viaje para que no sea tan horrible”, “Es una cosa que está la una con la otra, sexo, vicio, sexo, vicio”, ejemplifican los menores de edad que se han enfrentado a este flagelo.

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Por su lado, líderes de la comuna 13, San Javier, donde la Secretaría de Inclusión atendió 36 casos entre 2020 y enero de 2024 —24 mujeres y 12 hombres de los 12 a los 17 años en su mayoría— comparten las preocupaciones de Popular y Santo Domingo.

Algunos coincidieron en que la fuerza turística que tomó el sector ha sido aprovechada para la Escnna. “Ya no es extraño ver esto en sitios como las escaleras eléctricas”, dijo una persona que pidió reserva.

En consideración del profesor Muñoz uno de los factores que más influye es el auge del turismo, que también ha trascendido los lugares tradicionalmente emblemáticos. Pero no es el único ni todos los casos corresponden a victimarios turistas. En los diagnósticos de la Mesa se evidencian otros como el aumento de población migrante; el hambre y la pobreza tras la pandemia; el auge de tecnologías y redes sociales; la utilización de víctimas para captar a otros menores de edad; y, uno de los más graves, que los grupos criminales organizados de los barrios convirtieron la explotación sexual en uno de sus principales renglones económicos, entre los que justamente está el tráfico de drogas.

En palabras de los menores de edad: “A uno lo contactan por el WhatsApp, se concreta la vuelta y las lucas para la ropa”, “Se entregan fotos por dinero”, “Las Convivir te piden por cuidarte, dejarte el punto en la calle, quitan dinero”, “Le dicen: ‘mándeme un video’”.

Lo cierto es que otra de las preocupaciones de la Mesa y líderes de las comunas es que las cifras presentadas por las autoridades no corresponden a la realidad ni a la gravedad del problema. Y el número de casos varía según la institución, aparte del subregistro porque muchas veces ni siquiera se denuncia.

Según la Secretaría de Inclusión Social, a través de su Unidad de Niñez, en el primer mes de este año se atendieron 39 casos en toda la ciudad, mientras que entre 2020 y 2023 fueron 764, con tendencia al aumento año tras año. En dos de las zonas donde se prorrogó el toque de queda a menores de edad la diferencia de casos atendidos es enorme. Mientras que 124 del total corresponden a la comuna 10, La Candelaria —94 mujeres y 30 hombres casi todos de 12 a 17 años—, en El Poblado en ese mismo tiempo atendieron 7 —todos de niñas y adolescentes mujeres de 6 a 17 años—.

“Hay que fortalecer acciones”

Por esto, algunas organizaciones alertan que el toque de queda no es suficiente ni la única medida acorde, porque además se enfoca en encerrar a los menores de edad y no en los victimarios. Vanessa Serpa, integrante del equipo de Mujeres y de Niñez y Juventud de Con-Vivamos, dijo que incluso han notado incidencia alrededor del sistema Metro por la facilidad que ofrece de movilizarse entre lugares emblemáticos y zonas periféricas de la ciudad.

Entre los hallazgos que han hecho, por ejemplo, está la estación Santo Domingo del Metrocable como punto de encuentro con menores de edad que luego llevan al Parque Arví u otros sitios de Santa Elena.

Aunque Serpa relató que el año pasado varias organizaciones sociales se plantaron con pancartas en una de las estaciones del Metro para hacerle un llamado directo sobre el tema, desde la empresa indicaron que no han sido “notificados de manera oficial de llamados de las organizaciones sociales y tampoco se han mencionado en los espacios de conversación con líderes sociales, colectivos u organizaciones de la sociedad civil”.

Asimismo, afirmaron no conocer ningún caso de presunta Escnna en el sistema y recordaron que aunque promueven el relacionamiento positivo, con más de un millón de personas que movilizan a diario deben actuar bajo el principio de presunción de inocencia.

La compañía aseguró que desde 2018 hasta la fecha se ha vinculado a acciones pedagógicas y formativas del Plan Intersectorial contra la Escnna, liderado desde la Secretaría de Inclusión Social, así como a otras iniciativas para combatir este delito.

Sin embargo, Serpa, Ossa, Muñoz y otros líderes creen que falta contundencia y permanencia de acciones de prevención y sensibilización en el Metro y en los sistemas de movilidad, incluidas terminales de transporte, aeropuertos, taxis y plataformas digitales para pedir estos servicios, pues como ha pasado con establecimientos de alojamiento, de comercio o rumba, en ocasiones se prestan para promover el delito, ofreciendo catálogos de menores de edad o llevando a turistas y locales a zonas de explotación.

