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Las razones por las cuales Álvaro Uribe Vélez fue condenado por fraude procesal

La jueza a cargo del juicio, Sandra Heredia, declaró que se comprobó la comisión del delito de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero absolvió al exmandatario del delito de soborno simple.

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Photo: Colprensa

Este lunes 28 de julio, se conoció el sentido de fallo en el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), acusado de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal por supuesta manipulación de testigos.

La jueza a cargo del juicio, Sandra Heredia, declaró que se comprobó la comisión del delito de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero absolvió al exmandatario del delito de soborno simple.

Este juicio marca un hito sin precedentes, ya que Uribe, de 73 años, se convirtió en el primer expresidente en enfrentar un juicio penal. Uribe se expone a una posible pena de entre seis y doce años de cárcel. Dada su edad y trayectoria, podría solicitar prisión domiciliaria, siempre que la pena sea inferior a ocho años.

Al final de la lectura del fallo, la Fiscal 1 delegada ante la Corte, Marlenne Orjuela, pide que la pena para el expresidente sea mínimo de 108 meses es decir de más de 9 años de prisión.

Hasta ahora, la jueza consideró probados los dos primeros delitos, aunque aún no ha definido si Uribe es responsable en calidad de determinador.

Jaime Granados, abogado que lidera la defensa de Uribe pidió que su representado mantenga la libertad. “Se mantiene incólume la presunción de inocencia hasta que no haya una decisión en firme”. Además, solicitó 24 horas para presentar argumentos al respecto de la dosificación de la pena.

La jueza Heredia citó para el próximo viernes 1 de agosto a las 2 p.m a la lectura de la condena en primera instancia en contra del expresidente.

Soborno en actuación penal

La lectura del fallo comenzó a las 8:30 con la presencia del senador Iván Cepeda, como víctima en este caso, y de sus abogados, mientras que Uribe asistió de manera virtual desde su finca en Rionegro (Antioquia).

Heredia hizo una defensa de la independencia judicial al comenzar la lectura: “La espera ha finalizado”. Recordó que han pasado 475 días después de “una maratónica lucha contra el reloj” y rechazó que el caso obedezca a un acto de oposición política e insistió en que su fallo “no decide sobre un nombre, sino sobre unos hechos”.

En las primeras cuatro horas, Heredia validó unas intercepciones al teléfono de Uribe por parte de la Corte y grabaciones hechas con un reloj espía, pruebas que la defensa del exmandatario había solicitado excluir por considerarlas ilegales.

Según la jueza, las interceptaciones se llevaron a cabo exclusivamente entre el 12 y el 27 de marzo de 2018, contradiciendo la afirmación de la defensa de que duraron un mes. Después de este período, la autoridad judicial ordenó que se detuvieran.

La jueza determinó que la sospecha planteada por la defensa con respecto a la interceptación no tiene fundamento, ya que esta se realizó con la autorización previa de la Corte Suprema. La jueza aseguró que es “ostensible que el acusado conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve” al inducirlo a cambiar su testimonio ante la justicia.

Fraude procesal

En cuanto al delito de fraude procesal, Heredia determinó que este se configuró a partir de los documentos presentados por la defensa de Uribe ante la Corte Suprema.

En particular, destacó un documento firmado por el paramilitar Carlos Enrique Vélez, cuyo contenido es falso y fue presentado con la intención de que se iniciara una investigación y se condenara al senador Cepeda.

De esta manera, la jueza respaldó la acusación y se refirió específicamente a la página nueve del escrito fiscal, donde se mencionan los contactos de Cadena con presos de la cárcel de Cómbita, en el departamento de Boyacá, con el objetivo de obtener declaraciones favorables al expresidente.

El juicio tiene su origen en las denuncias del senador Iván Cepeda en 2012, lo que derivó en investigaciones que en 2018 concluyeron que Uribe habría intentado manipular testigos mediante su abogado Diego Cadena, en particular al exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve.

En ese entonces, Cepeda preparaba una denuncia contra Uribe por presuntos vínculos con paramilitares. No obstante, la Corte Suprema no abrió una investigación contra Cepeda, sino que inició un proceso contra el expresidente por presunto soborno.

En agosto de 2020, la Corte emitió una orden de detención domiciliaria contra Uribe, quien renunció a su curul en el Senado para que el caso quedara en manos de la justicia ordinaria. Una jueza ordenó su libertad y su defensa solicitó el cierre del caso en dos ocasiones. Juzgados de primera instancia como el Tribunal de Bogotá Superior de Bogotá lo negaron las solicitudes hasta que en 2024, una nueva fiscal lo acusó formalmente.

