El pacto de Valledupar buscaba reforzar a paramilitares contra la extrema derecha

El 24 de octubre de 2025, a siete meses de las elecciones presidenciales, cuatro altos funcionarios de esa administración se reunieron con 11 jefes de los paramilitares que habían sido nombrados como gestores de paz.

Estos eran Armando Benedetti, ministro del Interior; Angie Rodríguez, directora del Dapre; Víctor de Currea Lugo, asesor de Presidencia; y Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El supuesto propósito de esa reunión era cerrar el acuerdo de Ralito, la mesa ilegal en la que los paramilitares se sentaron con políticos de todas las regiones para comprometerse a un desarme por etapas. Entre los compromisos, según la Comisión de la Verdad, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban dispuestas a dejar las armas a cambio de legalizar parte de su fortuna, su poder político y de la no extradición.

“Este día histórico es un paso fundamental para que el país pueda sanar las heridas. Hay una verdad que se sabe en las etapas judiciales pero el país no conoce (…) es necesario cerrar este proceso que lleva más de 20 años”, dijo entonces Angie Rodríguez.

Pero en ese documento, según reveló La FM, no habrían quedado expuestas las supuestas medidas contra líderes políticos de la entonces oposición a Petro. Sí habrían quedado varios compromisos.

La revelación llega en medio de la polémica por el llamado “Pacto de Valledupar” durante el gobierno de Gustavo Petro, tras las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Este dijo que delegados del expresidente le habrían pedido a exjefes paramilitares acusar falsamente a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras con fines electorales.

¿Qué dice el documento?

Dos fuentes presentes en esa reunión detallaron a la emisora que, cuando los altos funcionarios llegaron a la mesa y presentaron la propuesta que enlodaría a los líderes de oposición, los exjefes paramilitares se habrían negado para no incurrir en falso testimonio o fraude procesal. Esto, ya que hace unos años negaron conocer la participación de esos líderes políticos en el tema ante la Fiscalía, la JEP o la Corte Suprema de Justicia.

En uno de los apartados del documento revelado diría “la verdad lograda requiere una mayor audacia para que el país la conozca”. Luego, explicaría las barreras de la seguridad jurídica para conseguir las nuevas declaraciones en la estrategia del Gobierno.

“Identificamos una serie de obstáculos que generan inseguridad jurídica, la cual podría ser un nuevo problema para revisar de manera sistemática el largo acumulado de verdad que ya se ha recopilado en diferentes procesos jurídicos, académicos y políticos. Por lo anterior, el Estado garantizará que la contribución a la verdad se realice en condiciones de justicia restaurativa y no de impunidad”, diría el documento.

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Después, el Gobierno les habría prometido a los exjefes paramilitares que no tendrían riesgos jurídicos para sus nuevos testimonios. “A pesar de los avances, para un sector de la sociedad, la verdad de la economía y la política detrás del fenómeno de las autodefensas tiene temas pendientes y este proceso abordará esos dos temas, a partir de la información disponible, del interés general, y de la seguridad jurídica de los implicados”, detallaría el texto.

Otro de los compromisos incluiría “explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión así como revisar las condiciones de reclusión mientras se concreta su situación jurídica”.

En ese sentido, el gobierno Petro, a través de Rodríguez, presuntamente habría ofrecido la excarcelación de los exjefes o mejorar sus condiciones en las cárceles a cambio de información que pudiera servir para ganar las elecciones. Desde eso, De la Espriella ya se perfilaba como un rival fuerte para el petrismo, como efectivamente pasó.

Y Rodríguez y Benedetti salieron a mostrarse ante la opinión pública. “Nos hemos reunido con 16 gestores de paz designados. Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad, verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia, sobre todo a la verdadera clase política, al establecimiento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos. Ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad o sustentándose en lo que se deba”, afirmó Benedetti en su momento.

De hecho, hasta se habrían propuesto penas alternativas. “Se propone retomar la iniciativa de colonias agrícolas, como una forma de resocialización de aporte productivo a las comunidades”, detallaría el escrito.

Contrario a lo que dijo Mancuso, el documento sí habría sido firmado por los exjefes paramilitares, para que en los siguientes diez días hábiles enviaran una actualización del plan de trabajo con tareas puntuales para implementar lo supuestamente pactado.

Revisarían la extradición

Si bien Mancuso dijo que los exjefes habrían dicho que no hablarían de los tres nombres tras la confesión de Rodríguez, en el documento firmado se habrían comprometido a elaborar planes de trabajo para contar nuevos hechos y revisar las condiciones para un nuevo proceso de justicia transicional, teniendo en cuenta la desmovilización de Justicia y Paz.

El Gobierno Petro, incluso, habría prometido revisar la extradición. “El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de las gestorías de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”. Aunque varios de esos paramilitares ya habían pagado sus penas en Estados Unidos, algunos todavía permanecían en cárceles en el país sin haber sido extraditados.

Finalmente, el último párrafo se referiría a la relevancia y el compromiso del Gobierno con la fallida política de “paz total”. Y, aunque en los documentos no quedaron los nombres del hoy presidente De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras, que según Rodríguez eran el principal interés del Gobierno para las nuevas declaraciones, el documento sí sería un insumo para la justicia.

Esto, por los beneficios que se habrían ofrecido para que los exjefes paramilitares hablaran en medio de la campaña electoral.

Para explicar el caso, EL COLOMBIANO contactó al abogado penalista y docente Óscar Santamaría, quien detalló los delitos que podrían haberse dado en la situación. “Se configurarían varios delitos por los miembros del Gobierno: concierto para delinquir, falso testimonio, fraude procesal”, explicó.

Luego, el experto se refirió a casos en los que habrían ocurrido situaciones similares. “Esto ha venido pasando en otros procesos como el de Álvaro Uribe o el exministro Andrés Felipe Arias. La Corte y el Congreso le han jugado a eso, como el senador Iván Cepeda”, expuso.

Santamaría dejó claro que definir las presuntas responsabilidades depende de las autoridades competentes.

“Ante esta situación le corresponderá a la Fiscalía investigar qué fue lo que pasó en Valledupar y entrevistar a cada uno de estos exmiembros de las AUC para que digan qué pasó y qué les pidieron Angie Rodríguez y Armando Benedetti. La Fiscalía tendrá que abrir una noticia criminal para dar con los presuntos responsables, llevarlos a una imputación y que un juez definan”, agregó.

Finalmente, el docente se refirió a que supuestamente se habría instrumentalizado la justicia con fines políticos. “Es preocupante que una estrategia política se vaya a temas penales de alto calibre como decir mentiras queriendo enlodar a unos precandidatos de derecha para que la izquierda siguiera con la dirección del Ejecutivo”, concluyó.