Gobierno ordenará revisión de alta facturación de energía en Providencia

Ante la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, sobre el pago del servicio de energía para los habitantes de Providencia ante la empresa de energía por un valor superior a los $1.000 millones de pesos, el Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Everth Hawkins Sjogreen indicó que si bien no puede usar recursos públicos para poder efectuar dicha cancelación hará las gestiones ante la empresa Sopesa para que a través de sus buenos oficios pueda aliviar la carga financiera por la prestación de dicho servicio.

El mandatario seccional, quien se encuentra en la ciudad de San José de Costa Rica en un viaje de comisión, recalcó que es hora de que la empresa de energía “se ponga la mano en el corazón y entienda la situación por la que pasan muchos providencianos en estos momentos que están tratando de recuperarse de la catástrofe causada por el paso de dos huracanes el año pasado”.

El mandatario fue enfático en afirmar que no ha usado un solo peso de dineros públicos para poder pagar el servicio de energía de Providencia y, antes bien, está por sentarse a la mesa con la empresa de energía de las islas para que revise el tema del cobro excesivo del servicio de energía para los providencianos.

“Debo confirmar que de ninguna manera he gastado ningún solo peso de recursos públicos para pagar el servicio de energía en Providencia, más bien me he puesto a revisar la situación ya que hemos visto como en la hermana isla hay personas que no han podido usar sus electrodomésticos por la falta de energía y los recibos llevan excesivamente altos por lo que pedimos que la empresa Sopesa se ponga la mano en el corazón y mire la forma como se ha venido facturando el servicio entre los providencianos”, indicó el mandatario seccional.

Sobre este tema, el Ministerio Público lo exhortó a precisar el alcance del compromiso adquirido frente al pago del pasivo acumulado por los habitantes de la isla, estimado en alrededor de $800.000 por usuario en los últimos seis meses, lo cual para el Gobierno Departamental es excesivo debido a que no son muchos los electrodomésticos que han usado los providencianos durante los últimos meses y, por ende, no se entiende por qué se viene cobrando esos valores.

“El tema de la revisión de las tarifas que se viene cobrando por el servicio de energía, y en general por las irregularidades que se presentan en la prestación del servicio, es competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos por lo que está en manos de ellos el resolver este tema delicado que se presenta”, afirmó Hawkins Sjogreen.

Desde el inicio de la pandemia contra el COVID19 hasta el mes de diciembre del año anterior, el Gobierno Departamental se hizo cargo del pago del servicio de energía para los isleños con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, la cual alivió en gran parte el costo de vida de los isleños hasta lograr la reactivación plena del turismo en el archipiélago.

No obstante, el esfuerzo oficial, ya desde la isla de San Andrés se venía registrando cobros excesivos del servicio por parte de la empresa de energía, en especial para los sectores residenciales lo cual despertó la preocupación de los usuarios.

“Ahora la empresa está cobrando hasta el triple en el valor del servicio que está pagando el Gobierno local, pero que va a pasar cuando la pandemia pase y nos toca pagar el servicio a los usuarios ya que la empresa siempre cobra de acuerdo al promedio de consumos y no a lo que realmente se consume. Yo, por mi parte, voy a pagar mi propio recibo y pido que el Gobierno no se deje estafar por esta empresa”, afirmó el músico y activista raizal Juanito Reid.

La Procuraduría, que logro recolectar la información luego de una visita de inspección y vigilancia al municipio en meses pasados, envió copia de las facturas del servicio de energía de los habitantes de Providencia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y le pidió que, en desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y control de los prestadores de servicios públicos, realice las actuaciones correspondientes y, de ser posible, visite el archipiélago para verificar la difícil situación que se presenta.