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Continúan las extorsiones y cobros en negocios y casas en Medellín

Un reciente crónica narrada por el diario El Colombiano de Medellín reveló que en la ciudad continúan los cobros por parte de personas vinculadas a bandas criminales.

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Photo: El Colombiano

Como si fueran parte de las cuentas por pagar que se tienen cada mes, como arriendos o servicios públicos, se estima que cerca de 150.000 viviendas y negocios de Medellín estarían pagando extorsiones a las estructuras criminales.

Así lo documenta un estudio realizado conjuntamente por la Universidad Eafit, la Universidad de Chicago, además de la ONG Innovations for Poverty Action, que mediante encuestas realizadas en los barrios se encontraron con una realidad que, si se comparan con las cifras que presentan las autoridades, distan mucho del día a día de los barrios y corregimientos.

Personas, quienes terminan siendo los mismos vecinos de un barrio, y con poca apariencia de pertenecer a alguna estructura criminal, pasan puerta a puerta de las viviendas y establecimientos comerciales y, de acuerdo con los rangos tarifarios, cobran su renta semanal, según las características de la zona y lo establecido por las estructuras que tienen el control en los territorios.

El profesor e investigador del Centro de Valor Público de la Universidad Eafit, Santiago Tobón, explicó que las cifras estimadas de la extorsión en la ciudad se lograron con base en un extenso trabajo cualitativo y cuantitativo en cientos de barrios de Medellín, que visibiliza grandes diferencias entre lo que realmente ocurre y lo que las autoridades logran observar, que se limita a denuncias.

“A partir de una encuesta reciente, estimamos que son más o menos 150.000 hogares y negocios que pagan extorsión cada semana. Entre tanto, el año pasado se presentaron menos de 900 denuncias, lo que deja en evidencia una distancia enorme entre las denuncias y el problema de fondo”, explicó Tobón.

Cobran hasta “Por cuidar la casa”

Aunque ha sido una tradición que tanto el transporte público como los establecimientos comerciales respondan con las rentas económicas a las estructuras delincuenciales, también se tiene conocimiento que hay viviendas, principalmente en algunas comunas con poca presencia policial, que también contribuyen con la catalogada “cuota de seguridad” que cobran, muchas veces, puerta a puerta.

“No siempre es mucho el dinero que se cobra, especialmente en los hogares, pero si se suman los montos recolectados esto asciende a unas rentas enormes. Se pueden llegar a cobrar entre $3.000 y $5.000 en los hogares —aunque esto es poco común— y hasta $30.000 o $50.000 en los negocios”, expresó Tobón.

De acuerdo con la encuesta realizada en este estudio, con 1.300 personas, la comuna 2 (Santa Cruz) es donde está más agudizado este fenómeno, ya que en la mayoría de los barrios las propiedades extorsionadas pueden superar el 70%.

Por ejemplo, en el barrio Villa Niza, la cantidad de viviendas afectadas llega al 79,2%, seguido por El Playón de los Comuneros con el 75% y Pablo VI con el 73,3%.

Por fuera de esta comuna, en la 13 (San Javier) la cantidad de propiedades afectadas por este fenómeno llega al 40%, en la 3 (Manrique) supera el 38% y en la 5 (Castilla) está por encima del 35%.

Hay barrios en los que las cifras no superan el 10% porque algunas estructuras criminales prefieren “dejar quietos” a sus propios vecinos y encargarse de la vigilancia soportándose de otras rentas criminales o de los cobros a los negocios, cuya cifra es mucho más elevada.

El golpe a los negocios

De hecho, según la encuesta, la cifra de negocios extorsionados puede estar por encima del 60% en varias de las comunas de la ciudad, sumado a que los cobros semanales pueden ser mucho más elevados que los de las viviendas, dependiendo de las características e ingresos presupuestados de los mismos.

Por ejemplo, en la comuna 2 (Santa Cruz), el reducto base del grupo delincuencial Los Triana, también es la más golpeada por las vacunas a los negocios, a los cuales les cobran, en algunos casos, $15.000 semanales, pero en otros casos pueden superar los $100.000.

