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Minsalud cambia ruta de $15.7 billones de pesos y no da justificación alguna

A mediados de este mes, la senadora Norma Hurtado llamó la atención sobre el traslado de $14 billones del presupuesto del Ministerio de Salud “a otros fines”, “mientras los colombianos están sin citas, cirugías, tratamientos y medicamentos” y que “en 2026 lo vuelven a hacer”.

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Si hay algo por lo que el presidente Gustavo Petro saca pecho en materia de salud son los equipos básicos de salud (EBS) y la inversión en infraestructura hospitalaria pública en el país. Ambos caminos hacen parte de la perspectiva de su Gobierno sobre mudar el sistema actual —que califica de centrarse en curar la enfermedad— por uno en el que su énfasis sea la prevención y la promoción.

Por eso es que, cada que puede, se ufana de que la inversión de su Gobierno en la red pública hospitalaria ha sido la más alta en comparación con sus antecesores. Y aunque las cifras apuntan a que es así, lo cierto es que no se conoce hasta ahora cuál ha sido y será el impacto de esa financiación mientras el sistema de salud vive una crisis sin precedentes por la falta, precisamente, de recursos suficientes.

A mediados de este mes, la senadora Norma Hurtado llamó la atención sobre el traslado de $14 billones del presupuesto del Ministerio de Salud “a otros fines”, “mientras los colombianos están sin citas, cirugías, tratamientos y medicamentos” y que “en 2026 lo vuelven a hacer”.

Ese traslado que menciona la congresista se fue al apoyo a programas de desarrollo de la salud–Ley 100 de 1993. EL COLOMBIANO consultó los documentos de la ejecución presupuestal del Minsalud y encontró que, efectivamente, para ese ítem se destinarán $4,4 billones en 2026. Esos programas de desarrollo han estado presentes en el presupuesto del ministerio desde la vigencia de la Ley 100 (que estructuró el modelo de salud actual) y tienen el objetivo de impulsar su implementación a lo largo del tiempo.

Para esto, esa entidad expide resoluciones para establecer los criterios con que se asignan recursos del presupuesto general de la Nación. Tras la revisión que hizo este diario de los documentos de ejecución presupuestal de esa cartera encontró que no son $14 billones, sino $16,7 billones los que en el Gobierno Petro se han destinado a ese rubro. Esa cifra corresponde a $272.796 millones de 2022 (agosto a septiembre), $226.031 millones de 2023, $3,6 billones de 2024 y $12,6 billones de 2025.

Históricamente, lo que se destinaba a eso era una cifra baja, pero en el actual Gobierno se dio una inversión inédita. Tanto así, que incrementó en un 1.501 % en comparación con el periodo de Iván Duque. En ese Gobierno se invirtieron $292.603 millones en 2018 (agosto a diciembre), $386.095 millones en 2019, $6.002 millones en 2020, $360.459 millones en 2021 y $513.952 millones en 2022 (enero a julio). Lo que da un total de $1,04 billones y lo que indica que en la Administración actual lo destinado a esto incrementó en $15,7 billones. Esa cifra que se repite contando solo los años completos de ambos periodos (ver gráfico).

¿En qué han usado esa plata?

EL COLOMBIANO le preguntó al Ministerio de Salud a qué se ha destinado ese presupuesto, pero no contestó. Sin embargo, varios expertos consultados coinciden en que esa bolsa se utiliza para pagar proyectos de promoción y prevención e infraestructura hospitalaria pública. Como lo explicó el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, “la apuesta del Gobierno es ir expandiendo la red pública para equiparar la red privada y remplazarla.

Actualmente la primera representa el 20 % de la oferta en el país y la segunda, el 80 %, por lo que igualarla es complicado”. “Ellos no creen en el aseguramiento (modelo actual basado en el subsidio a la demanda), sino en el subsidio a la oferta. Creen que lo que debe haber es más red pública financiada con oferta y que esa sea la que atienda mayoritariamente a la población de los territorios”, agregó.

Por su parte, la senadora Hurtado añadió sobre el cambio de inversión mencionado que “es un rubro que históricamente había tenido presupuestos muy bajos, pero que ahora se ha convertido en uno muy significativo, porque es el rubro a través del cual él respalda los equipos extramurales o los equipos de atención básica, respalda la compra de ambulancias y algunos temas de infraestructura” (leer entrevista completa).

