Los puntos mas importantes de la nueva Ley de Sometimiento aprobado por el Congreso

Ya fue aprobada la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República y sancionada este miércoles en la noche por el presidente Abelardo de la Espriella.

Esta norma fue una de las principales promesas de Abelardo de la Espriella, quien ha planteado una política de mano dura para combatir a los grupos ilegales, en contraposición al modelo de Gustavo Petro y su fallida apuesta de “paz total”.

La nueva ley establece condiciones más estrictas para quienes pretendan someterse a la justicia, sin mesas de negociación política, sin gestores de paz y sin las suspensión automática de órdenes de captura o extradiciones.

La aprobación de la propuesta supone un cambio en el marco jurídico para enfrentar a estructuras criminales. El debate ahora estará en su aplicación y en si las reglas logran traducirse en resultados frente a la violencia y el control territorial de los grupos.

”Se acaban las mesas de negociación, se acaban los gestores de paz. Aquí no les suspenderán la orden de captura ni la extradición a nadie”, afirmó el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien destacó las disposiciones para impedir que los responsables del reclutamiento de menores accedan a los beneficios contemplados en la norma.

La ley estipula un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de organizaciones criminales que se sometan a la justicia y cumplan las condiciones establecidas.

Aun así, solo habrá acuerdo de sometimiento a la justicia ordinaria, no se crearán tribunales particulares para resolver la situación jurídica de los desmovilizados.

Esta norma se aplicará de la misma manera a las guerrillas y a otras estructuras de crimen organizado, sin un trato diferenciado; en el pasado se les proporcionaba un tratamiento legal distinto a los grupos de origen rebelde, como el ELN y las Farc.

Una de las innovaciones es que el proceso de acercamiento y desarme no será eterno: durará máximo tres meses, prorrogables solo una vez, y estará a cargo del Ministerio de Justicia. Antes, las conversaciones podían prolongarse durante años, y estaban en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Los beneficios que contempla la Ley de Sometimiento están sujetos a compromisos como la entrega de armas, bienes ilícitos, información y colaboración con las autoridades.

El grupo que quiera someterse debe presentar la lista de integrantes y financiadores, bienes, secuestrados, menores reclutados y campos minados, así como datos sobre sus actividades de narcotráfico.

Los cabecillas que cumplan los requisitos, podrán aspirar a una rebaja de máximo 30% de la pena, siempre y cuando no sea inferior a 10 años. Si reclutaron menores de edad, la rebaja será solo de 10%.

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A los integrantes rasos de los grupos sometidos, en cambio, se les ofrecerá rebaja de hasta el 50% de la pena, si cumplen con sus compromisos. Si reclutaron menores, será del 30%

Los integrantes rasos podrán obtener libertad condicional al cumplir cuatro quintas partes de la pena (4/5); y si cooperan con información estratégica para la justicia, con las dos quintas partes (2/5).

Los financiadores y testaferros de la organización tendrán una pena mínima de 6 años, con derechos a suspensión de la misma si cumplen todos los compromisos.

Entre las innovaciones también vale la pena destacar que las víctimas tienen la posibilidad de vetar las suspensiones de la pena y las libertadores condicionales, en caso de que no sean resueltas sus demandas.

No se frenan las capturas Otro de los puntos a resaltar es que acogerse al procedimiento no significará que se suspendan las órdenes de captura o los procesos de extradición, como sucedía con los gestores y negociadores de paz en el Gobierno Petro.

La diferencia es relevante, porque el sometimiento no supone una garantía automática de libertad ni una protección frente a las actuaciones de las autoridades judiciales.

Este fue uno de los asuntos más sensibles durante la discusión legislativa, por las controversias alrededor de los beneficios penales y el tratamiento que recibirían los responsables de estas conductas.

El alcance de la ley no se medirá por la eliminación de las mesas de negociación o de los gestores de paz, sino por su capacidad para conseguir que los grupos ilegales aban- donen sus actividades, colaboren con la justicia y permitan avanzar en la reparación de víctimas.

Ese será el principal desafío para el Gobierno: convertir el nuevo marco jurídico en resultados concretos en los territorios.

La ley establece condiciones e incentivos penales, pero su efectividad dependerá de la capacidad institucional para verificar los compromisos y evitar que las organizaciones utilicen el mecanismo para reorganizarse o mantener sus economías ilegales.

Discusión con la JEP

El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, por sus cuestionamientos a la Ley de Sometimiento, luego de que señalara similitudes entre esa iniciativa y el modelo de justicia transicional de esa jurisdicción.

“Yo escuché el otro día al doctor Ramelli decir que esta ley era más parecida (a la JEP), y nada tiene de parecido. Esta ley es rigurosa, es de verdad al servicio de la ciudadanía, del pueblo”, afirmó.

Y añadió que “la niñez es una de las prioridades de este Gobierno y, obviamente, la niñez en el conflicto o en la operación de grupos terroristas al margen de la ley ha sido víctima. De tal manera que la víctima está en el centro de la ley de sometimiento”. Durante sus declaraciones del 26 de octubre, el magistrado señaló que le llamaba la atención encontrar en el proyecto mecanismos que ya aplica la JEP, como la búsqueda de desaparecidos, labores de reparación a víctimas y participación en programas restaurativos.

La fallida política de paz total

En el gobierno de Gustavo Petro se instauró la política de “paz total” con la Ley 2272 de 2022, que lo facultó para sostener diálogos con toda clase de grupo armado, desde guerrillas hasta bandas urbanas.

Se instalaron 12 mesas de conversación y en las más avanzadas se acordaron treguas y zonas de ubicación temporal de combatientes; pero ninguna llegó a feliz término.

Los grupos ilegales aprovecharon las gabelas para fortalecerse económica y territorialmente.

La política de paz se destiñó cuando salieron a la luz supuestos acuerdos bajo la mesa para despedir a oficiales de la Fuerza Pública y bloquear las investigaciones judiciales a cambio de votos.