“Algunos grupos, especialmente hacia el norte de la ciudad, no tienen discriminación para el cobro de las extorsiones: pagan hogares y negocios. Pero en la mayoría de sectores únicamente se cobra a los negocios”, señaló el profesor. De acuerdo con la encuesta, hay barrios en esta comuna que pueden superar el 80% de vacunas a los negocios, como ocurre en el barrio La Frontera, que es del 83,3%. En la 1 (Popular) la cifra llega al 75% de los negocios afectados por este fenómeno, al igual que en la 13 (San Javier), con casos como San Javier 1, que llega al 80% y San Javier 2 que está por el 75%.

En las comunas 4 (Aranjuez), 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre), 7 (Robledo), 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria), 12 (La América) y el corregimiento San Cristóbal hay zonas donde se supera el 60% de negocios extorsionados.

Las rentabilidades

La extorsión es una de las rentas criminales más fuertes de las estructuras criminales, las cuales les pueden dejar hasta $100.000 millones al año, sin importar si este se cobra de manera sostenida solo a los negocios o si también se hace a las residencias.

Las estructuras delincuenciales más enfocadas en este tipo de cobros criminales son, además de Los Triana, La Terraza, Doce de Octubre, Picacho y El Pesebre, aunque muchas otras no le quitan el dedo del renglón a esta renta.

Incluso, para hacer estos cobros tienen días establecidos, principalmente los fines de semana, haciendo uso de estrategias que permiten evadir fácilmente el accionar de las autoridades en caso de ser sorprendidos.

“Generalmente estos cobros se hacen los viernes, y en ocasiones usan algunos mecanismos de protección -como talonarios de rifas o boletas- que mitigan el riesgo de una captura en flagrancia durante el cobro”, explicó el investigador sobre el comportamiento de los combos a la hora de cobrar las vacunas.

¿Por qué no denuncian?

Pese a la cantidad de casos registrados, el porcentaje de denuncias ante las autoridades a duras penas se acerca al 1%, principalmente porque en las comunidades normalizaron este tipo de extorsiones como parte de los gastos que tienen los negocios y porque sienten a las estructuras como validadores de la seguridad.

“La extorsión toma diferentes matices en Medellín. En algunos casos los ciudadanos lo interpretan como un pago por temor a amenazas, en otros como un pago por un servicio de vigilancia privada, y en otros tantos como una especie de impuesto comunitario a cambio de un bien semi-público que prestan los combos”, indicó Tobón.

Aseguró, además, que en muchos casos la misma comunidad le da más validez a la misma estructura delincuencial que a la Policía y demás autoridades, argumentando que esta seguridad es prestada por gente del mismo barrio, que se mantiene en la zona, lo que les hace sentirse más protegidos en muchos casos.

Si bien tanto para el experto como para las autoridades este delito podría controlarse, siempre y cuando se denuncie, la realidad es que la mayoría de casos que se reportan tienen que ver con la extorsión carcelaria que, de acuerdo con los análisis, es la menos recurrente de todas.

“Un nivel de complejidad adicional derivado de las pocas denuncias, es que los casos más comúnmente denunciados corresponden a llamadas que se hacen desde la cárcel. Y esto hace pensar que las soluciones de política pública pasan únicamente por evitar que se den este tipo de extorsiones. Pero lo cierto es que son cientos de miles de ciudadanos que sufren la extorsión en sus casas y negocios, y a estos les da mucho más temor denunciar”, concluyó Tobón.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) este año se han denunciado 123 casos de extorsión, 114 casos menos que el año pasado, cuando se contabilizaban 237. Incluso, las cifras de denuncia por comuna difieren completamente de las reportadas por el estudio realizado por las universidades de Chicago y Eafit y la ONG Innovations for Poverty Action (IPA).

El informe oficial de la Alcaldía de Medellín mostró que las zonas con mayor cantidad de denuncias son la 10 (La Candelaria) con 22 casos, la 13 (San Javier) con 12 y la 7 (Robledo) con 11. La comuna 2 (Santa Cruz) apenas tiene reporte de dos casos.

En cuanto a las modalidades implementadas, indicaron que van 64 casos de extorsión clásica, 23 de ciberextorsión y 15 de devolución de bienes.

