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La reconstrucción de Providencia se hizo con madera extraída por el Clan del Golfo
Una investigación realizada por el diario El Espectador revela que la madera usada para la reconstrucción de Providencia, destruida por el paso del huracán Iota, fue extraída de manera ilegal por el Clan del Golfo en el 2021.
Madera deforestada de forma ilegal por una estructura ligada al Clan del Golfo, según investigadores de Policía, fue utilizada en un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (Ungrd) para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tras el devastador paso del huracán Iota, en noviembre 2020. El Espectador revela este caso, que deja al descubierto conexiones entre crimen organizado, delitos ambientales y contratación estatal.
El 28 de octubre de 2021, a las afueras de Montería, Córdoba, la Policía detuvo un camión rojo, doble troque, que trasportaba 1.002 listones de madera que iban para la base naval de Cartagena. La detención no fue aleatoria.
El vehículo había salido de Maderas el Amparo, una empresa que comercializaba madera en la capital del departamento y que, según la Policía y la Fiscalía, deforestó el Parque Nacional Natural Paramillo, entre 2016 y 2023. Un área protegida de conservación ambiental, entre Antioquia y Córdoba, de 460.000 hectáreas, que, por su ubicación geográfica clave, ha tenido fuerte presencia de grupos al margen de la ley. Según fuentes de inteligencia policial, es uno de los corazones operacionales del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, llamado también Clan del Golfo para las autoridades y que está al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, o Chiquito Malo.
Cuando los agentes de la Policía le pidieron al conductor del camión detenido información detallada sobre el cargamento, este aportó una factura de la mencionada empresa en la que figuraba un cliente que alertó aún más a los agentes: la Unrgd, encargada de atender y mitigar los desastres ambientales en el país como, por ejemplo, huracanes o inundaciones. Una entidad que se espera que actué rápido ante las calamidades y que, por lo mismo, tiene un régimen especial de contratación que, como hemos visto en los últimos meses, puede favorecer hechos corruptos o irregulares.
Por ejemplo, en este Gobierno, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de esta entidad, ya confesaron haber participado en un enorme entramado de corrupción, que habría beneficiado con coimas a contratistas, congresistas y altos funcionarios del Gobierno, entre otros, y el caso está bajo la lupa de la Fiscalía. Pero apenas ahora se están conociendo otros posibles capítulos opacos de la Ungrd, esta vez en el gobierno pasado, mientas estaba Eduardo José González Angulo como director de la unidad y hoy en juicio disciplinario por un contrato de $93.000 millones asignado, aparentemente de manera irregular, durante la pandemia del Covid-19.
Ruta al mar de la madera del Clan del Golfo
No era la primera vez que Maderas El Amparo movilizaba madera extraída ilegalmente, para la reconstrucción de San Andrés y Providencia. En los folios de esta investigación, a los que accedió este diario, hay documentos que indican las empresas que sirvieron de intermediarios y compradores de los listones de esta cuestionada comercializadora que terminaron en la reconstrucción de las casas de esta región insular.
La primera empresa que recibió esta madera fue Asglobal, representada legalmente por Víctor Marenco Betín, un empresario conocido en el mundo de la contratación en Córdoba y Sucre. De hecho, la compañía, en su página web, incluyó a la Ungrd como una de las entidades que “confía en sus servicios”. En diálogo con este diario, el mismo Marenco confirmó su relación comercial con Maderas el Amparo, a la cual le compró, según sus cálculos, cerca de 16.000 listones en 2021.
Además, Marenco señaló que, en ese entonces, la madera contaba con todos los papeles para ser comercializada y que no sabía que tenía un supuesto origen ilícito. “Era uno más de mis proveedores”, aseguró. Esa madera, de acuerdo con dos facturas a las que pudo acceder este diario, fue vendida a dos empresas. La primera de ellas, Inacon SAS, la firma con quien la Ungrd firmó en septiembre de 2021 uno de los contratos para reconstruir 22 viviendas en Providencia. En diálogo con este diario, el entonces representante legal de esta compañía, Juan Gabriel Portilla Colunge, también se desmarcó de cualquier relación con Maderas el Amparo y señaló que la obra fue finalizada con éxito en junio de 2022.
