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Gobernadores forjan debate para lograr la autonomía regional y la descentralización

Gobernadores del país desde la cumbre en Rionegro reclaman autonomía e insisten en “repensar el modelo de organización territorial”.

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Si bien el debate alrededor de la autonomía regional y la descentralización se creía parcialmente zanjado con la Constitución de 1991 –pues en el papel fue generosa y garantista en materia de soberanía territorial–, lo cierto es que hoy, pasados 30 años, persisten dificultades que tienen a los gobernadores del país hablando de volver a un modelo federal e, incluso, llamando a una constituyente.

La consigna, con dejo de revuelta territorial contra la centralización, la hicieron palpable en una declaración de 10 puntos firmada este lunes en Rionegro, en Antioquia, donde se conmemoraron los 160 años de la Constitución de 1863 que, entre otras, le apostó al liberalismo radical y a un modelo federal.

Y aunque podría pensarse que es una discusión trasnochada y de otra época, para los mandatarios regionales que este año terminan su periodo es más urgente que nunca. Además, las crisis que se siguen acentuando en materia de seguridad y desarrollo son una muestra de ello.

La ecuación, alegaron, es desigual, pues cada día deben asumir más funciones y responsabilidades, pero tienen menos recursos y autonomía para atender las soluciones. De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la Constitución de 1991 y las leyes que desde entonces se han promulgado en materia de descentralización lejos de dotarlos de más recursos, les ha restado independencia a la hora de hacer inversiones.

Según el mandatario antioqueño, de cada 100 pesos, los gobiernos regionales apenas tienen un margen de maniobra con $20, mientras que el gobierno central tiene un cheque en blanco para manejar los $80 restantes: “Tenemos posiblemente el nivel más bajo de recursos de la historia de las entidades territoriales: manejamos el 20 % frente a un 80 % de la Nación. Vamos en retroceso en el capitulo de descentralización y autonomía. Nos van a desaparecer por inanición (…) los presidentes y gobiernos centrales son recentralizadores y, de alguna manera, el Congreso ha permitido que se avance en eso”, alertó Gaviria en un conversatorio organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND).

A su turno, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, declaró que las entidades territoriales están “estranguladas” en su desarrollo. “Dependemos del centro absolutamente para todo, hasta para nombrar un profesor, para tener un policía adicional en una cuadra para garantizar la seguridad ciudadana o para aprobar un hospital de primer nivel acudiendo al Ministerio de Salud”.

En ello coincidió el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien sostuvo que la normatividad y las leyes alrededor del ordenamiento territorial en lugar de contribuir a la descentralización, son obstáculos que impiden dar pasos hacia la soberanía regional.

“Ni teniendo la plata podemos ejecutarla. ¿Cómo es posible que un gobernador se demore 2 años rogándole al Ministerio de Salud que le dé el permiso de hacer un hospital? Yo hago el proyecto, pongo los recursos, pero me piden el permiso, y todas las semanas hay que ir a Bogotá a llevar un papel más. Y nunca hay discusiones de fondo. En ocasiones, las discusiones son el cambio de fachada o cambiar los muebles de un lugar a otro. Pasa lo mismo con un colegio o un puente, hay que ir a pedir permiso”, reprochó Zuluaga.

Por todo esto, advirtiendo una y otra vez que se sienten pintados en la pared con el modelo de ordenamiento territorial, los gobernadores –aun cuando en poco más de seis meses entregarán sus cargos–, piden ser escuchados y que el país debata un eventual regreso a “los estados unidos de Colombia”.

Gaviria fue más allá y puso de presente otra dificultad en la actual coyuntura: “los oídos sordos” del presidente Gustavo Petro que, aunque estaba invitado al evento, al final no confirmó su participación en la cita, lo que caldeó todavía más los tensos ánimos entre el Presidente y los mandatarios regionales.

“La ausencia de grandes dirigentes hace parte también de nuestro llamado a la autonomía regional. Este es un diálogo nacional. Lo hemos dicho y aquí lo reiteramos: el Gobierno Nacional, en estos nueve meses, ha tenido un diálogo de sordos con los gobernadores (…) buscamos impulsar un debate nacional. Eso debe llevar al camino de las leyes y las reformas”, precisó.

