Actualidad
ONU señala a la Policía de cometer masacre en septiembre
El informe publicado este lunes por la Alcaldía de Bogotá y respaldado por las Naciones Unidas cuenta con 182 páginas en donde se confirma que el 9 y el 11 de septiembre de 2020 la seguridad nacional cometió una “masacre” contra ciudadanos en barrios de bajos recursos.
La policía nacional de Colombia es señalada por la muerte de 11 personas durante las manifestaciones que estallaron en septiembre del año pasado, precisamente en contra de la brutalidad policial.
El informe publicado este lunes por la Alcaldía de Bogotá y respaldado por las Naciones Unidas cuenta con 182 páginas en donde se confirma que el 9 y el 11 de septiembre de 2020 la seguridad nacional cometió una “masacre” contra ciudadanos en barrios de bajos recursos.
El informe de la Relatoría Independiente confirma que lo ocurrido el 9 y 11 de septiembre fue una masacre como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía nacional.
Fueron seis meses de investigación por parte de un equipo interdisciplinario de siete profesionales que documentaron los sucesos de abuso policial ocurridos durante las protestas de la capital colombiana.
Según el informe, 75 personas resultaron heridas por armas de fuego durante los tres días de protestas y un total de 14 personas murieron; 11 de ellas, fallecieron en manos de la policía y las otras 3 personas perdieron la vida en medio de civiles que utilizaron armas de fuego.
Más de 90 testigos participaron en la entrega de información para la construcción del informe entre policías, manifestantes y familiares de las víctimas.
«Todo el mundo cometió errores los días 9 y 10 de septiembre, menos las víctimas de esta tragedia», expuso Carlos Negret, abogado y experto en derechos humanos que dirigió el informe de investigación. «La policía actuó con un uso desproporcionado de la fuerza y fue a por los más pobres de la ciudad», dijo.
Actualmente, las fuerzas de seguridad de Colombia son dirigidas por el Ministerio de Defensa y únicamente pueden recibir órdenes del Gobierno nacional.
Por esta razón, el informe pide al estado colombiano que reforme las leyes del país para que haya un mayor control por parte de las autoridades locales, como alcaldes y gobernadores.
El informe también pide a los fiscales colombianos que investiguen el papel que pudieron tener los oficiales de alto rango en la respuesta violenta a las protestas de septiembre.
La muerte del taxista y estudiante de derecho de 43 años, Javier Ordóñez, ocasionada por dos agentes de policía en la noche del martes 8 de septiembre de 2020, encendió la furia de los colombianos que, además, vieron el abuso policial por medio de videos registrados por manifestantes en redes sociales.
Los policías, quienes están siendo juzgados por los hechos, detuvieron a Ordóñez, lo golpearon y torturaron con pistolas eléctricas y posteriormente fue trasladado a un Comando de Atención Inmediata donde siguió recibiendo golpes hasta perder la vida.
Manifestantes antigubernamentales enfadados por la propuesta de aumentar los impuestos sobre los servicios públicos, el combustible, los salarios y las pensiones se enfrentan a la policía en Madrid, Colombia, en las afueras de Bogotá.
Manifestantes antigubernamentales enfadados por la propuesta de aumentar los impuestos sobre los servicios públicos, el combustible, los salarios y las pensiones se enfrentan a la policía en Madrid, Colombia, en las afueras de Bogotá. © Iván Valencia / AP
«Los hechos de violencia, abuso y brutalidad policial que se iniciaron con el asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía Nacional desencadenaron uno de los episodios más graves de violación de los derechos humanos en la historia de Bogotá», señala el informe, dirigido por el ex Defensor del Pueblo del país, Carlos Negret, y patrocinado por Naciones Unidas.
El informe también da cuenta de las detenciones arbitrarias, la violencia de género y los registros de ataques contra la policía durante las manifestaciones.
A principios de este año decenas de personas perdieron la vida en protestas contra el Gobierno que estaban en contra de los impuestos y la desigualdad nacional. El resultado: bloqueos de carreteras, focos de manifestantes violentos, saqueos a comercios locales y daño de bien público.
Según las pruebas reunidas por Human Rights Watch, la policía colombiana podría estar implicada en 25 de esas muertes.
El informe se publica en un momento en el que la policía colombiana atraviesa uno de los mayores escrutinios por su actuar en el marco de las manifestaciones.
Manifestantes y policías antidisturbios se enfrentan durante las protestas antigubernamentales, mientras Colombia conmemora el Día de la Independencia, en Bogotá, Colombia, 20 de julio de 2021.
Manifestantes y policías antidisturbios se enfrentan durante las protestas antigubernamentales, mientras Colombia conmemora el Día de la Independencia, en Bogotá, Colombia, 20 de julio de 2021. © Santiago Mesa / Reuters
Diferentes sectores han pedido la reforma policial, argumentando que una institución que ha estado preparada para luchar contra las bandas de narcotraficantes y grupos guerrilleros en zonas rurales no está equipada para manejar grandes multitudes de civiles en zonas urbanas.
Hasta ahora, aunque cuatro policías se enfrentan a cargos de asesinato por las muertes ocurridas en las protestas de septiembre de 2020, ninguno de los acusados de asesinato está en la prisión mientras se determina la condena.
Tomado de France24.com
You must be logged in to post a comment Login