Además, desde la compañía advirtieron que, para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tuvieron un primer contrato en enero de 2021 para aportar dicha madera, que iba a ser usada para la primera fase de la reconstrucción de viviendas. Un contrato que, por tratarse de un asunto “urgente, era difícil rastrear” que los listones provenían de Maderas El Amparo. Luego, dice la misma compañía, la madera que usaron para el contrato que suscribieron con la Unrgd y Findeter en septiembre de 2021 para la reconstrucción habría sido adquirida en una ferretería de San Andrés.
La segunda empresa a la que Marenco betin le vendió madera (11.076 listones) fue Colgran SAS, representada legalmente por Yuliet Alexandra Álvarez. Una compañía que ya ha contratado con el Estado, pero para labores completamente diferentes. Han tenido contratos directos relacionados con la entrega de kits alimentarios para las Fuerzas Militares, la tercera edad y poblaciones vulnerables en Cundinamarca y Caldas. Incluso, durante la pandemia del Covid-19, la Ungrd suscribió un contrato por $1.800 millones con esta empresa para proveer alimentos a comunidades en la Sabana de Bogotá. El Espectador se intentó comunicar por varias vías con la compañía, pero al cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.
Este diario también buscó a Ariel Enrique Zambrano Meza, quien era el subdirector para el Manejo de Desastres de la Unrgd durante el gobierno de Iván Duque, y quien suscribió el contrato con Inacon relacionado con los listones de madera. Aunque respondió en un inicio a nuestros mensajes, después dejó de hacerlo. Zambrano Meza fue recientemente llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría por un posible incumplimiento en la prevención y manejo de la emergencia causada por el rompimiento del jarillón Caregato en la zona de La Mojana, Bolívar. El daño de esa infraestructura provocó inundaciones que causaron millonarias pérdidas materiales y afectaciones a la infraestructura local.
Las fuentes judiciales que investigan este caso admiten que, en general, para las empresas constructoras es “muy complicado” identificar si la madera que compran fue extraída legal o ilegalmente. “No suele importarles de dónde viene. Sobre todo si la madera comprada cumple con los salvoconductos de comercialización, los cuales son expedidos por las corporaciones autónomas de cada región (…) Pero allí hay focos de corrupción. También, el control de los bosques en donde se permite deforestar comprenden terrenos tan extensos que es casi imposible hacerles seguimiento. Más aún en el Paramillo, donde el Clan del Golfo tiene un gran control”, dice un investigador de delitos ambientales, que pidió la reserva de su nombre para no entorpecer los procesos que adelanta.
Por eso, por lo pronto, los empresarios que judicialmente están más enredados son los hermanos Ruby y Germán Villalba Luna, representantes legales de Maderas El Amparo. La Fiscalía tiene en su contra chats, interceptaciones de llamadas y movimientos de dinero que darían cuenta de su relación comercial con la red ilegal del Clan del Golfo que extraía madera ilegal del Nudo de Paramillo. Un informe del CTI de la Fiscalía calcula que, por este tráfico ilegal, los hermanos Villalba se lucraron con más de $6.000 millones entre 2016 y 2023. Además, calculan que, durante ese mismo lapso, la estructura ilegal deforestó 400 hectáreas del parque natural, un terreno que equivale, aproximadamente, a 200 canchas de fútbol.
El Espectador se contactó con Oriana Zumaqué, la abogada de los hermanos Villalba, quien aseguró que aportó a la Fiscalía los documentos que darían cuenta de su inocencia. También detalló que ellos contaban con todos los salvoconductos para comercializar la madera. “Mis clientes siempre han estado haciendo negocios dentro del marco legal y no tienen vínculos con grupos criminales”, manifestó la abogada a este diario. Sin embargo, la Fiscalía, que los capturó en junio de 2023, y posteriormente les imputó cargos, no tiene dudas sobre su teoría del caso y los llamará a juicio el próximo 30 de septiembre por los delitos de concierto para delinquir y explotación ilícita de recursos naturales ante un juzgado especializado en Montería.
De hecho, este diario pudo establecer que los hermanos Villalba ya habían sido capturados en octubre de 2021, junto a otras siete personas más, por deforestar el parque natural. El ente investigador señaló que, casi de inmediato, los dos solicitaron suscribir un acuerdo de principio de oportunidad en el que se comprometían a confesar y colaborar con la justicia a cambio de una rebaja de pena. “Por esa razón, se solicitó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge como víctima en el proceso y autoridad ambiental, de avalar el proyecto de reforestación propuesto por los procesados y su defensa”. Casi dos años después, en mayo de 2023, fueron recapturados por seguir deforestando ilegalmente.