“Lo que han hecho es meter los EBS y la infraestructura en esa bolsa. Pueden hacerlo así, pero nunca había sido tanta inversión, normalmente era para campañas pequeñas porque la mayor cantidad se va para el aseguramiento”, aseguró por su parte el investigador Johnattan García. Son precisamente esos frentes la principal bandera de Petro: llevar equipos extramurales a las casas de la gente para valorarlas médicamente y construir hospitales en las zonas apartadas o con bajo acceso a servicios de salud del país.

Así lo expuso el Jefe de Estado el pasado 16 de enero cuando anunció la llegada de unidades renales al hospital público de Maicao en La Guajira. “Ni la inversión en 20 años de los últimos gobiernos en la red pública hospitalaria del país ha alcanzado la que ya hicimos en nuestro gobierno (sic)”, afirmó.

¿Y los resultados e impactos?

Ese fin —en principio de buena fe— que expone el mandatario con orgullo no representa en sí misma una mala apuesta de política de salud. Al fin y al cabo ningún estudioso del tema ni opositor al Gobierno lo tilda como tal, pues invertir en construir hospitales y en hacer promoción y prevención en zonas apartadas no son malas ideas.

El problema radica cuando, en el medio de esa histórica inversión, el sistema de salud vive la duras y las maduras y no solo en las instituciones prestadoras de servicios privadas, sino también en las públicas.

Basta recordar el llamado de auxilio que hizo el 16 de enero (mismo día en que Petro habló de las unidades renales para Maicao) el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, sobre el ahogo financiero que viven por lo que le deben las EPS, incluidas las intervenidas por el Gobierno; el cierre de servicios médicos en el papis, que en el primer semestre de 2025 contabilizaba 6.084, según un informe de la Unión de Instituciones prestadoras de servicios de salud (Unips); así como, según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), la muerte de 2.436 pacientes con esas dolencias el año pasado.

En ese sentido, el profesor de salud pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, expresó que si bien “hay déficit en infraestructura, toca que generar capacidad resolutiva, es una inversión que se debe hacer con un modelo de gestión que garantice su sostenibilidad en el futuro”.

“No obstante, si hay pocos recursos en la demanda (usuarios de las EPS), pero hay capacidad instalada (hospitales y clínicas), se debería contratar y tener incentivos para atenderla con la existente, pero se está fortaleciendo la pública ignorando la privada que se podría aprovechar”, añadió.

En la consulta que hizo este diario al Minsalud se le preguntó sobre los criterios y estudios que se han tenido en cuenta para ejecutar la inversión que ha hecho en infraestructura hospitalaria pública, en cuanto a los puntos que señala Peñaloza y a la proyección de los impactos que quiere atender o mejorar.

Entre tanto, las personas consultadas para esta nota coinciden en que no hay una base de información pública que permita consultar y analizar si esas estrategias están teniendo impactos en los indicadores de salud pública (sobre los cuales el presidente Petro ha sostenido con datos refutados que han mejorado), en el caso de los EBS; así como las pautas que siguieron para construir hospitales, referentes si se hicieron con base en la población o en las frecuencias de uso (número de veces que las personas van al médico) y cómo se van a medir su impacto en cuanto a raceros como la oportunidad del servicio y los tiempos de espera.

“El sistema de salud no tiene transparencia de información ni datos claros y este Gobierno no está haciendo mucho para mejorar eso en el cambio de filosofía (sobre el modelo) y en el mejor manejo de la información”, aseveró Giovanni Jiménez al respecto.