Otra es la lectura de la situación que hace el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien sí concurrió a la cita y ratificó que el Gobierno está comprometido con el ánimo de cambio, pero todo bajo la sombrilla de la Constitución del 91. Es decir, entre líneas les dijo a los gobernadores que no le caminarán a reformas que deriven en un sistema federal, al menos por ahora.

El funcionario también sacó pecho por los artículos incluidos en el recién aprobado Plan de Desarrollo que, en teoría, buscan afianzar la descentralización, como la posibilidad viabilizar pactos territoriales para concertar “inversiones estratégicas de alto impacto” y alternativas para que los municipios y departamentos financien proyectos de inversión que contemplen ejecutar recursos por fuera de su jurisdicción.

“El Gobierno está comprometido con una política de cambio dentro de la Constitución y acompañado de todos los poderes del Estado. Tiene cercanía con los poderes regionales, respeta profundamente el poder judicial y el legislativo. Los hechos –la aprobación del Plan, la ejecución presupuestal o el proyecto de ley de adición presupuestal– nos van demostrando que esta democracia es sólida”, explicó el ministro.

En ello coincidió el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, que prefirió tomar distancia de una asamblea constituyente y apostó por “aterrizar el mandato de la Constitución del 91, no solo desde los recursos, sino también desde las competencias”. Con todo, no descartó que en las elecciones regionales de octubre próximo, cuando se elegirán a sus sucesores, la ciudadanía por iniciativa propia incluya una papeleta –emulando lo ocurrido en 1990– para abrir el debate y que el Congreso se apersone del tema.

Ese llamado a no “revolcar” la carta magna ni abrir la puerta a una alternativa que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina lo suscribió el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, quien reconoció que la propia Constitución del 91 tiene las herramientas para garantizar mayor autonomía fiscal y respeto por la soberanía administrativa.

El debate planteado por los gobernadores, como bien reconocieron a lo largo de este lunes, apenas comienza y no concluirá en lo que resta de sus mandatos. No obstante, su consigna manda un mensaje a Petro en búsqueda de que ceda mayor poder y autonomía para atender las crisis que se escapan de los escritorios de Bogotá. La discusión ya arrancó.

“Se vive bajo un régimen centralista”: decálogo de cambios

En su proclama de 10 puntos los gobernadores abrieron la puerta a que se estudie el regreso a un sistema federal y que se fortalezca la autonomía regional.

En su declaración, los mandatarios regionales reclamaron que los territorios “aún viven bajo un régimen centralista” y que la autonomía y la descentralización territorial “son una deuda histórica pendiente”.

Por ello, pidieron aumentar “considerablemente” la participación de los departamentos en los recursos públicos, buscando “que no continúe siendo letra muerta el precepto constitucional según el cual no se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”.

En ese propósito de “repensar el modelo de organización territorial para Colombia”, y saldar una deuda histórica, los gobernadores insistieron en abrir la discusión, con acompañamiento de la academia y las ramas del poder público.

“El propósito de esta iniciativa no es revivir fantasmas del pasado, ni generar factores de división, sino el de encontrar la mejor manera de defender y afianzar la institucionalidad en los territorios”, manifestaron.

Según los gobernadores, la Constitución de 1991 no hizo un “claro y adecuado” diseño a frente a la descentralización y el Congreso tampoco ha desarrollado esa materia. “Dichos conceptos, especialmente el de autonomía territorial, han quedado vacíos de contenido y corresponden a las ‘cláusulas inertes’ de la Constitución Política vigente”, reclamaron.

En ese sentido, al pedir mayores capacidades de gestión administrativa y fiscal, instaron a que se les garanticen mayores atribuciones, pues “es un mandato constitucional que se ha quedado en el papel. Lo mismo se puede decir de las entidades territoriales indígenas y de buena parte de dichas categorías enunciadas en la Constitución de 1991, a las que no se ha querido dar desarrollo legal”.