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Anato anuncia senda positiva en venta de servicios turísticos para este año

Anato informó que el año 2024, podría marcar una pauta para recuperar la senda positiva que venía presentándose y seguir posicionando al turismo como un motor impulsor de desarrollo.

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Photo: Radio Seaflower

Según información de la Asociación Nacional de Agencias de viajes y turismo, Anato, en el 2023, la inflación, sumado a las altas tasas de interés, fueron factores que causaron un desestímulo en la compra de bienes y servicios turísticos en el país. Sin embargo, el año 2024, podría marcar una pauta para recuperar la senda positiva que venía presentándose y seguir posicionando al turismo como un motor impulsor de desarrollo.

La variación  del IPC anual de marzo continuó a la baja y se ubicó en un 7,36%; y la variación en el índice de precios de transporte de pasajeros en avión fue de -17,11%; y el de los paquetes turísticos del -3,82%.

“Este efecto puede deberse a la recuperación de la conectividad aérea en el país, que ahora cuenta con mayor oferta de rutas y frecuencias con la llegada de nuevas aerolíneas, generando más competitividad para el país, así como también debido a la estabilización en los precios del combustible”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

De hecho, el transporte de pasajeros en avión fue el quinto rubro con mayor disminución en el índice de precios, y los paquetes turísticos, el número 18, entre 188 subclases de productos y servicios.

“Estos resultados son, sin duda, una oportunidad para que trabajemos como sector en impulsar el turismo interno de Colombia, crear acciones que potencialicen los atractivos de nuestro país y de esta forma seguir contribuyendo al desarrollo de todas las regiones del territorio nacional”, concluyó la dirigente gremial.

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Sigue controversia injerencia de Gobierno con cafeteros en Colombia

Los cafeteros reclaman del Gobierno que subsidie los insumos del sector agropecuario en un 50% para pequeños productores y del 40% para los demás productores, sean estos medianos o grandes.

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Photo: Colprensa

Los intentos del Gobierno Nacional por disuadir a los cafeteros de Antioquia de realizar la protesta que tienen programada para este miércoles no han funcionado y el movimiento sigue en firme, según confirmó uno de los organizadores.

“Nos han estado llamando desde el viernes pero no vamos a hablar con ellos porque solo ahora que tenemos programado este plantón ya sí dicen que tienen las soluciones desde Bogotá”, expresó Alonso Suárez, integrante del movimiento Dignidad Cafetera.

El líder gremial informó que por lo pronto parecen superadas todas las expectativas de asistencia, pues, por ejemplo, contaban apenas con dos “chivas” desde Betulia pero ya llevan cuatro fletadas y considera que pueden llegar a las cinco, fuera de las dos que salen desde el corregimiento Altamira, del mismo municipio, en el suroeste del departamento.

Igualmente, tienen presupuestadas dos o tres buses tipo escalera desde Salgar y por lo menos cinco desde Andes. Fuera de eso, de acuerdo con Suárez, irían muchos más en sus propias motos y carros para la concentración que se iniciará desde las ocho de la mañana de este 17 de abril en el municipio de La Pintada.

Allí se reunirán con otros cultivadores del grano que han aceptado la convocatoria desde cerca de ocho municipios del Eje Cafetero, como Pácora, Salamina, Aguadas y Riosucio (Caldas).

Los campesinos están enarbolando un pliego de peticiones que contiene nueve puntos. El primero de ellos tiene que ver con un precio de compra del grano cercano a los dos millones de pesos por carga, con un subsidio, para que permita recoger los costos de producción y un margen de utilidad.

“Actualmente estamos produciendo a pérdida, porque aunque en los últimos días el precio internacional ha subido, ¿esto será por cuánto tiempo? y ese precio no nos va a tocar a los de la cosecha de Antioquia ni a algunos del Huila. Estamos vendiendo la carga a 1.420.000 pesos y producirla vale entre 1.600.000 y 1.700.000 pesos, o sea que estamos produciendo a pérdida”, se lamentó Suárez.

El segundo punto es el otorgamiento de créditos de fomento a cinco años con tasas de interés iguales o menores al 2% anual, para renovación por siembra o zoca y con un periodo de gracia de dos años, mientras se reactiva la caficultura, pero eliminando condiciones que, según los caficultores, les impiden el acceso como que sean solo para campesinos con menos de cinco hectáreas y que no tengan reportes por deudas.

