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La historia de un conflictivo consejo de gobierno liderado por Gustavo Petro

La alocución fue desde la Casa de Nariño con el presidente tomando el micrófono para pasarles cuentas a los ministros y regañarlos por el incumplimiento a 146 compromisos de 195 en total.

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El presidente Gustavo Petro ha cometido dos errores trascendentales durante 2025. El primero fue querer iniciar una confrontación con Donald Trump que casi le cuesta la estabilidad macroeconómica al país. El segundo fue transmitir en televisión nacional y en todas las redes del Gobierno el Consejo de Ministros que develó lo que realmente ocurre al interior del Ejecutivo: una guerra de acusaciones, poderes y egos que conduce al Estado colombiano.

La decisión de transmitir el Consejo de Ministros fue una sorpresa. El mandatario quiso a última hora asistir a la posesión de magistrados en el Consejo de Estado y en el chat de Presidencia se anunció a los periodistas que habría una alocución al final de la tarde. Inmediatamente los reporteros se alistaron sin entender de qué se trataba, porque cuando hay una alocución esto significa que el espacio va obligatoriamente retransmitido por las cadenas de televisión privadas.

La alocución fue desde la Casa de Nariño con el presidente tomando el micrófono para pasarles cuentas a los ministros y regañarlos por el incumplimiento a 146 compromisos de 195 en total. Petro habló durante alrededor de dos horas y, como es habitual en sus discursos, recorrió la historia de la independencia, citó varias veces a García Márquez, se quejó de “la ficción del Palacio de la Oligarquía” -que para él representa la sede presidencial-, y terminó con una frase frente a su controversia con el presidente Donald Trump: “Bolívar le dijo no al rey y cuando yo le digo no al rey actual el Gobierno se asusta”.

Durante todo ese tiempo Petro solo le dio espacio al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes y al ministro de Hacienda, Diego Guevara, para que ambos lo ratificaran sin más sobre la idea de que “las personas valen más que las mercancías” en la línea de la deportación de migrantes indocumentados desde Estados Unidos. Mezcló varios hechos sin conexión y empezó a decirle uno a uno a sus funcionarios cuáles eran los temas de sus sectores en los que había fallas. Por ejemplo, el presidente lanzó un gran titular en medio de esa primera fase con un pedido puntual al ministro de Minas. Le ordenó coordinarse con el gerente de Ecopetrol para vender la participación del Gobierno en operaciones de fracking en Estados Unidos “porque nosotros estamos con la vida”.

También aceptó que cometió un error publicando en X la información reservada de la ubicación del ELN en el Catatumbo anticipando una operación militar. “Tratan de insinuar que hay miembros de las fuerzas que están muy molestos con el presidente porque cometí un error con un trino, casi no me pasa, pero me pasó, se me fue”, dijo como si se tratara de un hecho menor.

Pero la verdadera conmoción interior para el gabinete del presidente llegó una vez este terminó su intervención y abrió el micrófono, mientras esta reunión todavía se transmitía en la televisión privada y en todos los medios de comunicación a millones de personas.

“Respéteme, yo soy la vicepresidenta”: Francia Márquez

Francia Márquez hizo la primera intervención luego del presidente. Su tono no era normal para un consejo de ministros. Habló con la voz en alto mirando a un lado y al otro y deteniéndose con más tiempo a su izquierda donde estaba inmediatamente Laura Sarabia. “Me alegra y saludo que este Consejo de ministros se haga de manera pública, porque me duele que en este Gobierno, que yo ayudé a elegir, no hay transparencia en muchas acciones y hay muchos casos de corrupción”, mencionó la vicepresidenta.

Luego, habló largamente de la violencia en el Cauca y dio explicaciones de las demoras en la ejecución de su cartera, el Ministerio de la Igualdad. Pero al final de su discurso se refirió a Armando Benedetti y Laura Sarabia. “No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: ‘respéteme, soy la vicepresidenta”.

Sarabia, que por primera vez en una reunión de este estilo no se hizo a la derecha del presidente —en donde ya estaba Benedetti sentado como jefe de Despacho— permaneció en silencio y mirando al frente. Pero luego vino la ministra de Ambiente.