Al referirse a la principal política del presidente Gustavo Petro, aseguraron que sin un Estado fuerte con presencia integral en los territorios, no se podrá asegurar y consolidar la paz. “Hoy es urgente el rediseño del esquema de organización territorial para que el Estado llegue real y efectivamente a las regiones, y para ello es necesario que la política pública en lo local no sea condicionada ni impuesta desde el centro, sino diseñada e implementada en y desde los territorios”.

Por todo esto, aseguraron que es necesario superar “la visión paternalista, centralista y homogeneizadora” en la gestión y participación de los recursos públicos, para así poder asegurar la autonomía territorial.

De acuerdo con los gobernadores, contrario a normas para fortalecer la soberanía regional, se han expedido contrareformas que en vez de enriquecer, han desdibujado la esencia de la Carta Política basada en la descentralización, autonomía y el poder ciudadano como ejes centrales del Estado.

Para los mandatarios regionales, se debe ver a los territorios como “verdaderos motores del desarrollo”, con todas sus potencialidades, y no como “receptores de gracias y dádivas otorgadas por el centro, sometidos a los vaivenes y criterios de la dinámica política y administrativa central”.

¿Se necesita una constituyente?

Al reconocer que la autonomía regional y la descentralización siguen siendo una deuda histórica, los gobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Carlos Caicedo (Magdalena), Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y Silvano Serrano (Norte de Santander) –bajo la moderación de Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO–, discutieron alrededor de una asamblea constituyente como mecanismo para lograr un efectivo empoderamiento regional.

Según Caicedo, no queda otro camino que reformar la Constitución del 91, pues el Congreso seguirá postergando la discusión, dado su “sistema clientelar y de dádivas”. En contraste, el gobernador de Antioquia prendió las alertas por lo que implica modificar la Carta Magna sin saber en qué resulten las modificaciones, mientras que el mandatario de Norte de Santander defendió las herramientas que, aseguró, están consagradas en la Constitución para hacer realidad la descentralización. En ese sentido, pidió que haya proyectos de acto legislativo que garanticen autonomía fiscal en el manejo de recursos y mayor participación de la ciudadanía.

“La justicia en Colombia es decente”

Durante la discusión de este lunes desde Rionegro hubo espacio para que las cabezas de las Rama Judicial respondieran a los señalamientos que viene haciendo el presidente Gustavo Petro contra estamentos judiciales, al punto de decir que una parte había sido cooptada por la criminalidad.

Desde la Corte Constitucional, su vicepresidente, el magistrado José Fernando Reyes, refutó indirectamente las afirmaciones del Jefe de Estado, quien se encuentra enfrascado en un rifirrafe con el fiscal Francisco Barbosa.

“La justicia es decente, y es decente toda”, advirtió el magistrado Reyes durante uno de los paneles que compartió con el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el magistrado Óscar Darío Amaya, vicepresidente del Consejo de Estado, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, bajo la moderación del periodista Alejandro Santos.

Castillo ratificó que los canales institucionales deben ser el camino y no la confrontación: “Siempre el diálogo mantiene las puertas abiertas para todos (…) Debe primar el deber de colaboración armónica de justicia”.

Ajuste al modelo de desarrollo económico

Si bien la firma de la proclama de los gobernadores era uno de los eventos clave de la cita de los gobernadores, se tiene previsto que este martes continúe la agenda académica y política de la conmemoración de los 160 años de la Constitución de 1863.

La cita es a partir de las 8:00 a.m. en el Centro de Convenciones Recinto Quirama, en el municipio de El Carmen de Viboral, donde se desarrollarán cuatro foros alrededor del modelo territorial y la eficacia de los derechos; el desarrollo económico frente a las finanzas territoriales y gobernanza multinivel, y la La Constitución de 1991 y las deudas pendientes en materia de autonomía territorial.

Entre otros, se tiene prevista la participación del profesor Gilles Guglielmi, de la Universidad de Paris Pantheon-Assas; Luis Fernando Álvarez, expresidente del Consejo de Estado, y Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía.

Por parte de los gobernadores se prevé la participación de Elías Larrahondo (Cauca), Luis Enrique Dussán (Huila), Orlando Benítez (Córdoba) o José Ricardo Orozco (Tolima).

