Delcy Jiménez y las acusaciones de un harén de Gustavo Petro durante su gobierno

Durante casi cuatro horas se extendió este jueves la diligencia de Deyci Jiménez ante la Corte Suprema de Justicia, donde la contratista ratificó la existencia de una supuesta red de contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales hacia el expresidente Gustavo Petro.

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La declaración se rindió ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien recibió a los abogados de las partes y los elementos de prueba que aportaron.

Según reveló Noticias Caracol, Jiménez guardó silencio frente a varias de las preguntas que le formularon tanto la Corte como la defensa de Petro. Entre ellas, no respondió sobre la compra de droga para el exmandatario. Lo que sí hizo fue comprometerse a entregar su celular, que será inspeccionado por la Policía Judicial.

¿Qué dijo el abogado de Deyci Jiménez?

Sin aportar detalles para no entorpecer las investigaciones, el abogado de la joven, Felipe Caballero, aseguró que Jiménez seguirá declarando cada vez que sea llamada, pese a las amenazas en su contra, y señaló que ella también ha hablado de una superintendente.

También anticipó que en el caso podrían aparecer otros funcionarios o exfuncionarios con fuero constitucional, aunque no precisó sus identidades. “Sé que hay otros nombres que el país va a ir conociendo y yo estoy completamente seguro de que no van a ser solo 40 casos, sino que más mujeres se van a envalentonar porque cuando la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección brinden todas las garantías, yo estoy seguro de que vamos a conocer un escándalo más grande desde que ya se conoce”, dijo a medios.

La defensa aseguró que le pidieron al magistrado que verificara si la joven se encontraba en condiciones para hablar “ante la presión que ha recibido”. Indicó que “ella fue valiente y dijo que sí. Respondió las preguntas del magistrado, del abogado defensor”.

Sobre el celular, el abogado señaló que se fijará la fecha en la que se hará efectiva la entrega de esa prueba. “Ha anunciado que aportará otros elementos materiales de prueba”, dijo Caballero.

¿Qué responde la defensa de Petro y Pizarro?

Del otro lado, Alejandro Carranza, defensor de Petro y de la exsenadora María José Pizarro, negó el intercambio de contratos por favores sexuales. “Vamos a demostrar la inocencia del expresidente Petro. Vamos a demostrar la equivocación profunda, el montaje que se está orquestando”, afirmó.

Carranza aseguró que emprendió una acción judicial contra Jiménez por, presuntamente, aportar documentos falsos para su contratación. Se trata de una certificación de HispanTV, que señala que Jiménez estuvo vinculada al canal como productora audiovisual independiente.

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Sin embargo, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que ese canal emitió un comunicado en el que asegura que no expidió, autorizó ni avaló el certificado fechado el 15 de junio de 2021 que usó Jiménez como experiencia laboral para obtener sus contratos con el Estado.

El apoderado de la joven, Felipe Caballero, señaló que hay una estrategia de la defensa: primero, al calificar los hechos de montaje; segundo, al buscar a su familia para poner sobre ella una presión para que no declare; tercero, denunciarla por un hecho “menor”.

Entre tanto, Carranza también dijo que el director del Dapre, Andrés Ríos, supuestamente estaría interrogando a mujeres que trabajaron en la administración Petro para que declaren en contra del expresidente.

A su juicio, con estos nuevos testimonios se está estigmatizando a varias de las trabajadoras del gobierno Petro “como si todas fueran mujeres que prestan servicios sexuales, y no mujeres que salen adelante”.

Las denuncias de Deicy Jiménez contra Petro y Pizarro

Jiménez ha asegurado que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente obtuvo contratos con entidades estatales. Afirma que habría existido un intercambio de favores sexuales por oportunidades laborales y contratos públicos. También señaló que Pizarro habría conocido las circunstancias de su vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

Entre los contratos mencionados está uno por cerca de $34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, que en ese momento ocupaba Pizarro. Los registros contractuales también dan cuenta de vinculaciones de Jiménez con el Senado y otras entidades estatales.

La Sala de Instrucción admitió para estudio una denuncia contra Petro y Pizarro y deberá evaluar los elementos disponibles para determinar si hay méritos para adoptar nuevas decisiones.