Si bien el debate alrededor de la autonomía regional y la descentralización se creía parcialmente zanjado con la Constitución de 1991 –pues en el papel fue generosa y garantista en materia de soberanía territorial–, lo cierto es que hoy, pasados 30 años, persisten dificultades que tienen a los gobernadores del país hablando de volver a un modelo federal e, incluso, llamando a una constituyente.

La consigna, con dejo de revuelta territorial contra la centralización, la hicieron palpable en una declaración de 10 puntos firmada este lunes en Rionegro, en Antioquia, donde se conmemoraron los 160 años de la Constitución de 1863 que, entre otras, le apostó al liberalismo radical y a un modelo federal.

Y aunque podría pensarse que es una discusión trasnochada y de otra época, para los mandatarios regionales que este año terminan su periodo es más urgente que nunca. Además, las crisis que se siguen acentuando en materia de seguridad y desarrollo son una muestra de ello.

La ecuación, alegaron, es desigual, pues cada día deben asumir más funciones y responsabilidades, pero tienen menos recursos y autonomía para atender las soluciones. De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la Constitución de 1991 y las leyes que desde entonces se han promulgado en materia de descentralización lejos de dotarlos de más recursos, les ha restado independencia a la hora de hacer inversiones.

Según el mandatario antioqueño, de cada 100 pesos, los gobiernos regionales apenas tienen un margen de maniobra con $20, mientras que el gobierno central tiene un cheque en blanco para manejar los $80 restantes: “Tenemos posiblemente el nivel más bajo de recursos de la historia de las entidades territoriales: manejamos el 20 % frente a un 80 % de la Nación. Vamos en retroceso en el capitulo de descentralización y autonomía. Nos van a desaparecer por inanición (…) los presidentes y gobiernos centrales son recentralizadores y, de alguna manera, el Congreso ha permitido que se avance en eso”, alertó Gaviria en un conversatorio organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND).

A su turno, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, declaró que las entidades territoriales están “estranguladas” en su desarrollo. “Dependemos del centro absolutamente para todo, hasta para nombrar un profesor, para tener un policía adicional en una cuadra para garantizar la seguridad ciudadana o para aprobar un hospital de primer nivel acudiendo al Ministerio de Salud”.

En ello coincidió el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien sostuvo que la normatividad y las leyes alrededor del ordenamiento territorial en lugar de contribuir a la descentralización, son obstáculos que impiden dar pasos hacia la soberanía regional.

“Ni teniendo la plata podemos ejecutarla. ¿Cómo es posible que un gobernador se demore 2 años rogándole al Ministerio de Salud que le dé el permiso de hacer un hospital? Yo hago el proyecto, pongo los recursos, pero me piden el permiso, y todas las semanas hay que ir a Bogotá a llevar un papel más. Y nunca hay discusiones de fondo. En ocasiones, las discusiones son el cambio de fachada o cambiar los muebles de un lugar a otro. Pasa lo mismo con un colegio o un puente, hay que ir a pedir permiso”, reprochó Zuluaga.

Por todo esto, advirtiendo una y otra vez que se sienten pintados en la pared con el modelo de ordenamiento territorial, los gobernadores –aun cuando en poco más de seis meses entregarán sus cargos–, piden ser escuchados y que el país debata un eventual regreso a “los estados unidos de Colombia”.

Gaviria fue más allá y puso de presente otra dificultad en la actual coyuntura: “los oídos sordos” del presidente Gustavo Petro que, aunque estaba invitado al evento, al final no confirmó su participación en la cita, lo que caldeó todavía más los tensos ánimos entre el Presidente y los mandatarios regionales.

“La ausencia de grandes dirigentes hace parte también de nuestro llamado a la autonomía regional. Este es un diálogo nacional. Lo hemos dicho y aquí lo reiteramos: el Gobierno Nacional, en estos nueve meses, ha tenido un diálogo de sordos con los gobernadores (…) buscamos impulsar un debate nacional. Eso debe llevar al camino de las leyes y las reformas”, precisó.