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Victimas hacen reclamos ante libertad de Salvatore Mancuso

Luego de la llegada de Mancuso al país en febrero de 2024 tras purgar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, hubo muchas decisiones judiciales sobre su libertad.

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Tras conocerse la liberación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, las organizaciones de víctimas se han pronunciando para solicitarle compromisos con la verdad y la reparación de estas.

Según trascendió, el histórico jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia quedó libre luego de que se dictaminara que ya había cumplido su pena impuesta durante el proceso de Justicia y Paz, al que se acogió tras la desmovilización de las AUC.

Luego de cumplir sus obligaciones judiciales bajo Justicia y Paz, Mancuso ahora ostenta la figura de gestor de paz, por designación del presidente Gustavo Petro a través de una resolución que expidió en agosto de 2023, a la vez que fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

A raíz de esta situación, habitantes del Urabá Antioqueño, Córdoba, Montes de María y de pueblos a la orilla de los ríos Magdalena y Sinú han expresado su deseo de que Mancuso ahonde en la verdad que hay tras delitos como masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierra del que fueron víctimas.

“Mancuso ya pagó su condena en Justicia y Paz. Pero las víctimas siguen esperando más verdad. Que él confiese todos esos hechos realizados –en connivencia con otros grupos armados y con empresarios– cuando estuvo con las autodefensas”, apuntó Nora Saldarriaga directora de la Fundación Forjando Futuros.

Saldarriaga también señaló que las organizaciones de la sociedad civil le reclaman al exjefe paramilitar que, si va a estar en la JEP aporte a la verdad y la justicia.

“Y por supuesto que se le den las garantías para que ayude al esclarecimiento de hechos tan importantes como la ubicación de las fosas y en donde están los desaparecidos, para que las víctimas puedan ser reparadas, puedan conocer los hechos y puedan tener esa verdad y así salir de esta situación tan crítica que sigue sumiendo a los colombianos”, apuntó Saldarriaga.

Luego de la llegada de Mancuso al país en febrero de 2024 tras purgar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, hubo muchas decisiones judiciales sobre su libertad. La definitiva la emitió el pasado 4 de marzo una jueza de Justicia y Paz.

En ese momento la magistrada, por petición de la defensa, acumuló todos los procesos que mantenían a Mancuso en La Picota, y profirió fallo a su favor. Sustituyó las 57 medidas de aseguramiento por medidas “no privativas de la libertad”. Además, ordenó al Inpec expedir la debida boleta de salida.

Eso, sin embargo, no fue inmediato. El Inpec se tomó más de dos meses para remitir 31 oficios a los despachos judiciales entre Fiscalías, Juzgados, Tribunal Superior, Unidad Nacional de Lavado de Activos, Justicia Transicional, Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que cada uno informara si tenían algún pendiente con el ahora gestor de paz o en su contra proferidas medidas de aseguramiento.

Una vez fueron allegadas todas las respuestas y notificaciones, el Inpec procedió con el trámite de libertad.

Tras su salida de la cárcel, se prevé que Mancuso se radique en la ciudad de Medellín como ordenó la juez que le acumuló los procesos y concedió la libertad.

Eso sí, Mancuso no podrá desplazarse a las zonas donde tuvo injerencia criminal, es decir regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira. Además, de los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado.

Pese a que hoy es un “gestor de paz”, actualmente Salvatore Mancuso tiene abiertos varios procesos judiciales en diferentes etapas por 65.067 hechos criminales por los que se emitirían 45 sentencias adicionales en su contra, según Justicia y Paz.

La justicia colombiana también lo vincula a múltiples masacres como la de Pichilín en Sucre, la masacre de Tasajera y El Salado en Bolívar, y otras más.

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La Armada logra la incautación de una tonelada de marihuana en San Andrés

En total fueron mas de una tonelada de marihuana y dos kilos de cocaína a bordo de una lancha tipo go fast que navegaba de manera rápida y sospechosa por San Andrés.