El “Viejo” en Puerto Frasquillo
La génesis de este expediente ocurrió a principios de 2021, por cuenta de las labores encubiertas de dos agentes infiltrados de la Policía en el municipio de Tierralta, Córdoba, territorio que, durante las últimas tres décadas, ha sido controlado por grupos de corte paramilitar como el Clan del Golfo o las AUC. La labor de los uniformados se centró en Puerto Frasquillo, un muelle flotante, a 40 minutos del pueblo, a orillas del embalse artificial Urrá I. Se trata del principal punto de comercio fluvial de las poblaciones cercanas a esta represa, considerada una megaobra a la que, dicho sea de paso, se opuso el líder indígena Kimmy Pernía, quien fue asesinado en 2001 por los paramilitares de Carlos Castaño. Es decir, esta es una zona en la que estos grupos criminales tuvieron (y mantienen) una gran presencia y poderío sobre las poblaciones campesinas e indígenas.
La madera extraída ilegalmente del parque natural Paramillo también llega en embarcaciones a Puerto Frasquillo. De hecho, en labores de inteligencia, los agentes infiltrados lograron establecer que quien lideraba la red de deforestación era Robinsón Antonio Fernández Úsuga, un hombre conocido como el Viejo. “Por su estatus social y económico, no se mueve nada en el puerto sin su consentimiento”, dijeron. Además, identificaron que Fernández Úsuga, junto a otras tres personas, también se encargaba de ir hasta los puertos de Barranquilla y Cartagena para vender la madera que, en ocasiones, era exportada. “El Viejo tenía en Puerto Frasquillo una bomba de servicio, la cual usaba para proveer de gasolina a las embarcaciones y las motosierras”, detalló una fuente judicial.
Aunque un investigador policial le dijo a este diario que el Viejo es familiar en segundo grado de Dairo Antonio Úsuga, u Otoniel, líder del Clan del Golfo hasta que fue capturado y extraditado a Estados Unidos, este diario no pudo confirmar este vínculo. Lo que sí está claro es que no es la primera vez que Fernández Úsuga aparece en los archivos judiciales: en 2006 fue condenado por narcotráfico y quedó libre seis años después. Además, la Fiscalía sostuvo durante las audiencias que, desde 2015, este habría vuelto al crimen, cuando las autoridades lo identificaron como promotor de la deforestación en el Nudo de Paramillo. Incluso, en 2017, la justicia le abrió otro proceso por este delito. Fernández Úsuga nunca ha aceptado cargos y, al igual que los hermanos Villalba Luna, será acusado el próximo 30 de septiembre.
La ruta desde el Nudo hasta al archipiélago
El primer eslabón de la red de deforestación del Nudo de Paramillo son quienes cortan los árboles para sacar los bastones de madera que se venden después. Ellos son, en su gran mayoría, indígenas que integran alguno de los 14 asentamientos indígenas que hacen presencia en el parque natural. La madera se embarca en los ríos Sinú, Verde y Esmeralda, hasta Puerto Frasquillo en la represa de Urrá.
De acuerdo con la Fiscalía, esta población es “instrumentalizada” por la gente del Viejo para extraer el recurso natural. Incluso, dentro de los capturados están dos líderes indígenas de la comunidad que, advierte el ente investigador, fungían como intermediarios entre los integrantes del resguardo que deforestaban y la estructura de Fernández Úsuga. El que más habría sacado usufructo de estos hechos, según la Fiscalía, sería Efraín Chamarra Panesso, quien habría recibido $237 millones entre 2016 y 2023.
Los listones de madera son embarcados en tractomulas que emprenden un viaje de cerca de dos horas desde Tierralta hasta Montería (Córdoba), donde son aserrados en comercializadoras como Maderas el Amparo, de acuerdo con las especificaciones solicitadas por los clientes. En el caso de la reconstrucción de Providencia se necesitaban listones entre los dos y seis metros de largo, con un grosor que entre los dos y los ocho centímetros.
La Policía logró documentar, a través de un seguimiento con cámara dron, que después de salir de Montería, los camiones siguen una ruta de cerca de cinco horas hasta llegar a Cartagena, en la que pasan por municipios como Cereté, Coveñas, Tolú, San Onofre y Turbaco. Al llegar al puerto militar de la capital bolivarense, la madera cruzaba en barcos de la Armada cerca de 720 kilómetros hasta San Andrés, en un viaje que duraba, aproximadamente, tres días.