Abogan, igualmente, por una política de alivio a las deudas ya contraídas que contemple condonaciones parciales de capital y totales de intereses.

Adicionalmente, reclaman del Gobierno que subsidie los insumos del sector agropecuario en un 50% para pequeños productores y del 40% para los demás productores, sean estos medianos o grandes.

Otro punto, esencial para ellos y, según dicen, en general para todos los productores del agro, es la revisión del catastro multipropósito que “eleva el precio de las propiedades y pone impuestos confiscatorios para el agro”. Según Suárez, en algunos municipios donde este se ha aplicado el impuesto predial ha aumentado hasta en un 4.000 por ciento “En Andes ocurrió que hicieron una protesta y lograron bajarlo, pero hay incrementos impagables”, recalcó Suárez.

Aparte de eso, los cafeteros plantean la constitución de una Mesa por la Verdad Cafetera que debe incluir el trámite de la reforma estatutaria y la restructuración de la Federación Nacional de Cafeteros y, finalmente, hablan de propiciar un nuevo Pacto Cafetero a nivel mundial, convocando a todos los países productores de café arábigo y que se impongan aranceles a los cafés que se importan al país.

Dignidad Cafetera indicó que está de acuerdo con la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, pero advirtió que en este solo hay 365.000 millones de pesos que no alcanzan para comprar la cosecha cafetera y por eso se requiere que del presupuesto nacional le inyecten más o menos unos 800.000 millones de pesos más para resolver las peticiones de los caficultores.

“Después del plantón nos sentaremos a analizar y si el Gobierno no nos escucha vamos a recoger plata para hacer el gran paro nacional cafetero indefinido”, advirtió Suárez al recordar el movimiento del año 2013, que alteró la vida en todo el país y culminó cuando el presidente Juan Manuel Santos cedió a las peticiones de distintos sectores agropecuarios, con una inyección de 1,3 billones de pesos.

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Crece preocupación por sequía en embalses en Colombia y posible racionamiento

Los niveles críticos en los embalses podría llevar a que el Gobierno ordene el uso de termoeléctricas a toda capacidad para compensar la falta de hidroeléctricas en el país.

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Photo: Colprensa

Este fin de semana continuaron las malas noticias sobre los embalses para generar energía en Colombia. Su nivel bajó de 30% por primera vez en el siglo, y el domingo alcanzaron un volumen útil diario de 29,78%.

Según XM, operador del Sistema Interconectado y administrador del Mercado de Energía Mayorista, a nivel regional el caso más crítico es el de Oriente, que muestra niveles de 10,88%.

Por su parte, en Antioquia se observó un promedio de 28,68%, y en la región Centro, de 41%.

Al respecto, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que el 27% es la cifra mágica, porque en ese punto podrían empezar a entrar en fallo los embalses y habría que dejarlos de usar por un tiempo.

Según Castañeda, “estamos en una situación crítica, en los últimos 10 días las lluvias no se han consolidado, el fenómeno de El Niño sigue haciendo lo suyo”.

En declaraciones a Blu Radio, el líder del gremio expresó que a pesar de que cada embalse es un mundo diferente, el nivel debajo del 27% sería un mundo desconocido para el país.

Y continuó que frente a la crisis energética y el apagón en 1992, la gran diferencia es que hoy en día las termoeléctricas sí están funcionando y de hecho han respaldado al sistema desde finales del año pasado, lo que permitió ahorrar agua.

Entre tanto, en 1992 debió apelarse a gastar toda el agua que los embalses iban acumulando, lo cual provocó el crítico precedente.

Castañeda cuestionó que el consumo de energía sigue disparado en el país, y llamó a adoptar medidas como pedirle a los industriales que vendan sus excedentes de energía y crear incentivos para que los usuarios ahorren.

El centro de pensamiento Anif reiteró la preocupación nacional, en el sentido que “somos altamente dependientes de la generación de energía hidroeléctrica (68,3% de la matriz energética)”.

Recordó que “la generación de energía por medio de fuentes térmicas implica un mayor costo que recae directamente sobre los consumidores”.

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