Revocan auto que prohíbe ingreso de carros y motos a San Andrés

El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés ordenó el levantamiento del auto que ordenaba la prohibición del ingreso de vehículos nuevos a la isla de San Andrés argumentando que aún no existen las condiciones dadas para poder adelantar la desintegración de vehículos en el territorio insular.

Lo anterior luego de que el Gobierno Departamental ordenara la suspensión del ingreso de vehículos debido a la sobrepoblación del mismo en la isla cumpliendo así una orden de tutela fallada mediante demanda presentada por el señor Harrington MacNish Pomare debido al nivel desbordante de vehículos que supera el número de habitantes y, por lo tanto, obligó a impartir medidas que permitieran atender la situación de movilidad, como también, dar apertura a un incidente de desacato que determine el cumplimiento de la orden judicial contenida en una sentencia de tutela previa.

Por su parte, los gremios del transporte habían ya expresado su inconformismo frente al tema de la prohibición debido a que denunciaban los altos costos del proceso de desintegración por parte de la empresa encargada y la no aplicación de la ley 1730 de 2014 por parte de las autoridades ambientales, que establece las tarifas para poder adelantar el proceso.

En su momento, el Secretario de Movilidad y el Gobernador del Departamento Archipiélago le solicitaron al tribunal el levantamiento de la medida cautelar aduciendo que la empresa desintegradora Naranjo Reclycling S.A.S. habilitada en la isla mediante resolución, era duramente cuestionada por sus altos costos, aunque el tribunal explicó que no le compete examinar las acciones desplegadas para verificar el cumplimiento.

De hecho, uno de los mayores contradictores de dicho proceso era el vocero de los conductores de taxis Alberto Gordon Guzman, quien afirmaba que era necesario revisar el tema de tarifas porque “cómo es posible que nos sale más barato comprar un carro nuevo que mandar a chatarrizar uno viejo ya que nos piden que debemos chatarrizar tres vehículos para que nos den el cupo para traer uno nuevo, eso es absurdo”.

Por otro lado, en la providencia del tribunal se logra revelar que las certificaciones entregadas para poder ingresar nuevos vehículos supera el número de carros y motos que físicamente entraron al archipiélago.

De hecho, se establece que los automotores que ingresan al archipiélago no corresponden al método de reposición y, por ende, no son iguales los certificados de desintegración emitidos por la empresa desintegradora y son inferiores al ingreso real y efectivo de vehículos que arriban anualmente al archipiélago, lo que demuestra que no hay un control efectivo sobre este tema.

Para la San Andrés Port Society en el año 2019 ingresaron un total de 364 vehículos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en el mismo año se reportaron 1.310 vehículos y para la Secretaria de Movilidad entraron un total de 1.262 automotores.

Para el tribunal, la administración departamental omitió demostrar jurídicamente por qué el número de vehículos que ingresan efectivamente es superior al número de certificados de desintegración expedidos, así como los derechos de reposición vehicular que expide la Secretaría de Movilidad.

El tribunal de esta manera le hace un llamado al Gobernador del Departamento Archipiélago para que ejerza un control eficaz del parque automotor en cumplimento de las sentencias vigentes en dicha materia al tiempo que exhortó a la Secretaría de Movilidad que elabore un registro estricto y detallado del número de certificados de desintegración que expida la empresa encargada para tal fin.

Es de recordar que durante el gobierno encargado del mandatario seccional Alen Jay Stephens se había tomado la decisión de prohibir el ingreso de vehículos debido a que muchos vehículos ingresaban de manera irregular sobrepoblando el número de vehículos y deteriorando el derecho a un medio ambiente sano a los isleños debido a la contaminación causada por monóxido de carbono.