Allí, según los documentos de esta investigación, el delegado de la Ungrd en el archipiélago, Walden Downs, era el encargado de coordinar la llegada de los listones de madera a la isla. Este diario lo intentó contactar, vía correo y telefónicamente, para conocer su versión de estos hechos, pero nunca respondió.
Lo más grave de esta trama es que para la reconstrucción de San Andrés se utilizaron especies de árboles nativos “vulnerables” o “bajo especial protección”. Entre ellas están el Brasilete, Cedro, Abarco, Almendro, Algarrobo y Masabalo, según las autoridades. “Este es un crimen contra la humanidad, contra la casa común que es el planeta tierra. Esta tala ilegal atenta contra el acceso al aire y el agua; la vida humana (…) Son hechos que rompen con el equilibrio de los ecosistemas y que son aún más graves en un contexto de cambio climático”, expresó la fiscal del caso durante una audiencia.
El alarmante llamado de la Fiscalía tiene eco en las preocupantes cifras de deforestación en esta área protegida. De acuerdo con cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre 2015 y 2022, en el parque natural Paramillo se deforestaron unas 8.400 hectáreas de bosque. Es decir, aproximadamente 16.800 canchas de fútbol. Un panorama igual de complejo plantea Parques Nacionales. Solo en 2021, se perdieron 727 hectáreas de bosque en esta área protegida. En 2022, la cifra alcanzó un récord con 1.200 hectáreas deforestadas y, en 2023, se redujo a 269 hectáreas. “Pese a la disminución en la pérdida de bosque, esta área protegida sigue figurando como una de las más amenazadas por la deforestación en el país”, señaló un reciente informe de esta entidad gubernamental.
El rastro del caso carrotanques
El Espectador también conoció las facturas de otras ocho empresas que, además de Colgran e Inacon, aportaron madera para la reconstrucción. Esas facturas, aunque no dan indicios de que los listones tenga un origen ilícito, sí evidencian que en esos contratos participó una de las personas involucradas en el escándalo de la Ungrd de los carrotanques en La Guajira. Se trata de Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de Luis Eduardo López Rocero, conocido como el Pastuso. Según la Fiscalía, una de sus empresas, Brand SAS, participó en los sobrecostos injustificados de la compra de 80 carrotanques para combatir el desabastecimiento de agua durante el fenómeno de El Niño en La Guajira. Un escándalo que destapó el entramado de corrupción en decenas de contratos de la Ungrd, que después confesó Olmedo López y Sneider Pinilla.
Una de esas empresas, Brand SAS, aportó 1.052 listones de madera, para la reconstrucción de Providencia y otros insumos para la reconstrucción, como puntillas, tornillos, martillos, chazos y ganchos, en un contrato de $555 millones. Aunque la Fiscalía ya le imputó cargos a López Rocero, Brand Pantoja no ha sido vinculada al proceso formal. Sin embargo, fuentes del caso le contaron a este diario que ella sí está en la mira del ente investigador, pues Sandra Liliana Brand era la representante legal de Brand en el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Incluso, su nombre apareció durante la imputación de cargos contra su esposo, ocurrida el pasado 7 de agosto.
Capturas pendientes
En junio de 2023, durante las audiencias del caso contra el Viejo, surgió la identificación del “hombre del maletín”. Una persona que, según las labores de Policía en Puerto Frasquillo, estaba encargada de pagar “la nómina de los paracos” y era “cercano al Viejo”. La fiscal del caso relató ante el juez que estuvieron a punto de capturarlo y que tampoco ha sido posible identificarlo. “El hombre partía desde Frasquillo, río arriba, hasta el parque natural a pagar a los miembros de la red de deforestación, cuando intentamos agarrarlo, la información se filtró y no volvió a aparecer”, aseguró una fuente del caso.
Tanto la Fiscalía como la Policía tienen claro que en estas redes de deforestación hay dos boquetes pendientes por cerrar. El primero, los funcionarios de las corporaciones autónomas regionales que expiden documentación falsa, que permite que organizaciones criminales, como la que lideraba el Viejo, pase de agache para las autoridades. “Encontramos en estas redes salvoconductos de extracción de madera que no correspondían a la zona de donde fue sacada. Además, tenemos pendiente la captura de policías que le recibieron sobornos al Viejo en Tierralta para permitir el paso de la madera. Si bien las últimas cifras señalan que la deforestación en Colombia se redujo en un 29% durante 2023, para nosotros es importante continuar con esa tendencia a la baja”, concluyó la fuente judicial.
