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Controversia por nuevo decreto que deroga penalización de dosis personal

El nuevo decreto 2114 modifica el procedimiento de la Policía sobre el porte y consumo de la dosis mínima, como está permitido en la Constitución.

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Photo: Semana.com

El anuncio por parte del Gobierno Nacional de la expedición de un nuevo decreto que deroga la criminalización del porte y consumo de la dosis personal en el país generó múltiples reacciones tanto en líderes políticos como ciudadanos.

En muchos de los casos la norma fue interpretada por la opinión como si esta autorizara la venta y consumo de drogas ilícitas en cualquier espacio público, cuando según el nuevo decreto 2114 lo que se modifica es el procedimiento de la Policía sobre el porte y consumo de la dosis mínima, como está permitido en la Constitución.

La nueva norma lo que pide es atacar y contrarrestar de manera más fuerte a las organizaciones que se dedican al microtráfico y narcotráfico, y no poner el peso de la ley sobre el consumidor.

Como ha pasado con los principales anuncios del gobierno del presidente Gustavo Petro, con este nuevo las opiniones están divididas, están quienes la rechazan de manera tajante, al considerar que puede ser la puerta de entrada a la drogadicción de muchos jóvenes; y por otro lado, quienes respaldan la posición del gobierno de enfocar los esfuerzos de las autoridades en atacar las organizaciones criminales que se dedican al microtráfico y narcotráfico.

En respuesta a las diferentes interpretaciones, el propio presidente Gustavo Petro, señaló que estaba “viendo con sorpresa que ya ciertos sectores de la prensa confunden contravención de policía que se expresa en el código de policía con delito, que se expresa en el código penal”.

Según el mandatario de los colombianos, como la dosis personal está permitida en la Constitución, “la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan la ciudadanía”.

Uno de los primeros que salió a criticar la medida fue el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, quien afirmó que el presidente Petro le hace un gran daño a la sociedad colombiana prohibiendo que la Policía impida la venta de drogas ilícitas en las calles.

“En la práctica es una especie de legalización del microtráfico. Por cuenta de esta decisión irresponsable los alcaldes electos del país tenemos que prepararnos para enfrentar un aumento del microtráfico, de la violencia urbana, del crimen general , y de la destrucción de más familias por cuenta de este delito”, escribió Gutiérrez.

Otro que lanzó duras críticas a la medida fue el concejal electo de Bogotá, Daniel Briceño, quien basó casi toda su campaña electoral en hacer oposición en redes sociales al actual Gobierno. El nuevo cabildante de la capital catalogó la medida como errada e hizo una llamado a “los concejos y alcaldes a defender a las familias”.

A la ola de críticas se sumó, como en otros casos, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “Petro exacerbando los problemas de orden público en el país. La Policía Nacional queda sin funciones frente al consumo o porte de drogas estupefacientes. Se consuma la derogatoria del Decreto 1844/2018 que ordenaba procedimiento verbal de policía en esos casos”, señaló la congresista.

Sin embargo, especialistas en el tema, como el abogado Francisco Bernate, señalaron que el nuevo decreto del Gobierno es coherente con la leyes actuales del país, que establecen que el porte de sustancias estupefacientes para fines exclusivos de consumo está permitido.

“En absoluto se modifican las funciones de la policía, por el contrario, creo que a partir de esta disposición la policía debe enfocarse no en la persona del consumidor que está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino, por el contrario, en el expendedor, en la persona que trafica, es allí por supuesto en las ollas y en el micro tráfico es allí donde deben enfocarse los esfuerzos de la policía nacional” aseguró el penalista en diálogo con Blu Radio.

Otra de las voces que salió e defensa del decreto fue la congresista María del Mar Pizarro, quien señaló que la venta y distribución de drogas es un delito en el país, por lo tanto la policía claramente tiene facultades para prevenirlo y perseguir a quienes lo cometan y que el nuevo decreto no tiene nada que ver con el aspecto penal.

“Lo que hace este decreto es derogar algo que el Consejo de Estado había declarado inaplicable sobre las facultades de la Policía para decomisar sustancias de los consumidores, incluso la dosis mínima. Recordemos que esta ha sido respaldada por la C. Constitucional C-221 de 1994. Hay que recordar que el porte y consumo de sustancias psicoactivas NO es un delito para la dosis mínima, así a muchos no les guste. De nada sirve perseguir al consumidor. ¿Qué más evidencia que la guerra fallida de las drogas?”, escribió Pizarro, en su cuenta de X.

¿Qué es lo nuevo?

En términos legales, la nueva orden lo que hace es dejar sin valor el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, es decir, el Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, adicionado por el Decreto 1844 de 2018, el cual estaba vigente.

El Decreto 1844, en concreto reglamentó parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas

Sin embargo, en julio de 2020 el Consejo de Estado, en fallo de 122 páginas, ya había hecho una corrección al decreto emitido en 2018 por el presidente Iván Duque, en el que estableció que la Policía Nacional podía incautar la dosis mínima e incluso interponer multas a quienes consumieran en espacio público.

