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Pescadores de San Andrés registran pérdidas por $800 millones de pesos

Durante los 20 días que se puso en marcha la medida, que limita la contratación de pescadores foráneos para actividades de pesca, se dejaron de obtener por cada embarcación cerca de
8.000 kilos de productos provenientes del mar.

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Pescadores de San Andrés y Providencia registraron pérdidas por más de 800 millones de pesos en tan solo 20 días, tras la entrada en vigencia de la medida de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), la cual prohíbe la contratación de personal foráneo para esta actividad, violando así el derecho al trabajo de los pescadores raizales y residentes que ejercen la pesca a nivel comercial en una actividad legal que representa importantes ingresos a la economía de las islas.

“Durante los 20 días que se puso en marcha la resolución 1972 de 2023, diez embarcaciones no pudieron ejercer sus labores de pesca, registrando pérdidas por 800 millones de pesos, lo que corresponde a 8.000 kilos de productos provenientes del mar por cada barco”, explicó Frank Escalona, asesor de los pescadores artesanales comerciales.

De acuerdo con Escalona, “cada embarcación representa ingresos cercanos a los $80 millones de pesos, lo que afecta a toda la cadena de valor de la actividad pesquera y a todas las familias que viven de este sector como: mecánicos, distribuidores de repuestos, suministro de víveres a las embarcaciones, agentes marítimos, entre otras actividades”.

“Para nosotros como pescadores artesanales esta medida de la (Aunap) viola nuestros derechos al trabajo, hoy tenemos deudas ya que para ejercer la labor de pesca tenemos que acudir a prestamos o anticipos cercanos al 60% de los ingresos por cada faena” manifestó Jesús Quejada pescador artesanal comercial.

Si bien el fallo del Juzgado Primero de Familia ordenó dejar sin efecto inicialmente la medida impuesta por la Aunap, se espera que, tras el nuevo pronunciamiento del tribunal superior de San Andrés, que ordenó ayer 15 de noviembre iniciar nuevamente el proceso, esta no sea aplicada, ya que se continuaría afectando considerablemente la economía, no solo de los pescadores artesanales comerciales, si no también de toda la cadena de valor y las personas que dependen de esta actividad.

Finalmente, los pescadores hacen un llamado urgente a concentrar la discusión en el problema principal que hoy enfrenta la actividad pesquera de la isla y que es considera abusiva y discriminatoria y no una oportunidad para la competitividad y la economía local.

“Acá la verdadera competencia, y desleal, es con la pesca ilegal extranjera. Las zonas donde las embarcaciones colombianas legales no hacen presencia son rápidamente ocupadas por embarcaciones ilegales de Nicaragua, Honduras y República Dominicana, que arrasan con los recursos y los ecosistemas con sus métodos de pesca predatorios”, precisó el Representante de los Pescadores artesanales comerciales.

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