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La reconstrucción de Providencia se hizo con madera extraída por el Clan del Golfo
Una investigación realizada por el diario El Espectador revela que la madera usada para la reconstrucción de Providencia, destruida por el paso del huracán Iota, fue extraída de manera ilegal por el Clan del Golfo en el 2021.
Madera deforestada de forma ilegal por una estructura ligada al Clan del Golfo, según investigadores de Policía, fue utilizada en un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (Ungrd) para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tras el devastador paso del huracán Iota, en noviembre 2020. El Espectador revela este caso, que deja al descubierto conexiones entre crimen organizado, delitos ambientales y contratación estatal.
El 28 de octubre de 2021, a las afueras de Montería, Córdoba, la Policía detuvo un camión rojo, doble troque, que trasportaba 1.002 listones de madera que iban para la base naval de Cartagena. La detención no fue aleatoria.
El vehículo había salido de Maderas el Amparo, una empresa que comercializaba madera en la capital del departamento y que, según la Policía y la Fiscalía, deforestó el Parque Nacional Natural Paramillo, entre 2016 y 2023. Un área protegida de conservación ambiental, entre Antioquia y Córdoba, de 460.000 hectáreas, que, por su ubicación geográfica clave, ha tenido fuerte presencia de grupos al margen de la ley. Según fuentes de inteligencia policial, es uno de los corazones operacionales del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, llamado también Clan del Golfo para las autoridades y que está al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, o Chiquito Malo.
Cuando los agentes de la Policía le pidieron al conductor del camión detenido información detallada sobre el cargamento, este aportó una factura de la mencionada empresa en la que figuraba un cliente que alertó aún más a los agentes: la Unrgd, encargada de atender y mitigar los desastres ambientales en el país como, por ejemplo, huracanes o inundaciones. Una entidad que se espera que actué rápido ante las calamidades y que, por lo mismo, tiene un régimen especial de contratación que, como hemos visto en los últimos meses, puede favorecer hechos corruptos o irregulares.
Por ejemplo, en este Gobierno, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de esta entidad, ya confesaron haber participado en un enorme entramado de corrupción, que habría beneficiado con coimas a contratistas, congresistas y altos funcionarios del Gobierno, entre otros, y el caso está bajo la lupa de la Fiscalía. Pero apenas ahora se están conociendo otros posibles capítulos opacos de la Ungrd, esta vez en el gobierno pasado, mientas estaba Eduardo José González Angulo como director de la unidad y hoy en juicio disciplinario por un contrato de $93.000 millones asignado, aparentemente de manera irregular, durante la pandemia del Covid-19.
Ruta al mar de la madera del Clan del Golfo
No era la primera vez que Maderas El Amparo movilizaba madera extraída ilegalmente, para la reconstrucción de San Andrés y Providencia. En los folios de esta investigación, a los que accedió este diario, hay documentos que indican las empresas que sirvieron de intermediarios y compradores de los listones de esta cuestionada comercializadora que terminaron en la reconstrucción de las casas de esta región insular.
La primera empresa que recibió esta madera fue Asglobal, representada legalmente por Víctor Marenco Betín, un empresario conocido en el mundo de la contratación en Córdoba y Sucre. De hecho, la compañía, en su página web, incluyó a la Ungrd como una de las entidades que “confía en sus servicios”. En diálogo con este diario, el mismo Marenco confirmó su relación comercial con Maderas el Amparo, a la cual le compró, según sus cálculos, cerca de 16.000 listones en 2021.
Además, Marenco señaló que, en ese entonces, la madera contaba con todos los papeles para ser comercializada y que no sabía que tenía un supuesto origen ilícito. “Era uno más de mis proveedores”, aseguró. Esa madera, de acuerdo con dos facturas a las que pudo acceder este diario, fue vendida a dos empresas. La primera de ellas, Inacon SAS, la firma con quien la Ungrd firmó en septiembre de 2021 uno de los contratos para reconstruir 22 viviendas en Providencia. En diálogo con este diario, el entonces representante legal de esta compañía, Juan Gabriel Portilla Colunge, también se desmarcó de cualquier relación con Maderas el Amparo y señaló que la obra fue finalizada con éxito en junio de 2022.
