Nacional
Iván Name y Andrés Calle fueron capturados por posible corrupción en la UNGRD
Name y Calle venían de ocupar las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, cargos de alto poder e influencia que, al parecer, habrían utilizado para su beneficio, recibiendo millonarios sobornos a cambio de favorecer los intereses del Gobierno.
En el escándalo de la UNGRD se abrió un nuevo capítulo rotulado: Iván Name y Andrés Calle, los poderosos expresidentes del Congreso, presos por posible corrupción.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de ambos congresistas tras aprobar la imposición de medidas de aseguramiento en su contra. La noticia ya es vista como la antesala de lo que podría suceder con otros parlamentarios involucrados, que, pese a los testimonios que los comprometen, aún permanecen en libertad.
Todo ocurre en medio de un ambiente político ya de por sí convulsionado, por lo que la ebullición podría ser aún mayor al interior del Congreso, dada la relevancia de sus protagonistas.
Name y Calle venían de ocupar las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, cargos de alto poder e influencia que, al parecer, habrían utilizado para su beneficio, recibiendo millonarios sobornos a cambio de favorecer los intereses del Gobierno.
Por eso, la Corte Suprema les formuló cargos como presuntos responsables de los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación.
La decisión se basó en la existencia de elementos suficientes que darían cuenta de su participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Aunque se trata de un mismo caso, la Corte adoptó decisiones mediante ponencias separadas en cada expediente.
Ambos documentos incluyen un robusto acervo probatorio, con énfasis en pruebas testimoniales y documentales que comprometen de forma directa a los dos congresistas.
Este episodio marca un hecho sin precedentes: Name y Calle son los primeros congresistas en ejercicio que reciben orden de captura dentro de esta investigación, que salpica a altos funcionarios del Estado y revela un mecanismo sistemático de desvío de recursos públicos con fines políticos.
Tres testimonios fueron claves para que la Corte decretara la medida de aseguramiento: los de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.
El testimonio de Ortiz tiene un peso particular. En un inicio, negó cualquier implicación suya y de sus allegados, como el senador Name. Sin embargo, tras ser vinculada formalmente al proceso y privada de la libertad, cambió su versión y decidió hablar.
El expediente sostiene que Ortiz recibía órdenes del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, para que, entre otras cosas, “aceitara” a ciertos congresistas, entre ellos a Name y Calle.
Pero además están las versiones de López y Pinilla en las que señalan que el senador Name habría recibido $3.000 millones como soborno, aunque él lo niega categóricamente.
Según la Fiscalía, el dinero le habría sido entregado en dos tandas, cada una por $1.500 millones en efectivo. Las bolsas con el dinero habrían sido entregadas por Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla en el mismo apartamento donde, dos años después, la Policía capturó a Name por orden de la Corte este martes.
Versiones apuntan a que el dinero fue usado para financiar la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del hoy capturado.
Capítulo: Andrés Calle
El representante es acusado de haber recibido $ 1.000 millones, bajo la misma modalidad.
La entrega habría sido realizada por Sneyder Pinilla, por orden de su jefe, Olmedo López, entonces director de la UNGRD. López, a su vez, habría recibido la instrucción de Carlos Ramón González.Pinilla detalló que tuvo que desplazarse hasta la casa de Calle en la ciudad de Montería para concretar la entrega.
No fue una operación sencilla. Fiel a la lógica de una organización criminal, sus integrantes cuidaron cada detalle.
Por ejemplo, para que el traslado del dinero desde Bogotá hasta Montería no levantara sospechas, decidieron hacerlo a través de criptomonedas.
“Si bien no se comparte la decisión, esta será acatada en su integridad y será asumida como una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa en todas las instancias y por las vías que en derecho correspondan, con total respeto a la institucionalidad y a la administración de justicia”, dijo Calle al conocer la medida de aseguramiento en su contra.
Los delitos por los que ambos parlamentarios son investigados, cohecho propio y peculado por apropiación, contemplan penas, según el Código Penal colombiano, de entre 3 y 6 años de prisión en el primer caso, y de 4 a 10 años en el segundo, dependiendo de la cuantía del daño y la gravedad de la conducta.
Calle y Name deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza la investigación. Inicialmente, el caso es asumido por la Sala de Instrucción; una vez sean llamados a juicio, lo tomará la Sala Penal de la Corte Suprema.
La corporación dispuso guarniciones militares o centros policiales especiales para que los legisladores cumplan la medida privativa de libertad, como ya ocurre con Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz.
En medio de este terremoto político y judicial, una pregunta sigue sin respuesta: ¿qué va a pasar con los exfuncionarios Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco? Los tres, antiguos escuderos del presidente Petro, han sido ampliamente mencionados como las cabezas detrás del direccionamiento de contratos en la UNGRD.
Contratos que debían atender emergencias naturales en el país, pero terminaron, presuntamente, alimentando los bolsillos de congresistas aliados.
De González se sabe que, desde hace varias semanas, salió del país y se radicó en España por tiempo indefinido. Mientras tanto, Bonilla y Velasco han optado por el silencio y la discreción.
Pero el capítulo no cierra allí. La Corte también abrió expediente a otros siete congresistas mencionados como posibles beneficiarios de contratos y otras dádivas. Ellos son: Juan Pablo Gallo Maya, del Partido Liberal; Juan Diego Muñoz Cabrera, (Alianza Verde); Karen Astrith Manrique Olarte, de una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz; Liliana Esther Bitar Castilla, (Conservador); Julio Elías Chagüi Flórez, (Partido de la U) y Julián Peinado Ramírez, (Liberal).
Si el expediente de Name y Calle marca el precedente, los congresistas mencionados deben estar afinando sus defensas ante una posible decisión similar por parte de la Corte.
Nacional
Armada de Colombia rescata a 11 tripulantes sanos y salvos en Providencia
La Armada de Colombia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
Tras recibir el reporte de la emergencia, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, por medio del Puesto Avanzado de Guardacostas de Providencia, desplegó de manera inmediata una Unidad de Reacción Rápida hacia la posición informada, manteniendo comunicación y seguimiento permanente durante el desplazamiento.
Al llegar al lugar, los marinos confirmaron la presencia de los 11 tripulantes y brindaron apoyo para intentar controlar el incendio; sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y ante la imposibilidad de contenerlas, priorizaron la protección de la vida humana en el mar, evacuando a toda la tripulación y trasladándola de manera segura hasta Providencia.
A su llegada al muelle, los ciudadanos fueron valorados y se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud.
La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna de las emergencias marítimas en el Archipiélago.
Nacional
La falla de un generador puso a prueba el sistema eléctrico de San Andrés
De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
San Andrés enfrenta nuevamente el debate sobre la confiabilidad de su sistema de generación eléctrica. Durante las últimas semanas, las interrupciones del servicio han generado preocupación entre usuarios, comerciantes y sectores de la comunidad, en medio de una contingencia que afectó uno de los principales equipos de generación de la isla.
La situación tiene como uno de sus principales protagonistas al generador Miller Blackstone 2, ubicado en la central de generación de Punta Evans. De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
La reducción de esa capacidad coincidió con otro proceso técnico de importancia: la unidad MAN Diésel 2 se encontraba en un mantenimiento mayor tipo overhaul, intervención programada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La combinación de ambos escenarios dejó al sistema con menor margen de respuesta frente a los momentos de mayor demanda.
Una falla que terminó afectando a los usuarios
La gerente de SOPESA, Jackeline Llanos, explicó que la contingencia presentada en el generador no era un evento que pudiera anticiparse dentro de la operación normal del sistema.
Según la empresa, San Andrés cuenta con 11 unidades de generación y la capacidad instalada está diseñada para atender la totalidad de los usuarios del departamento. Sin embargo, cuando una unidad sale de servicio y otra se encuentra en mantenimiento, el margen disponible para enfrentar incrementos de demanda o nuevas contingencias se reduce considerablemente.
Ese escenario fue el que terminó reflejándose en las interrupciones del servicio que experimentaron distintos sectores de la isla.
Para una comunidad que depende prácticamente de manera permanente de la energía eléctrica para sus hogares, hoteles, restaurantes, comercios, instituciones y servicios esenciales, cada interrupción representa mucho más que la ausencia temporal de electricidad.
También significa equipos que dejan de funcionar, alimentos que pueden perderse por falta de refrigeración, dificultades para trabajar y estudiar, afectaciones al comercio y, en algunos casos, preocupación por posibles daños en electrodomésticos.
El mantenimiento de la MAN 2
Mientras se atendía la contingencia del Miller Blackstone 2, SOPESA adelantaba el mantenimiento mayor de la unidad MAN Diésel 2.
La empresa explicó que este tipo de intervención hace parte de los procesos de mantenimiento recomendados por los fabricantes y que los trabajos preventivos y correctivos buscan precisamente conservar la confiabilidad de los equipos de generación.
El cronograma informado por SOPESA contemplaba el regreso de la unidad afectada a una operación normal y continua alrededor del 11 y 12 de agosto, con el propósito de recuperar capacidad de generación y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico de la isla.
La recuperación de esta unidad era considerada fundamental para aumentar nuevamente el margen disponible y mejorar la estabilidad del servicio.
La molestia de los usuarios
Los cortes también generaron una creciente reacción ciudadana. Las interrupciones fueron objeto de cuestionamientos y comentarios en redes sociales y otros espacios de participación, mientras algunos usuarios reclamaron mayor información y respuestas oportunas frente a lo que estaba ocurriendo.
Precisamente, uno de los aspectos que quedó sobre la mesa fue la necesidad de que la comunidad conozca con mayor claridad qué ocurre con el sistema de generación cuando se presenta una contingencia y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que una falla termine convirtiéndose en una cadena de interrupciones.
La situación también ocurre en un contexto más amplio de preocupación por el servicio de energía en el Archipiélago. En junio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que adelantaría una auditoría al sistema de atención al usuario de SOPESA, después de escuchar las inquietudes planteadas por comunidades raizales de San Andrés.
¿Y qué pasa si un electrodoméstico resulta afectado?
Uno de los principales interrogantes de los usuarios después de los cortes es qué ocurre cuando un electrodoméstico sufre daños asociados a una interrupción o alteración del servicio.
SOPESA ha señalado que existen mecanismos para presentar reclamaciones por este tipo de situaciones. La empresa solicita información como la fecha y hora del evento, descripción del equipo afectado, marca, referencia, modelo y registro fotográfico, entre otros documentos. Posteriormente se realiza una evaluación técnica para determinar si procede el reconocimiento del daño.
Esto significa que los usuarios que consideren haber sufrido daños no necesariamente deben asumir automáticamente la pérdida del equipo, sino que pueden presentar formalmente su reclamación ante la empresa.
Un problema que va más allá de una máquina
Aunque la contingencia del Miller Blackstone 2 explica buena parte de las interrupciones recientes, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué tan preparado está el sistema eléctrico de San Andrés para responder cuando uno de sus principales equipos queda fuera de servicio?
La respuesta no depende únicamente de reparar una máquina.
También involucra mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos, capacidad de respaldo, planificación de la generación, crecimiento de la demanda y alternativas que permitan reducir la dependencia de los combustibles tradicionales.
SOPESA ha señalado que dentro de sus obligaciones contempla proyectos relacionados con energías renovables. Entre ellos se encuentra la planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, que ya está en operación y busca utilizar parte de los residuos generados en la isla para producir energía.
San Andrés necesita certezas
La crisis reciente deja una enseñanza clara: en un territorio insular como San Andrés, donde no existe una conexión eléctrica con el continente, la generación local es un asunto estratégico.
Una falla técnica puede tener repercusiones inmediatas sobre miles de personas y sobre sectores fundamentales de la economía insular.
Por eso, más allá de determinar qué ocurrió con una máquina específica, el desafío está en garantizar que el sistema tenga suficiente capacidad de respaldo para que el daño de una unidad no termine convirtiéndose en interrupciones repetitivas para la población.
La comunidad espera ahora que, con la recuperación de las unidades intervenidas, el servicio pueda estabilizarse y que las lecciones de esta contingencia permitan fortalecer la infraestructura eléctrica del Archipiélago.
Porque para San Andrés la energía no es simplemente un servicio público. Es una condición indispensable para que la isla pueda funcionar.
Nacional
Gobierno anuncia que elimina aparato de información y propaganda en RTVC
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un paquete de medidas para recuperar el carácter público, plural e independiente del Sistema de Medios Públicos de Colombia.
En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.
En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
- Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
- La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
- Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
- Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.
La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.
La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.
La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.
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