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MinTIC finalmente declaró caducidad del contrato con la UT Centros Poblados
Se anuncia que junto con la Fiscalía se le hará un seguimiento a los $70 mil millones de pesos que se perdieron para que sean devueltos al país en uno de los escándalos mas sonados de corrupción de la última década.
En medio de una enorme controversia nacional generada por la posible pérdida de $70 mil millones de pesos por el incumplimiento de un contrato de ejecución de conectividad para regiones apartadas del país con la Unión Temporal UT Centros Poblados, el Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones declaro en las últimas horas el término de la audiencia del proceso adonde quedó en firme la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020.
La caducidad es la sanción más drástica que se puede aplicar en materia de contratación estatal. Los contratistas que conforman la Unión Temporal quedan, en virtud de la decisión, inhabilitados por 5 años para contratar con el Estado, y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado, a nivel nacional o regional.
El mensaje de contundencia enviado por parte de la Ministra de las TIC apenas contrasta con la expresión de sus contradictores, en especial desde la prensa independiente, quien afirmo que se cumplirá con el debido proceso, decisión que consideró la funcionaria que fue la más acertada en la defensa de los intereses del país.
De esta manera se enumeraron ocho acciones a emprender para lograr la recuperación de los dineros perdidos, entre otros, una denuncia inmediata ante la Fiscalía General de la Nación para que iniciara las investigaciones pertinentes, el traslado a la Procuraduría y Contraloría, a quienes el ministerio entregó toda la información para que iniciaran sus investigaciones, un proceso de control interno para establecer si hubo fallas al interior del Ministerio, el reemplazo inmediato de la supervisión del contrato para garantizar la transparencia y facilitar las acciones de los entes de control, actuaciones contundentes frente a la fiducia y a SESCOLOMBIA, este último contratado por el Ministerio para revisar los riesgos y las garantías del proceso, y quien dio el concepto favorable sobre la validez de las garantías y un ‘Plan de Choque’ para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo.
La ministra Abudinen confirmó que el 29 de julio el ministerio puso en conocimiento de la Fiscalía que el Banco Itaú señaló que la garantía bancaria de seriedad de la oferta tampoco fue expedida por esa entidad. Por eso, anunció que la cartera que dirige adelantará un proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación, así como la nulidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y pedirá las restituciones mutuas por daños y perjuicios.
Pero pese a la forma vehemente como la ministra se manifiesta al respecto, el analista y periodista Ariel Ávila no es tan optimista frente a la acción del gobierno y afirmó que frente al tema “absolutamente nada va a pasar ya que la casa Char, para quien la ministra hace los ‘mandados’ lo va a tapar ya que tienen a la Procuradora del lado de ellos”.
La veedora Cathy Juvinao recordó hechos de corrupción hechos por parte de la ministra cuando fue entonces Secretaria de Educación de Barranquilla apuntando que hubo un periodista que denunció los hechos y tuvo que salir exiliado del país.
“Aquí no va a pasar nada, todo como si nada porque Abudinen va a ser la candidata de la casa Char a la Alcaldía de Barranquilla en el 2023 y eso es seguro que nadie se lo va a quitar”, indicó Ávila que expresó que no cabe la menor duda que este es el peor hecho de corrupción de la pospandemia que se haya presentado en el país.