La información que Presidencia entrega sobre la inversión en infraestructura hospitalaria señala cinco hospitales entregados: el Hospital El Socorro de San Diego (Cesar), de $3.837 millones; la empresa social del Estado (ESE) Manuel Castro Tovar de Pitalito (Huila), de $1.139 millones; la ESE Édgar Alonso Pulido de Pauna de Pauna (Boyacá), de $1.384 millones; el Hospital Juan Luis Londoño de El Zulia (Norte de Santander), de $2.461 millones, y la sede administrativa del Hospital Universitario de Sincelejo de Corozal (Sucre), de $568 millones.

https://twitter.com/infopresidencia/status/2015079488783048868

La crisis financiera del sistema

El experto en sistemas de salud, Andrés Vecino, expuso recientemente en sus redes sociales que la crisis que vive el sistema inició desde los cálculos de la unidad de pago por capitación–UPC (plata que el Estado le da a las EPS para atender a sus afiliados) de 2022 y 2023. Estos se hicieron con base en datos de atención de 2020 y 2021, respectivamente.

Pero en esos años, debido a la pandemia del covid-19, bajó la frecuencia de uso “porque era difícil hacerlo, no había disponibilidad y había miedo de ir al médico, entonces se calcularon con información de cuando la gente no estaba acudiendo”.

A esto se le sumó la inflación, que encareció los costos de la prestación de servicios de salud. “Entonces, no es solo que las personas estaban yendo más al médico, sino que cada tratamiento era mucho más costosos”, dijo. Además, en 2023 el Ministerio de Salud “introdujo nuevas tecnologías que antes no estaban dentro de la UPC”.

Esos tres factores, expuso Vecino, “terminaron reflejando un incremento en los costos versus los ingresos”, que tiene actualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) gastando $110 de cada $100 que le ingresan por UPC.

Ante esta situación, “el Gobierno no ha querido reconocer que debe incrementar suficientemente ese presupuesto y es por eso que estamos viendo las barreras al acceso”, que se traducen en demoras en las citas y en la atención, en la entrega de medicamentos y falta de acceso a tratamientos. “Estamos viendo todo esto simplemente porque el Gobierno es el responsable de enviar el dinero y no lo está haciendo de forma suficiente”, puntualizó.

https://twitter.com/infopresidencia/status/2014865740772605965

¿Cómo fue el seguimiento que le hizo a los recursos que han trasladado?

Nosotros desde 2023 hemos venido evidenciando que el ministro Guillermo Jaramillo adoptó la figura de los traslados: tomar recursos del aseguramiento, que constitucionalmente están destinados a la prestación de los servicios de salud, y trasladarlos al rubro de apoyo a la Ley 100. Es un rubro que históricamente había tenido presupuestos muy bajos, pero que ahora se ha convertido en un rubro muy significativo porque es a través del cual él respalda los EBS, la compra de ambulancias y algunos temas de infraestructura. He venido haciendo solicitudes a la Contraloría y Procuraduría, pues hemos evidenciado la posible desfinanciación del aseguramiento en salud y esto a quien perjudica directamente es a los usuarios y a los pacientes.

¿A qué fondo le están quitando esos recursos?

Yo fui muy enfática cuando estábamos en la aprobación del presupuesto y presenté una proposición para darle prelación a la financiación del aseguramiento, pues tenemos claro que ese es el mecanismo para garantizar la protección del goce efectivo de la salud. Entonces, al desfinanciar el aseguramiento, vamos a entrar en situaciones como la ausencia de medicamentos, suspensión de tratamientos y que no hay un flujo de recursos para el pago de la prestación de servicios.

¿En qué quedó esa proposición que presentó?

Acuérdese cómo es todo. Para ese presupuesto muy pocas veces el Ministerio de Hacienda y el de Salud aprueban una proposición de una congresista y mucho menos una proposición presentada por Norma Hurtado.

¿Qué significa para el sistema de salud que hagan esa reasignación presupuestal?

El problema que tenemos actualmente es la desfinanciación del sistema. Por eso siempre es importante entender de dónde provienen los recursos y especialmente cómo se financia la UPC. Entonces si nuestro sistema es de una financiación mixta, donde las cotizaciones de los trabajadores formales e independientes y los impuestos nacionales y locales conforman ese gran presupuesto, tomar de ahí para asumir nuevos gastos —que son válidos, que son necesarios para el país—, la respuesta es sí. Los EBS son importantes en las regiones más apartadas, la compra de ambulancias es importante para los territorios, los nuevos proyectos de infraestructura también para algunos territorios. Pero, por Dios, busquen otras fuentes de financiación que no sean el aseguramiento.

¿Le ha consultado al ministerio sobre los resultados de esas inversiones?

