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Nicolás Gallardo y su batalla jurídica para permanecer como Gobernador
Se conoció que Gallardo presentó tres recusaciones contra magistrados del Consejo de Estado, amparado en el artículo 143 del Código General del Proceso.
Tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el mandatario destituido ha emprendido una ofensiva jurídica en defensa de su mandato.
El pasado 3 de abril, la Sección Quinta del alto tribunal decretó la nulidad de su elección al considerar que Gallardo incurrió en doble militancia. Aunque fue avalado por el Partido Liberal, el Consejo concluyó que el entonces candidato apoyó abiertamente a aspirantes de otras colectividades, como el Nuevo Liberalismo, lo cual contraviene la Ley 1475 de 2011.
En respuesta, el equipo jurídico de Gallardo, encabezado por el abogado Carlos Mario Isaza Serrano, radicó una solicitud de aclaración de sentencia, alegando que algunos apartados del fallo son ambiguos y ofrecen motivo de duda. Esta figura, prevista en la ley, busca que el tribunal precise aspectos puntuales sin alterar el fondo de la decisión.
Adicionalmente, se conoció que Gallardo presentó tres recusaciones contra magistrados del Consejo de Estado, amparado en el artículo 143 del Código General del Proceso. Aunque no se han revelado los nombres de los recusados ni los motivos exactos, la acción sugiere que la defensa del exgobernador considera que hubo posibles impedimentos o faltas de imparcialidad durante el juicio.
Una recusación es una figura legal mediante la cual una de las partes en un proceso solicita que se aparte (o se inhabilite) a un juez, fiscal, perito, árbitro u otro funcionario del caso, por considerar que no es imparcial o que tiene un conflicto de interés.
El objetivo es garantizar la imparcialidad y la transparencia del proceso. Si la recusación es aceptada, el recusado es reemplazado por otro funcionario que no tenga impedimentos.
Sobre el tema, el veedor ciudadano Harold Bush Howard afirma que las recusaciones no tienen asidero y que son maniobras dilatorias para poder permanecer por mas tiempo en el poder presuntamente para garantizar la firma de contratos para beneficio de sus auspiciadores y socios.
«Alega que los honorables consejeros tienen interés directo o indirecto en su caso. ¿Cuál? No lo sabemos. No hay vínculo familiar, no hay amistad, no hay enemistad manifiesta, ni mucho menos pruebas. El sustento probatorio de la recusación es una mezcla entre interpretación libre del aplicativo SAMAI y una sospecha generalizada de que todo el mundo está en su contra. Es decir, el argumento es: “si me van a fallar en contra, entonces están sesgados”. Y eso, jurídicamente, se llama capricho. Procesalmente, se llama temeridad.
«Se queja de que los magistrados convocaron a Sala después de dictar una decisión interlocutoria. Noticia: eso se llama impulso procesal. No es una conspiración, es lo que dice el Código. ¿O es que ahora el Consejo de Estado tiene que pedirle permiso a Gallardo para trabajar en su caso? Si los Consejeros hacen silencio, están “dejando vencer términos”. Si actúan, están “apresurados y sospechosos”. En ambos casos, el libreto del victimismo sigue siendo el mismo: yo nunca pierdo, me persiguen.
«Dice que hubo cambio de jurisprudencia sin justificación. Como si los jueces necesitaran su autorización para evolucionar el precedente. A estas alturas, parece que Gallardo quiere ser parte, juez, magistrado ponente, relator y revisador de estilo.
«Y luego viene lo más grave: acusa a los consejeros de parcialidad y les pide, con toda la cara de piedra del mundo, que se aparten del proceso por no garantizarle el debido proceso. A ver si entendemos: este es el mismo funcionario que ha desobedecido fallos judiciales, atacado a medios que lo critican, ignorado inhabilidades y usado el aparato público para fines personales. Pero ahora pretende ponerse la toga de mártir procesal. Es como si un pirómano reclamara imparcialidad en el cuerpo de bomberos.
«Esta recusación es una maniobra dilatoria, típica del que sabe que va perdiendo en derecho y necesita ganar tiempo para maniobrar políticamente. No está defendiendo el proceso, está saboteándolo. Está usando las herramientas jurídicas como armas de defensa personal, no como mecanismos de garantía», dice el veedor.
Es de recordar que estas acciones legales no tienen efecto suspensivo automático sobre el fallo, pero representan un intento por revertir o al menos dilatar la decisión que hoy lo mantiene fuera del cargo. Mientras tanto, el archipiélago permanece en expectativa por la eventual convocatoria a elecciones atípicas o el nombramiento de un nuevo gobernador encargado.
Gallardo ha insistido públicamente en que su salida obedece a motivaciones políticas y no jurídicas, y ha reiterado su voluntad de agotar todas las vías legales para defender lo que considera «una victoria legítima del pueblo isleño».
Entre sus acciones están la colocación de la primera piedra en el museo raizal, la inauguración de la cancha multiple del barrio Bight, la presentación de una adición presupuestal por mas de $56 mil millones de pesos para financiar el sistema de salud para el Departamento y la visita a obras de infraestructura que se vienen ejecutando en el archipiélago como parte de su plan de desarrollo.