Además, desde la compañía advirtieron que, para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tuvieron un primer contrato en enero de 2021 para aportar dicha madera, que iba a ser usada para la primera fase de la reconstrucción de viviendas. Un contrato que, por tratarse de un asunto “urgente, era difícil rastrear” que los listones provenían de Maderas El Amparo. Luego, dice la misma compañía, la madera que usaron para el contrato que suscribieron con la Unrgd y Findeter en septiembre de 2021 para la reconstrucción habría sido adquirida en una ferretería de San Andrés.
La segunda empresa a la que Marenco betin le vendió madera (11.076 listones) fue Colgran SAS, representada legalmente por Yuliet Alexandra Álvarez. Una compañía que ya ha contratado con el Estado, pero para labores completamente diferentes. Han tenido contratos directos relacionados con la entrega de kits alimentarios para las Fuerzas Militares, la tercera edad y poblaciones vulnerables en Cundinamarca y Caldas. Incluso, durante la pandemia del Covid-19, la Ungrd suscribió un contrato por $1.800 millones con esta empresa para proveer alimentos a comunidades en la Sabana de Bogotá. El Espectador se intentó comunicar por varias vías con la compañía, pero al cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.
Este diario también buscó a Ariel Enrique Zambrano Meza, quien era el subdirector para el Manejo de Desastres de la Unrgd durante el gobierno de Iván Duque, y quien suscribió el contrato con Inacon relacionado con los listones de madera. Aunque respondió en un inicio a nuestros mensajes, después dejó de hacerlo. Zambrano Meza fue recientemente llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría por un posible incumplimiento en la prevención y manejo de la emergencia causada por el rompimiento del jarillón Caregato en la zona de La Mojana, Bolívar. El daño de esa infraestructura provocó inundaciones que causaron millonarias pérdidas materiales y afectaciones a la infraestructura local.
Las fuentes judiciales que investigan este caso admiten que, en general, para las empresas constructoras es “muy complicado” identificar si la madera que compran fue extraída legal o ilegalmente. “No suele importarles de dónde viene. Sobre todo si la madera comprada cumple con los salvoconductos de comercialización, los cuales son expedidos por las corporaciones autónomas de cada región (…) Pero allí hay focos de corrupción. También, el control de los bosques en donde se permite deforestar comprenden terrenos tan extensos que es casi imposible hacerles seguimiento. Más aún en el Paramillo, donde el Clan del Golfo tiene un gran control”, dice un investigador de delitos ambientales, que pidió la reserva de su nombre para no entorpecer los procesos que adelanta.
Por eso, por lo pronto, los empresarios que judicialmente están más enredados son los hermanos Ruby y Germán Villalba Luna, representantes legales de Maderas El Amparo. La Fiscalía tiene en su contra chats, interceptaciones de llamadas y movimientos de dinero que darían cuenta de su relación comercial con la red ilegal del Clan del Golfo que extraía madera ilegal del Nudo de Paramillo. Un informe del CTI de la Fiscalía calcula que, por este tráfico ilegal, los hermanos Villalba se lucraron con más de $6.000 millones entre 2016 y 2023. Además, calculan que, durante ese mismo lapso, la estructura ilegal deforestó 400 hectáreas del parque natural, un terreno que equivale, aproximadamente, a 200 canchas de fútbol.
El Espectador se contactó con Oriana Zumaqué, la abogada de los hermanos Villalba, quien aseguró que aportó a la Fiscalía los documentos que darían cuenta de su inocencia. También detalló que ellos contaban con todos los salvoconductos para comercializar la madera. “Mis clientes siempre han estado haciendo negocios dentro del marco legal y no tienen vínculos con grupos criminales”, manifestó la abogada a este diario. Sin embargo, la Fiscalía, que los capturó en junio de 2023, y posteriormente les imputó cargos, no tiene dudas sobre su teoría del caso y los llamará a juicio el próximo 30 de septiembre por los delitos de concierto para delinquir y explotación ilícita de recursos naturales ante un juzgado especializado en Montería.
De hecho, este diario pudo establecer que los hermanos Villalba ya habían sido capturados en octubre de 2021, junto a otras siete personas más, por deforestar el parque natural. El ente investigador señaló que, casi de inmediato, los dos solicitaron suscribir un acuerdo de principio de oportunidad en el que se comprometían a confesar y colaborar con la justicia a cambio de una rebaja de pena. “Por esa razón, se solicitó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge como víctima en el proceso y autoridad ambiental, de avalar el proyecto de reforestación propuesto por los procesados y su defensa”. Casi dos años después, en mayo de 2023, fueron recapturados por seguir deforestando ilegalmente.