Aunque la madera ilegal extraída por la red de alias el Viejo llegó a tiempo a Providencia y la obra adelantada por Inacon fue ejecutada sin aparentes contratiempos, distintas entidades del Estado colombiano han mostrado públicamente su descontento sobre las viviendas reconstruidas en este territorio insular. Por ejemplo, la Corte Constitucional señaló en 2022 que se violaron los derechos de las comunidades insulares, ya que en ningún momento fueron consultadas para determinar cómo iban a ser reconstruidas sus viviendas.
En un segundo reportaje, El Espectador revelará detalles sobre Inacon, la empresa que terminó usando la madera ilegal para reconstruir estas casas. Además de estar a cargo de otros proyectos con dinero público en San Andrés, este diario encontró cómo a la sombra estaría operando un conocido empresario procesado penalmente por su participación en el escándalo de corrupción más importante de los últimos años en Colombia y Latinoamérica: el caso de los sobornos de la multinacional Odebrecht.
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Colombia recuerda las atrocidades de la toma del Palacio de Justicia 40 años después
El debate aún continua cuando personas involucradas en los hechos han sido indultados y absueltos al tiempo que familiares de las víctimas aún recuerdan el dolor de la perdida de sus seres queridos.
A las 11:40 de la mañana de ese miércoles Caracol Radio interrumpe su programación para informar sobre la toma del Palacio de Justicia. En cabina de los estudios radiales de la calle 19 con carrera octava, Yamid Amat conduce la transmisión mientras, desde el Congreso de la República, el periodista Juan Carlos Rincón describe lo que observa y escucha.
Pocos minutos después, Caracol establece comunicación con el abogado Jaime Moreno, quien, desde su oficina, en un edificio vecino al Palacio por el costado norte, relata en directo lo que ocurre en el interior del Palacio de Justicia.
“Se escucha una balacera, veo a los policías, parece son del Banco Cafetero, disparando y hay uno tirado en el piso”
A las 12:00 del mediodía, María Cristina, secretaria atrapada dentro del Palacio, logra comunicarse para contar la dramática situación que viven los rehenes.
“No que es lo que pasa, se escuchan disparos. Estoy en mi oficina en el cuarto piso. Los disparos comenzaron hace unos 15 minutos”
Había que dimensionar la gravedad de los hechos. El periodista Héctor Mario Rodríguez contextualiza la magnitud del hecho contextualiza el número de magistrados que podrían estar retenidos.
“Son mas de 40 magistrados mas los auxiliares y otros funcionarios de la justicia los que podrían estar dentro del Palacio de Justicia”
Poco después, Caracol logra hablar con el magistrado Fernando González, mientras de fondo se escuchan disparos dentro del edificio.
“¿Si escuchan los disparos?”
Las exigencias del M-19
Hacia la 1:00 de la tarde, el periodista Javier Ayala revela los planes y las peticiones del grupo guerrillero M-19, responsables de la acción armada.
“Dicen que están dispuestos a permanecer varios días. Piden la presencia del presidente Belisario Betancur para una especie de juicio publico por la manera como se maneja el proceso de paz. Piden espacio en radio y televisión”
Décadas más tarde, el periodista Herbin Hoyos (1967 – 2021) obtuvo copias de las comunicaciones militares que un radioaficionado grabó durante aquellos días.
“Me dicen que la Cruz Roja no ha llegado, apurar, apurar para acabar con todo…”
¡Qué cese el fuego!
Pasadas las 3:00 de la tarde, el periodista Guillermo Franco Fonseca informa sobre la evacuación de algunos visitantes y funcionarios, en medio de la esperanza de que el enfrentamiento terminara pronto.
Esa ilusión duró poco. Los disparos continuaron y la situación se tornó más crítica.
Luego de las 4:00 de la tarde, Caracol Radio logra comunicación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien, en medio de los disparos, ruega:
“Por favor, cesen el fuego para poder dialogar…”.
Minutos después, la periodista Mónica Rodríguez contacta al jefe guerrillero Andrés Almarales, uno de los comandantes del M-19 dentro del Palacio.
