El presidente del Congreso, Iván Name, fue uno de los salpicados dentro del escándalo de la ‘sneyderpolítica’, tras ser acusado de haber recibido alrededor de 3.000 millones de pesos del caso de corrupción de los carrotanques para La Guajira. 

Según Sneyder Pinilla, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Name habría recibido esta millonaria suma de dinero a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, a cambio de abrirle el camino a las reformas sociales que impulsa el Gobierno en el Congreso. 

Ante estos señalamientos, el propio presidente Gustavo Petro señaló que dichas acusaciones no son ciertas y publicó un trino en el que niega pagos a Name a quien tilda de ser un integrante de la oposición. 

“Quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del Gobierno, simplemente está mintiendo. El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Que la justicia haga su labor”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X. 

El mensaje, que además fue reposteado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estuvo acompañado de un video de cuando el presidente del Senado nombró la comisión accidental para estudiar la apelación del hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima.  

Ese mismo día, el senador Iván Name levantó abruptamente la sesión plenaria en la que se estudiaría la reforma pensional, en señal de protesta por los señalamientos hechos por el mandatario contra algunos congresistas. 

En un reciente comunicado, Name negó haber recibido dineros del caso de corrupción de los carrotanques. “Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Senyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”, indicó.

También se mostró dispuesto a responder ante la justicia, diciendo que aclarará todas las dudas que existan con respecto a su conducta. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la tasa de desempleo en Colombia para febrero de este año aumentó al 11,7%, en comparación con el mismo período de 2023, cuando fue del 11,4%. La desocupación alcanzó el 14,7% para las mujeres y el 9,4% para los hombres a nivel nacional.

Sin embargo, la gran problemática se está viviendo en el desempleo juvenil, que llegó a 19,3%, de acuerdo con la información suministrada por el Dane. Esta cifra representa un 0,6% puntos de aumento, lo que ha generado gran preocupación en Colombia. 

Y es que, en el trimestre entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, los jóvenes entre 15 y 28 años que no se encuentran estudiando llegó a 2,9 millones. 

Según estadísticas recientes, se estima que hay aproximadamente 1,95 millones de mujeres en el rango de edad de 15 a 28 años que no están involucradas ni en estudios ni en empleo, representando así un 17.5% de la población en esta categoría.

En contraste, el número de hombres en la misma situación es menor, con alrededor de 1,04 millones, lo que equivale al 9.3% de la población masculina en ese rango de edad.

Los ‘ninis’ es un término utilizado para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. La palabra ‘nini’ es una contracción de las palabras «ni estudia, ni trabaja». Esta categoría se aplica a aquellos jóvenes que no están inscritos en ningún programa educativo ni tienen empleo.

Los ninis suelen ser jóvenes en edad de estudiar o trabajar, generalmente entre los 15 y 28 años. Cabe destacar que puede haber diversas razones por las cuales una persona se convierte en nini, como la falta de oportunidades educativas, la falta de empleo, la desmotivación, la falta de habilidades o el desinterés.

Los ninis pueden enfrentar dificultades para encontrar empleo en el futuro, ya que pueden carecer de habilidades y experiencia laboral. La falta de educación y empleo puede llevar a una disminución de las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Pese a que se habla de los ‘ninis’ en términos generales, los expertos aseguran que se deben distinguir entre los que buscan trabajo sin éxito y los inactivos, aquellos que no están buscando empleo ni están estudiando.

Según Andrés Felipe García, profesor de la Universidad del Rosario, “la falta de participación de las mujeres se debe a barreras tanto del mercado laboral como del contexto familiar”. 

Destacó también, en entrevista con El Tiempo que, “también se requieren políticas que busquen generar un contexto socioeconómico adecuado, como por ejemplo la importancia de los sistemas de cuidado”. 

El Consejo de Estado le dio cierre a la disputa iniciada por pescadores locales de las islas de Providencia y Santa Catalina que, a través de una acción popular, buscaban evitar el daño irreversible que esta edificación podría generar sobre el ecosistema costero.

En noviembre de 2020, tras el paso del huracán Iota sobre Providencia y Santa Catalina, la Armada Nacional retomó una iniciativa para construir una base de guardacostas en la desembocadura del arroyo Bowden, en el sector de Old Town. Aunque este proyecto ya había sido rechazado por la población raizal en un proceso de consulta previa entre 2015 y 2017, la construcción de la base fue nuevamente retomada por la Armada en el año 2021.

La Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa Catalina, integrada por la asoiaciones I-Fish, Pesproislas, Asopesboth y Fish and Farm, estuvo en contra de esta construcción, ya que la nueva base de guardacostas podría bloquear el ingreso de las embarcaciones pesqueras que arribaban en el muelle de la cooperativa Fish and Farm. Estas personas permanecieron por más de dos años en el Dignity Camp, un campamento permanente para rechazar la instalación de la estación militar en la desembocadura del arroyo. Asimismo, presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés para que protegiera sus derechos colectivos, así como de toda la población raizal, al uso y goce del ambiente sano, y el cumplimiento de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial de la isla, que no permite la construcción de edificaciones en cercanías de espacios medioambientales relevantes como el arroyo Bowden.

Durante el proceso judicial, la construcción de la base de guardacostas se detuvo. En diciembre de 2021, el Tribunal emitió una medida cautelar para que la Armada suspendiera la construcción hasta que se profiriera una sentencia de fondo. Esta decisión tomó más relevancia cuando este Tribunal, en la sentencia de primera instancia, ordenó la interrupción de la construcción.

Tras una apelación por parte de la Armada, el caso se remitió al Consejo de Estado para que revisara la decisión del Tribunal. Al igual que I-Fish, desde Dejusticia presentamos una intervención solicitando mantener en firme lo logrado en el Tribunal. En la sentencia, del 22 de febrero de este año, finalmente se concluyó este proceso a favor de las peticiones de los pescadores.

Nuevamente, el Consejo de Estado respondió a la Armada que, aunque la Fuerza Pública puede realizar las acciones y proyectos pertinentes para la protección del orden público, está subordinada a las normas ambientales y urbanísticas que rigen a nivel general. Además, aclaró que en esta acción no se requiere que se presente un daño en específico que deba ser probado, sino que en este caso, la acción sirve de forma preventiva para la ocurrencia de efectos negativos para las poblaciones.

Por ende, la sentencia reiteró los dos argumentos principales que motivaron la acción popular desde 2021: por un lado, la construcción de la base afectaba de forma desproporcionada el ecosistema estratégico del arroyo y el manglar en la zona de Old Town. Y, por otro lado, la Armada no podía construir en el predio donde se pretendía hacer la base, porque es un lugar protegido específicamente en el Esquema de Ordenamiento Territorial de la isla y no contaba con todos los permisos ambientales para adelantarlo.