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Hugo ‘El Pollo’ Carvajal ya fue extraditado hacia los Estados Unidos

Se teme que el exjefe de seguridad del expresidente Hugo Chavez, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal podría revelar relaciones del mandatario y su régimen con actividades de narcotráfico.

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España extraditó a Estados Unidos al exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, después de que la Audiencia Nacional (AN) le ordenara a Interpol su “entrega inmediata” al país norteamericano.

Fuentes judiciales confirmaron que ‘El Pollo’ se encuentra en un avión rumbo a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.

La AN activó su entrega este mismo martes después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) descartara que pudiera sufrir una violación de sus derechos fundamentales en suelo estadounidense.

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN ordenó hacer efectiva la entrega de Carvajal, pidiendo que se comunicara su decisión a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y al director del centro penitenciario de Estremera (Madrid), donde estaba recluido.

Un largo proceso de entrega

Este fue el último episodio en la extradición de Carvajal, que se suspendió por última vez en marzo de 2022 en cumplimiento de la medida cautelar concedida por el TEDH a la espera de que fallara sobre la demanda presentada por su defensa.

El pasado 13 de julio, Estrasburgo la desestimó al considerar que ‘El Pollo’ no logró probar que corriera “un riesgo real” de ser condenado a una cadena perpetua “irreducible”.

La defensa alegaba que, de ser entregado y juzgado por tribunales estadounidenses, podría sufrir una vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Sin embargo, el TEDH lo descartó al entender que Estados Unidos cuenta con “un sistema judicial respetuoso con el Estado de Derecho y los principios de un proceso justo”.

Desde la semana pasada, la Audiencia Nacional únicamente estaba pendiente de que sus servicios internos le tradujeran el fallo del TEDH para dar la orden a Interpol, que finalmente emitió este martes.

El cartel de los soles

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

‘El Pollo’ estaba en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre de 2021, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA estadounidense, en un piso de Madrid donde vivía “totalmente enclaustrado”, según informó entonces el cuerpo de seguridad.

Su captura reavivó entonces el proceso de extradición a Estados Unidos, que quedó aprobada en 2020, pero no había podido materializarse porque Carvajal se fugó en noviembre de 2019, aunque su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.

Antes de su huida, Carvajal pidió un primer asilo alegando que era víctima de una persecución política porque las autoridades norteamericanas le situaban dentro del círculo de confianza de Maduro.

Esta solicitud inicial le fue denegada el mismo 2019, pero no tuvo conocimiento formal de ello hasta septiembre de 2021. Así, tras ser detenido reaccionó intentando que Interior revirtiera su decisión, sin conseguirlo.

Colaboración con la justicia española

Carvajal lanzó una segunda petición de asilo infructuosa poniendo en valor el “proceso de colaboración” con la Justicia española que inició tras ser capturado y que derivó en la reapertura de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, que fue archivada en 2016 y volvió a serlo en 2022.

La defensa de Carvajal intentó varias veces en todos estos años que su cliente fuese puesto en libertad, si bien la Audiencia Nacional lo rechazó al considerar que su riesgo de fuga era evidente.

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Contratista de carrotanques en la Guajira habría intentado quitarse la vida

Se trata de Luis Eduardo López Rosero, que en octubre del año pasado se ganó el contrato por 46.800 millones para la compra de 40 carrotanques que tenían el destino de entregar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira.

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Uno de los casos más grandes de corrupción de este Gobierno, que empezó a conocerse por unos carrotanques detenidos que tenían el propósito de llevar agua a La Guajira, sigue generando revelaciones. En este caso, quien es considerado el testigo estrella, Luis Eduardo López ‘El Pastuso’, es el protagonista.

Se trata del propietario de la empresa Impoamericana Roger, que es contratista en el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).

El diario El Colombiano de Medellín informó que “en su residencia se dispuso a tomarse un veneno, siendo detenido por su familia que lo remite a una clínica psiquiátrica en pasto donde aún permanece”.

Esto después de que su principio de oportunidad fuera revocado, el cual le habría permitido una posible reducción de su pena a cambio de colaborar con la justicia.

Como lo reveló EL COLOMBIANO, un exasesor de Gestión del Riesgo fue la persona que recibió un maletín negro lleno de fajos de billetes en enero de este año como mensajero de Sneyder Pinilla. Juan Camilo Llanos recibió un maletín negro en enero de 2024 con más de 4.000 millones de pesos en su interior.

Esos recursos eran parte de un soborno del contratista Luis Eduardo López Rosero, que en octubre del año pasado se ganó el contrato por 46.800 millones para la compra de 40 carrotanques que tenían el destino de entregar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira. Eso no sucedió, pero según el testimonio de los dos directos implicados, el dinero sí habría llegado a las manos de Andrés Calle e Iván Name, presidentes de Cámara y Senado en el Congreso.