Cerca de la carrera Séptima, frente a la Casa Museo 20 de Julio, varios periodistas, entre ellos Guillermo Franco, logran hablar con el magistrado Jaime Paredes, quien había sido evacuado.
La orden de silencio
Al caer la noche del 6 de noviembre, la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín ordena a las emisoras y canales de televisión suspender las transmisiones en directo argumentando que era necesario evitar el pánico entre los colombianos. Los medios no tienen mas que transmitir el partido Millonarios vs Unión Magdalena.
Meses después, ante el Congreso, la ministra defendió esa decisión.
“Le pedimos a los medios colaborar y no transmitir detalles de los operativos, porque no sabíamos lo que estaba pasando dentro del Palacio de Justicia…”
Minutos después de las 10:00 de la noche, el coronel del Ejército Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, aparece desde la puerta de un carro militar blindado y frente a las cámaras y micrófonos explicando las acciones militares. Su frase quedaría marcada en la memoria del país.
“Defendiendo la democracia, maestro. Aquí no van a asustarnos ni atentar contra las ramas del poder público…”
Horas más tarde, se desata un incendio dentro del Palacio de Justicia que se prolonga durante toda la noche. Desde los carros militares blindados, los militares disparan un proyectil de alto calibre contra la fachada del Palacio en la parte superior argumentando que buscaban crear una “chimenea” para que saliera el humo.
7 de noviembre: la madrugada del fuego y el silencio
Al amanecer del jueves 7 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Isnardo Ardila, informa en diálogo con Yamid Amat sobre la situación en el Palacio.
Las líneas telefónicas se interrumpen por el fuego, y la Cruz Roja intenta auxiliar a las víctimas entre los escombros.
Hacia las 2:00 de la tarde, el ministro de Justicia Enrique Parejo González entrega un balance preliminar de lo ocurrido. Para entonces, el país entendía que la toma y retoma habían terminado, pero comenzaba una búsqueda que aún no concluye: la búsqueda de justicia.
Después del fuego
Durante el gobierno de Virgilio Barco, los máximos jefes del M-19 fueron indultados, decisión que se ratificó en 1992.
Mientras tanto, los procesos judiciales contra militares y policías continuaron, al igual que las preguntas sin respuesta de decenas de familias que, cuatro décadas después, siguen esperando verdad y justicia.
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Defensoría del Pueblo revela situación crítica para adquirir medicamentos en Colombia
El impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna.
En la audiencia pública de presentación del informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del derecho a la salud en Colombia.
Este agravamiento está marcado por un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación y con un impacto más severo en poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad.
Encuesta y cifras que preocupan
Los efectos de esta crisis son múltiples y severos. A partir de las encuestas realizadas (3.449), se hizo un ejercicio para determinar el impacto económico de la falta de entrega oportuna de medicamentos, principalmente se identificaron seis (Metformina, Valsartán e Insulina Glargina), que incluye aquellos utilizados en diagnósticos de salud mental y otras condiciones neurológicas (Quetiapina y Ácido Valproico), así como en salud materna (Ácido Fólico).
Al determinar el costo del tratamiento mensual y estimando unos ingresos promedios de acuerdo con los reportes contenidos en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna.
La Defensoría del Pueblo, con corte a septiembre del 2025, además, tiene un reporte de 584 medicamentos diferentes no entregados. El seguimiento a 1.798 de estos casos indica que el 48% de ellos no ha sido resuelto. Ante la no entrega, el 61% de los encuestados manifestó que compraría el medicamento de manera particular, lo cual representa un impacto económico crítico, que se agrava en los territorios rurales, rurales dispersos y pueblos étnicos.
Los tres medicamentos que fueron reportados como no entregados con mayor frecuencia fueron Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. En el grupo de los diez primeros medicamentos, se acumula el 25% de los reportes de no entregas.
“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos, privilegian el interés del canal comercial sobre el canal institucional”, manifestó desde Barranquilla la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe.
Panorama de tutelas
Si bien el informe presenta un panorama detallado del 2025, la Defensora del Pueblo dio a conocer las crifras sobre las tutelas presentadas en los últimos cinco años y ocho meses. Son 1.003.147 las acciones jurídicas radicadas ante la Corte Constitucional, invocando el derecho a la salud entre enero del 2020 y agosto del 2025.
Tan solo en el 2025, el 33,85% de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82% de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
La Defensoría ha acompañado e interpuesto 18.451 tutelas entre enero y agosto del 2025, recurso judicial con el que ha sido solicitado el amparo del derecho fundamental a la salud. El 24% de las acciones estuvo relacionado con la negación en la entrega o acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados fueron Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%).
