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Dimar y Gobernación de San Andrés trazan hoja de ruta para fortalecer la seguridad

Durante la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Dirección General Marítima (Dimar) en Bogotá, las autoridades también abordaron la problemática de naufragios y embarcaciones abandonadas.

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Photo: Armada Nacional

En un encuentro clave para el futuro marítimo y turístico del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Director General Marítimo, Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo; el Gobernador del Archipiélago, Nicolás Gallardo Vásquez, y el Comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, Contralmirante Alonso Córdoba García, definieron acciones concretas para modernizar la señalización náutica, regular el uso de muelles y embarcaderos y organizar las playas de la región.

Durante la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Dirección General Marítima (Dimar) en Bogotá, las autoridades también abordaron la problemática de naufragios y embarcaciones abandonadas, con el objetivo de garantizar la seguridad marítima y la protección del ecosistema.

Este esfuerzo interinstitucional busca fortalecer el turismo en el Archipiélago para que sea seguro, competitivo y ambientalmente sostenible.

En la jornada también participaron el Capitán de Puerto, Capitán de Corbeta Manuel Sánchez, y asesores de la Dimar, quienes establecieron compromisos puntuales para avanzar en la implementación de esta estrategia.

La Gobernación del Archipiélago, la Dirección General Marítima y la Armada de Colombia ratificaron su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con otras autoridades, gremios, el sector turístico y la comunidad raizal, con el propósito de consolidar un desarrollo marítimo ordenado y sostenible en la región.

La Dirección General Marítima, continúa promoviendo el crecimiento responsable de la actividad marítima, contribuyendo al bienestar de las comunidades costeras y a la protección del medio marino.

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Presidente Abelardo De La Espriella anuncia procesos por señales satelitales en cárceles

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

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En un comunicado público, el presidente Abelardo De La Espriella conminó al Ministerio de las TIC y al Inpec a implementar cuanto antes, de la mano de empresas operadoras de internet 4G, 5G y satelital, las medidas necesarias para impedir el acceso a internet y a las redes móviles desde las cárceles del país.

Dicho acceso a internet de alta velocidad y a redes de telefonía celular al interior de las prisiones colombianas, documentado en recientes operativos sorpresa, motivó la apertura formal de procesos sancionatorios contra las principales empresas de telecomunicaciones que operan en el territorio nacional.

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

El Gobierno busca evitar que las redes de comunicación sean utilizadas para coordinar extorsiones desde las prisiones.

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

A través de un comunicado de prensa divulgado el 21 de noviembre de 2026, la Presidencia de la República informó que el MinTIC formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S. y cuatro grandes proveedores de telefonía móvil:

Comunicación Celular S.A. (Comcel).

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Partners Telecom Colombia S.A.S.

Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo).

¿Incumplieron los operadores por no bloquear señales de celular en cárceles?

El objetivo de estas actuaciones administrativas es establecer si las compañías incumplieron el deber legal de atenuar, restringir o eliminar las señales de transmisión, recepción y control dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Hallazgos tecnológicos en La Picota y otras tres cárceles

El detonante de las investigaciones ocurrió durante intervenciones recientes realizadas en la cárcel La Picota, en Bogotá. En ese centro penitenciario, las autoridades incautaron un arsenal tecnológico compuesto por 3.754 tarjetas SIM, 582 teléfonos celulares, 38 módems y seis antenas de conexión satelital Starlink, además de otros elementos electrónicos.

Tras ese operativo inicial en la capital del país, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC ejecutó verificaciones técnicas en otras regiones.

Los análisis confirmaron la existencia de redes wifi activas provistas por Starlink en cuatro establecimientos carcelarios:

Las Heliconias, ubicada en Florencia (Caquetá).

Bellavista, situada en el municipio de Bello (Antioquia).

La Picota, en Bogotá.

La cárcel de Acacías, en el departamento del Meta.

Con base en estas pruebas técnicas, la cartera de las TIC busca determinar si Starlink adoptó las medidas exigibles por la normativa vigente para impedir que su red satelital facilitara conexiones ilícitas desde los centros de reclusión.

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Gobierno retiene proyecto de decreto para efectuar corridas de toros en varias ciudades

Según explicó el Ejecutivo, el texto se publicó antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales. Por esta razón, fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite.

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El Gobierno Nacional se pronunció sobre el borrador de decreto relacionado con los espectáculos taurinos que había sido publicado para recibir comentarios de la ciudadanía. En un comunicado, la Presidencia aclaró que el documento no corresponde a una decisión oficial ni a una instrucción del presidente Abelardo De La Espriella.

Según explicó el Ejecutivo, el texto se publicó antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales. Por esta razón, fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite. «El documento fue publicado de manera prematura», señaló la Casa de Nariño.