En ese momento, el alto tribunal aclaró que la Policía únicamente podía decomisar la dosis mínima si era utilizada para fines distintos al consumo de quien la carga, si se puede comprobar que es para su comercialización o atenta contra terceros.

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Entregan detalles sobre muerte de colombo-estadounidense en Medellín

Después de la agresión, los otros dos hombres que estaban invitados en esta reunión, salieron de la urbanización y los vigilantes comenzaron a perseguirlos por toda la avenida Las Palmas, en Medelín.

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Photo: Colprensa

Cuatro hombres se citaron en el apartamento de uno de ellos para departir, al son de la música y el consumo de bebidas embriagantes, desde la noche del viernes en Medellín. Todos cuatro amanecieron en la fiesta, pero después de que pasaron las 8:00 de la mañana del sábado, los malos tragos y las propuestas indecorosas dieron pie a un altercado que acabó con un muerto y un herido.

Dentro de la habitación 2313 del conjunto residencial Yerbabuena se presentaron los desmanes luego de que, según el reporte judicial, el fallecido le habría propuesto a uno de sus invitados a que sostuviera relaciones sexuales con él, lo que generó una reacción violenta por parte de esta persona, quien primero lo retira y después toma uno de los cuchillos de la cocina de la vivienda, para atacarlo.

Las múltiples lesiones con arma blanca provocaron la muerte de Josué Cardona Palacio, quien nació en Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos, hace 34 años, y quien tiene cédula colombiana expedida en Miami. Se desempeñaba como programador informático y el apartamento donde ocurrieron los hechos es de su propiedad.

Otro de los invitados a esta reunión, el venezolano Osneyver Rafael Vega Esvell, de 25 años, intentó defender a Josué de su agresor, recibiendo una puñalada en el hombro izquierdo y otra en la espalda, siendo trasladado en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín a la Clínica Las Vegas, de Medellín. Estas lesiones no comprometieron su vida.

Después de la agresión, los otros dos hombres que estaban invitados en esta reunión, salieron de la urbanización y los vigilantes comenzaron a perseguirlos por toda la avenida Las Palmas, mientras se llamaba a la Policía, que con una de las unidades del cuadrante apoyaron la persecución y sobre esta vía principal, a la altura de la calle 16, lograron la captura de los dos presuntos responsables de esta doble agresión.

Los uniformados detuvieron a Dajhal Mesa Salazar, de 20 años, y a Andrey Gómez Posada, de 24; a este último le encontraron el cuchillo ensangrentado con el que se habría cometido el asesinato y, según los registros judiciales, tendría antecedentes por los delitos de receptación y falsedad marcaria. El otro detenido no tenía antecedentes judiciales.

A ambos se le realizan las audiencias ante el juez de control de garantías, donde les imputaron el delito de homicidio y tentativa de homicidio y en las próximas horas se sabrá si a ambos los envían a prisión por estos hechos.

Este programador, quien trabajaba para varias empresas en distintas partes del mundo, compartía su residencia entre Medellín, de donde son oriundos sus padres, y Estados Unidos, su país natal, principalmente en el estado de la Florida.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si los dos atacados conocían a los procesados con anterioridad o si, por el contrario, los habrían conocido mediante redes sociales esa misma noche.

El asesinato de Josué es la primera que se confirma como homicidio de un extranjero en Medellín, entre los 13 fallecimientos ocurridos en el Valle de Aburrá por múltiples causas que se han presentado este año de la población no migrante en la ciudad.

De acuerdo con informes judiciales, de los otros 12 fallecidos, en tres casos se confirmó que se trataban de suicidios, dos se produjeron después de que las víctimas ingresaran con personas a los lugares donde se encontraban hospedados, una más tras el consumo de yagé en una finca de Barbosa, otra luego de haberse caído y golpearse contra el suelo y los restantes se deberían a causas naturales, entre las que se encuentra un bebé peruano de nueve meses de nacido, quien padecía desde su nacimiento problemas renales y de corazón.

Estas recientes muertes, sumadas a las 31 que ocurrieron en el 2023, entre ellas seis luego de citas mediante uso de aplicaciones, han hecho que desde Estados Unidos se hayan emitido múltiples alertas para que sus ciudadanos, en lo posible, no visiten Colombia.

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Carlos Fernando Galán anuncia refuerzo de pie de fuerza en Bogotá

El alcalde de Bogotá anunció que a la ciudad llegarán 700 policías nuevos para reforzar labores, de los cuales 100 tendrán la tarea de combatir el hurto a personas y al comercio, que son, precisamente, los delitos de alto impacto.

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Photo: Colprensa

La oleada de hurtos masivos en establecimientos comerciales y balaceras en distintas zonas de Bogotá hizo que el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, anunciara una serie de ajustes a su política de seguridad, que se le conoce como “Bogotá Camina Segura”.

