Juan Carlos Pomare desmiente intereses políticos en demanda contra la OCCRE

El abogado Juan Carlos Pomare desmintió las versiones sobre posible politiquería hechas a través de dirigentes políticos y funcionarios oficiales en el manejo de la reciente resolución de la Oficina de Control de Circulación y Residencia de San Andrés y Providencia OCCRE que ordena definir situación de residencia a los isleños que cumplen la mayoría de edad.

Según el profesional del derecho, lo que se viene afirmando en el círculo político local no tiene relación alguna con la realidad y afirmó que de la misma manera que a muchos, él ha sido víctima de políticas de control poblacional efectuados por la OCCRE declarando que en una ocasión un director del organismo intentó aplicar el mismo mecanismo en su contra atentando contra la integración de su familia en la isla.

Pomare, quien ya fue director de la OCCRE, invitó a la comunidad a aprovechar sus servicios profesionales con los documentos y evidencias necesarias para poder efectuar su defensa en aras de poder definir la residencia legal de muchos isleños quienes al cumplir la mayoría de edad no se les tramita la tarjeta de residencia con el cambio del número de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía.

El abogado Juan Carlos Pomare reveló la resolución 1895 de 2021 que le otorga derechos de residencia permanente a la joven Aidé Johana Urrego a quien le fuera negada en varias oportunidades la tarjeta de residencia debido a que la oficina de control poblacional no le aprobaba el cambio de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía.

El profesional del derecho había informado que esta medida tendrá repercusiones sobre más de 20 mil personas en la isla que se encuentran en esta situación y que llevan más de 10 años a la espera a que se les defina su situación de residencia en la isla.

Pomare dijo que es imperativo que el Gobierno local cumpla con esta resolución no solo con su defendida sino con más muchas peticiones que se harán próximamente apenas se conozca de la publicación de este acto jurídico.

El abogado informó que las fechas de expiración que están en la tarjeta son puestas por el director de la OCCRE como alerta para que hagan el cambio de documento, pero si hacemos un viraje al artículo décimo de la tarjeta se vislumbra que las tarjetas temporales no pueden superar un año y si lo van a renovar podrían hacerlo de manera tal que no podría ser de tres años.

“Esta resolución es categórica y es la administración departamental en apelación que reconoce que han estado vulnerando derechos de las personas porque son adquiridos y solo se pierden por ministerio de la ley, por esta razón se ganó el proceso y la resolución servirá de jurisprudencia para que el director de la OCCRE soluciones problemas análogos que se registren de ahora en adelante”, concluyó en su momento el abogado.