El “Viejo” en Puerto Frasquillo
La génesis de este expediente ocurrió a principios de 2021, por cuenta de las labores encubiertas de dos agentes infiltrados de la Policía en el municipio de Tierralta, Córdoba, territorio que, durante las últimas tres décadas, ha sido controlado por grupos de corte paramilitar como el Clan del Golfo o las AUC. La labor de los uniformados se centró en Puerto Frasquillo, un muelle flotante, a 40 minutos del pueblo, a orillas del embalse artificial Urrá I. Se trata del principal punto de comercio fluvial de las poblaciones cercanas a esta represa, considerada una megaobra a la que, dicho sea de paso, se opuso el líder indígena Kimmy Pernía, quien fue asesinado en 2001 por los paramilitares de Carlos Castaño. Es decir, esta es una zona en la que estos grupos criminales tuvieron (y mantienen) una gran presencia y poderío sobre las poblaciones campesinas e indígenas.
La madera extraída ilegalmente del parque natural Paramillo también llega en embarcaciones a Puerto Frasquillo. De hecho, en labores de inteligencia, los agentes infiltrados lograron establecer que quien lideraba la red de deforestación era Robinsón Antonio Fernández Úsuga, un hombre conocido como el Viejo. “Por su estatus social y económico, no se mueve nada en el puerto sin su consentimiento”, dijeron. Además, identificaron que Fernández Úsuga, junto a otras tres personas, también se encargaba de ir hasta los puertos de Barranquilla y Cartagena para vender la madera que, en ocasiones, era exportada. “El Viejo tenía en Puerto Frasquillo una bomba de servicio, la cual usaba para proveer de gasolina a las embarcaciones y las motosierras”, detalló una fuente judicial.
Aunque un investigador policial le dijo a este diario que el Viejo es familiar en segundo grado de Dairo Antonio Úsuga, u Otoniel, líder del Clan del Golfo hasta que fue capturado y extraditado a Estados Unidos, este diario no pudo confirmar este vínculo. Lo que sí está claro es que no es la primera vez que Fernández Úsuga aparece en los archivos judiciales: en 2006 fue condenado por narcotráfico y quedó libre seis años después. Además, la Fiscalía sostuvo durante las audiencias que, desde 2015, este habría vuelto al crimen, cuando las autoridades lo identificaron como promotor de la deforestación en el Nudo de Paramillo. Incluso, en 2017, la justicia le abrió otro proceso por este delito. Fernández Úsuga nunca ha aceptado cargos y, al igual que los hermanos Villalba Luna, será acusado el próximo 30 de septiembre.
La ruta desde el Nudo hasta al archipiélago
El primer eslabón de la red de deforestación del Nudo de Paramillo son quienes cortan los árboles para sacar los bastones de madera que se venden después. Ellos son, en su gran mayoría, indígenas que integran alguno de los 14 asentamientos indígenas que hacen presencia en el parque natural. La madera se embarca en los ríos Sinú, Verde y Esmeralda, hasta Puerto Frasquillo en la represa de Urrá.
De acuerdo con la Fiscalía, esta población es “instrumentalizada” por la gente del Viejo para extraer el recurso natural. Incluso, dentro de los capturados están dos líderes indígenas de la comunidad que, advierte el ente investigador, fungían como intermediarios entre los integrantes del resguardo que deforestaban y la estructura de Fernández Úsuga. El que más habría sacado usufructo de estos hechos, según la Fiscalía, sería Efraín Chamarra Panesso, quien habría recibido $237 millones entre 2016 y 2023.
Los listones de madera son embarcados en tractomulas que emprenden un viaje de cerca de dos horas desde Tierralta hasta Montería (Córdoba), donde son aserrados en comercializadoras como Maderas el Amparo, de acuerdo con las especificaciones solicitadas por los clientes. En el caso de la reconstrucción de Providencia se necesitaban listones entre los dos y seis metros de largo, con un grosor que entre los dos y los ocho centímetros.