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Photo: Armada Nacional

Durante el desarrollo de actividades de patrullaje y control marítimo en el departamento del Archipiélago, la Armada de Colombia en una operación multinacional con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos – JIATFS, incautó más de una tonelada de marihuana y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales eran transportados a bordo de una motonave tipo Go Fast que navegaba de forma sospechosa y a gran velocidad aproximadamente a 107 millas náuticas de la isla de San Andrés.

La operación inició al recibir una alerta sobre la presencia de una embarcación sospechosa, momento en el que se desplegó una Unidad Reacción Rápida – URR de la Estación de Guardacostas de San Andrés, que luego de una intensa persecución interceptó la motonave y puso fin a su intención criminal.

Durante la interdicción, los tripulantes de la motonave arrojaron al mar diferentes bultos, que fueron recuperados por personal de Guardacostas. Al interior de la embarcación fueron encontrados cinco tripulantes, tres de nacionalidad nicaragüense y dos costarricenses a bordo de la embarcación.

Posteriormente, los sujetos junto al alijo incautado fueron conducidos al muelle de la Estación de Guardacostas de San Andrés y puestos a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.

Efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo la Prueba de Identificación Preliminar Homologada- PIPH, la cual arrojó resultado positivo para 1,1 toneladas de marihuana y dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Cabe destacar que las sustancias incautadas están avaluadas en el mercado ilegal en más de siete millones de dólares.

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Colombia vence a Uruguay 1-0 y es finalista de la Copa América

Colombia se prepara para enfrentar a la campeona del mundo, Argentina, con Lionel Messi incluido. Esta selección colombiana parece no asustarse ante la adversidad; de hecho, parece crecerse ante ella.

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Un gol de cabeza de Jéfferson Lerma fue suficiente para que Colombia asegurara su pase a la final de la Copa América, dejando en el camino a una dura selección uruguaya. Lo destacable del gol es que llegó por la vía aérea, un terreno en el que históricamente los uruguayos han sido muy fuertes. Esta anotación no solo significó la victoria, sino que demostró la capacidad de Colombia para competir y superar a sus oponentes en su propio terreno fuerte.

El partido tuvo un momento crítico cuando Daniel Muñoz fue expulsado después de caer en la provocación de los uruguayos. Esta situación dejó a Colombia con 10 hombres en un momento crucial del encuentro. Sin embargo, en lugar de acobardarse, el equipo mostró una gran garra y determinación para mantener su ventaja y asegurar la victoria.

El aliento de los hinchas fue un factor fundamental. Luis Díaz, en particular, buscaba constantemente el apoyo de los aficionados, utilizando su energía como combustible para no sentirse inferior. La berraquera colombiana se hizo presente en el campo, demostrando que, en términos de fuerza y determinación, los uruguayos no podrían superar a esta selección.

La actitud de la selección dirigida por Néstor Lorenzo ha demostrado que este equipo no solo juega buen fútbol, sino que también posee hombría, valentía y un profundo sentido de pertenencia. Estas cualidades, junto con el gol de Lerma, llevaron a Colombia a su tercera final de Copa América en toda su historia.

En 1975 llegó a la final pero perdió contra Perú. Sin embargo, en 2001, ganó el título frente a México. Ahora, Colombia se prepara para enfrentar a la campeona del mundo, Argentina, con Lionel Messi incluido. Esta selección colombiana parece no asustarse ante la adversidad; de hecho, parece crecerse ante ella.

El duelo ante Uruguay era la prueba que Colombia necesitaba para consolidarse como un serio candidato al título. Este equipo ha demostrado que no solo juega bonito, sino que también tiene la capacidad de unirse y superar obstáculos, impulsado por el apoyo incondicional de los colombianos.

James Rodríguez, desde el banco, representaba el sufrimiento y la emoción de todos los colombianos. Fue uno de los sacrificados para equilibrar al equipo tras la expulsión de Muñoz, mostrando que todos los jugadores están dispuestos a poner al equipo por encima de sus intereses personales.

Esta selección colombiana no retrocede; avanza con determinación pese a las adversidades. La “Lorenzoneta” sigue su marcha, con o sin frenos, hacia la gloria, y su último obstáculo es Argentina. La final promete ser un duelo épico, y Colombia está lista para enfrentarlo con la misma garra y valentía que ha mostrado hasta ahora.

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