Actualidad
Defensoría del Pueblo revela situación crítica para adquirir medicamentos en Colombia
El impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna.
En la audiencia pública de presentación del informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del derecho a la salud en Colombia.
Este agravamiento está marcado por un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación y con un impacto más severo en poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad.
Encuesta y cifras que preocupan
Los efectos de esta crisis son múltiples y severos. A partir de las encuestas realizadas (3.449), se hizo un ejercicio para determinar el impacto económico de la falta de entrega oportuna de medicamentos, principalmente se identificaron seis (Metformina, Valsartán e Insulina Glargina), que incluye aquellos utilizados en diagnósticos de salud mental y otras condiciones neurológicas (Quetiapina y Ácido Valproico), así como en salud materna (Ácido Fólico).
Al determinar el costo del tratamiento mensual y estimando unos ingresos promedios de acuerdo con los reportes contenidos en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna.
La Defensoría del Pueblo, con corte a septiembre del 2025, además, tiene un reporte de 584 medicamentos diferentes no entregados. El seguimiento a 1.798 de estos casos indica que el 48% de ellos no ha sido resuelto. Ante la no entrega, el 61% de los encuestados manifestó que compraría el medicamento de manera particular, lo cual representa un impacto económico crítico, que se agrava en los territorios rurales, rurales dispersos y pueblos étnicos.
Los tres medicamentos que fueron reportados como no entregados con mayor frecuencia fueron Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. En el grupo de los diez primeros medicamentos, se acumula el 25% de los reportes de no entregas.
“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos, privilegian el interés del canal comercial sobre el canal institucional”, manifestó desde Barranquilla la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe.
Panorama de tutelas
Si bien el informe presenta un panorama detallado del 2025, la Defensora del Pueblo dio a conocer las crifras sobre las tutelas presentadas en los últimos cinco años y ocho meses. Son 1.003.147 las acciones jurídicas radicadas ante la Corte Constitucional, invocando el derecho a la salud entre enero del 2020 y agosto del 2025.
Tan solo en el 2025, el 33,85% de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82% de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
La Defensoría ha acompañado e interpuesto 18.451 tutelas entre enero y agosto del 2025, recurso judicial con el que ha sido solicitado el amparo del derecho fundamental a la salud. El 24% de las acciones estuvo relacionado con la negación en la entrega o acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados fueron Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%).
Indicadores que sustentan el diagnóstico
Durante la audiencia, la Defensora enfatizó en que “esta problemática, la cual combina factores financieros, administrativos y logísticos, refleja una situación de mayor criticidad y regresividad en el funcionamiento y sostenibilidad del sistema”.
La Superintendencia Nacional de Salud registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos.
La Defensoría del Pueblo recibió 107.000 quejas entre 2022 y 2025. Para 2024 recibió 35.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud, un aumento del 32% frente al 2023. Solo entre enero y agosto del 2025, han sido radicadas cerca de
28.000 quejas relacionadas con problemas en la prestación de los servicios de salud.
El informe, construido a partir de información oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, y de datos primarios recolectados mediante la Estrategia de Respuesta Inmediata y los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en 19 departamentos, evidencia un deterioro progresivo en la garantía de este derecho fundamental.
Hallazgos principales
La afectación generalizada en el acceso a medicamentos se explica por una combinación de factores estructurales y coyunturales, que fueron explicados de la siguiente manera por la Defensora del Pueblo:
- Falta de transparencia financiera de EPS, IPS y gestores farmacéuticos, acompañada de falencias en la rendición de cuentas.
- Retrasos y atascos en los pagos que afectan la disponibilidad de medicamentos y servicios.
- Distorsión de la cadena logística, que desplaza la atención hacia el canal comercial privado mientras el institucional asume los medicamentos de alto costo.
- Barreras administrativas y cambios en gestores farmacéuticos con capacidades insuficientes para atender las demandas territoriales, que interrumpen tratamientos, particularmente en territorios de difícil acceso.
Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia son los departamentos donde las vulneraciones al derecho a la salud son más críticas. Les siguen La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.