“No puedo compartir este espacio con Benedetti”: Susana Muhamad

Muhamad se quebró cuando empezó a hablar. Llorando le dijo a Petro que no iba a renunciar al proyecto político del Pacto Histórico y usó un término que luego repitieron varios ministros: Agendas paralelas. La jefe de la cartera de Ambiente, de quien se ha dicho que podría ser una de las jugadoras para las eleciones presidenciales de 2026, también se refirió de manera puntual a Benedetti y a Sarabia: “No me puedo sentar, como feminista en esta misma mesa de gabinete con Armando Benedetti”.

Terminó cuestionando a Sarabia en la vía de las agendas paralelas que impuso en la conversación: “También tengo que decir que ni las relaciones exteriores ni la jefatura de gabinete están en manos de este proyecto progresista; están en manos de todo lo contrario de este proyecto”. Tras lo sucedido este martes en el Consejo, Muhamad se la jugó por expresar públicamente su distancia con los dos más cercanos a Petro y eso podría tener efectos en sus aspiraciones políticas que tendrán que decantarse muy pronto, pues debería renunciar en las próximas semanas para no inhabilitarse.

Luego de las dos ministras que le dieron un punto de giro por completo al Consejo, el micrófono lo tomó Gustavo Bolívar, tras una intervención más de Petro, y explicó algunos detalles de proyectos de vivienda y de transferencias en los que está al frente el Departamento de Prosperidad Social. Pero más adelante tuvo una tremenda controversia con Sarabia, esta notoriamente incómoda, que le dijo a Petro que el DPS no se había hecho presente en un vuelo de deportados desde Panamá de esta semana en el que llegaron ciudadanos colombianos.

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“Eso no es verdad, hubo tres funcionarios del DPS, tengo fotos. Laura está mintiendo”, dijo Bolívar mientras que Petro le pedía que se silenciara porque “está hablando el presidente”. Sarabia lo miraba fijamente desde la mitad de la mesa con una expresión de molestia.

Lo que ocurrió durante todo el Consejo podría estar advertido porque ya había pasado cuando Benedetti regresó al país hace dos meses, en una historia que EL COLOMBIANO reveló. En ese momento, cuando el asesor de Palacio aseguró que su oficina estaría en el tercer piso, varios ministros se quejaron directamente con el mandatario de él y de Sarabia antes de entrar a la reunión que se hace todos los lunes. Esta vez los ministros aprovecharon evidentemente la notoriedad y la publicidad y rápidamente los titulares de toda la prensa pasaron a escribirse sobre el escándalo y la pelea interna.

Al filo de la transmisión del Consejo de Ministros, intervino el director del Dapre, Jorge Rojas, quien fue la persona en moderar las intervenciones. “Ahora yo tengo la palabra”, empezó diciendo. “El gabinete que está acá es muy valiente (…) Yo coincido, porque esto distorsiona el ejercicio de Gobierno del presidente con los ministros, podemos revisarlo objetivamente, yo sí creo que el Dapre debe ser una buena parte de lo que debe ser un ejercicio de Gobierno. A mí me parece que no debe haber un jefe de gabinete o jefe de despacho”.

Rojas también proviene de la entraña del petrismo –viene de ser vicecanciller y fue secretario privado y secretario de integración social en la Alcaldía de Bogotá– y su crítica pública plantea retos para el funcionamiento de los pasillos de la Casa de Nariño. Petro le respondió a Rojas diciendo que “no puede haber sectarismos en la izquierda”.

Este martes trascendió que Rojas le pidió la renuncia a por lo menos 30 personas de varias oficinas. EL COLOMBIANO habló con cuatro fuentes al interior de Palacio que confirmaron la información y contaron detalles sobre las movidas y pujas de estos días. Todas las renuncias no obedecen al pedido de Rojas sino por la salida de Sarabia.