Otra es la lectura de la situación que hace el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien sí concurrió a la cita y ratificó que el Gobierno está comprometido con el ánimo de cambio, pero todo bajo la sombrilla de la Constitución del 91. Es decir, entre líneas les dijo a los gobernadores que no le caminarán a reformas que deriven en un sistema federal, al menos por ahora.

El funcionario también sacó pecho por los artículos incluidos en el recién aprobado Plan de Desarrollo que, en teoría, buscan afianzar la descentralización, como la posibilidad viabilizar pactos territoriales para concertar “inversiones estratégicas de alto impacto” y alternativas para que los municipios y departamentos financien proyectos de inversión que contemplen ejecutar recursos por fuera de su jurisdicción.

“El Gobierno está comprometido con una política de cambio dentro de la Constitución y acompañado de todos los poderes del Estado. Tiene cercanía con los poderes regionales, respeta profundamente el poder judicial y el legislativo. Los hechos –la aprobación del Plan, la ejecución presupuestal o el proyecto de ley de adición presupuestal– nos van demostrando que esta democracia es sólida”, explicó el ministro.

En ello coincidió el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, que prefirió tomar distancia de una asamblea constituyente y apostó por “aterrizar el mandato de la Constitución del 91, no solo desde los recursos, sino también desde las competencias”. Con todo, no descartó que en las elecciones regionales de octubre próximo, cuando se elegirán a sus sucesores, la ciudadanía por iniciativa propia incluya una papeleta –emulando lo ocurrido en 1990– para abrir el debate y que el Congreso se apersone del tema.

Ese llamado a no “revolcar” la carta magna ni abrir la puerta a una alternativa que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina lo suscribió el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, quien reconoció que la propia Constitución del 91 tiene las herramientas para garantizar mayor autonomía fiscal y respeto por la soberanía administrativa.

El debate planteado por los gobernadores, como bien reconocieron a lo largo de este lunes, apenas comienza y no concluirá en lo que resta de sus mandatos. No obstante, su consigna manda un mensaje a Petro en búsqueda de que ceda mayor poder y autonomía para atender las crisis que se escapan de los escritorios de Bogotá. La discusión ya arrancó.

“Se vive bajo un régimen centralista”: decálogo de cambios

En su proclama de 10 puntos los gobernadores abrieron la puerta a que se estudie el regreso a un sistema federal y que se fortalezca la autonomía regional.

En su declaración, los mandatarios regionales reclamaron que los territorios “aún viven bajo un régimen centralista” y que la autonomía y la descentralización territorial “son una deuda histórica pendiente”.

Por ello, pidieron aumentar “considerablemente” la participación de los departamentos en los recursos públicos, buscando “que no continúe siendo letra muerta el precepto constitucional según el cual no se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”.

En ese propósito de “repensar el modelo de organización territorial para Colombia”, y saldar una deuda histórica, los gobernadores insistieron en abrir la discusión, con acompañamiento de la academia y las ramas del poder público.

“El propósito de esta iniciativa no es revivir fantasmas del pasado, ni generar factores de división, sino el de encontrar la mejor manera de defender y afianzar la institucionalidad en los territorios”, manifestaron.

Según los gobernadores, la Constitución de 1991 no hizo un “claro y adecuado” diseño a frente a la descentralización y el Congreso tampoco ha desarrollado esa materia. “Dichos conceptos, especialmente el de autonomía territorial, han quedado vacíos de contenido y corresponden a las ‘cláusulas inertes’ de la Constitución Política vigente”, reclamaron.

En ese sentido, al pedir mayores capacidades de gestión administrativa y fiscal, instaron a que se les garanticen mayores atribuciones, pues “es un mandato constitucional que se ha quedado en el papel. Lo mismo se puede decir de las entidades territoriales indígenas y de buena parte de dichas categorías enunciadas en la Constitución de 1991, a las que no se ha querido dar desarrollo legal”.

