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Condena de 45 años de cárcel para alias «Otoniel» en Estados Unidos

Otoniel escaló las filas de varios grupos armados en Colombia hasta convertirse en el mayor barón de la cocaína de este siglo. Probablemente pase el resto de su vida tras las rejas dado que tiene 51 años.

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La justicia de Estados Unidos condenó este martes al capo de la droga colombiano Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», a 45 años de cárcel por cada uno de los tres cargos de tráfico de drogas de los que se había declarado culpable, aunque los cumplirá simultáneamente.

La jueza Dora Irizarry, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, impuso la pena que había pedido la fiscalía alegando de que este es «sin duda uno de los casos más graves en términos de actividad de narcotráfico» que ha instruido la corte y rechazó las disculpas que pidió el condenado, que hizo un alegato a favor del fin del conflicto armado y una paz negociada. «Dudo que si no lo hubieran detenido, hubiera puesto fin a lo que hacía», dijo.

Otoniel escaló las filas de varios grupos armados en Colombia hasta convertirse en el mayor barón de la cocaína de este siglo. Probablemente pase el resto de su vida tras las rejas dado que tiene 51 años.

A finales de 2021, cuando fue capturado en las selvas del noroeste de Colombia en un operativo en el que participaron 500 militares y policías respaldados por agencias de Estados Unidos y el Reino Unido, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, lo comparó con Pablo Escobar.

En una corte de Nueva York, adonde llegó extraditado en mayo de 2022, reconoció haber enviado a Estados Unidos 96.800 kilos de cocaína.

En enero aceptó los cargos de empresa criminal continuada, conspirar para manufacturar y distribuir cocaína, así como de conspiración marítima para tráfico de drogas. Su condena ocurre en momentos en que el negocio de la cocaína atraviesa una inédita crisis en Colombia por la sobreproducción y el cambio en los hábitos de consumo en Estados Unidos.

El que fuera líder del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como Clan del Golfo, esperaba que su admisión de culpabilidad le evitara un largo y costoso juicio. Y tal vez, un fallo más clemente de la jueza Dora Irizarry.

De origen campesino y señalado de abusar sexualmente de niñas, pasó de guerrillero de izquierda a paramilitar de extrema derecha, antes de consolidarse como capo de la cocaína.

Durante su reclusión, el robusto narcotraficante se quejó por las duras condiciones de aislamiento que le impedían hablar con su familia o recibir correspondencia. 

En vísperas de su extradición, aseguró ante un tribunal que altos mandos militares estuvieron implicados en el tráfico de droga y salpicó a políticos que se favorecieron del control territorial que tenía. En represalia por su entrega, sus hombres desataron una ola de ataques en la que murió una treintena de policías.

Negocio familiar

Nacido el 15 de septiembre de 1971 en el municipio de Necoclí (noroeste), pasó a encabezar el Clan del Golfo tras la muerte de su hermano Juan de Dios, caído en enfrentamientos con la policía en 2012.

Junto a él había montado un aparato criminal con presencia en casi 300 de los 1.102 municipios del país, principalmente en su región natal, cercana a la frontera con Panamá, pero también al Pacífico y al Caribe, un lugar estratégico para la salida de cargamentos de droga, según el centro de estudios Indepaz.

En el «trabajo militar, se cometieron homicidios», reconoció ante una corte de Brooklyn. Su grupo, también conocido como Los Urabeños y Clan Úsuga, «dio seguridad a laboratorios y narcotraficantes y cobraba impuestos» por la cocaína.

«La AGC cobraba tarifa fija por cada kilo que se manufacturaba o transportaba por las áreas que controlaba el grupo», detalló. Su hermana, Nini Johana Úsuga, alias «La Negra», fue extraditada en julio de 2022 a Florida (Estados Unidos) para responder también por narcotráfico.  

«No era revolucionario»

Otoniel, séptimo de los nueve hijos de Ana Celsa David y Juan de Dios Úsuga, una pareja que dice ganarse la vida con la venta de marranos, gallinas y ganado en el departamento de Antioquia (noroeste), se unió a los 18 años al Ejército de Liberación Popular (EPL), una guerrilla de izquierda desmovilizada en 1991.

«No era revolucionario, era lo que había y se fue con ellos», aseguró su madre en una entrevista al periódico El Tiempo en 2015.

Tras la disolución del EPL se unió a las a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), una organización paramilitar de extrema derecha creada para combatir a las guerrillas y con nexos con el narcotráfico que se sometió a la justicia en 2006. Una vez más Otoniel siguió en la ilegalidad.