“Varios nos vamos para la Cancillería. Es normal, son movimientos lógicos de la gente de confianza. De hecho ya todos los que ella (Sarabia) nos pidió acompañarla, renunciamos para pasar allá. Estamos en el trámite”, dice un funcionario, quien agrega que la llegada a la Cancillería fue anunciada internamente hace varias semanas y que Sarabia durante un encuentro con varias personas “pidió que la acompañáramos. La jefe Laura tiene un equipo que hemos estado con ella siempre, donde va, vamos”, agrega la fuente. Por eso, de ese grupo que serían 20 personas, por lo menos cinco irían para el Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde la joven politóloga fue directora por pocos meses.

Terminando el encuentro intervino otro funcionario de izquierda, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). “Creo que es inédito. Es la primera vez en la historia del país que esto se haya presentado en Colombia y esto es el cambio. Creo que es osado, es repentista. El país hoy está confundido y conmocionado”. Y luego se dedicó a defender su gestión y a exaltar al presidente Petro.

Sin embargo, terminó su intervención uniéndose a las críticas contra Benedetti y Sarabia: “No deben estar aquí Sarabia y Benedetti (…) No nos representan en este proyecto, presidente (…) yo tuve una relación en términos respeto con Laura, pero yo sé que Laura no tuvo esa misma relación con otros compañeros y esa es la verdad”.

El presidente Petro lo interpeló y le respondió que “hay que diferenciar si somos candidatos o funcionarios (…) ¿Quieren cortar cabezas? quién es puro o no es puro y resulta que yo sí doy una segunda oportunidad”.

La defensa del presidente sobre el cuestionado Benedetti se centró en explicar por qué, según él, “los hombres y mujeres merecen una segunda oportunidad”.

“Él fue el primero del Congreso que me apoyó (…) yo creo que todos los hombres y mujeres merecen una segunda oportunidad”, dijo mientras miraba a Sarabia del otro lado de la mesa. “Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado siendo militante del Polo Democrático, el primer congresista que se paró a defenderme fue Benedetti (…) Él tiene magia, un toque de Jaime Bateman (excomandante del M-19), no es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño”.

Horas antes del Consejo de Ministros, Petro firmó un decreto en el que nombró a Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial. Se encargará de su agenda y de la estrategia política con miras al 2026. El mandatario escogió rodearse los últimos 17 meses de su mandato de un político cuestionado.

Este martes, de hecho, EL COLOMBIANO reveló en primicia que la canciller Sarabia pidió a la Fiscalía declarar sobre la investigación de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022 y lo hará el 27 de febrero. La línea de investigación que maneja el ente acusador incluye a varias personas que hoy ostentan un cargo en el Gobierno como Benedetti. Sin embargo, el exsenador ha incumplido en dos ocasiones la cita con la Fiscalía. No hay certeza sobre qué dirá la canciller Sarabia en su declaración, quien lo hace voluntariamente porque es aforada. Es decir, que su juez natural por el cargo que ostenta no es la Fiscalía, sino la Corte Suprema de Justicia, en lo que corresponde a lo penal.

Tanto Sarabia como Benedetti han salido y entrado al Gobierno pero el presidente los ha vuelto a llamar para estar a su lado, a pesar de que cercanos de izquierda le han advertido sobre el “ruido innecesario” que representa su presencia. Tanta molestia genera que las críticas se hicieron públicas este martes en la transmisión en vivo del Consejo de Ministros. El presidente ahora tiene dos estados de conmoción interior. El del Catatumbo y el de su equipo que tiene el timón del país.

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Delcy Jiménez y las acusaciones de un harén de Gustavo Petro durante su gobierno

Sin aportar detalles para no entorpecer las investigaciones, el abogado de la joven, Felipe Caballero, aseguró que Jiménez seguirá declarando cada vez que sea llamada, pese a las amenazas en su contra, y señaló que ella también ha hablado de una superintendente.

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Durante casi cuatro horas se extendió este jueves la diligencia de Deyci Jiménez ante la Corte Suprema de Justicia, donde la contratista ratificó la existencia de una supuesta red de contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales hacia el expresidente Gustavo Petro.

Puede leer: Mujer que reveló presuntos favores sexuales con Petro también tuvo contrato con el Dapre: estos son, uno a uno

La declaración se rindió ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien recibió a los abogados de las partes y los elementos de prueba que aportaron.

Según reveló Noticias Caracol, Jiménez guardó silencio frente a varias de las preguntas que le formularon tanto la Corte como la defensa de Petro. Entre ellas, no respondió sobre la compra de droga para el exmandatario. Lo que sí hizo fue comprometerse a entregar su celular, que será inspeccionado por la Policía Judicial.

¿Qué dijo el abogado de Deyci Jiménez?

Sin aportar detalles para no entorpecer las investigaciones, el abogado de la joven, Felipe Caballero, aseguró que Jiménez seguirá declarando cada vez que sea llamada, pese a las amenazas en su contra, y señaló que ella también ha hablado de una superintendente.

También anticipó que en el caso podrían aparecer otros funcionarios o exfuncionarios con fuero constitucional, aunque no precisó sus identidades. “Sé que hay otros nombres que el país va a ir conociendo y yo estoy completamente seguro de que no van a ser solo 40 casos, sino que más mujeres se van a envalentonar porque cuando la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección brinden todas las garantías, yo estoy seguro de que vamos a conocer un escándalo más grande desde que ya se conoce”, dijo a medios.

La defensa aseguró que le pidieron al magistrado que verificara si la joven se encontraba en condiciones para hablar “ante la presión que ha recibido”. Indicó que “ella fue valiente y dijo que sí. Respondió las preguntas del magistrado, del abogado defensor”.

Sobre el celular, el abogado señaló que se fijará la fecha en la que se hará efectiva la entrega de esa prueba. “Ha anunciado que aportará otros elementos materiales de prueba”, dijo Caballero.

¿Qué responde la defensa de Petro y Pizarro?

Del otro lado, Alejandro Carranza, defensor de Petro y de la exsenadora María José Pizarro, negó el intercambio de contratos por favores sexuales. “Vamos a demostrar la inocencia del expresidente Petro. Vamos a demostrar la equivocación profunda, el montaje que se está orquestando”, afirmó.

Carranza aseguró que emprendió una acción judicial contra Jiménez por, presuntamente, aportar documentos falsos para su contratación. Se trata de una certificación de HispanTV, que señala que Jiménez estuvo vinculada al canal como productora audiovisual independiente.

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Sin embargo, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que ese canal emitió un comunicado en el que asegura que no expidió, autorizó ni avaló el certificado fechado el 15 de junio de 2021 que usó Jiménez como experiencia laboral para obtener sus contratos con el Estado.

El apoderado de la joven, Felipe Caballero, señaló que hay una estrategia de la defensa: primero, al calificar los hechos de montaje; segundo, al buscar a su familia para poner sobre ella una presión para que no declare; tercero, denunciarla por un hecho “menor”.

Entre tanto, Carranza también dijo que el director del Dapre, Andrés Ríos, supuestamente estaría interrogando a mujeres que trabajaron en la administración Petro para que declaren en contra del expresidente.

A su juicio, con estos nuevos testimonios se está estigmatizando a varias de las trabajadoras del gobierno Petro “como si todas fueran mujeres que prestan servicios sexuales, y no mujeres que salen adelante”.

Las denuncias de Deicy Jiménez contra Petro y Pizarro

Jiménez ha asegurado que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente obtuvo contratos con entidades estatales. Afirma que habría existido un intercambio de favores sexuales por oportunidades laborales y contratos públicos. También señaló que Pizarro habría conocido las circunstancias de su vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

Entre los contratos mencionados está uno por cerca de $34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, que en ese momento ocupaba Pizarro. Los registros contractuales también dan cuenta de vinculaciones de Jiménez con el Senado y otras entidades estatales.

La Sala de Instrucción admitió para estudio una denuncia contra Petro y Pizarro y deberá evaluar los elementos disponibles para determinar si hay méritos para adoptar nuevas decisiones.

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Los puntos mas importantes de la nueva Ley de Sometimiento aprobado por el Congreso

La nueva ley establece condiciones más estrictas para quienes pretendan someterse a la justicia, sin mesas de negociación política, sin gestores de paz y sin las suspensión automática de órdenes de captura o extradiciones.

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Ya fue aprobada la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República y sancionada este miércoles en la noche por el presidente Abelardo de la Espriella.

Esta norma fue una de las principales promesas de Abelardo de la Espriella, quien ha planteado una política de mano dura para combatir a los grupos ilegales, en contraposición al modelo de Gustavo Petro y su fallida apuesta de “paz total”.

La nueva ley establece condiciones más estrictas para quienes pretendan someterse a la justicia, sin mesas de negociación política, sin gestores de paz y sin las suspensión automática de órdenes de captura o extradiciones.

La aprobación de la propuesta supone un cambio en el marco jurídico para enfrentar a estructuras criminales. El debate ahora estará en su aplicación y en si las reglas logran traducirse en resultados frente a la violencia y el control territorial de los grupos.

”Se acaban las mesas de negociación, se acaban los gestores de paz. Aquí no les suspenderán la orden de captura ni la extradición a nadie”, afirmó el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien destacó las disposiciones para impedir que los responsables del reclutamiento de menores accedan a los beneficios contemplados en la norma.

La ley estipula un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de organizaciones criminales que se sometan a la justicia y cumplan las condiciones establecidas.

Aun así, solo habrá acuerdo de sometimiento a la justicia ordinaria, no se crearán tribunales particulares para resolver la situación jurídica de los desmovilizados.

Esta norma se aplicará de la misma manera a las guerrillas y a otras estructuras de crimen organizado, sin un trato diferenciado; en el pasado se les proporcionaba un tratamiento legal distinto a los grupos de origen rebelde, como el ELN y las Farc.

Una de las innovaciones es que el proceso de acercamiento y desarme no será eterno: durará máximo tres meses, prorrogables solo una vez, y estará a cargo del Ministerio de Justicia. Antes, las conversaciones podían prolongarse durante años, y estaban en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Los beneficios que contempla la Ley de Sometimiento están sujetos a compromisos como la entrega de armas, bienes ilícitos, información y colaboración con las autoridades.

El grupo que quiera someterse debe presentar la lista de integrantes y financiadores, bienes, secuestrados, menores reclutados y campos minados, así como datos sobre sus actividades de narcotráfico.

Los cabecillas que cumplan los requisitos, podrán aspirar a una rebaja de máximo 30% de la pena, siempre y cuando no sea inferior a 10 años. Si reclutaron menores de edad, la rebaja será solo de 10%.

Conozca: Antonio José Cancino, la historia detrás del penalista que defendió a Samper en el Proceso 8.000

A los integrantes rasos de los grupos sometidos, en cambio, se les ofrecerá rebaja de hasta el 50% de la pena, si cumplen con sus compromisos. Si reclutaron menores, será del 30%

Los integrantes rasos podrán obtener libertad condicional al cumplir cuatro quintas partes de la pena (4/5); y si cooperan con información estratégica para la justicia, con las dos quintas partes (2/5).

Los financiadores y testaferros de la organización tendrán una pena mínima de 6 años, con derechos a suspensión de la misma si cumplen todos los compromisos.

Entre las innovaciones también vale la pena destacar que las víctimas tienen la posibilidad de vetar las suspensiones de la pena y las libertadores condicionales, en caso de que no sean resueltas sus demandas.

No se frenan las capturas Otro de los puntos a resaltar es que acogerse al procedimiento no significará que se suspendan las órdenes de captura o los procesos de extradición, como sucedía con los gestores y negociadores de paz en el Gobierno Petro.

La diferencia es relevante, porque el sometimiento no supone una garantía automática de libertad ni una protección frente a las actuaciones de las autoridades judiciales.

Este fue uno de los asuntos más sensibles durante la discusión legislativa, por las controversias alrededor de los beneficios penales y el tratamiento que recibirían los responsables de estas conductas.

El alcance de la ley no se medirá por la eliminación de las mesas de negociación o de los gestores de paz, sino por su capacidad para conseguir que los grupos ilegales aban- donen sus actividades, colaboren con la justicia y permitan avanzar en la reparación de víctimas.

Ese será el principal desafío para el Gobierno: convertir el nuevo marco jurídico en resultados concretos en los territorios.

La ley establece condiciones e incentivos penales, pero su efectividad dependerá de la capacidad institucional para verificar los compromisos y evitar que las organizaciones utilicen el mecanismo para reorganizarse o mantener sus economías ilegales.

Discusión con la JEP

El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, por sus cuestionamientos a la Ley de Sometimiento, luego de que señalara similitudes entre esa iniciativa y el modelo de justicia transicional de esa jurisdicción.

“Yo escuché el otro día al doctor Ramelli decir que esta ley era más parecida (a la JEP), y nada tiene de parecido. Esta ley es rigurosa, es de verdad al servicio de la ciudadanía, del pueblo”, afirmó.

Y añadió que “la niñez es una de las prioridades de este Gobierno y, obviamente, la niñez en el conflicto o en la operación de grupos terroristas al margen de la ley ha sido víctima. De tal manera que la víctima está en el centro de la ley de sometimiento”. Durante sus declaraciones del 26 de octubre, el magistrado señaló que le llamaba la atención encontrar en el proyecto mecanismos que ya aplica la JEP, como la búsqueda de desaparecidos, labores de reparación a víctimas y participación en programas restaurativos.

La fallida política de paz total

En el gobierno de Gustavo Petro se instauró la política de “paz total” con la Ley 2272 de 2022, que lo facultó para sostener diálogos con toda clase de grupo armado, desde guerrillas hasta bandas urbanas.

Se instalaron 12 mesas de conversación y en las más avanzadas se acordaron treguas y zonas de ubicación temporal de combatientes; pero ninguna llegó a feliz término.

Los grupos ilegales aprovecharon las gabelas para fortalecerse económica y territorialmente.

La política de paz se destiñó cuando salieron a la luz supuestos acuerdos bajo la mesa para despedir a oficiales de la Fuerza Pública y bloquear las investigaciones judiciales a cambio de votos.

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Fallece Antonio Navarro Wolff, paladín de la paz y la reconciliación en Colombia

La vida de Navarro Wolff estuvo atravesada por algunos de los episodios más determinantes de la historia reciente del país, fue uno de los principales dirigentes del antiguo grupo guerrillero M-19.

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Antonio Navarro Wolff, uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1991, murió ayer a los 78 años. Su familia confirmó, mediante un comunicado, que falleció a las 2:42 de la tarde. En la carta, pidieron que su despedida se realizara en la intimidad familiar y anunciaron que, posteriormente, informaría los detalles de sus exequias.

Las reacciones tras su fallecimiento, desde todas las orillas políticas, confirman que Navarro, con su talante de izquierda democrático, hizo bien su trabajo como congresista, alcalde y gobernador. Sostuvo diálogos con todos los líderes políticos de su generación sin importar el partido o la tendencia.

Hizo parte de la historia del país

La vida de Navarro Wolff estuvo atravesada por algunos de los episodios más determinantes de la historia reciente del país, fue uno de los principales dirigentes del antiguo grupo guerrillero M-19, sobrevivió a un atentado que le hizo perder una pierna y quedar con una prótesis, participó en las negociaciones que llevaron a esa guerrilla a dejar las armas, asumió la candidatura presidencial después del asesinato de Carlos Pizarro y terminó sentado, en 1991, junto a dirigentes de los partidos tradicionales para presidir la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la nueva Constitución.

Después fue ministro, alcalde, gobernador, representante a la Cámara y senador. Nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948. Fue el mayor de siete hermanos y durante su infancia vivió en distintas ciudades, entre ellas Cali y Medellín, por las dificultades económicas que enfrentó su familia. Hijo de Rafael Navarro y Emma Wolff.

Su padre, quien tenía una agencia comercial de Coltejer, perdió parte de su patrimonio después de una inversión agrícola. En su casa, según recordaría años más tarde en una entrevista con El Espectador, se hablaba de política y de las actuaciones de los organismos de inteligencia durante la época de la violencia.

También conservaba imágenes de su infancia en Pasto, como las calles cubiertas de ceniza después de las erupciones del volcán Galeras. Estudió en el colegio Santa Librada de Cali y luego ingresó a la Universidad del Valle, donde se graduó como ingeniero sanitario en 1972. Allí también cursó una maestría en Ingeniería Industrial y de Sistemas.

En 1976 viajó a Inglaterra para especializarse en Ingeniería del Medio Ambiente en la Universidad de Loughborough, con el respaldo de becas de la Fundación Rockefeller, el Consejo Británico y el International Development Research Center de Canadá.

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la política colombiana, desarrolló una carrera académica, fue profesor de la Universidad del Valle, director del programa de Ingeniería Sanitaria, asesor del Departamento de Medicina Social y coordinador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo Rural.

Detrás de su trayectoria pública estuvo una vida familiar marcada por los costos de la clandestinidad y la guerra, tuvo dos matrimonios y tres hijos, reconoció largos periodos de ausencia y habló del dolor por la muerte de su hijo Gabriel, en 2015. En sus balances personales admitió el impacto de la lucha armada sobre sus seres queridos, aunque sostuvo sus decisiones políticas.

Las reacciones políticas

Ante la noticia de su partida, el senador Iván Cepeda expresó su admiración por Navarro, a quien calificó como “uno de los dirigentes más destacados de las izquierdas y el progresismo en Colombia”.

Resaltó su serenidad en momentos decisivos y sus convicciones democráticas y sociales, que, dijo, hacen parte del legado político del país. “Vivirá siempre en nuestra memoria”. Desde otro sector político, el expresidente Iván Duque manifestó su solidaridad con la familia y recordó que compartió con Navarro durante su paso por la Comisión Tercera del Senado y en la actividad legislativa.

Aunque reconoció las diferencias políticas que los separaban, destacó que lograron construir una amistad basada en la sinceridad, la franqueza y el respeto.

También resaltó su papel como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe (ver foto), y señaló que su trayectoria representa la voluntad de buscar acuerdos en beneficio de Colombia después de dejar atrás el camino de la violencia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se unió a los mensajes de condolencia. Recordó que, pese a sus diferencias de pensamiento, mantuvieron una relación respetuosa, especialmente, durante el periodo en que Navarro fue gobernador de Nariño y él estaba al frente del Gobierno.

Por su parte, el exnegociador de paz Humberto de la Calle rememoró los momentos que compartieron durante la elaboración de la Constitución de 1991, cuando Navarro ejerció como presidente de la Asamblea y él se desempeñaba como ministro delegado del Gobierno.

Resaltó su vocación de servicio, inteligencia y liderazgo constructivo, y aseguró que buena parte de la Constitución, resultado de un amplio consenso nacional, se le debe a su participación.

La representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, evocó que Navarro fue uno de los arquitectos de la apertura democrática y del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991. Según señaló, su legado permanece en la Carta Política y en la convicción de que el perdón, la paz y el diálogo no representan debilidad, sino grandeza.

El exalcalde de Bogotá “Lucho” Garzón, quien también compartió escenarios políticos con Navarro, destacó su transparencia, audacia, coraje y carácter, pero especialmente su espíritu democrático. Consideró que una de las maneras de rendirle homenaje es defender la Constitución de 1991, frente a quienes, en sus palabras, pretenden destruirla.

Vale la pena mencionar que Navarro ingresó al Congreso, inicialmente, como representante a la Cámara por Bogotá en el periodo 1998-2002 bajo el movimiento Vía Alterna, logrando la mayor votación de dicha jornada.

Luego, dio el salto al Senado para el cuatrienio 2002-2006, alcanzando la segunda votación más alta. Tras ocupar otros cargos ejecutivos territoriales, Navarro Wolff regresó a la corporación como senador entre 2014 y 2018 con el aval de Alianza Verde.

Su paso por el M-19

Su camino, sin embargo, dio un giro en 1974, cuando se vinculó al Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera que había surgido en medio de las controversias por las elecciones presidenciales de 1970 y las denuncias de fraude que rodearon la derrota de Gustavo Rojas Pinilla.

Su acercamiento al grupo estuvo relacionado con su participación en el movimiento estudiantil de la Universidad del Valle, donde había sido representante de la organización estudiantil de Ingeniería.

Desde allí comenzó a involucrarse en las discusiones políticas y sociales que atravesaban el país. Navarro, de acuerdo con registros de inteligencia militar consultados por EL COLOMBIANO, era reseñado para esos años con los alias de Adán o Mario.

Además, hacía parte del Mando Central como el ”segundo en línea” de la organización armada (ubicándose detrás del comandante general Carlos Pizarro León-Gómez y por encima de Gustavo Arias Londoño, alias Boris).

En los informes figuraba como responsable de la Móvil del Cauca. Según los resúmenes de antecedentes, la inteligencia militar le atribuyó presuntamente haber dirigido la toma de las instalaciones del diario El Caleño, así como también que supuestamente dirigió la construcción de una de las denominadas ”Cárceles del Pueblo”.

Su nombre, así, quedó asociado a una guerrilla responsable de acciones armadas que marcaron la historia nacional, como el robo de la espada de Simón Bolívar, la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980 y la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, así como otras decenas más de operaciones armadas en el país.

En 1984 y 1985, durante el gobierno de Belisario Betancur, Navarro participó junto con Pizarro en los primeros acercamientos de paz entre el M-19 y el Gobierno.

En medio de los diálogos de paz con el gobierno de Betancur, que terminaron frustrados por las tensiones políticas y el escalamiento de la violencia, Antonio Navarro Wolff sufrió un atentado que cambió su vida.

El 23 de mayo de 1985, una granada explotó en un establecimiento de Cali donde se encontraba con otros integrantes del M-19. Perdió la pierna izquierda y sufrió daños en el nervio hipogloso que afectaron su capacidad para hablar.

Fue trasladado a México y luego a Cuba para recuperarse. La toma del Palacio de Justicia, perpetrada por el M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985, lo sorprendió en La Habana.

Tras el fracaso de los diálogos con Betancur, Navarro participó junto con Carlos Pizarro en las conversaciones de paz con el gobierno de Virgilio Barco. El 9 de marzo de 1990 se firmó el acuerdo que llevó a la desmovilización del M-19 y su transformación en la Alianza Democrática M-19.

Sin embargo, el proceso sufrió un golpe semanas después, cuando Pizarro, candidato presidencial y cuya fórmula vicepresidencial era Navarro, fue asesinado el 26 de abril de ese año. Navarro asumió entonces la candidatura y obtuvo cerca de 740.000 votos en las elecciones del 27 de mayo, en las que quedó tercero, detrás de César Gaviria y Álvaro Gómez Hurtado.

En 1991, Navarro fue designado ministro de Salud durante el gobierno Gaviria y luego elegido copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. Los tres condujeron a la promulgación de la Constitución el 4 de julio de ese año. En 1994 volvió a aspirar a la Presidencia, pero obtuvo menos del 4% de los votos.

Durante esa campaña protagonizó una inesperada irrupción en un debate televisado en Inravisión, al que solo habían invitado a Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Con ayuda de integrantes del sindicato del canal, Navarro apareció en el set, provocando la molestia de los moderadores y la interrupción de la transmisión. Después, se concentró en la política regional, en 1995 fue elegido alcalde de Pasto y recibió, en 1998, un reconocimiento como mejor alcalde de ciudades intermedias.

Fue uno de los fundadores del Polo Democrático, aunque en 2006 la candidatura presidencial quedó en manos de Carlos Gaviria Díaz. En 2007 fue elegido gobernador de Nariño, cargo que ejerció desde enero de 2008.

Después ocupó brevemente la Secretaría de Gobierno de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, pero renunció en marzo de 2012 por diferencias con el entonces alcalde. En 2014 regresó al Senado con cerca de 55.000 votos. Navarro también fue uno de los articuladores de la alianza entre Progresistas y el Partido Verde, que dio origen a la Alianza Verde.

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