Sí, claro. Hemos elevado varios derechos de petición. Algunos de ellos llegan con respuestas muy someras y otros llegan con una información que se hace necesaria contrarrestarla con las ejecuciones del ministerio y con las realidades que nos remiten los entes territoriales. Recuerde que los recursos de los EBS son giros a los hospitales, entonces es un cruce de información que es necesario validar para poder dar una información mucho más clara y mucho más precisa. Pero la Contraloría ha venido haciendo unas preguntas desde 2024, donde pregunta dónde está la plata destinada a los equipos básicos y creo que destapa un proyecto improvisado por parte del Ministerio de Salud.

¿Por qué cree que no están haciendo bien esos gastos en infraestructura y EBS?

Lo que pasa es que no solamente se necesita la buena intención y no solamente se necesita tener los recursos. El Gobierno tiene la intención y los recursos, pero la estrategia y, especialmente, los resultados son los que no se han materializado en el bienestar de los colombianos. ¿Donde están los resultados en salud?, que es lo que todos queremos observar: la calidad y el mejoramiento de la salud de las personas que viven en una Colombia mucho más apartada.

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La forma que se esta formulando la Ley Laura que prohíbe la reconversión de sexo

La iniciativa, radicada el pasado 26 de agosto como el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se denomina “Ley Laura, Niños No Experimento” y ya se encuentra en trámite.

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El Congreso tiene sobre la mesa un proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, radicada el pasado 26 de agosto como el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se denomina “Ley Laura, Niños No Experimento” y ya se encuentra en trámite.

La propuesta pretende establecer que los menores de 18 años no puedan acceder a intervenciones médicas destinadas a modificar características sexuales con el propósito de adecuarlas a una identidad de género distinta del sexo asignado al nacer.

También plantea sanciones para los profesionales de la salud y las instituciones que realicen, ordenen, autoricen o faciliten los procedimientos que quedarían prohibidos. Uno de los tratamientos que quedaría en el centro de esa prohibición son los bloqueadores de pubertad.

Los autores y congresistas que presentaron el proyecto de ley son Andrés Eduardo Forero Molina (senador del Centro Democrático), Luis Miguel López Aristizábal (representante por el Partido Conservador), Carol Borda (representante de Salvación Nacional), David Gerardo Cote Rodríguez (representante del Centro Democrático) y Sara Castellanos (senadora de Salvación Nacional).

Y precisamente sobre su utilización en menores habló el endocrinólogo pediátrico Mario Angulo Mosquera, quien hizo parte del equipo especializado de la Fundación Valle del Lili que atendió este tipo de casos desde finales de 2017.

Según explicó el médico en entrevista con Mañanas Blu, el uso de estos medicamentos no comienza simplemente porque un niño manifieste dudas sobre su identidad de género.

La atención, afirmó, parte de una evaluación en la que intervienen diferentes profesionales y en la que los padres tienen un papel fundamental.

Angulo aseguró que el equipo atendió 114 pacientes desde su creación, una cifra que contrastó con los cerca de 800 pacientes que mensualmente recibe el servicio general de endocrinología pediátrica de la institución.

El especialista explicó que durante la infancia existen menores que exploran diferentes formas de expresión de género y que esas manifestaciones no significan necesariamente que exista una identidad trans. “Hay un porcentaje grande de niños que en su infancia exploran expresiones”, afirmó.

De acuerdo con el endocrinólogo, cuando esas expresiones no son persistentes, el proceso puede mantenerse en un acompañamiento psicológico y familiar.

El equipo que integraba denominaba ese momento como una “fase exploratoria de género”. El escenario cambia, según su explicación, cuando existe una manifestación persistente y el menor comienza la pubertad. Es entonces cuando los bloqueadores pueden entrar en consideración dentro de la valoración médica.

El respaldo del Gobierno al proyecto quedó explícito este martes. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Ejecutivo acompaña la iniciativa y anticipó que trabajará para sacarla adelante. “Compartimos plenamente su espíritu y su contenido. El Gobierno lo apoyará con determinación”, afirmó.