Como lo contó este diario en su momento, López reveló que en total entregó al ex subdirector de la Unidad, Sneyder Pinilla, 7.200 millones de pesos para el pago de sobornos en el Congreso. Lo que llama la atención es que contrario a eso, Pinilla siempre ha dicho que fueron 4.000 millones, por lo que estarían en el aire unos 3.000 millones.

Rosero aseguró ante el ente acusador que su empresa, Impoamericana Roger SAS, se quedó con el contrato por 46.800 millones de pesos para el suministro de carrotanques a la Gestión del Riesgo y que tendrían el fin único de repartir agua en La Guajira.

De ese millonario contrato, Pinilla le reclamó el pago del 16 por ciento, según lo hablado previamente. Pero además, dijo Rosero, que en el plan para robarse la plata de los carrotanques, quedó establecido que, en efecto, él presentaría a sus tres empresas para dar fachada de legalidad. Eso sí, las tres debían ser de su propiedad para que, al fin y al cabo, el contrato quedara en sus manos y así concretar el esperpento de corrupción.

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Procuraduría advierte que Colpensiones no está en capacidad de atender pensionados

La procuradora, Diana Ojeda, explicó que el organismo no se opone a la reforma pensional aprobada en el Congreso, sino que tiene varias críticas al respecto de ese proyecto como la fecha para la entrada en funcionamiento por parte de Colpensiones.

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La Procuraduría pidió a Colpensiones que explique cuáles son las medidas que ha tomado la entidad para cumplir con los cambios que sufrirá el sistema pensional, a causa de la reforma que fue aprobada en el Congreso y entrará en vigencia en julio del 2025.

El organismo pidió información a Colpensiones sobre las acciones y cambios administrativos, tecnológicos y operativos implementados por esa entidad para la entrada en operación del nuevo modelo pensional en el país.

La procuradora, Diana Ojeda, explicó que el organismo no se opone a la reforma pensional aprobada en el Congreso, sino que tiene varias críticas al respecto de ese proyecto, como la fecha para la entrada en funcionamiento.

«La entidad no se opone a una reforma, la entidad se opone a muchos aspectos de esa reforma que están por reglamentar, que no fueron definidos en el texto, que quedaron confusos, se opone a la vigencia, se opone a la institucionalidad de Colpensiones porque conocemos sus fallas desde que la crearon», afirmó la funcionaria.

La procuradora además resalta que desde varios sectores han criticado este nuevo modelo, debido a que consideran que Colpensiones no está lista para asumir las funciones que requiere la reforma.

«Desde muchos escenarios académicos, técnicos y requerimientos que se le ha hecho a Colpensiones hemos manifestado contundentemente que la entidad no está preparada para asumir las nuevas obligaciones que tiene con la reforma pensional», añadió Ojeda.

Entre la información que pidió la Procuraduría aparece la petición detalla del número de solicitudes de expedición y corrección de historia laboral radicadas, atendidas y pendientesde respuesta entre el segundo semestre de 2023 y lo corrido de este año.

Colpensiones deberá remitir la información solicitada por la Procuraduría junto con el cronograma establecido por esa entidad para la implementación del nuevo modelo pensional, en un plazo no mayor a 10 días.

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Colombia se prepara para prohibir la circulación de plásticos de un solo uso

A partir del 7 de julio de 2024, Colombia implementará la prohibición en la producción y consumo de plásticos de un solo uso, conforme a la Ley 2232 de 2022.

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Desde este domingo, 7 de julio de 2024,  empezó a regir la prohibición de producción, distribución y consumo de plásticos de un solo uso en Colombia, medida que busca ayudar a fomentar las políticas de cuidado del medioambiente que han tomado varias naciones en el mundo.

Según el Ministerio de Ambiente, esta norma ayudará a contribuir a tener una mejor sostenibilidad, sin embargo, esta medida ha generado opiniones divididas; unas de celebración desde colectivos ambientalistas y otras negativas desde los gremios y medianos y pequeños empresarios que dependían de elaborar estos productos para subsistir.

Hay que recordar que la ley 2232 de 2022 establece la eliminación de 21 productos plásticos de un solo uso, iniciando con ocho productos y llegando al 2030 con la eliminación total de 21 productos plásticos.

Inicialmente saldrán:

Bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial.

Bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, además de las empleadas en las lavanderías para empacar ropa lavada.

Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, excepto para los productos de origen animal crudos.

Mezcladores de plástico, pitillos para bebidas, soportes plásticos de copos algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón, soportes plásticos para las bombas de inflar y las bolsas plásticas de un solo uso, usadas generalmente en tiendas y panaderías.

Hay que recordar que el pasado 21 de noviembre de 2023 se firmó el pacto para disminuir los plásticos de un solo uso, proceso en el que participaron más de 35 agremiaciones e instituciones involucradas en la producción de plásticos de un solo uso, quienes se comprometieron en la reducción gradual de estos productos que generan una gran contaminación a los ecosistemas nacionales.

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