“Se reconoce una causa estructural, consistente en la alta inequidad social y económica. Mientras la inequidad persista será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud. A pesar de los avances en los indicadores de salud pública de los últimos 30 años en el sistema de salud colombiano, existe una clara inequidad en el acceso a la atención en salud, particularmente para la población rural y la de la periferia del país y de las grandes ciudades, derivada de barreras geográficas, sociales, culturales y económicas”, afirmó la Defensora del Pueblo.
Importancia del Puesto de Mando Unificado
Con base en el análisis de tutelas, quejas y reclamos recibidos por la Supersalud y la Defensoría del Pueblo, se priorizaron 18 departamentos (19 regionales de la Defensoría) para implementar la Estrategia de Respuesta Inmediata y los PMU, los cuales abarcan más del 20% de la población nacional, con predominio de comunidades étnicas y rurales.
Durante la ejecución se realizaron 45 reuniones con 17 tipos de actores del sector salud y control institucional, lo que permitió caracterizar las causas y efectos de la falta de acceso a medicamentos y activar rutas administrativas de solución. Aunque la estrategia tuvo un enfoque coyuntural, también abordó problemáticas críticas como el pago de deudas y las demoras en autorizaciones de servicios.
Los testimonios recopilados en los PMU sugieren que los usuarios corren el riesgo de ver afectada su calidad de vida y, en algunos casos, poner en riesgo su vida debido a la falta de atención o entrega de medicamentos.
También se ha identificado un impacto emocional profundo, evidenciado en frustración, pérdida de confianza y tensiones hacia el personal médico, que enfrenta sobrecarga laboral y episodios de violencia.
Principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo presentó un conjunto de propuestas para enfrentar la crisis del sistema de salud y garantizar el derecho efectivo a la atención.
- Reforma estructural: Promover una reforma a la salud consensuada que asegure equidad, sostenibilidad financiera y enfoque diferencial, fortaleciendo las capacidades locales.
- Coordinación interinstitucional: Crear un tablero nacional de seguimiento al suministro de medicamentos y servicios, así como mejorar la articulación entre las entidades del sector.
- Transparencia y rendición de cuentas: Establecer mecanismos de conciliación de deudas entre actores del sistema, como también fortalecer la vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
- Atención con enfoque territorial: Priorizar zonas rurales y poblaciones vulnerables e implementar un plan nacional para pacientes de alto costo y apoyo a cuidadores.
- Vigilancia y participación ciudadana: Reforzar los controles con participación de entidades de salud, órganos de control y veedurías.
- Fortalecimiento institucional y judicial: Mejorar la gestión administrativa y judicial para reducir la congestión por tutelas y agilizar los reembolsos a pacientes.
“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema, en su deber de garantizar el derecho a la salud y en su obligación de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría, cuyo rol es acercar a las partes para aliviar el sufrimiento que, sin ninguna duda, hoy padece la población colombiana”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Nacional
Colombia fue una nación que caminó unida por la fe en la multitudinaria Marcha para Jesús
Las calles de Colombia cambiaron de rostro este domingo 2 de agosto. Allí donde habitualmente se escuchan los motores, las consignas políticas o el bullicio cotidiano, esta vez fueron los cánticos de alabanza, las oraciones y las banderas blancas las que marcaron el paso de cientos de miles de creyentes que participaron en la Gran Marcha para Jesús 2026.
Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras comenzaron a reunirse en parques, avenidas y plazas principales de ciudades y municipios. Niños sobre los hombros de sus padres, jóvenes portando pancartas con mensajes de esperanza y adultos mayores caminando con serenidad hicieron parte de una movilización que, según sus organizadores, se desarrolló de manera simultánea en los 32 departamentos del país y en centenares de ciudades y municipios.
No hubo colores partidistas ni discursos electorales. La consigna fue una sola: exaltar el nombre de Jesús y elevar una oración colectiva por Colombia. Católicos, iglesias evangélicas, comunidades protestantes y creyentes de distintas denominaciones compartieron un mismo recorrido, dejando a un lado las diferencias doctrinales para enviar un mensaje de unidad, reconciliación y paz.