El proceso penal comenzó formalmente en marzo de 2024, con la Fiscalía acusando al expresidente de por soborno y fraude procesal. En total se realizaron 67 días de audiencias y, testificaron 37 testigos de la Fiscalía y 70 de la defensa.

Según la fiscal del caso, el exmandatario habría liderado una estrategia coordinada para manipular testigos claves como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, actuando a través de Cadena para inducir retractaciones. El material probatorio incluye cartas fabricadas, conversaciones interceptadas y grabaciones encubiertas.

La defensa de Uribe, encabezada por Jaime Granados y Jaime Lombana, niega cualquier conducta imputable al exmandatario. Durante el proceso aceptaron errores profesionales del abogado Cadena, pero señalan que Uribe no pudo haber tenido conocimiento directo ni ordenado los hechos. Insisten en que el proceso se ha contaminado por presiones mediáticas y supuestas estrategias de “lawfare”.

Posturas en la audiencia final

La fiscal Marlenne Orjuela pidió la condena del expresidente Uribe basándose en pruebas de soborno y presión sobre testigos privados de la libertad.

Por su parte, la defensa de Uribe, liderada por Granados, argumentó que no hay pruebas directas de maniobras ordenadas por el expresidente y sostuvo que los pagos fueron ayudas humanitarias involuntarias, sin su autorización. Mientras que la Procuraduría solicitó la absolución, generando un choque de posiciones institucionales.

En entrevista con Caracol Radio, el abogado Lombana, insistió en que la Fiscalía no logró probar que el expresidente actuó como determinador ni que intentó influir en testigos en su contra. Destacó que la defensa de Uribe nunca tuvo ánimo dilatorio y que la jueza imprimió una celeridad inusual en el proceso. Lombana subrayó que el expresidente está siendo juzgado sin fueros ni privilegios, como cualquier ciudadano.

En la misma línea, Lombana expresó confianza en una absolución, argumentando que Uribe desconocía las circunstancias de los casos concretos. Concluyó que la defensa de Uribe siempre buscó la justicia y que confía en la imparcialidad de la jueza que lleva el caso.

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Nacional

Colombia fue una nación que caminó unida por la fe en la multitudinaria Marcha para Jesús

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Las calles de Colombia cambiaron de rostro este domingo 2 de agosto. Allí donde habitualmente se escuchan los motores, las consignas políticas o el bullicio cotidiano, esta vez fueron los cánticos de alabanza, las oraciones y las banderas blancas las que marcaron el paso de cientos de miles de creyentes que participaron en la Gran Marcha para Jesús 2026.

Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras comenzaron a reunirse en parques, avenidas y plazas principales de ciudades y municipios. Niños sobre los hombros de sus padres, jóvenes portando pancartas con mensajes de esperanza y adultos mayores caminando con serenidad hicieron parte de una movilización que, según sus organizadores, se desarrolló de manera simultánea en los 32 departamentos del país y en centenares de ciudades y municipios. 

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No hubo colores partidistas ni discursos electorales. La consigna fue una sola: exaltar el nombre de Jesús y elevar una oración colectiva por Colombia. Católicos, iglesias evangélicas, comunidades protestantes y creyentes de distintas denominaciones compartieron un mismo recorrido, dejando a un lado las diferencias doctrinales para enviar un mensaje de unidad, reconciliación y paz. 

En Bogotá, miles de participantes caminaron hasta el Parque Simón Bolívar, donde la jornada concluyó con música cristiana, momentos de oración y mensajes de esperanza. Escenas similares se vivieron en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y decenas de municipios, donde las calles se transformaron en un gran templo al aire libre. 

La movilización transcurrió de manera pacífica. En lugar de reclamos o confrontaciones, predominó el ambiente familiar. Hubo abrazos entre desconocidos, cantos compartidos y palabras de ánimo para quienes observaban el paso de la multitud desde los andenes y balcones.

Los organizadores describieron la jornada como un movimiento ciudadano, apolítico y no denominacional, cuyo propósito fue recordar que la fe también puede ocupar el espacio público como una expresión de esperanza y servicio a la sociedad. Para esta edición se esperaba una participación superior a la de años anteriores, con presencia en cerca de 700 ciudades y municipios del país. 

Al caer la tarde, mientras las columnas de marchantes se dispersaban lentamente, quedaba la imagen de un país que, por unas horas, decidió caminar al mismo ritmo. En un momento marcado por desafíos sociales, económicos y políticos, miles de colombianos optaron por responder con oración, música y un mensaje de fe.

La Marcha para Jesús volvió así a demostrar que, más allá de las cifras de asistencia, continúa consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Colombia, donde la esperanza fue, una vez más, la protagonista de la jornada. 