En Colombia sus víctimas solicitaron la «suspensión» de la extradición, alegando su derecho a conocer la verdad. Antes de salir del país dijo al tribunal que investiga los peores crímenes del conflicto que los excomandantes del ejército Mario Montoya (2006-2008) y Leonardo Barrero (2013-2014) fueron sus cómplices.

También compareció ante una entidad no judicial llamada Comisión de la Verdad, que denunció el robo de estas grabaciones en febrero del año pasado.

Sin haber designado aún a un sucesor, sus herederos de las AGC buscan acogerse a la política de «Paz Total», con la que el presidente Gustavo Petro plantea un sometimiento a cambio de beneficios penales para las bandas narco.

Pero las conversaciones se estancaron y en marzo el grupo fue excluido de una tregua bilateral planteada por el gobierno a las principales organizaciones armadas.

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Procuraduría hará veeduría sobre carrotanques de agua en la Guajira

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio de la Guajira por parte de los carrotanques que están funcionando

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La Procuraduría le solicitó información a la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD) sobre las acciones que se están implementando para brindar accesibilidad y calidad del agua potable para la población wayuú en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, municipios de La Guajira.

En la solicitud, también se pidió a la Unidad los estudio y conceptos técnicos que determinaron que la adquisición de los carrotanques era una de las soluciones a corto plazo para lograr el abastecimiento de agua en La Guajira, los puntos de captación del recurso hídrico y la calidad de agua suministrada en el departamento.

De igual manera que se detalle la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos.

El organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio por parte de los carrotanques que están funcionando, cómo se determinaron estas rutas y sus frecuencias y la respectiva socialización con las administraciones municipales sobre esas rutas de distribución.

La Procuraduría destacó que en la pasada mesa de trabajo realizada el 21 de febrero, el subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, indicó que es la misma entidad la que toma muestras aleatorias al agua de los carrotanques y las procesa en sus laboratorios.

Por ello, pidió a su vez información sobre el número de Puestos de Mandos Unificados, las mesas de diálogo y de monitoreo, ajustes y continuidad por parte de la UNGRD y la participación de las autoridades wayuú en esos espacios.

Por otra parte, el Ministerio Público requirió en el informe las medidas de prevención ante la temporada de menos lluvias, es decir, época del Fenómeno del Niño.

La entidad ha destacado la importancia de trabajar armónicamente con otras entidades nacionales y territoriales, con el fin de realizar acciones orientadas a garantizar el goce efectivo del derecho al agua para la población en la Guajira.

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Carro de Day Vásquez se incendia cuando estuvo parqueado en Barranquilla

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

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En las últimas horas, Day Vásquez escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que su carro se incendió cuando estaba parqueado en la puerta de la casa de sus padres. 

“Y de repente el carro parqueado en la puerta de la casa de mis papás… Vaya sorpresa!! Se INCENDIÓ”, indicó.

https://twitter.com/RNacional_News/status/1764323044921692659

Este hecho ocurrió en la noche del sábado 2 de marzo, mientras visitaba a sus padres en Barranquilla. Esta situación la dejó preocupada, sin poder saber si se trata de un acto criminal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, se hay varias teorías, desde fallos técnicos hasta la posibilidad de un sabotaje deliberado. 

Recordemos que Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, actualmente enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y es la testigo clave en el proceso judicial contra el hijo del presidente Gustavo Petro. 

Tras su arresto el pasado julio, el hijo del mandatario admitió, según la Fiscalía, haber recibido dinero para la campaña del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del polémico empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

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Ministerio público solicita restricciones de circulación de Salvatore Mancuso

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira.

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Luego de la audiencia que inició este primero de marzo y en la que el juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá está definiendo si le otorga o no la libertad a prueba a Salvatore Mancuso, la Procuraduría General de la Nación solicitó restricciones de movilidad en el territorio nacional al exjefe paramilitar como garantía a los derechos de las víctimas.

Así mismo, se destacó que si no se fijan dichas  limitaciones en sus desplazamientos, se traduciría “claramente en una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”.

Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, en donde tuvo lugar su accionar criminal. 

Además, la Procuraduría precisó que no se le puede conceder de manera inmediata la libertad a prueba, mientras no comparezca ante las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también cursan procesos en su contra.

El Ministerio Público aseguró que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz.

Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control indicó que esa designación “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo es y seguirán siendo las víctimas”.  

El tema de la libertad a prueba del exjefe paramilitar se discutió en años anteriores en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, donde se decidió que Salvatore Mancuso cumplía los requisitos para acceder a esa medida, que no se le había otorgado porque no estaba en el país. 

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