La Policía logró documentar, a través de un seguimiento con cámara dron, que después de salir de Montería, los camiones siguen una ruta de cerca de cinco horas hasta llegar a Cartagena, en la que pasan por municipios como Cereté, Coveñas, Tolú, San Onofre y Turbaco. Al llegar al puerto militar de la capital bolivarense, la madera cruzaba en barcos de la Armada cerca de 720 kilómetros hasta San Andrés, en un viaje que duraba, aproximadamente, tres días.
Allí, según los documentos de esta investigación, el delegado de la Ungrd en el archipiélago, Walden Downs, era el encargado de coordinar la llegada de los listones de madera a la isla. Este diario lo intentó contactar, vía correo y telefónicamente, para conocer su versión de estos hechos, pero nunca respondió.
Lo más grave de esta trama es que para la reconstrucción de San Andrés se utilizaron especies de árboles nativos “vulnerables” o “bajo especial protección”. Entre ellas están el Brasilete, Cedro, Abarco, Almendro, Algarrobo y Masabalo, según las autoridades. “Este es un crimen contra la humanidad, contra la casa común que es el planeta tierra. Esta tala ilegal atenta contra el acceso al aire y el agua; la vida humana (…) Son hechos que rompen con el equilibrio de los ecosistemas y que son aún más graves en un contexto de cambio climático”, expresó la fiscal del caso durante una audiencia.
El alarmante llamado de la Fiscalía tiene eco en las preocupantes cifras de deforestación en esta área protegida. De acuerdo con cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre 2015 y 2022, en el parque natural Paramillo se deforestaron unas 8.400 hectáreas de bosque. Es decir, aproximadamente 16.800 canchas de fútbol. Un panorama igual de complejo plantea Parques Nacionales. Solo en 2021, se perdieron 727 hectáreas de bosque en esta área protegida. En 2022, la cifra alcanzó un récord con 1.200 hectáreas deforestadas y, en 2023, se redujo a 269 hectáreas. “Pese a la disminución en la pérdida de bosque, esta área protegida sigue figurando como una de las más amenazadas por la deforestación en el país”, señaló un reciente informe de esta entidad gubernamental.
El rastro del caso carrotanques
El Espectador también conoció las facturas de otras ocho empresas que, además de Colgran e Inacon, aportaron madera para la reconstrucción. Esas facturas, aunque no dan indicios de que los listones tenga un origen ilícito, sí evidencian que en esos contratos participó una de las personas involucradas en el escándalo de la Ungrd de los carrotanques en La Guajira. Se trata de Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de Luis Eduardo López Rocero, conocido como el Pastuso. Según la Fiscalía, una de sus empresas, Brand SAS, participó en los sobrecostos injustificados de la compra de 80 carrotanques para combatir el desabastecimiento de agua durante el fenómeno de El Niño en La Guajira. Un escándalo que destapó el entramado de corrupción en decenas de contratos de la Ungrd, que después confesó Olmedo López y Sneider Pinilla.
Una de esas empresas, Brand SAS, aportó 1.052 listones de madera, para la reconstrucción de Providencia y otros insumos para la reconstrucción, como puntillas, tornillos, martillos, chazos y ganchos, en un contrato de $555 millones. Aunque la Fiscalía ya le imputó cargos a López Rocero, Brand Pantoja no ha sido vinculada al proceso formal. Sin embargo, fuentes del caso le contaron a este diario que ella sí está en la mira del ente investigador, pues Sandra Liliana Brand era la representante legal de Brand en el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Incluso, su nombre apareció durante la imputación de cargos contra su esposo, ocurrida el pasado 7 de agosto.
Capturas pendientes
En junio de 2023, durante las audiencias del caso contra el Viejo, surgió la identificación del “hombre del maletín”. Una persona que, según las labores de Policía en Puerto Frasquillo, estaba encargada de pagar “la nómina de los paracos” y era “cercano al Viejo”. La fiscal del caso relató ante el juez que estuvieron a punto de capturarlo y que tampoco ha sido posible identificarlo. “El hombre partía desde Frasquillo, río arriba, hasta el parque natural a pagar a los miembros de la red de deforestación, cuando intentamos agarrarlo, la información se filtró y no volvió a aparecer”, aseguró una fuente del caso.