Indicadores que sustentan el diagnóstico
Durante la audiencia, la Defensora enfatizó en que “esta problemática, la cual combina factores financieros, administrativos y logísticos, refleja una situación de mayor criticidad y regresividad en el funcionamiento y sostenibilidad del sistema”.
La Superintendencia Nacional de Salud registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos.
La Defensoría del Pueblo recibió 107.000 quejas entre 2022 y 2025. Para 2024 recibió 35.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud, un aumento del 32% frente al 2023. Solo entre enero y agosto del 2025, han sido radicadas cerca de
28.000 quejas relacionadas con problemas en la prestación de los servicios de salud.
El informe, construido a partir de información oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, y de datos primarios recolectados mediante la Estrategia de Respuesta Inmediata y los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en 19 departamentos, evidencia un deterioro progresivo en la garantía de este derecho fundamental.
Hallazgos principales
La afectación generalizada en el acceso a medicamentos se explica por una combinación de factores estructurales y coyunturales, que fueron explicados de la siguiente manera por la Defensora del Pueblo:
- Falta de transparencia financiera de EPS, IPS y gestores farmacéuticos, acompañada de falencias en la rendición de cuentas.
- Retrasos y atascos en los pagos que afectan la disponibilidad de medicamentos y servicios.
- Distorsión de la cadena logística, que desplaza la atención hacia el canal comercial privado mientras el institucional asume los medicamentos de alto costo.
- Barreras administrativas y cambios en gestores farmacéuticos con capacidades insuficientes para atender las demandas territoriales, que interrumpen tratamientos, particularmente en territorios de difícil acceso.
Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia son los departamentos donde las vulneraciones al derecho a la salud son más críticas. Les siguen La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.
“Se reconoce una causa estructural, consistente en la alta inequidad social y económica. Mientras la inequidad persista será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud. A pesar de los avances en los indicadores de salud pública de los últimos 30 años en el sistema de salud colombiano, existe una clara inequidad en el acceso a la atención en salud, particularmente para la población rural y la de la periferia del país y de las grandes ciudades, derivada de barreras geográficas, sociales, culturales y económicas”, afirmó la Defensora del Pueblo.
Importancia del Puesto de Mando Unificado
Con base en el análisis de tutelas, quejas y reclamos recibidos por la Supersalud y la Defensoría del Pueblo, se priorizaron 18 departamentos (19 regionales de la Defensoría) para implementar la Estrategia de Respuesta Inmediata y los PMU, los cuales abarcan más del 20% de la población nacional, con predominio de comunidades étnicas y rurales.
Durante la ejecución se realizaron 45 reuniones con 17 tipos de actores del sector salud y control institucional, lo que permitió caracterizar las causas y efectos de la falta de acceso a medicamentos y activar rutas administrativas de solución. Aunque la estrategia tuvo un enfoque coyuntural, también abordó problemáticas críticas como el pago de deudas y las demoras en autorizaciones de servicios.
Los testimonios recopilados en los PMU sugieren que los usuarios corren el riesgo de ver afectada su calidad de vida y, en algunos casos, poner en riesgo su vida debido a la falta de atención o entrega de medicamentos.
También se ha identificado un impacto emocional profundo, evidenciado en frustración, pérdida de confianza y tensiones hacia el personal médico, que enfrenta sobrecarga laboral y episodios de violencia.
Principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo presentó un conjunto de propuestas para enfrentar la crisis del sistema de salud y garantizar el derecho efectivo a la atención.
- Reforma estructural: Promover una reforma a la salud consensuada que asegure equidad, sostenibilidad financiera y enfoque diferencial, fortaleciendo las capacidades locales.
- Coordinación interinstitucional: Crear un tablero nacional de seguimiento al suministro de medicamentos y servicios, así como mejorar la articulación entre las entidades del sector.
- Transparencia y rendición de cuentas: Establecer mecanismos de conciliación de deudas entre actores del sistema, como también fortalecer la vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
- Atención con enfoque territorial: Priorizar zonas rurales y poblaciones vulnerables e implementar un plan nacional para pacientes de alto costo y apoyo a cuidadores.
- Vigilancia y participación ciudadana: Reforzar los controles con participación de entidades de salud, órganos de control y veedurías.
