Dos coroneles condenados por hechos relacionados con Comunidad del Anillo

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de 10 años y 6 meses de prisión y una multa superior a los 240 millones de pesos impuesta a los coroneles retirados Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela, por obligar a cadetes a prostituirse en el marco del escándalo de la denominada  ‘Comunidad del Anillo’.

«Las pruebas presentadas por la defensa no tienen la capacidad de desvirtuar las de la Fiscalía, las cuales acreditaron la conducta punible y la responsabilidad de los procesados, razones por las cuales se confirmará la sentencia apelada», concluyó el Tribunal.

Según el fallo quedó en claro que en este proceso, las víctimas sí relataron de manera libre y espontánea los hechos que padecieron, mientras fueron cadetes en la Escuela General Santander.

En el marco de la investigación se concluyó que las víctimas y los oficiales denunciantes coincidieron en el trato discriminatorio que sufrieron al interior de la escuela y de las consecuencias negativas que se generaron en sus vidas personales, familiares y profesionales, por haber denunciado estos graves hechos.

De acuerdo con la Fiscalía el coronel Castellanos  “frecuentó entre de 2005 y 2006 la Escuela de Cadetes General Santander con el fin de contactar a jóvenes, ganarse su confianza con regalos e invitaciones a almorzar o a eventos deportivos y culturales; y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales”.

«Las víctimas, en su condición de alféreces, eran inferiores jerárquicos que tenían deber de obediencia a los procesados, independientemente de que fueran sus superiores inmediatos», señala la sentencia.

 De acuerdo con los hechos denunciados que originaron este proceso del segundo semestre de 2005 a abril de 2006, en Bogotá, el entonces mayor de la policía Wilmer Torres actuando como oficial de la Escuela de Policía General Santander y por encargo del coronel Jerson Castellanos,  constriñó, con fines sexuales, a varios alféreces.

Según el expediente, cinco de los alféreces que denunciaron los hechos, y pidieron reserva de su identidad, se vieron obligados no solo a aceptar invitaciones a salir con el Coronel Castellanos, sino también aceptar propuestas sexuales con él, a cambio de recibir entre  500.000 pesos y 4 millones de pesos.

Este grupo de alféreces, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República.

También se señala en el fallo que, de manera concreta, a uno de los alféreces, el coronel Castellanos le ofreció, además de dólares, una moto como supuesto pago por obligarlo a estas prácticas sexuales.

En torno a la responsabilidad de Torres Orjuela, la Fiscalía señaló que él tenía a su cargo el control de los alumnos de la Escuela de Cadetes e intimidó a las víctimas y facilitó su salida de las instalaciones de la escuela para que acudieran a los encuentros con su superior, el coronel Castellanos Soto.

Igualmente, se demostró por parte de la Fiscalía que una vez los alféreces denunciaron los hechos ante las autoridades, el entonces mayor Torres los amenazó para que cambiaran sus versiones.