Tanto la Fiscalía como la Policía tienen claro que en estas redes de deforestación hay dos boquetes pendientes por cerrar. El primero, los funcionarios de las corporaciones autónomas regionales que expiden documentación falsa, que permite que organizaciones criminales, como la que lideraba el Viejo, pase de agache para las autoridades. “Encontramos en estas redes salvoconductos de extracción de madera que no correspondían a la zona de donde fue sacada. Además, tenemos pendiente la captura de policías que le recibieron sobornos al Viejo en Tierralta para permitir el paso de la madera. Si bien las últimas cifras señalan que la deforestación en Colombia se redujo en un 29% durante 2023, para nosotros es importante continuar con esa tendencia a la baja”, concluyó la fuente judicial.
Aunque la madera ilegal extraída por la red de alias el Viejo llegó a tiempo a Providencia y la obra adelantada por Inacon fue ejecutada sin aparentes contratiempos, distintas entidades del Estado colombiano han mostrado públicamente su descontento sobre las viviendas reconstruidas en este territorio insular. Por ejemplo, la Corte Constitucional señaló en 2022 que se violaron los derechos de las comunidades insulares, ya que en ningún momento fueron consultadas para determinar cómo iban a ser reconstruidas sus viviendas.
En un segundo reportaje, El Espectador revelará detalles sobre Inacon, la empresa que terminó usando la madera ilegal para reconstruir estas casas. Además de estar a cargo de otros proyectos con dinero público en San Andrés, este diario encontró cómo a la sombra estaría operando un conocido empresario procesado penalmente por su participación en el escándalo de corrupción más importante de los últimos años en Colombia y Latinoamérica: el caso de los sobornos de la multinacional Odebrecht.
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DANE entrega datos de reducción del nivel de nacimientos durante el 2024 en Colombia
De acuerdo con Piedad Urdinola, directora General del Dane, estas cifras “representan una caída histórica en los nacimientos, desde que esta entidad lleva las estadísticas vitales”.
El año pasado en Colombia nacieron 445.011 bebés, lo que representa una reducción de 13,7 % de la natalidad frente a 2023, la más alta en la última década, y 32,7 % frente a 2015, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Según el documento ‘Estadísticas Vitales 2024’, la edad media de la fecundidad en 2024 (cifra preliminar) fue de 27,1 años, mientras que la edad media al primer hijo se situó en 24,4 años, lo que evidencia una postergación en la maternidad.
Además, las madres de 35 años de edad y más tuvieron una participación de 10,4 % en 2015 y aumentaron a 12,7 % en 2024, con una mayor proporción de nacimientos con bajo peso y prematuros en este grupo etario.
De acuerdo con Piedad Urdinola, directora General del Dane, estas cifras “representan una caída histórica en los nacimientos, desde que esta entidad lleva las estadísticas vitales”.
Agregó la funcionaria que, si bien este fenómeno, que se conoce como proceso de transición demográfica, comenzó en los años 70 de manera lenta, después de 2015 se aceleró. “La inestabilidad económica es una de las principales razones por las cuales las familias aplazan el nacimiento de sus hijos”, agregó.
El estudio añade que la tasa general de fecundidad, que mide el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años, se ubicó en 32 % en 2024, es decir, una disminución de 21,3 nacidos vivos respecto al 2015.
Por grupos de edad quinquenales, la fecundidad por cada 1.000 mujeres registró la mayor reducción en las adolescentes de 15 a 19 años, con una caída del 51,1 % en el número de nacimientos, lo que representa 33,8 nacimientos menos en 2024 frente a 2015. La tasa de fecundidad más alta para este grupo etario se dio en La Guajira, con 65,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres.
En niñas de 10 a 14 años, la tasa de fecundidad más alta se registró en Guainía, con 4,6 nacimientos por cada 1.000 niñas, seguida de Vichada (4,2) y Caquetá (3,9).
Bogotá es la ciudad con la edad media de fecundidad más alta del país: 28,3 años en 2024, mientras que Magdalena presenta la más baja con 26 años.
El estudio del Dane asegura, además, que los nacimientos en mujeres de 35 años y más representaron 12,7 % del total, es decir, 2,3 puntos porcentuales de aumento en la última década.
Sobre este tema, la directora del Dane explicó que este grupo etario tendrá la mayor carga de natalidad en los próximos años.