- Fortalecimiento institucional y judicial: Mejorar la gestión administrativa y judicial para reducir la congestión por tutelas y agilizar los reembolsos a pacientes.
“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema, en su deber de garantizar el derecho a la salud y en su obligación de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría, cuyo rol es acercar a las partes para aliviar el sufrimiento que, sin ninguna duda, hoy padece la población colombiana”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
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Juego con tragos en discoteca de Cali acaba con la vida de mujer de 23 años
El caso de María José Ardila ha despertado preocupación y debate en redes sociales por los riesgos de los llamados “retos con trago” que se promueven en algunos establecimientos nocturnos.
Una noche que debía ser de diversión en una discoteca de Cali terminó en tragedia para María José Ardila, una joven de 23 años que hoy lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos (UCI).
Su caso ha despertado preocupación y debate en redes sociales por los riesgos de los llamados “retos con trago” que se promueven en algunos establecimientos nocturnos.
Esa situación derivó en una obstrucción de las vías respiratorias, un paro cardiorrespiratorio que se prolongó durante 17 minutos y, posteriormente, un edema cerebral que la mantiene en estado crítico.
¿Cuál era el reto con tragos?
El padre de la joven relató al mencionado medio que todo comenzó cuando María José aceptó participar en un reto propuesto dentro del establecimiento, el cual consistía en beber una serie de seis tragos en un tiempo determinado.
El desafío, según contó, estaba compuesto por seis rondas de licor:
Un “cucaracho” en 5 segundos.
Tres ‘shots’ (sin especificar el tipo de licor).
Una cerveza completa sin detenerse.
Tres ‘shots’ adicionales sin usar las manos.
13 segundos bebiendo aguardiente sin regar una sola gota.
Ocho ‘shots’ más, de diferentes tipos, consumidos con pitillo.
El Cucaracho es un trago ardiente y show de bar muy típico en Cali y en otras partes de Colombia, sobre todo en sitios de rumba popular o en bares con ambiente fiestero.
Aunque hay distintas versiones, la receta más conocida incluye:
Licor fuerte: suele usarse tequila, aguardiente o ron.
Licor de café o Kahlúa.
Unas gotas de licor de menta o triple sec (opcional).
Encendido con fuego justo antes de tomarlo.
Se sirve en un shot pequeño, generalmente caliente o flameado, de ahí su fama.
Cómo se toma
1. El bartender prende fuego al shot.
2. La persona lo bebe con un pitillo o directamente, mientras aún está encendido o recién apagado.
3. Se busca el efecto del calor y el sabor dulce-amargo del licor de café.
En Cali, pedir un “Cucaracho” es casi un rito de rumba, sobre todo en lugares tradicionales o entre grupos de amigos.
No es una bebida fina, sino más popular, divertida y potente, pensada para “animar la fiesta” y retar a los valientes.
Aunque es parte del show, nunca se debe beber mientras la llama está encendida directamente, porque puede causar quemaduras. Siempre debe apagarse antes de tomarlo.
El padre de María José dijo que su hija no alcanzó a terminar el reto completo, pues faltaron alrededor de tres o cinco tragos. En medio del desafío, alguien grabó un video en el que se escucha a la joven decir que uno de los tragos sabía “horrible”. Pocos segundos después, se desplomó.
De acuerdo con el testimonio de su familiar, luego de desmayarse, María José fue atendida dentro del lugar, pero su estado rápidamente se complicó y dejó de respirar.
“Al momento de desmayarse se le induce el vómito, ella bronco aspira, el vómito le llegó a los pulmones y queda más o menos 17 minutos sin respiración en una discoteca donde no tenían un paramédico. Cuando llego a la UCI me encuentro con que la han revivido tres veces”, aseguró el joven a TuBarco News.
Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre el caso, pero se espera que en los próximos días se investigue si el establecimiento donde ocurrieron los hechos tenía medidas de seguridad y control sobre el consumo de alcohol, especialmente en este tipo de “retos” o dinámicas con los clientes.
El caso de María José Ardila ha encendido las alarmas sobre una práctica cada vez más común en bares y discotecas: los retos con tragos o competencias de resistencia al alcohol.
Estos juegos, promovidos en ocasiones como parte de actividades de entretenimiento, pueden tener consecuencias graves para la salud, incluyendo intoxicaciones, pérdida de conciencia, broncoaspiración y, en casos extremos, la muerte.
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