En Bogotá, miles de participantes caminaron hasta el Parque Simón Bolívar, donde la jornada concluyó con música cristiana, momentos de oración y mensajes de esperanza. Escenas similares se vivieron en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y decenas de municipios, donde las calles se transformaron en un gran templo al aire libre.
La movilización transcurrió de manera pacífica. En lugar de reclamos o confrontaciones, predominó el ambiente familiar. Hubo abrazos entre desconocidos, cantos compartidos y palabras de ánimo para quienes observaban el paso de la multitud desde los andenes y balcones.
Los organizadores describieron la jornada como un movimiento ciudadano, apolítico y no denominacional, cuyo propósito fue recordar que la fe también puede ocupar el espacio público como una expresión de esperanza y servicio a la sociedad. Para esta edición se esperaba una participación superior a la de años anteriores, con presencia en cerca de 700 ciudades y municipios del país.
Al caer la tarde, mientras las columnas de marchantes se dispersaban lentamente, quedaba la imagen de un país que, por unas horas, decidió caminar al mismo ritmo. En un momento marcado por desafíos sociales, económicos y políticos, miles de colombianos optaron por responder con oración, música y un mensaje de fe.
La Marcha para Jesús volvió así a demostrar que, más allá de las cifras de asistencia, continúa consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Colombia, donde la esperanza fue, una vez más, la protagonista de la jornada.
Todo se cerró con el Bogotá Gospel
El momento culminante de la jornada se vivió en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde miles de marchantes confluyeron tras recorrer las principales vías de la capital. Allí, la Marcha para Jesús encontró un escenario de celebración con Bogotá Góspel 2026, el tradicional concierto del Festival de Verano que este año se articuló con la movilización nacional para convertir el parque en un gran espacio de adoración, música y unidad.
Durante cerca de ocho horas, el escenario reunió a reconocidos artistas de la música cristiana como Miel San Marcos (Guatemala), Alex Zurdo (Puerto Rico), Rescate (Argentina), Cales Louima, además de agrupaciones colombianas como Avivamiento, One 4 All, Vasija de Barro, Rapha y Diana Paipa. Cada presentación estuvo acompañada por mensajes de esperanza, reconciliación y fe, en un ambiente familiar que congregó a creyentes de diferentes iglesias y generaciones.
La unión entre la Marcha para Jesús y Bogotá Góspel convirtió el cierre de la jornada en una verdadera fiesta de la fe. Lo que comenzó como una caminata por las calles de la capital terminó con miles de voces elevando alabanzas al unísono, reafirmando el propósito de los organizadores: hacer visible un mensaje de paz, amor y reconciliación para Colombia. La Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar se transformó así en un inmenso templo al aire libre, donde la música sirvió como lenguaje común para celebrar la esperanza y la unidad del pueblo creyente.
Actualidad
Las islas eligieron a Girley Ordoñez Bowie como nueva Gobernadora del archipiélago
Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular.
El domingo quedó escrito un nuevo capítulo en la historia política del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde muy temprano, los puestos de votación comenzaron a recibir a los ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir a quien tendrá la responsabilidad de conducir el departamento durante los próximos años, en unas elecciones atípicas convocadas tras la vacancia del cargo de gobernador.
Con el avance del escrutinio, la tendencia empezó a consolidarse. Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular.
Su victoria fue recibida con celebraciones entre simpatizantes que se congregaron para acompañar el anuncio oficial. Abrazos, aplausos y banderas reflejaron la esperanza de quienes ven en su administración una oportunidad para afrontar los desafíos que enfrenta el departamento, especialmente en materia de empleo, turismo, infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.

Un nuevo liderazgo
Girley Ordóñez Bowie pertenece a una nueva generación de dirigentes isleños. Profesional de formación, ha construido una carrera en el sector público y ha participado en diferentes escenarios administrativos, lo que le permitió ganar reconocimiento entre distintos sectores de la comunidad.