Así mismo, en la última década se ha reducido el 17,3 % el volumen de nacimientos en mujeres de edad materna avanzada, mientras que para el grupo de mujeres de 20 a 34 años ha sido del 28,6 %.
Factores educativos también han incidido en la postergación de la maternidad. Mientras 31,7 % de las madres mayores de 35 años en 2024 tenían nivel profesional de formación y postgrado, en el grupo de 20 a 34 años ese porcentaje legó apenas a 16 %.
Defunciones
De otro lado, el Dane reveló que en 2024 se registraron 273.772 defunciones no fetales, con una tasa de mortalidad de 5,2 defunciones por cada 1.000 habitantes. Esto es, un aumento de 2 % respecto de 2023.
Las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de función con 17 %, seguidas por las enfermedades cerebrovasculares (6,2 %), enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (6,1 %) y los homicidios (5,1 %).
Dice el estudio que la mortalidad masculina sigue siendo superior, con una tasa de 5,8 defunciones por cada 1.000 hombres, que representan 1,2 puntos porcentuales mayor a la de las mujeres con 4,6 defunciones por cada 1.000 mujeres.
La mortalidad en menores de 0 a 5 años bajó de 1,9 por cada 1.000 habitantes en años anteriores, a 1,4 defunciones por cada 1.000 habitantes en 2023.
Y entre los adultos mayores (más de 60 años) la tasa de defunción bajó de 27,4 en 2015 a 25,4 en 2024 por cada 1.000 habitantes. También se redujo la tasa de mortalidad en el grupo de 45 a 59 años, al pasar 3,6 por 1.000 habitantes a 3,4 en el mismo período.
Por sexos, las agresiones fueron la segunda causa de muerte en hombres (8,7 %), y en las mujeres fue la Diabetes mellitus (3,6 %).
En 2024, la mortalidad materna en mujeres de 35 años y más fue de 82,8 por cada 100.000 nacidos vivos, más del doble que en mujeres de 20 a 34 años donde fue de 37 defunciones por cada 100.000 nacimientos.
Se registró también aumentos en las defunciones de madres con edad avanzada por embarazo ectópico (7 %) y aborto no especificado (4 %) entre 2015 y 2024.
Así mismo, una de las diez principales causas de muerte en madres de 20 a 34 años fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias que aumentaron de 3,6 % en 2015 a 8,4 % en 2024pr.
La mortalidad perinatal y neonatal precoz (dentro de los primeros siete días de vida), en 2024 fue más alta en madres mayores de 35 años (16,9 %), frente a las de 20 a 34 años (12,4 %) durante el 2024.
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Anora fue la gran ganadora en los premios de la Academia
En la entrega de los Oscar se destacan los seis galardones ganados por Anora, el premio otorgado a mejor actriz de reparto a la actriz dominicana Zoé Saldaña y el de mejor actriz principal a Mikey Madison.
La noche de los Óscar comenzó sin sorpresas y con bastantes alegrías en una gala llena de “primeras veces”.
El primer premio de la noche fue para Kieran Culkin quien recibió su estatuilla como Mejor actor de reparto por su papel en Un dolor real –un premio que para muchos era fijo– y que el actor nunca había ganado.
Acto seguido Flow se convirtió en la Mejor película animada, por encima de grandes nombres como Intensamente 2 o The Wild Robot, siendo una cinta animada independiente de Letonia, dirigida por Gints Zilbalodis quien recalcó que era la primera vez que su país ganaba un Óscar.
Y había más, Paul Tazewell, el diseñador de Wicked recibió el premio como Mejor diseño de vestuario y en su discurso confirmó que era el primer diseñador “negro” que ganaba una estatuilla.
Y la lista de primeras veces sigue. Zoe Saldaña, quien recibió el Óscar como Mejor actriz de reparto por Emilia Pérez también recordó que: “Soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar en un Premio de la Academia, y sé que no seré la última”.
También fue el primer Óscar de Brasil por la película Aún estoy aquí que participaba como Mejor película internacional. El país vecino celebró con euforia esa primera estatuilla de la mano de su director Walter Salles.