Al referirse a la principal política del presidente Gustavo Petro, aseguraron que sin un Estado fuerte con presencia integral en los territorios, no se podrá asegurar y consolidar la paz. “Hoy es urgente el rediseño del esquema de organización territorial para que el Estado llegue real y efectivamente a las regiones, y para ello es necesario que la política pública en lo local no sea condicionada ni impuesta desde el centro, sino diseñada e implementada en y desde los territorios”.

Por todo esto, aseguraron que es necesario superar “la visión paternalista, centralista y homogeneizadora” en la gestión y participación de los recursos públicos, para así poder asegurar la autonomía territorial.

De acuerdo con los gobernadores, contrario a normas para fortalecer la soberanía regional, se han expedido contrareformas que en vez de enriquecer, han desdibujado la esencia de la Carta Política basada en la descentralización, autonomía y el poder ciudadano como ejes centrales del Estado.

Para los mandatarios regionales, se debe ver a los territorios como “verdaderos motores del desarrollo”, con todas sus potencialidades, y no como “receptores de gracias y dádivas otorgadas por el centro, sometidos a los vaivenes y criterios de la dinámica política y administrativa central”.

¿Se necesita una constituyente?

Al reconocer que la autonomía regional y la descentralización siguen siendo una deuda histórica, los gobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Carlos Caicedo (Magdalena), Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y Silvano Serrano (Norte de Santander) –bajo la moderación de Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO–, discutieron alrededor de una asamblea constituyente como mecanismo para lograr un efectivo empoderamiento regional.

Según Caicedo, no queda otro camino que reformar la Constitución del 91, pues el Congreso seguirá postergando la discusión, dado su “sistema clientelar y de dádivas”. En contraste, el gobernador de Antioquia prendió las alertas por lo que implica modificar la Carta Magna sin saber en qué resulten las modificaciones, mientras que el mandatario de Norte de Santander defendió las herramientas que, aseguró, están consagradas en la Constitución para hacer realidad la descentralización. En ese sentido, pidió que haya proyectos de acto legislativo que garanticen autonomía fiscal en el manejo de recursos y mayor participación de la ciudadanía.

“La justicia en Colombia es decente”

Durante la discusión de este lunes desde Rionegro hubo espacio para que las cabezas de las Rama Judicial respondieran a los señalamientos que viene haciendo el presidente Gustavo Petro contra estamentos judiciales, al punto de decir que una parte había sido cooptada por la criminalidad.

Desde la Corte Constitucional, su vicepresidente, el magistrado José Fernando Reyes, refutó indirectamente las afirmaciones del Jefe de Estado, quien se encuentra enfrascado en un rifirrafe con el fiscal Francisco Barbosa.

“La justicia es decente, y es decente toda”, advirtió el magistrado Reyes durante uno de los paneles que compartió con el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el magistrado Óscar Darío Amaya, vicepresidente del Consejo de Estado, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, bajo la moderación del periodista Alejandro Santos.

Castillo ratificó que los canales institucionales deben ser el camino y no la confrontación: “Siempre el diálogo mantiene las puertas abiertas para todos (…) Debe primar el deber de colaboración armónica de justicia”.

Ajuste al modelo de desarrollo económico

Si bien la firma de la proclama de los gobernadores era uno de los eventos clave de la cita de los gobernadores, se tiene previsto que este martes continúe la agenda académica y política de la conmemoración de los 160 años de la Constitución de 1863.

La cita es a partir de las 8:00 a.m. en el Centro de Convenciones Recinto Quirama, en el municipio de El Carmen de Viboral, donde se desarrollarán cuatro foros alrededor del modelo territorial y la eficacia de los derechos; el desarrollo económico frente a las finanzas territoriales y gobernanza multinivel, y la La Constitución de 1991 y las deudas pendientes en materia de autonomía territorial.

Entre otros, se tiene prevista la participación del profesor Gilles Guglielmi, de la Universidad de Paris Pantheon-Assas; Luis Fernando Álvarez, expresidente del Consejo de Estado, y Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía.

Por parte de los gobernadores se prevé la participación de Elías Larrahondo (Cauca), Luis Enrique Dussán (Huila), Orlando Benítez (Córdoba) o José Ricardo Orozco (Tolima).