Hasta entonces, aunque existía una coincidencia pública entre el presidente y sectores de las iglesias cristianas y católicas que han defendido el proyecto, el respaldo de De la Espriella a esta agenda legislativa no había quedado expresamente planteado.

El pronunciamiento llegó después de que el senador Andrés Forero, del Centro Democrático y uno de los congresistas que impulsa la iniciativa, le recordara al mandatario que el Congreso ya había presentado el proyecto.

“Presidente, junto con varios congresistas ya presentamos un proyecto de ley”, le respondió Forero. Y agregó: “Esperamos contar con el apoyo del Gobierno”.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, también respaldó la iniciativa y dijo defender “las válidas preocupaciones del Presidente De la Espriella”.

Desde las organizaciones que defienden los derechos de las personas trans, la lectura es completamente distinta. Lina Quevedo, activista por los derechos de esta población, dijo en diálogo con El País América que la iniciativa, a su juicio, parte de afirmaciones que no corresponden con la atención médica que reciben actualmente los menores trans en Colombia.

“Quedó muy claro el espaldarazo”, sostuvo Quevedo. La activista cuestionó particularmente las afirmaciones sobre cirugías, mutilaciones y esterilizaciones químicas en menores.

Según explicó, en Colombia no se realizan cirugías de cambio de sexo, mutilaciones ni esterilizaciones químicas a menores de edad, como sostienen quienes promueven el proyecto.

Quevedo señaló que la atención existente comprende acompañamiento psicosocial para niños y adolescentes que se identifican como trans y, en determinados casos, el uso de bloqueadores de pubertad bajo supervisión médica.

Estos medicamentos, recordó, también se utilizan en pacientes con pubertad precoz y tienen como finalidad retrasar temporalmente el desarrollo puberal.

Para la activista, el problema del proyecto va más allá de la discusión sobre los tratamientos. “Ese proyecto no solo es contra las infancias y adolescencias trans, sino que es contra la autonomía médica, es la politización de la medicina”, afirmó.

El debate legislativo coincidió con la difusión del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, del mexicano Samuel Adrián, producción que cuestiona los tratamientos de afirmación de género para menores y que puso en circulación la afirmación de que el 78 % de los procedimientos de reafirmación de género en Colombia se practican en niños menores de siete años.

Angulo apareció mencionado en esa producción a partir de una grabación que, según denunció, fue utilizada sin su consentimiento.

El endocrinólogo alegó una vulneración de sus derechos a la honra y al buen nombre y pidió retirar los clips, referencias e imágenes en los que aparece.

La controversia alrededor del documental se trasladó también al ámbito judicial. Adrián fue detenido el domingo pasado 13 de septiembre por la Policía cuando llegó al aeropuerto El Dorado procedente de Panamá, en un procedimiento relacionado con el desacato de una medida judicial.

El procedimiento correspondió a la actuación de las autoridades por el presunto incumplimiento de una orden judicial, no a una captura con orden judicial.

¿Qué son los bloqueadores de pubertad?

Los medicamentos a los que se refiere el proyecto son utilizados para detener temporalmente los cambios físicos propios de la pubertad.

Angulo explicó que no existe una edad única para el inicio de ese proceso biológico. Puede comenzar alrededor de los nueve años, pero cada menor desarrolla la pubertad en un momento diferente.

“Cada niño, cada niña arranca su pubertad en su propio momento”, señaló.

Según el endocrinólogo, cuando los bloqueadores son considerados pertinentes, su propósito es suspender temporalmente esos cambios mientras continúa el proceso de evaluación del menor y su familia.

El médico resumió esa finalidad como una forma de “ganar tiempo” antes de tomar decisiones posteriores. También aseguró que el bloqueo puberal es reversible.

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Según su explicación, al suspender los medicamentos se reanuda el proceso de producción hormonal asociado con la pubertad. “Es un tratamiento completamente reversible”, afirmó.

El especialista diferenció esta intervención de las hormonas cruzadas, que pueden generar cambios permanentes y que, según el protocolo que describió, se consideran en una etapa posterior, habitualmente después de los 16 años.

El proyecto también incluye las cirugías

La iniciativa que estudia el Congreso tiene un alcance mayor al de los bloqueadores. El texto propone prohibir también determinados tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.