Quienes también celebraron ese premio fueros los mexicanos, ya que Emilia Pérez, no lo consiguió. Recordemos que la película del francés Jacques Audiard llegaba como la más nominada de la noche aspirando a 13 estatuilas y al final solo se llevó dos: el de Zoe Saldaña y el de Mejor canción por El mal.
La gran sorpresa, perdió Demi Moore
Demi Moore llegó a la gala de los Óscar vestida de plateado, con un traje de Armaní Privé. Había sido nominada por su protagónico en La sustancia, y en la tempoarada de premios lo había ganado todo (o bueno, casi todo).
Moore conseguió el primer Globo de Oro, Critic Choice y SAG (Sindicato de actores) de su carrera. Sus discursos al recibir estos galardones fueron exaltados al reivindicar la carrera de una mujer como ella, de 62 años, quien durante mucho tiempo fue descalificada como una “actriz de crispetas” y que nunca “había ganado nada como intérprete”.
Muchos esperaban que subiera a reclamar su tan esquivo Óscar y diera un gran discurso, pero no. La ganadora como Mejor actriz fue Mike Madison, la californiana protagonista de Anora.
Anora, la gran ganadora de la noche
Fueron cinco los premios que se llevó Anora, la cinta independiente dirigida, escrita y producida por el cineasta Sean Baker: Mejor guion original, Mejor edición, Mejor director, Mejor actriz (para Mike Madison) y Mejor película.
Anora es la tragicomedia sobre una estríper en Nueva York que vive un tórrido romance con un joven heredero ruso.
Baker, quien subió varias veces a recibir los galardones, dedicó uno de sus varios discursos a ensalzar las salas de cine, que han vivido un declive en los últimos años, en parte debido a la pandemia y a la llegada del streaming, y a abogar por mantener la producción para la gran pantalla.
“Todos estamos aquí esta noche y viendo esta transmisión porque amamos las películas”, dijo Baker. “¿Dónde nos enamoramos de las películas? En las salas de cine”, dijo Baker.
Príncipes reales. Anora, por Sean Baker
El realizador estadounidense, que esta noche se cubrió de gloria también agradeció a las trabajadores sexuales, protagonistas constantes de sus producciones. “Ellas compartieron sus historias, su experiencia de vida conmigo durante años. Mi más profundo respeto. ¡Gracias!”.
Cónclave, el drama papal que retrata las intrigas en el Vaticano durante la elección de un nuevo pontífice y que llegaba también como favorita contra Anora, se fue apenas con la estatuilla a mejor guión adaptado, que cayó en las manos del británico Peter Straughan.
Lista completa de ganadores de los Óscar 2025
Mejor película: Anora
Mejor director: Sean Baker, Anora
Mejor actor: Adrien Brody, El Brutalista
Mejor actriz: Mikey Madison, Anora
Mejor actor de reparto: Kieran Culkin, Un dolor real
Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, Emilia Pérez
Mejor película internacional: Aún estoy aquí (Brasil)
Mejor película animada: Flow
Mejor guion original: Sean Baker, Anora
Mejor guion adaptado: Peter Straughan, Cónclave
Mejor documental: No Other Land
Mejor documental corto: The Only Girl in the Orchestra
Mejor edición: Sean Baker, Anora
Mejor vestuario: Paul Tazewell, Wicked
Mejor diseño de producción: Wicked
Mejor maquillaje: La sustancia
Mejor canción original: El Mal (Emilia Pérez)
Mejor banda sonora: Daniel Blumberg, El brutalista
Mejor corto animado: In the Shadow of the Cypress
Mejor sonido: Duna, parte 2
Mejores efectos visuales: Duna, parte 2
Mejor fotografía: El brutalista
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Incertidumbre por eliminación de subsidio de tasa de interés a deudores con el ICETEX
En una comunicación oficial, el Icetex argumentó que, a pesar de la eliminación del subsidio, sus tasas siguen siendo más bajas que las del mercado financiero tradicional, donde los créditos educativos pueden llegar al 24%.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la eliminación del subsidio a la tasa de interés para los estudiantes en periodo de pago.
La medida, justificada por la “compleja situación fiscal” del país, implica que los beneficiarios ahora enfrentarán tasas de interés de entre el 12,2% y el 17,2% efectivo anual (EA), lo que aumentará el valor de sus cuotas mensuales.
Cabe destacar que las cuotas varían para cada estudiante, por lo que en algunos casos el ajuste representa un incremento más considerable.
