Nacional
María Fernanda Cabal presenta demanda contra decreto de consulta popular
Cabal solicitó la suspensión provisional inmediata del decreto, para evitar que sus efectos alteren el normal funcionamiento de la administración pública mientras se resuelve de fondo la demanda.
La senadora María Fernanda Cabal, figura prominente del partido Centro Democrático, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 0302 del 17 de marzo de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, que convoca a una consulta popular nacional sobre las reformas laboral y de salud.
La acción judicial busca la nulidad del decreto, al considerar que vulnera principios fundamentales del orden constitucional colombiano y desborda las competencias del Ejecutivo.
¿Qué dice el decreto?
El Decreto 0302/2025 establece un día cívico de participación con el objetivo de que la ciudadanía avale o rechace directamente las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Petro, tras haber sido rechazadas por el Senado. La norma también llama a una movilización social y política en respaldo de estos cambios.
Argumentos de la demanda
Cabal plantea que el decreto:
Viola la Constitución, al invocar artículos (como el 189 y el 315) y normas de orden público (Ley 1801/2016) para justificar una consulta popular de naturaleza política, sin competencia legal para ello.
Rompe el equilibrio de poderes, al ignorar la negativa del Congreso frente a las reformas y pretender forzar su aprobación por vía directa.
Carece de sustento legal para establecer un día cívico nacional, ya que dicha decisión requiere una ley del Congreso, no un decreto presidencial.
Distorsiona el gasto público, al obligar a entidades estatales a participar y destinar recursos a una jornada no prevista presupuestalmente.
Impone presión sobre los servidores públicos, al llamar a la “movilización” desde los mismos ministerios, lo que podría vulnerar el principio de neutralidad en el servicio público.
Solicitudes al Consejo de Estado
La senadora solicitó:
La suspensión provisional inmediata del decreto, para evitar que sus efectos alteren el normal funcionamiento de la administración pública mientras se resuelve de fondo la demanda.
Un análisis de la motivación política vs. legal del acto administrativo, con el fin de sentar jurisprudencia sobre los límites de las consultas impulsadas desde el Ejecutivo.
Reacciones
Desde el Gobierno, la Presidencia no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero sectores afines al presidente han calificado la demanda como un “obstáculo político” para frenar la voluntad popular.
Por su parte, expertos constitucionalistas han manifestado que el Consejo de Estado tendrá que evaluar si el uso de un decreto para convocar una consulta directa y declarar un día cívico sin ley reglamentaria, se enmarca o no dentro de la legalidad.
¿Qué viene?
La demanda fue admitida por el Consejo de Estado y las entidades demandadas —la Presidencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo— deberán responder en el plazo legal.
La resolución de esta acción marcará un precedente clave sobre los límites del presidencialismo y el uso de mecanismos de participación en contextos de confrontación institucional.