“Se da en moteles, en la calle, en San Diego, en Botero, en La Veracruz, hasta en los mismos barrios, en la tienda, en el Centro, en el Lleras”, “Algunos taxistas son meros cochinos”, “Puebliando les va muy bien, en Concordia, Segovia, Apartadó”, manifestaron también las menores de edad protegidas.

Sobre esto, expertos y entidades que trabajan con jóvenes en el territorio han hablado varias veces de la venta de paquetes turísticos con todo incluido, que incorporan sexo con menores de edad, lo que en cualquier contexto es un delito. Es así como puede moverse todo un andamiaje de transporte, hospedaje, lugares turísticos, rumba, drogas y explotación en cualquier comuna.

Para Muñoz, una falencia está justamente en la intermitencia de acciones en todas las alcaldías, según lo evidencian tras casi 13 años de existencia de la Mesa: “Hay un escándalo, entonces hay un pico de acciones, pero pasa la cresta de la ola y se relajan un poco. Ha pasado en todas las administraciones”.

La Secretaría de Inclusión tiene la Unidad de Niñez que incluye atención niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual; acompañamiento familiar para evitar que estos casos ocurran o se repitan; y equipos de profesionales que lideran recorridos por zonas de la ciudad con más incidencia del delito, con el fin de proteger a los menores de edad, sensibilizar, caracterizar y presentar la oferta institucional.

Asimismo, hay dos lugares denominados Casa Vida, una que funciona en modalidad de internado. En ambas se atienden víctimas o menores de edad en riesgo de Escnna con activación de rutas de educación, salud, arteterapia, formación preocupacional y acompañamiento psicosocial. Y cuentan con el proyecto La magia de jugar es sanar, que tiene acciones de prevención, atención y asistencia técnica en casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales.

Pero expertos y organizaciones consideran que este problema de magnitud desbordada implica una real articulación de las instituciones, incluso para consolidar cifras, así como un abordaje integral basado en prevenir de forma sostenida y contundente. Creen que no basta con que todos se unan cada año, el Día contra la Escnna, a marchar o hacer plantones y que urge destinar recursos desde cada dependencia que tenga que ver con el tema, cuyas soluciones no son solo del Estado, sino también del sector privado, la familia y la sociedad en general, por ejemplo, denunciando.

Los mismos jóvenes que han participado en diagnósticos reconocen los riesgos que corren las víctimas, como enfermedades de transmisión sexual, embarazos adolescentes, adicción a drogas o daños a la integridad. Entre sus relatos ratificaron que esta práctica incluye encontrarse con desconocidos, ir a fiestas de remate, ser engañados por adultos que les quitan el dinero producto de la explotación y hasta que las dejen desnudas o las tiren de los carros.

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Medellín

Mujer que denunció a extranjero a quien le había arrendado apartamento en El Poblado y se fue sin pagarle ya logró conciliación

Manifestaron que se necesita acompañamiento a las familias, fortalecer la autonomía de los menores de edad, regular el uso de aparatos electrónicos y redes sociales y generar mayor conciencia. Desde la Mesa contra la Escnna agregaron la importancia de promover la sanción social del delito, de fortalecer y difundir los mecanismos de reportes, las denuncias, investigaciones y judicialización de los responsables; así como posicionar la política de turismo responsable y monitorear con rigor espacios de riesgo, como apartamentos alquilados por plataformas, entre otras acciones.

“Se debe fortalecer el Plan Intersectorial”

Aunque Medellín cuenta con el Plan Intersectorial para la Prevención, Atención y Judicialización de la Escnna en Medellín, una carta de navegación hasta 2028 que articula a varias instituciones, son pocos los avances que en el último diagnóstico de la Mesa contra la Escnna encontraron en materia de judicialización.

Según hallaron en los datos abiertos de la Fiscalía, entre 2010 y 2022, en los procesos abiertos por casos de Escnna en Medellín, solo el 10% llegó a imputaciones, el 7,4% a capturas y el 4,8% a condenas. Desde la Policía Metropolitana no informaron cuántas capturas han hecho en los últimos años por este delito, pero indicaron que están articulados con la alcaldía, las comisarías de Familia y el Icbf, y que este año se dio inicio en el país a la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura para proteger a los menores de edad de este tipo de delitos.

La denuncia en estos casos es fundamental, si conoce o sospecha de alguno, puede hacerlo en las líneas 123, 141 del Icbf y 122 de la Fiscalía. Claro que los líderes consideran que esto crecerá en la medida en que la respuesta institucional con los ciudadanos que denuncian sea efectiva.