En una comunicación oficial, el Icetex argumentó que, a pesar de la eliminación del subsidio, sus tasas siguen siendo más bajas que las del mercado financiero tradicional, donde los créditos educativos pueden llegar al 24%.
“El país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando, por esto, los beneficiarios de financiación educativa van que están en periodo de pago no tendrán subsidio a la tasa de interés”, señala la carta que ha enviado la entidad por correo electrónico a los estudiantes.
No obstante, la decisión ha generado malestar entre los estudiantes y sus familias, quienes ven incrementada su carga financiera en un momento económico desafiante.
A la preocupación por el aumento de las cuotas se suma la suspensión de nuevas convocatorias para créditos en 2025.
La presidenta encargada del Icetex, Patricia Abadía, explicó que la falta de recursos impide la apertura de nuevos cupos: “De no contar con la totalidad de los recursos para apalancar la política de subsidio, no es posible que el Icetex lleve a cabo una apertura de convocatoria”.
El panorama educativo es complejo. El presidente Gustavo Petro ha reconocido que su administración no ha logrado cumplir sus promesas de mejora en el sector y ha criticado la gestión del Ministerio de Educación.
La Contraloría General de la República también ha advertido sobre la posible desfinanciación del Icetex para 2025, lo que podría afectar a miles de estudiantes.
Recortes en educación: los efectos del ajuste presupuestario del Gobierno Petro
A pesar de contar con el presupuesto de educación más alto de la historia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado una serie de recortes que han afectado a miles de estudiantes en Colombia.
En el 2023, los recursos alcanzaron los $3,72 billones; para el 2024, sumaron $3,68 billones; y en el 2025, las partidas registradas llegaron a los $3 billones; para un total, en estos tres años de gobierno, de $10,4 billones.
Vea aquí: Al presupuesto del 2025 le tienen que recortar $75 billones, revelan analistas: el golpe será más fuerte de lo que esperaban
Según Germán Machado R., profesor de Economía de la Universidad de los Andes, las medidas han impactado directamente la financiación de la educación superior y el acceso a oportunidades académicas. Entre los ajustes más significativos, se destacan:
1. Reducción del 8% en la inversión en educación, lo que afecta programas clave de formación.
2. Disminución del 19% en los recursos destinados a la gratuidad en universidades públicas, limitando el acceso de estudiantes de bajos ingresos.
3. Recorte de cupos en Icetex, restringiendo las opciones de financiamiento para educación superior.
4. Eliminación del subsidio a la tasa de interés para estudiantes de bajos recursos, lo que incrementa el costo de los créditos educativos.
La decisión ha provocado indignación entre los estudiantes, quienes han manifestado su descontento en redes sociales y alertan que las cuotas serán impagables para muchos.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza criticó la medida y advirtió que los estratos medios y bajos serán los más afectados: “El gobierno que prometió condonar los créditos del Icetex le está subiendo los intereses a la gente. La mayoría de estudiantes son estratos 1, 2 y 3. Hay cuotas que crecen 22,4%”.
Aunque Icetex no ha revelado el impacto en las cuotas tras el retiro del subsidio, algunas otras entidades ya anunciaron ayudas para que los estudiantes encuentren mecanismos de financiación.
Alternativas de alivio y ayudas regionales
Para mitigar el impacto en los deudores actuales, el Icetex ha lanzado la “Jornada de Soluciones”, dirigida a 68.000 beneficiarios con mora superior a 30 días.
A través de esta iniciativa, se ofrecen acuerdos de pago y condonaciones de hasta el 100% en intereses vencidos y moratorios. Sin embargo, estas medidas no resuelven la problemática de los nuevos aspirantes a créditos educativos.
En respuesta a la crisis, algunas entidades locales han anunciado iniciativas de apoyo. El director de la Agencia Distrital de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Atenea, informó que desde el próximo semestre se abrirán cupos en el Fondo Fest y se otorgarán becas a través del programa Jóvenes a la E.
El futuro del financiamiento educativo en Colombia es incierto. La eliminación del subsidio a la tasa de interés y la suspensión de nuevas convocatorias han generado preocupación en universidades y organizaciones estudiantiles, que instan al gobierno a tomar medidas para garantizar el acceso a la educación superior.
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