Nacional
Por demora en trabajos de alcantarillado en San Andrés se podrían presentar demandas
En caso de que se presente una demora en la ejecución de las obras de alcantarillado sobre la avenida Colón que perjudique al comercio y la hotelería de la zona una demanda podría servir como salida para resolver el impacto que podría tener la demora en la ejecución de los trabajos de alcantarillado, en este caso, en la isla sobre la avenida Colón.
En medio del debate que surge en la actualidad sobre la ejecución de las obras de alcantarillado sanitario en el sector de North End surge un nuevo elemento relacionado con la posibilidad de que acciones de grupo puedan defender los intereses de los comerciantes que podrían ser afectados por la demora en el tiempo en la ejecución de estos trabajos.
De hecho, y luego de haber sido admitido demandas por daños y perjuicios por obras de este calibre en otras ciudades del país, el abogado constitucionalista y urbanista experto en acciones de grupo Juan José Santacruz Rodríguez se refirió recientemente al impacto de obras demoradas en la economía de muchos negocios adyacentes y manifestó que una demanda podría servir como salida para resolver el impacto que podría tener la demora en la ejecución de los trabajos de alcantarillado, en este caso, en la isla sobre la avenida Colón.
«En un posible acción de grupo, se espera que los directamente afectados se reúnan y presenten una medida cautelar que, en caso de presentarse un hecho que afecte sus intereses como comerciantes y hoteleros, podrían presentar una demanda por daños y perjuicios a sus negocios.
«No lo cancela el contratista ni directamente el Gobierno, pero finalmente se deberán cancelar costos por daños y perjuicios los cuales deberán ser pagados por el Estado por el impacto negativo que podría causar la demora en la ejecución de estas obras», afirmó.
En estos momentos la avenida Colón se encuentra bloqueado debido a que fue demolido por parte de la firma contratista pese a que existe una medida cautelar del Tribunal Contencioso Admimnistrativo de San Andrés debido a que la Asociación Regional de Municipios del Caribe Aremca no tenía facultades para poder contratar como entidad, medida que fue emitida en el año 2022, un año antes de haber recibido el aval para poder hacerlo.
La iniciación de los trabajos debido a la impugnación presentada por Aremca ha dejado molesto a un sector de la opinión pública por calificar la acción como «apresurada» ya que en este momento las obras se encuentran detenidas por un nuevo fallo del tribunal.
«Aqui se estan tomando decisiones sin tener en cuenta las normas ni mucho menos una consulta con la comunidad, firman una cantidad de personas pero al final deberá responder el Gobernador (Nicolás Gallardo) porque es la máxima autoridad», dijo la abogada y veedora Paola Rada quien ha sido una dura crítica por las decisiones tomadas durante el ultimo año por parte de la administración.
Por otro lado, el exdiputado y ahora asesor del Gobierno local Carlos Bryan Uribe declaró para el programa El Extra Radio en Vivo de San Andrés que el debate jurídico esta causando un enorme daño a la isla porque es necesario que se ejecuten estos trabajos y que la vía para poder darle celeridad al proceso es declarar una emergencia sanitaria.
«No necesitamos ir muy lejos, con tan solo tomar una foto de los rebosamientos de agua frente a La Previsora podemos mostrar claramente que los trabajos son necesarios y que es necesario declarar una urgencia manifiesta», declaró.
En una revelación hecha por parte de la revista Semana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de grupo para “la reparación de los perjuicios causados” a los comerciantes y residentes afectados por los retrasos en la peatonalización de la Carrera Séptima, especialmente en el centro de Bogotá.
De acuerdo con el abogado experto en derecho urbanístico Juan José Santacruz Rodríguez, quien actúa en representación de los comerciantes y residentes afectados, “se espera que la justicia condene a este tipo de entidades ejecutoras de obras, puesto que se busca su responsabilidad con base en lo que las entidades de control distrital han denominado para este caso en concreto como ‘fallas en el principio de planeación y seguimiento’”.
La obra que tiene sus inicios en 2012, y que tuvo como presupuesto, de acuerdo con cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, más de 40.000 millones de pesos para intervenir la carrera Séptima entre las calles 12 hasta la 26, finalmente concluyó sobre el mes de marzo del 2020.
La misma tuvo serias críticas y reparos por parte de expertos en movilidad, Fenalco, la Contraloría Distrital, la Personería Distrital y el Consejo de Bogotá, instancias desde las cuales hace 10 años se hacían llamados a revisar el planeamiento previo a la ejecución del proyecto y los impactos que este tendría para los comerciantes y residentes en su desarrollo y después de su culminación.
Luego de una acción popular que buscó “la protección del patrimonio público, la moralidad administrativa, y la protección de los intereses colectivos”, finalmente el IDU terminaría su proyecto, no sin antes, causar la disminución de las ventas del comercio y la intranquilidad de los residentes quienes soportaron durante años la zona invadida por habitantes en condición de calle, bandas dedicadas al hurto y microtráfico, roedores, aguas negras y basuras entre otras graves problemáticas.
Santacruz, por su parte, agrega que la demanda reclama perjuicios por casi 4.000 millones, pero que en consideración del grupo de personas comerciantes y residentes que puedan demostrar afectaciones en las mismas condiciones; la cifra puede llegar a ser superior al billón de pesos.
Por lo pronto, se puso en marcha un plan de contingencia vial para garantizar el flujo de vehículos mientras se ejecutan las obras en mención en San Andrés en vías alternas de la isla.