En ese sentido, el mandatario local anunció que a la ciudad llegarán 700 policías nuevos para reforzar labores, de los cuales 100 tendrán la tarea de combatir el hurto a personas y al comercio, que son, precisamente, los delitos de alto impacto que han sido mediáticos en las últimas semanas.

“Sabemos que la seguridad es el principal reto que tenemos que enfrentar. Ese grupo fortalecerá la estrategia para poder enfrentar de manera cada vez más efectiva a los delincuentes. Somos conscientes de la problemática de seguridad, estamos con la estrategia que requiere ajustes”, afirmó Galán.

Por otro lado, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel José Gualdrón, dijo que una de las estrategias será la inclusión de policías encubiertos bajo el nombre “Arcángel”, quienes estarán ubicados “en sitios como Transmilenio, restaurantes, bares y algunos sectores de parques”.

Parte de los 700 uniformados estarán desplegados así: 150 policías que entran esta semana a apoyar labores, 50 estarán destinados a inteligencia, otros 50 para Policía Judicial y 50 repartidos en las dependencias de Infancia y Adolescencia y Turismo.

El alcalde Galán explicó que la política de seguridad local implica la articulación de las entidades del Distrito que tienen alguna implicación en la seguridad ciudadana. Muestra de ello, según el alcalde, son los helicópteros que han sobrevolado la capital, los “gestores de la Secretaría de Movilidad y el acompañamiento de miembros de la Brigada XIII del ejército en zonas priorizadas y operativos”.

“Eso es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para, con todo el aparato institucional, actuar de manera preventiva y reactiva”, advirtió Carlos Fernando Galán en la rueda de prensa en la que también estuvieron el secretario de Seguridad, César Restrepo, y la directora seccional de Fiscalías, Leonor Merchán Lopera.

Y agregó que “tengo como alcalde la principal responsabilidad, entonces mi principal responsabilidad era conectar a esos actores y eso es lo que estamos haciendo”.

El secretario Restrepo, por su parte, habló de la importancia de la red de cámaras de vigilancia en la ciudad. Sobre estos artefactos dijo que “entre el 15 y 20 % de las cámaras (de Bogotá) están en constante revisión” y que “el reto es disminuir este porcentaje para tener mayor cobertura en los canales de videovigilancia”.

Por último, presentaron el cartel de los más buscados, en donde aparecen los rostros de los doce hombres que estarían detrás de casos de hurtos y homicidios en la ciudad y que tienen órdenes de captura vigentes.

Por información que ayude a dar con la captura de estos presuntos delincuentes, la Policía ofrece recompensas que ascienden hasta los $150 millones.

Parte de los hechos violentos y de inseguridad que ocurriendo en Bogotá la semana pasada fue el homicidio del empresario Hernán Roberto Franco Charry en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

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Lanzan plan de vivienda y basura cero para San Andrés y Providencia

El anuncio sobre las viviendas en Providencia contó con el acompañamiento de la alcaldesa encargada de Providencia Debbie Archbold, quien informó sobre los beneficiarios de este proyecto.

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Photo: Gobernación Departamento Archipiélago

La construcción de 100 viviendas para damnificados en Providencia, la restauración de viviendas típicas isleñas tradicionales en San Andrés y el desarrollo de un plan de basura cero para el territorio insular fueron los principales anuncios dados por el Gobernador de San Andrés Nicolás Gallardo Vásquez en el marco de una visita oficial efectuada por la ministra de vivienda Catalina Velasco al territorio insular el pasado fin de semana.

El anuncio sobre las viviendas en Providencia contó con el acompañamiento de la alcaldesa encargada de Providencia Debbie Archbold, quien informó sobre los beneficiarios de este proyecto.

«Los que recibirán las casas nuevas son los damnificados por el huracán Iota que actualmente viven en arriendo en residencias en el municipio y que venían clamando por una vivienda nueva al perderlo todo por el huracán», afirmó.

Por su parte, el Gobernador Gallardo informó sobre el plan de restauración de viviendas tradicionales que se hará con base en la información recogida durante las ultimas décadas por la Universidad Nacional Sede Caribe.

«La información de las casas que serán restauradas ya ha sido planificada por la Universidad Nacional y ahora, luego de tener una ley de restauración de viviendas tradicionales, podemos decir que este proyecto es una realidad para propietarios de viviendas tradicionales en la isla», dijo el mandatario.

Finalmente, la Ministra Velasco presentó el plan de basura cero para el territorio insular que se trata de la utilización de residuos solidos para la generación de energía y un plan de evacuación que se hará de manera planificada para su reúso en el continente colombiano.

La visita oficial culminó con un recorrido por la isla, en la cual se destacó la presencia en sectores como La Loma y los barrios que comprenden el denominado Distrito IV que espera poder tener a su disposición próximamente con la instalación de tuberías y redes de alcantarillado pluvial para la evacuación de aguas en tiempos de altas precipitaciones en esta parte de San Andrés.

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