El Congreso vota por el presupuesto para la vigencia del 2022

Hoy las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado están discutiendo, en segundo debate, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, que llegó a un monto de $350,4 billones.

En la jornada se discutieron las ponencias negativas y las ponencias alternas, que finalmente fueron negadas.

La ponencia mayoritaria constó de 139 artículos en su segundo debate en el Congreso, es decir, 13 más que los que se aprobaron en la primera discusión.

Entre los artículos que se añadieron está el 126, que establece que cualquier entidad podrá hacer aportes directamente al patrimonio autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

También se agregó el 127, que busca que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) radique, cada cuatro meses, un informe detallado sobre la ejecución presupuestal de la inversión.

Así mismo, el 129, que permitiría que, durante la vigencia fiscal de 2022 y con los recursos del Fondo de Seguridad Vial administrado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se puedan financiar proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial y de transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías, hasta por la suma de $70.000 millones.

Dos de los puntos más controversiales del articulado fueron el 104 y el 125. El primero propone que durante el año 2022 se permita el traslado exprés de pensiones de afiliados, que pasarían del régimen privado a Colpensiones.

No obstante, el representante Gabriel Santos radicó una proposición que busca eliminar dicho artículo. Según lo expuso el congresista en su cuenta de Twitter, el Gobierno avaló dicha proposición, que deberá ser votada.

Otro de los artículos polémicos fue el 125, que modifica la Ley de Garantías, pues plantea que se suspenda el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, que las entidades del orden nacional y las entidades territoriales puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

No obstante, en la ponencia mayoritaria para segundo debate se estableció que los convenios que se suscriban bajo el amparo de la disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República.

Para la parlamentaria Elizabeth Jay-Pang, esta modificación es de gran beneficio para aquellos que viven de la contratación, los cuales, según manifiesta, “este año solo pudieron contratar por tres meses y con el levantamiento de esta ley de garantías podrán aspirar a un contrato más adelante e incluso más allá del mes de junio de este año.

“Se organizarán foros y reuniones con el mismo Ministro de Hacienda para que le explique a las regiones sobre el alcance de este presupuesto para el año entrante y los beneficios que para la reactivación económica y el desarrollo sostenible implican”, afirmó.

Los sectores con mayores rubros

De acuerdo con lo establecido en la ponencia mayoritaria, la mayor proporción de los recursos del presupuesto se destinó al pago de la deuda pública, con un total de $68,4 billones. Seguido estuvo el sector de Educación, que registró un crecimiento de 4% frente al rubro de este año, con un total de $49,4 billones.

Luego estuvieron los sectores de Salud, Trabajo, Defensa y Hacienda, con montos de $41,8 billones, $34,6 billones, $29,06 billones y $25,9 billones respectivamente.

El sector con la mayor variación de un año a otro es el de la Registraduría, con un crecimiento de 100,4% frente al PGN de 2021 y un monto de $2,32 billones, teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones presidenciales.

Por el contrario, la mayor contracción presupuestal de un año a otro se registró en el sector de Ciencias, con una caída de 20%.

«Se dice que este es un país que quiere ser el Silicon Valley, pero no hay plata para nada de ciencia, tecnología e innovación. Se dice que tenemos que reactivarnos como economía y la plata para el sector de Comercio, Industria y Turismo es absolutamente irrisoria. Estamos frente a un Estado que es incapaz de garantizar lo que dice la Constitución y la Ley y lo que quiere el Gobierno de turno», dijo la representante Catalina Ortiz ante este hecho.

En cuanto a los recursos para la paz, estos aumentaron 4% de un año a otro, pasando de $575.629 millones en el PGN de este año a $598.000 para el próximo año. No obstante, algunos congresistas aseguraron que estos recursos no son suficientes.

Con información de La República