La propuesta había generado cuestionamientos porque contemplaba modificar algunas de las reglas que regulan los espectáculos taurinos durante el periodo previo a la prohibición definitiva. Entre los cambios estaban el uso de varas, banderillas y estoques, además de las condiciones para el ingreso de menores de edad.

Frente a los cuestionamientos, la Presidencia reiteró que el bienestar de los animales es uno de sus compromisos y defendió la necesidad de prevenir el maltrato. En ese sentido, el comunicado señaló: «El respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales».

Finalmente, el Gobierno Nacional aclaró que el retiro del borrador no significa que exista una intención de reactivar estos espectáculos. «No existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros», indicó la Presidencia, que reiteró su compromiso con la protección animal en Colombia.

La Ley 2385 de 2024, conocida popularmente como la Ley «No Más Olé», prohíbe en todo el territorio de Colombia las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas, las tientas, además de las corralejas, peleas de gallos y el coleo.

Puntos clave de la medida

• Fecha de prohibición definitiva: La ley estableció un periodo de transición de tres años, por lo que la prohibición total y absoluta entrará en vigor el 22 de julio de 2027.

• Ratificación constitucional: La Corte Constitucional de Colombia avaló la ley y ratificó su constitucionalidad mediante sentencias recientes (como la C-374 de 2025 y la C-312 de 2026), determinando que la protección de los animales como seres sintientes priman sobre el ejercicio de estas actividades.

• Período de transición y reconversión: Durante los años previos a 2027, la ley contempla planes de reconversión económica y laboral para las familias y comunidades que dependían económicamente de la tauromaquia, así como la transformación de las plazas de toros en espacios culturales, deportivos y artísticos.

• Polémicas recientes: Se han presentado debates por borradores normativos (como el polémico proyecto administrativo retirado recientemente por el gobierno), pero las autoridades y la Corte han reafirmado que el cronograma de prohibición para julio de 2027 sigue en pie.

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La congresista Luz Verónica Estrada en problemas por falsificación de diplomas

La colectividad también anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional se reunirá el próximo lunes 23 de noviembre para estudiar las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante antioqueña.

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La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada enfrenta una nueva presión política. El Pacto Histórico le solicitó renunciar a su curul, en medio del escándalo por los presuntos títulos académicos falsos que habría presentado para acreditar su formación como bachiller e ingeniera de Minas y Metalurgia.

La decisión se suma a las denuncias penales y a la investigación disciplinaria que enfrenta. En un comunicado, la Coordinación Nacional Provisional del movimiento aseguró que la congresista debe dar un paso al costado “ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente”, para que pueda asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes.

La colectividad también anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional se reunirá el próximo lunes 23 de noviembre para estudiar las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante antioqueña.

La petición llegó después de que varios integrantes del propio Pacto Histórico cuestionaran la permanencia de Estrada en el Congreso.

El representante Agmeth Escaf fue uno de los primeros en pedirle públicamente que renunciara. “Verónica, lastimosamente tienes que renunciar”, manifestó. El senador Iván Cepeda también se refirió al escándalo y sostuvo que “personas que le mientan al país tienen que asumir las consecuencias”.

El congresista agregó que la colectividad estaba evaluando internamente las medidas que correspondían frente a la situación. Desde otro partido, la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) presentó denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por la presunta falsedad documental.

También pidió que se investigue el contrato que Estrada obtuvo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante 2025.

El escándalo también revivió entrevistas que la representante concedió antes de que se conocieran las denuncias. En una conversación con el Canal del Congreso, Estrada habló de su materia favorita en el colegio: “La verdad, la matemática, fuerte, pero me gusta y siempre me ha gustado”.

En esa conversación recordó a su primera profesora de preescolar “con los primeros pasos de educación, y eso es muy bonito”. Sobre su gusto por la matemática, agregó que “valió la pena, yo creo, cada esfuerzo, y valió la pena que esos profesores siempre nos enseñaran, nos regañaran y, bueno, de todo se aprende”.

Contó que después de supuestamente terminar el bachillerato en 2017 se trasladó a Marmato, Caldas, para comenzar a trabajar en minería. Dijo que su primera labor consistía en contar los coches utilizados para sacar el mineral de las minas y que permaneció cuatro años en esa actividad.

Sin embargo, la versión sobre la fecha de graduación contrasta con los registros del colegio de Caramanta, que indican que no había terminado la educación media.

Y otra “perla”: la congresista aparece como coautora del proyecto de ley que busca facilitar la consulta pública de títulos académicos para prevenir irregularidades en la acreditación de estudios.

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