Sobre este último punto, Angulo fue enfático al explicar el funcionamiento del equipo médico que integró. “No se realiza ningún procedimiento quirúrgico”, afirmó. También señaló que los menores no llegan solos a este tipo de consultas y que los padres tienen un papel central en las decisiones.

El tratamiento, agregó, no depende exclusivamente de un endocrinólogo, sino de un equipo multidisciplinario que puede involucrar profesionales de endocrinología, psicología y acompañamiento familiar.

Este punto hace parte del debate que pretende abordar el proyecto: sus autores sostienen que, debido a los posibles efectos físicos y psicológicos y a las dudas que, según ellos, persisten sobre los efectos a largo plazo de algunas intervenciones, debe aplicarse el principio de precaución y prohibirse su utilización en menores.

El caso que da nombre al proyecto de ley

La iniciativa toma su nombre “Ley Laura, Niños No Experimento” por el caso de una joven cuyo proceso de transición médica durante la adolescencia aparece en la exposición de motivos como uno de los argumentos para impulsar la prohibición.

Según el documento presentado ante el Congreso, Laura acudió a la Fundación Valle del Lili cuando tenía 15 años y posteriormente recibió tratamiento con testosterona y bloqueadores de pubertad.

A los 17 años, de acuerdo con el relato incorporado al proyecto de ley, se sometió a una cirugía de masculinización torácica. Posteriormente decidió no transicionar y llevó su caso ante la justicia.

Su experiencia es utilizada por los autores del proyecto para plantear cuestionamientos relacionados con el consentimiento informado, la valoración de los riesgos y la capacidad de los menores para comprender las consecuencias de determinadas intervenciones médicas.

La propuesta también cita como antecedente internacional el caso de Keira Bell, en Reino Unido, y la denominada Cass Review, una investigación independiente sobre la atención de niños y adolescentes con incongruencia o disforia de género.

¿Qué tendría que pasar para que la prohibición sea ley?

El Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado apenas inició su trámite y tiene que someterse a debates en ambas cámaras.

La iniciativa contempla excepciones para intervenciones médicas relacionadas con condiciones que afectan el desarrollo sexual y que no tengan como finalidad una afirmación de género, entre ellas determinados casos de pubertad precoz y algunas alteraciones congénitas, genéticas o cromosómicas.

También propone sanciones para los profesionales que incumplan la eventual prohibición. El proyecto plantea que estas conductas puedan constituir faltas graves frente a la ética médica y contempla medidas administrativas para las instituciones de salud.

Por ahora, el punto central de la discusión es si los menores deben poder acceder, bajo determinados criterios médicos y con acompañamiento familiar y multidisciplinario, a tratamientos como los bloqueadores de pubertad, o si estas intervenciones deben quedar prohibidas hasta los 18 años, como propone la iniciativa.

El testimonio de Angulo introduce en esa discusión cómo se aplicaba uno de esos protocolos en la práctica: evaluación antes del tratamiento, participación de la familia, intervención de un equipo multidisciplinario y bloqueadores únicamente cuando el menor había llegado a la pubertad y el equipo consideraba pertinente su utilización, según explicó el endocrinólogo.

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Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a los mejores

De esa necesidad nace una celebración que busca convertirse en una tradición: los Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a hombres, mujeres, organizaciones y talentos.

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San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Colombia y el mundo tienen una manera particular de contar sus historias. Aquí, donde el mar parece llevar y traer las noticias con la misma naturalidad con la que lleva los sueños de una generación a otra, también hay historias que merecen detenerse, ser escuchadas y, sobre todo, ser reconocidas.

De esa necesidad nace una celebración que busca convertirse en una tradición: los Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a hombres, mujeres, organizaciones y talentos que, desde distintos escenarios, han contribuido a construir el presente y el futuro del Archipiélago.

No se trata solamente de una estatuilla, una fotografía o una noche de gala. Detrás de cada reconocimiento hay años de trabajo, sacrificios, sueños y una historia personal que se conecta con una historia colectiva: la de unas islas que, pese a sus dificultades, siguen produciendo talento, creatividad, liderazgo y esperanza.

Porque la excelencia rara vez se construye en soledad.

Cada ganador recibe un galardón luego de elaborar una historia diferente.. Algunos lo hicieron después de años de esfuerzo profesional; otros, desde el mundo de la cultura, el deporte, la educación, el emprendimiento o el servicio a la comunidad. Pero todos compartieron algo: haber dejado una huella.

Y esa huella es precisamente la que Radio Seaflower quiso poner en primer plano.

Es reconocer a quienes mantienen vivas las tradiciones, a quienes defienden la cultura raizal, a quienes educan a las nuevas generaciones, a quienes emprenden, crean, investigan, comunican, compiten y trabajan diariamente para que San Andrés, Providencia y Santa Catalina tengan un lugar cada vez más visible en Colombia y en el Caribe.

Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia son, en ese sentido, una que muchas veces no aparece en los titulares.

Una fotografía de personas que trabajan lejos del ruido, pero cuyos resultados terminan hablando por ellas.

Los nombres de quienes fueron escogidos para recibir el reconocimiento en las diferentes categorías y que, durante la ceremonia, sintieron que detrás del aplauso había algo mucho más importante: el reconocimiento de su propia gente.

PERSONAJE DEL AÑO-Pastores Ricardo y María Patricia Rodriguez, del Centro Mundial de Avivamiento

De una manera sencilla y entregada a una secreta y ungida relación con el Espiritu Sant o de Dios, esta pareja de pastores ha sabido llegar un ministerio impecale y libre de ataduras con las tentaciones del mundano poder político y económico del país. La gran convocatoria nacional de la reciente marcha por la paz fue la muestra de ello.

EMPRESARIA DEL AÑO-María Fernanda Bertel Puyo, gerente del Centro Comercial Santafé de Medellín

Este lugar donde se congregan las mejores marcas del país se ha convertido en un santuario al cual nuestro medio de comunicación se ha sentido en su casa, la misma casa que han encontrado personas de todo el país.

MEJOR ARTISTA DEL AÑO-Adrián Charry

Este joven artista cristiano ha sabido subir escaleras con la paciencia de Job, siempre preciso y con la dedicación de un artista consagrado hoy se convierte en un referente para las nuevas generaciones de artistas isleños que buscan la consagración.

MEJOR GENERADOR DE CONTENIDO DEL AÑO-Temis Rodríguez Flórez

A través de su cuenta de Irie Films en redes sociales, este joven productor audiovisual isleño envía el mensaje correcto con sustento sobre la conciencia ambiental y la fragilidad del ecosistema de San Andrés, el destino turístico más apetecido y codiciado en Colombia.

MEJOR EMPRENDEDORA DEL AÑO-Diana Camila Girón Africano

Graduada en publicidad, se atrevió a reunir a un grupo de mujeres para poder trabajar en el impuso para la creación de un emprendimiento como la agencia Táctica y hoy es ejemplo para las mujeres jóvenes de San Andrés.

MEJOR LIDEREZA JUVENIL DEL AÑO-Ashly Fontalvo Manuel

Desde niña ha estado vinculada al tema de los procesos comunitarios y comunales y hoy esta comunicadora social y periodista se constituye en el futuro del liderazgo comunitario en San Andrés y Colombia.

MEJOR ANALISTA POLITICA DEL AÑO-Karol Solis Menco

Nacida en Barranquilla y recientemente receptora de un doctorado en ciencias políticas en Estados Unidos, esta intrépida mujer costeña hoy es considerada como uno de los mas finos regalos que nos ha otorgado el algoritmo en redes sociales. Segura, precisa, contundente y conciliadora en sus comentarios, hoy Karol se prepara dará dar el siguiente paso en su carrera y es la obtención de un asiento en el controvertido mesón del poder político en Colombia.

Cada nombre representó una historia. Cada aplauso, un agradecimiento. Y cada premio, la confirmación de que en las islas hay mucho más talento del que a veces alcanza a conocer el resto del país.

Más que un premio

En una época en la que las noticias suelen concentrarse en los problemas, reconocer lo bueno también es una forma de hacer periodismo.

Radio Seaflower decidió mirar hacia ese otro lado: hacia las historias que inspiran, hacia quienes construyen, hacia quienes no se rinden y hacia quienes entienden que servir a su comunidad también es una manera de dejar legado.

Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia nacen así con una misión que va más allá de una ceremonia: visibilizar a quienes hacen grande al Archipiélago.

Porque San Andrés no es solamente sus playas, sus arrecifes, su música o sus paisajes.

San Andrés también son sus mujeres y sus hombres.

Son sus maestros.

Sus artistas.

Sus deportistas.

Sus emprendedores.

Sus líderes.

Sus trabajadores.

Sus jóvenes.

Sus mayores.

Son todos aquellos que, desde su propio lugar, aportan para que estas islas sigan avanzando.

Una celebración que apenas comienza

Cuando las luces se apagaron y los aplausos comenzaron a quedar atrás, permaneció algo más importante: la sensación de haber compartido una noche dedicada a celebrar lo que somos.

Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia no solamente reconocen a quienes ganaron. Reconocen aquello que las islas pueden llegar a ser.

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Luego de la confesión de Juliana Guerrero por fraude vienen mas casos similares

En su momento, la congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José y hasta identificó 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario.

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La condena a tres años de prisión (excarcelables) contra Juliana Guerrero es apenas una de las consecuencias que trajo lo que sería una “fábrica” de títulos exprés en la Fundación Universitaria San José. La joven aceptó los cargos por el delito de fraude procesal, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoció que había falsificado títulos para poder aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro.

Aun con el golpe que significa esta condena para Petro, quien la apoyó incondicionalmente y hasta quiso desestimar el escándalo, Guerrero no es la única que intentó defraudar a la administración pública con diplomas de mentiras.

En su momento, la congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José y hasta identificó 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos rápidos sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.

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Ante esto, el Ministerio de Educación aseguró que a la fecha hay una investigación administrativa sancionatoria en curso contra esa institución “sobre la cual se emitió un nuevo auto de pruebas el 20 de agosto”. La cartera agregó que continuará con las actuaciones en ese sentido.

En cuanto al proceso y lo que puede derivarse del mismo, dijo que “el ministerio está adelantando, a partir de sus funciones de inspección y vigilancia, un proceso administrativo que todavía no ha llegado a una decisión. Ya se tomaron medidas preventivas frente a la San José, pero la investigación continúa”.

Agregó que es incierto cuándo pueden conocerse las decisiones y cuáles serán sus consecuencias. “La cuestión ahora es cuándo va a salir esa decisión y cuál será su efecto. Dentro de los posibles efectos está remover a toda la junta, intervenir formalmente la institución, adoptar un plan de mejoramiento o incluso cerrarla”, aseguró.

A su vez, señaló que “dentro de las medidas que puede adoptar el Ministerio existen esas posibilidades. Hay varios escenarios después de la intervención administrativa”. Finalmente, con respecto a cómo se ponderan esos escenarios al momento de tomar una decisión, dijo que “depende de qué tantas faltas o qué tantos elementos encuentre el Ministerio durante la investigación”.

Cabe recordar que de la Fundación Universitaria San José también fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general y estuvo relacionado con la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que figuraban a nombre de la joven y que eran falsos.

Entre los casos señalados por la representante figura el de Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN al momento de la denuncia. Según la investigación, habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. “Es como si fuese un delito estudiar. Estos señalamientos buscan réditos políticos”, respondió.

Otra denuncia involucró a Nelfy Melo Morales, entonces secretaria privada de Petro, conocida como Nelfita. La funcionaria habría obtenido tres títulos académicos en año y medio. Melo Morales expresó que “cumplí de manera estricta las indicaciones de la universidad y nunca presioné ni gestioné de forma indebida mi proceso de grado”.

La lista también la integran el representante legal de esa institución, Francisco Pareja, quien habría obtenido dos títulos ilegales firmados por su esposa y sin haber presentado Saber TyT ni Saber Pro, según denunció la hoy senadora Jennifer Pedraza.

La misma congresista reveló que la exsenadora Sandra Ramírez (Comunes) haría obetnido un título irregular como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Según Pedraza, “la San José no tiene permiso para ofrecer esta especialización, que solo está autorizada para la Universidad Reformada y de forma presencial”. La firmante de paz defendió su título como “legítimo” y que presentó el Saber TyT en su pregrado.

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