Durante la campaña insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, impulsar el desarrollo económico del archipiélago y trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional para ejecutar proyectos estratégicos que beneficien tanto a San Andrés como a Providencia y Santa Catalina.
Su elección también representa un hecho significativo por el protagonismo de una mujer al frente de la administración departamental, en un momento en que la ciudadanía reclama mayor cercanía entre los gobernantes y las comunidades.
El reto que comienza
La nueva gobernadora asumirá el cargo en un contexto que demanda resultados rápidos. Entre las prioridades estarán la recuperación económica, el fortalecimiento del turismo, la generación de empleo, la atención de las necesidades de Providencia tras los retos de reconstrucción y la defensa de la Reserva de Biosfera Seaflower, uno de los patrimonios ambientales más importantes del Caribe.
La expectativa es alta. Los 10.874 votos que respaldaron su candidatura representan también un compromiso con los ciudadanos que esperan una administración eficiente, incluyente y cercana a las necesidades del territorio.
Con la declaratoria de su elección concluye el proceso electoral extraordinario y comienza una nueva etapa para el Archipiélago. A partir de ahora, el desafío será transformar las promesas de campaña en acciones concretas que impulsen el desarrollo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Actualidad
Laura Sarabia responde a señalamientos que la vinculan a escándalo de la DNI
Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá.
En medio del nuevo escándalo por los presuntos beneplácitos del Gobierno al Clan del Golfo, se conocieron las declaraciones del general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien aseguró que durante su paso por la institución recibió llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, para frenar procedimientos policiales bajo la justificación de no afectar la política de paz total.
En diálogo con Caracol Radio, el uniformado afirmó que Sarabia intervenía directamente cuando tenía conocimiento de operativos o actuaciones contra personas vinculadas a hechos de alteración del orden público o posibles actividades criminales. “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, relató.
El exdirector de la Policía explicó que esas comunicaciones no se daban para prevenir acciones, sino, en la mayoría de los casos, después de que los operativos ya habían concluido. Según dijo, eran llamados de reproche. “Cuando ya estaban culminadas, realmente cuando ya estaban culminadas era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, sostuvo.
Sanabria recordó incluso un episodio relacionado con una protesta feminista en Bogotá que afectó el sistema de transporte masivo. Según su versión, tras ordenar la intervención del Escuadrón Antidisturbios, recibió una llamada de Sarabia para pedir que no se actuara. “Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios… ella llamaba que no se hiciera nada”, aseguró.
Frente a estas afirmaciones, Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá, y negó haber interferido en operativos contra grupos armados ilegales.
“Yo nunca tuve una llamada con el general en esas características. Es un general por quien tengo pleno respeto, por toda su experiencia y trayectoria en la Policía; así se lo manifesté al momento de su salida. La verdad, resulta muy curioso que tres años después haga estas manifestaciones, porque en otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto. Simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado algo, pero nunca habló de una orden específica para suspender algún operativo”, dijo a Blu Radio.
Mientras tanto, el equipo jurídico de la embajadora anunció que interpondrá denuncias penales contra el uniformado.
“Laura Sarabia actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República (…) Cualquier actuación relacionada con los hechos recientemente mencionados por el General (r) Sanabria se limitó a una pregunta —no instrucción— sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”, se lee en un comunicado de la defensa de Sarabia.
-
Nacional4 años agoPetro anuncia que Gobierno manejará regulación de servicios públicos
-
Actualidad4 años agoEl Hotel el Dorado San Andrés, un lujo frente al mar 2023
-
Actualidad4 años agoIncendio consume taller de motos en San Andrés
-
Actualidad5 años agoEn la Comuna 13 de Medellín no cabe un turista más
-
Actualidad5 años agoProvigas plantea soluciones por alto precio del gas propano en San Andrés
-
Actualidad3 años agoMinistro de Transporte anuncia control de precios a tiquetes aéreos en Colombia
-
Actualidad4 años agoIngleses y «gringos» se repartieron los puntos en Catar
-
Actualidad4 años agoLista la terna para la designación del Alcalde de Medellín
