Confirman destitución e inhabilidad a la exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto

La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto fue destituida e inhabilitada por 10 años por la Procuraduría General de la Nación luego de que se probara que incurrió en acciones caprichosas durante la adjudicación de un contrato para la implementación de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en los colegios públicos del departamento. La sanción fue confirmada en fallo de segunda instancia.

El órgano de control estableció que en el pliego de condiciones para el contrato, cuyo valor total era superior a los 20.000 millones de pesos, se establecieron unos requisitos de experiencia y capacidad financiera que no estaban de acuerdo con el objeto y la cuantía del contrato a ejecutar, exigencias que, a juicio del organismo, impidieron la participación de potenciales oferentes en el proceso de licitación.

Se estableció además que esas exigencias obedecieron a criterios de orden subjetivo o al capricho de los responsables que elaboraron el pliego de condiciones. “Los requisitos fijados no cumplieron el deber de ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, como lo exige la ley”, precisó la Procuraduría.

Dentro de la decisión por los mismos hechos, el órgano de control confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de nueve años proferida en contra de la exsecretaria de Educación, Bely Josefina Gneco Terán, y el exfuncionario de la gobernación, Gerardo Cujia Mendoza.

Para la Procuraduría los hechos en los que incurrieron los exfuncionarios constituyeron en una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

Pinto se había fugado de la justicia en junio de 2019 y después de un año, en julio de 2020, se entregó voluntariamente a las autoridades a través de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, en marzo de 2021 la dejaron en libertad por vencimiento de términos.

Los delitos por los que la estaban procesando en el momento de su fuga –y por medio de los cuales se habría apropiado de 5.900 millones de pesos públicos– versaban sobre un contrato de adoquines de 2011, cuando era alcaldesa del municipio de Albania. Estos eran falsedad en documento privado, falsedad en documento público, celebración de contratos sin requisitos legales, concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos.