Actualidad
Colombia podría sufrir otro revés en litigio con Nicaragua
Una información revelada por el diario El Colombiano de Medellín respalda una columna escrita por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) leerá el próximo jueves la decisión sobre uno de los dos litigios que tiene abiertos entre Colombia y Nicaragua por la cuestión del mar, una disputa de largo aliento entre las dos naciones por la que en 2012 nuestro país perdió un pedazo del océano, cercano al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Se trata del caso de incumplimiento, por el que el territorio caribeño demandó al país asegurando que la Casa de Nariño no cumplió la decisión de hace una década que obligaba a cambiar los límites marítimos. Es decir, que pedía replantear el mapa.
A partir de la determinación que se conozca el próximo 21 de abril podrían darse varios escenarios. Primero, que Colombia vuelva a pedirle a Nicaragua una negociación como la que fracasó en 2012 tras la decisión de los togados. Segundo, que se hagan ajustes en el ordenamiento interno para que el cambio de los límites no dependa de un tratado internacional, versión en la que se había excusado el país en estos años para no aplicar los cambios.
O, tercero, que se le pida a Colombia obrar internacionalmente como si ese límite sí se hubiese modificado, a pesar de que no cambie internamente su cartografía.
Lo que está en juego en la CIJ son los derechos de Colombia en el área cercana al archipiélago que ha sido uno de los principales destinos turísticos para los connacionales. Y es que el problema de fondo consiste en que una porción del océano sobre el que el país podría ejercer control terminó sobrepuesto a aguas nicaragüenses, una cuestión que incomoda a los Ortega.
El incumplimiento
Hasta antes de la decisión de 2012 la frontera marítima colombiana terminaba en el meridiano 82, pero el tribunal con sede en La Haya determinó correrla hasta el meridiano 80 en su sentencia de noviembre de 2012. Eso sí, mantuvo la soberanía nacional sobre los islotes que pertenecen a esa zona turística.
Entonces, la queja nicaragüense consiste en que Colombia no cedió a cambiar su mapa y siguió realizando actividades en esa zona como si toda la porción de mar fuese suya: la Armada navega por el lugar, las comunidades raizales pescan y el Gobierno autoriza a empresas robustas a captar animales para venderlos para consumo humano.
A ese caso se le conoce como el del “incumplimiento” y es del que se conocerá la decisión este jueves, a las 3 de la mañana. Para el otro, sobre la delimitación de la plataforma continental extendida, habrá que esperar hasta que la CIJ convoque a audiencias orales, algo que podría darse el próximo semestre, para luego analizar el caso y proceder a una nueva determinación.
Para la Corte, Colombia tiene soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el resto de islas y cayos, pero en el mar dice que el límite termina a 200 millas náuticas de la costa nicaragüense. Eso llevó a que dos cayos que pertenecen al país quedaran encallados: Quitasueño y Serranilla.
La Casa de Nariño no ha cambiado sus límites argumentando que la ley interna lo impide, pues se necesitaría un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso de la República; pero Nicaragua alega que el derecho internacional está por encima de las cuestiones locales.
A esto se suma que el país le pidió a su contraparte conversar y el exmandatario Juan Manuel Santos se reunió con Daniel Ortega en diciembre de 2012. El objetivo de esos diálogos era firmar un tratado conjunto, pero se quedaron sin llegar a acuerdos y la Casa de Nariño argumentó que no podía cambiar los límites sin la existencia de un tratado internacional.
El Estado también replanteó el caso argumentando que no se trata de una cuestión de delimitación, sino de libertades, derechos y deberes en el mar Caribe porque defiende la teoría de que la Armada puede seguir navegando en esta zona por cuestiones de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Precisamente, una de las cuestiones que incomoda al régimen de Ortega es que los uniformados de la bandera amarillo, azul y rojo hagan presencia en la zona, y que los raizales y empresas pesquen allí. Las comunidades isleñas, particularmente, tienen una tradición milenaria en la zona.
La frontera intangible del mar
Los debates entre Colombia y Nicaragua acerca de hasta qué punto llegan los derechos de cada uno en el océano se explican en las porciones de agua que la legislación internacional traza en esta parte del Caribe.
Cuando se acaba la tierra firme hay diferentes áreas en el océano. La primera es el mar territorial, que se refiere al tramo del Caribe que está más cercano a la plataforma continental y para este litigio se entiende que está a 12 millas náuticas. En ese espacio el Estado ejerce soberanía.
Luego le sigue la zona contigua en la que el Estado puede efectuar funciones de control y que también corresponde a 12 millas náuticas.
Después se encuentra la zona económica exclusiva, que es la que se delimitó en el fallo de 2012 y en la que el país al que esta le pertenece puede ejercer derechos económicos como la pesca, realizar investigaciones, intervenciones ambientales y explotar el suelo y subsuelo. En otros términos: buscar petróleo, gas y minerales.
Esta llega hasta las 200 millas náuticas y es el espacio que ya delimitó la CIJ en 2012 corriendo el límite desde el meridiano 82 al 80. Justamente, el punto de la discordia por el incumplimiento de la Casa de Nariño.
Colombia sustenta que la zona económica exclusiva no es el territorio de un Estado por lo que considera que sí puede entrar a esas aguas ejerciendo la libertad de navegación y sobrevuelo que está amparada en el derecho internacional. Sin embargo, su contraparte no quiere que se ejerza actividad alguna en esas aguas.
Así que la lectura que se dará el próximo jueves en La Haya dará nuevas luces sobre las dinámicas que puede, y no puede, efectuar el país en el Caribe y podría obligar a cambiar las dinámicas de las comunidades raizales que se dedican a la pesca.
En todo caso, la determinación que tome la CIJ será recibida por el equipo de defensa de la Cancillería que representa la delegación de Iván Duque, pero quedará en manos de su sucesor aplicarla o determinar qué nueva medida toma al respecto.
Futuro en el Caribe
El equipo jurídico de Colombia no se pronunciará sobre el caso hasta que se conozca el fallo y a la Presidencia de Iván Duque le quedan apenas 112 días, mucho menos de cuatro meses, por lo que los candidatos a la Casa de Nariño ya plantean qué harían para gestionar estos litigios.
Gustavo Petro, del Pacto Histórico, dijo que respetaría la decisión de la CIJ y buscaría recuperar la soberanía en una nueva petición que se sustente defensa de la biosfera y de la pesca común entre los dos países. Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, afirmó que no se adelantará al fallo y consideró que este tema es un asunto relativo a la integridad territorial del Estado.
Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza, defendió la tesis que ha sostenido el país en los últimos años frente a este litigio, argumentando que la única forma de modificar los límites es a través de un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso y “no con una decisión de una corte internacional”. Por eso, apuntaría a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional y buscar un acuerdo con la contraparte. Este diario también consultó al candidato Rodolfo Hernández, pero no obtuvo respuesta frente al tema.
El fallo de la CIJ radicado en La Haya podría cambiar las reglas de juego para las comunidades raizales y presionar a Colombia para cumplir la determinación de 2012. La presión podría escalar al punto que Nicaragua lleve el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, un paso que subiría aún más el tono de esta disputa internacional.
Tomado de ElColombiano.com
Nacional
Colombia fue una nación que caminó unida por la fe en la multitudinaria Marcha para Jesús
Las calles de Colombia cambiaron de rostro este domingo 2 de agosto. Allí donde habitualmente se escuchan los motores, las consignas políticas o el bullicio cotidiano, esta vez fueron los cánticos de alabanza, las oraciones y las banderas blancas las que marcaron el paso de cientos de miles de creyentes que participaron en la Gran Marcha para Jesús 2026.
Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras comenzaron a reunirse en parques, avenidas y plazas principales de ciudades y municipios. Niños sobre los hombros de sus padres, jóvenes portando pancartas con mensajes de esperanza y adultos mayores caminando con serenidad hicieron parte de una movilización que, según sus organizadores, se desarrolló de manera simultánea en los 32 departamentos del país y en centenares de ciudades y municipios.
No hubo colores partidistas ni discursos electorales. La consigna fue una sola: exaltar el nombre de Jesús y elevar una oración colectiva por Colombia. Católicos, iglesias evangélicas, comunidades protestantes y creyentes de distintas denominaciones compartieron un mismo recorrido, dejando a un lado las diferencias doctrinales para enviar un mensaje de unidad, reconciliación y paz.
En Bogotá, miles de participantes caminaron hasta el Parque Simón Bolívar, donde la jornada concluyó con música cristiana, momentos de oración y mensajes de esperanza. Escenas similares se vivieron en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y decenas de municipios, donde las calles se transformaron en un gran templo al aire libre.
La movilización transcurrió de manera pacífica. En lugar de reclamos o confrontaciones, predominó el ambiente familiar. Hubo abrazos entre desconocidos, cantos compartidos y palabras de ánimo para quienes observaban el paso de la multitud desde los andenes y balcones.
Los organizadores describieron la jornada como un movimiento ciudadano, apolítico y no denominacional, cuyo propósito fue recordar que la fe también puede ocupar el espacio público como una expresión de esperanza y servicio a la sociedad. Para esta edición se esperaba una participación superior a la de años anteriores, con presencia en cerca de 700 ciudades y municipios del país.
Al caer la tarde, mientras las columnas de marchantes se dispersaban lentamente, quedaba la imagen de un país que, por unas horas, decidió caminar al mismo ritmo. En un momento marcado por desafíos sociales, económicos y políticos, miles de colombianos optaron por responder con oración, música y un mensaje de fe.
La Marcha para Jesús volvió así a demostrar que, más allá de las cifras de asistencia, continúa consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Colombia, donde la esperanza fue, una vez más, la protagonista de la jornada.
Todo se cerró con el Bogotá Gospel
El momento culminante de la jornada se vivió en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde miles de marchantes confluyeron tras recorrer las principales vías de la capital. Allí, la Marcha para Jesús encontró un escenario de celebración con Bogotá Góspel 2026, el tradicional concierto del Festival de Verano que este año se articuló con la movilización nacional para convertir el parque en un gran espacio de adoración, música y unidad.
Durante cerca de ocho horas, el escenario reunió a reconocidos artistas de la música cristiana como Miel San Marcos (Guatemala), Alex Zurdo (Puerto Rico), Rescate (Argentina), Cales Louima, además de agrupaciones colombianas como Avivamiento, One 4 All, Vasija de Barro, Rapha y Diana Paipa. Cada presentación estuvo acompañada por mensajes de esperanza, reconciliación y fe, en un ambiente familiar que congregó a creyentes de diferentes iglesias y generaciones.
La unión entre la Marcha para Jesús y Bogotá Góspel convirtió el cierre de la jornada en una verdadera fiesta de la fe. Lo que comenzó como una caminata por las calles de la capital terminó con miles de voces elevando alabanzas al unísono, reafirmando el propósito de los organizadores: hacer visible un mensaje de paz, amor y reconciliación para Colombia. La Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar se transformó así en un inmenso templo al aire libre, donde la música sirvió como lenguaje común para celebrar la esperanza y la unidad del pueblo creyente.
Actualidad
Las islas eligieron a Girley Ordoñez Bowie como nueva Gobernadora del archipiélago
Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular.
El domingo quedó escrito un nuevo capítulo en la historia política del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde muy temprano, los puestos de votación comenzaron a recibir a los ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir a quien tendrá la responsabilidad de conducir el departamento durante los próximos años, en unas elecciones atípicas convocadas tras la vacancia del cargo de gobernador.
Con el avance del escrutinio, la tendencia empezó a consolidarse. Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular.
Su victoria fue recibida con celebraciones entre simpatizantes que se congregaron para acompañar el anuncio oficial. Abrazos, aplausos y banderas reflejaron la esperanza de quienes ven en su administración una oportunidad para afrontar los desafíos que enfrenta el departamento, especialmente en materia de empleo, turismo, infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.

Un nuevo liderazgo
Girley Ordóñez Bowie pertenece a una nueva generación de dirigentes isleños. Profesional de formación, ha construido una carrera en el sector público y ha participado en diferentes escenarios administrativos, lo que le permitió ganar reconocimiento entre distintos sectores de la comunidad.
Durante la campaña insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, impulsar el desarrollo económico del archipiélago y trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional para ejecutar proyectos estratégicos que beneficien tanto a San Andrés como a Providencia y Santa Catalina.
Su elección también representa un hecho significativo por el protagonismo de una mujer al frente de la administración departamental, en un momento en que la ciudadanía reclama mayor cercanía entre los gobernantes y las comunidades.
El reto que comienza
La nueva gobernadora asumirá el cargo en un contexto que demanda resultados rápidos. Entre las prioridades estarán la recuperación económica, el fortalecimiento del turismo, la generación de empleo, la atención de las necesidades de Providencia tras los retos de reconstrucción y la defensa de la Reserva de Biosfera Seaflower, uno de los patrimonios ambientales más importantes del Caribe.
La expectativa es alta. Los 10.874 votos que respaldaron su candidatura representan también un compromiso con los ciudadanos que esperan una administración eficiente, incluyente y cercana a las necesidades del territorio.
Con la declaratoria de su elección concluye el proceso electoral extraordinario y comienza una nueva etapa para el Archipiélago. A partir de ahora, el desafío será transformar las promesas de campaña en acciones concretas que impulsen el desarrollo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Actualidad
Laura Sarabia responde a señalamientos que la vinculan a escándalo de la DNI
Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá.
En medio del nuevo escándalo por los presuntos beneplácitos del Gobierno al Clan del Golfo, se conocieron las declaraciones del general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien aseguró que durante su paso por la institución recibió llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, para frenar procedimientos policiales bajo la justificación de no afectar la política de paz total.
En diálogo con Caracol Radio, el uniformado afirmó que Sarabia intervenía directamente cuando tenía conocimiento de operativos o actuaciones contra personas vinculadas a hechos de alteración del orden público o posibles actividades criminales. “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, relató.
El exdirector de la Policía explicó que esas comunicaciones no se daban para prevenir acciones, sino, en la mayoría de los casos, después de que los operativos ya habían concluido. Según dijo, eran llamados de reproche. “Cuando ya estaban culminadas, realmente cuando ya estaban culminadas era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, sostuvo.
Sanabria recordó incluso un episodio relacionado con una protesta feminista en Bogotá que afectó el sistema de transporte masivo. Según su versión, tras ordenar la intervención del Escuadrón Antidisturbios, recibió una llamada de Sarabia para pedir que no se actuara. “Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios… ella llamaba que no se hiciera nada”, aseguró.
Frente a estas afirmaciones, Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá, y negó haber interferido en operativos contra grupos armados ilegales.
“Yo nunca tuve una llamada con el general en esas características. Es un general por quien tengo pleno respeto, por toda su experiencia y trayectoria en la Policía; así se lo manifesté al momento de su salida. La verdad, resulta muy curioso que tres años después haga estas manifestaciones, porque en otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto. Simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado algo, pero nunca habló de una orden específica para suspender algún operativo”, dijo a Blu Radio.
Mientras tanto, el equipo jurídico de la embajadora anunció que interpondrá denuncias penales contra el uniformado.
“Laura Sarabia actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República (…) Cualquier actuación relacionada con los hechos recientemente mencionados por el General (r) Sanabria se limitó a una pregunta —no instrucción— sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”, se lee en un comunicado de la defensa de Sarabia.
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