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¿Podrá una terna liberal definir el gobernador encargado de San Andrés?
La reciente decisión del Consejo de Estado de anular la elección del gobernador del archipiélago, Nicolás Gallardo, por incurrir en doble militancia política, ha desatado un nuevo capítulo jurídico y político en el departamento. ¿Qué viene ahora? ¿Podrá el partido que lo avaló presentar una terna para reemplazarlo?
Según lo establecido en la Ley 2200 de 2022, y específicamente en su artículo 135, cuando la falta de un gobernador es considerada absoluta —como ocurre en casos de anulación por fallo judicial— se abren dos posibles escenarios:
Si la falta ocurre cuando faltan más de 18 meses para finalizar el período constitucional, se deben convocar nuevas elecciones.
Si el tiempo restante es menor a 18 meses, el Presidente de la República tiene la potestad de designar un reemplazo, preferiblemente entre una terna presentada por el partido o coalición que avaló al gobernador saliente.
No obstante, en casos de doble militancia, se abre una excepción: si el partido que avaló al candidato conocía o debió conocer la situación que lo inhabilitaba, podría perder el derecho a presentar terna, dejando en manos exclusivas del Presidente la designación del nuevo mandatario regional.
La situación en San Andrés aún está en análisis. Aunque el Partido Liberal, partido que avaló a Gallardo, ha manifestado su intención de presentar una terna, será necesario que el Gobierno nacional evalúe si la colectividad actuó de buena fe o si hubo negligencia en el proceso de selección del candidato.
La anulación de la elección de un alcalde o gobernador por doble militancia no impide automáticamente que el partido que lo avaló presente una terna para designar a su reemplazo provisional. Así lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, al considerar que la falta recae directamente sobre el candidato, no sobre la colectividad política, siempre y cuando esta haya actuado de buena fe.
La doble militancia —prohibida por el artículo 107 de la Constitución y regulada por la Ley 1475 de 2011— ocurre cuando un candidato participa en procesos electorales violando las reglas de pertenencia o apoyo exclusivo a un partido. En casos así, el Consejo de Estado puede declarar la nulidad de su elección, pero si no hay pruebas de que el partido conocía esta situación, conserva el derecho a proponer una terna.
No obstante, si se demuestra que la colectividad fue cómplice o conocía la infracción y aún así otorgó el aval, se considera que perdió la legitimidad para presentar candidatos. En tales casos, el Presidente de la República (para gobernadores) o el gobernador del departamento (para alcaldes) puede hacer el nombramiento directamente.
Este mecanismo busca garantizar el equilibrio entre el respeto a la institucionalidad democrática y la legalidad del proceso electoral.
La anulación de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dictada por el Consejo de Estado el 3 de abril de 2025, se fundamentó en la configuración de la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo. Gallardo, avalado por el Partido Liberal Colombiano, respaldó públicamente a candidatos a la Asamblea Departamental de otras colectividades, como el Nuevo Liberalismo, lo cual está prohibido por la Ley 1475 de 2011.
En este contexto, al haberse demostrado que el candidato incurrió en una conducta prohibida por la ley electoral, el partido que lo avaló no tiene derecho a presentar una terna para la designación de un reemplazo provisional. Por tanto, corresponde al Presidente de la República nombrar directamente a un gobernador encargado, mientras se convoca a nuevas elecciones si así lo determina la autoridad electoral competente.
Este caso resalta la importancia de la disciplina partidista y la observancia de las normas electorales, reafirmando que las colectividades políticas deben garantizar que sus candidatos actúen conforme a la legalidad y los principios democráticos.
El futuro político del archipiélago está en manos del Ejecutivo, mientras la ciudadanía espera claridad, gobernabilidad y el respeto pleno al mandato legal.