Nacional
María Fernanda Cabal denuncia a ministros que firmaron el «decretazo» de Petro
Cabal presentó una acción ante la Corte Constitucional solicitando la nulidad del Decreto 0528 de 2025, con el cual el presidente Petro convocó oficialmente la consulta popular, argumentando que el mandatario incurrió en abuso de poder
La controversia en torno a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro ha dado un nuevo giro con la presentación de denuncias penales y disciplinarias contra 19 ministros del gabinete, quienes firmaron la propuesta presentada ante el Congreso. Las acciones han sido lideradas por las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín, ambas del partido Centro Democrático, que acusan a los ministros de haber incurrido en usurpación de funciones públicas y prevaricato por acción.
Dos denuncias, una misma causa
Holguín radicó una denuncia penal contra los 19 ministros que firmaron la solicitud de consulta popular. Según su acusación, estos funcionarios no tenían competencia legal para presentar dicha solicitud, ya que esta facultad recae exclusivamente en el Presidente de la República, como lo establece el artículo 104 de la Constitución y la Ley Estatutaria 1757 de 2015. Para Holguín, los ministros violaron el principio de legalidad al actuar sin respaldo normativo, lo cual constituiría prevaricato por acción.
Cabal, por su parte, presentó una acción ante la Corte Constitucional solicitando la nulidad del Decreto 0528 de 2025, con el cual el presidente Petro convocó oficialmente la consulta popular, argumentando que el mandatario incurrió en abuso de poder al actuar por decreto frente a un tema que debía ser deliberado en el Congreso. La senadora también radicó una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación contra los ministros firmantes, acusándolos de haber trasgredido los principios constitucionales de separación de poderes y legalidad.
“La consulta no es un instrumento para saltarse al Congreso. Aquí se vulneró la institucionalidad del país y se convocó un mecanismo de participación de manera inconstitucional”, afirmó Cabal, quien ha calificado la iniciativa como un “intento de plebiscito encubierto” por parte del Ejecutivo.
Entre los funcionarios mencionados en ambas denuncias se encuentran:
Armando Benedetti (Interior)
Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud)
Antonio Sanguino (Trabajo)
Ministros de Cultura, Agricultura, Vivienda y viceministros encargados, todos firmantes del documento enviado al Congreso.
Mientras la oposición celebra las denuncias como un freno al “autoritarismo presidencial”, desde el Gobierno y el Pacto Histórico las califican como “persecuciones políticas sin fundamento jurídico”. El ministro del Interior ha defendido el proceso afirmando que “los decretos sí otorgaron funciones de representación”, y que la consulta es una vía legítima de participación ciudadana.
La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia penal y definir si inicia investigación formal.
La Procuraduría puede abrir procesos disciplinarios si encuentra méritos en la queja.
La Corte Constitucional deberá decidir si acepta la demanda contra el decreto y su legalidad.
Las denuncias elevadas por Cabal y Holguín marcan un nuevo capítulo en la lucha política entre el Ejecutivo y sectores opositores. Lo que está en juego no solo es la consulta popular como mecanismo, sino la legitimidad del uso del poder presidencial en medio de una confrontación institucional sin precedentes.