Todo se cerró con el Bogotá Gospel

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El momento culminante de la jornada se vivió en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde miles de marchantes confluyeron tras recorrer las principales vías de la capital. Allí, la Marcha para Jesús encontró un escenario de celebración con Bogotá Góspel 2026, el tradicional concierto del Festival de Verano que este año se articuló con la movilización nacional para convertir el parque en un gran espacio de adoración, música y unidad. 

Durante cerca de ocho horas, el escenario reunió a reconocidos artistas de la música cristiana como Miel San Marcos (Guatemala), Alex Zurdo (Puerto Rico), Rescate (Argentina), Cales Louima, además de agrupaciones colombianas como Avivamiento, One 4 All, Vasija de Barro, Rapha y Diana Paipa. Cada presentación estuvo acompañada por mensajes de esperanza, reconciliación y fe, en un ambiente familiar que congregó a creyentes de diferentes iglesias y generaciones. 

La unión entre la Marcha para Jesús y Bogotá Góspel convirtió el cierre de la jornada en una verdadera fiesta de la fe. Lo que comenzó como una caminata por las calles de la capital terminó con miles de voces elevando alabanzas al unísono, reafirmando el propósito de los organizadores: hacer visible un mensaje de paz, amor y reconciliación para Colombia. La Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar se transformó así en un inmenso templo al aire libre, donde la música sirvió como lenguaje común para celebrar la esperanza y la unidad del pueblo creyente. 

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Las islas eligieron a Girley Ordoñez Bowie como nueva Gobernadora del archipiélago

Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular. 

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El domingo quedó escrito un nuevo capítulo en la historia política del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde muy temprano, los puestos de votación comenzaron a recibir a los ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir a quien tendrá la responsabilidad de conducir el departamento durante los próximos años, en unas elecciones atípicas convocadas tras la vacancia del cargo de gobernador. 

Con el avance del escrutinio, la tendencia empezó a consolidarse. Al cierre de la jornada, Girley Ordóñez Bowie obtuvo 10.874 votos, una cifra suficiente para convertirse en la nueva Gobernadora del Archipiélago y marcar un relevo generacional en la política insular. 

Su victoria fue recibida con celebraciones entre simpatizantes que se congregaron para acompañar el anuncio oficial. Abrazos, aplausos y banderas reflejaron la esperanza de quienes ven en su administración una oportunidad para afrontar los desafíos que enfrenta el departamento, especialmente en materia de empleo, turismo, infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.

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Desde el Parque de Bolívar de San Andrés el periodista Gabriel Salcedo nos entrega información de la celebración del partido Liberal y Girley Ordóñez Bowie como Gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

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Un nuevo liderazgo

Girley Ordóñez Bowie pertenece a una nueva generación de dirigentes isleños. Profesional de formación, ha construido una carrera en el sector público y ha participado en diferentes escenarios administrativos, lo que le permitió ganar reconocimiento entre distintos sectores de la comunidad.

Durante la campaña insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, impulsar el desarrollo económico del archipiélago y trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional para ejecutar proyectos estratégicos que beneficien tanto a San Andrés como a Providencia y Santa Catalina.

Su elección también representa un hecho significativo por el protagonismo de una mujer al frente de la administración departamental, en un momento en que la ciudadanía reclama mayor cercanía entre los gobernantes y las comunidades.

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El periodista Gabriel Salcedo se encuentra desde la sede del Partido Liberal en San Andrés con la parlamentaria Elizabeth Jay Pang

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El reto que comienza

La nueva gobernadora asumirá el cargo en un contexto que demanda resultados rápidos. Entre las prioridades estarán la recuperación económica, el fortalecimiento del turismo, la generación de empleo, la atención de las necesidades de Providencia tras los retos de reconstrucción y la defensa de la Reserva de Biosfera Seaflower, uno de los patrimonios ambientales más importantes del Caribe.

La expectativa es alta. Los 10.874 votos que respaldaron su candidatura representan también un compromiso con los ciudadanos que esperan una administración eficiente, incluyente y cercana a las necesidades del territorio.

Con la declaratoria de su elección concluye el proceso electoral extraordinario y comienza una nueva etapa para el Archipiélago. A partir de ahora, el desafío será transformar las promesas de campaña en acciones concretas que impulsen el desarrollo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

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Laura Sarabia responde a señalamientos que la vinculan a escándalo de la DNI

Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá.

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En medio del nuevo escándalo por los presuntos beneplácitos del Gobierno al Clan del Golfo, se conocieron las declaraciones del general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien aseguró que durante su paso por la institución recibió llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, para frenar procedimientos policiales bajo la justificación de no afectar la política de paz total.

En diálogo con Caracol Radio, el uniformado afirmó que Sarabia intervenía directamente cuando tenía conocimiento de operativos o actuaciones contra personas vinculadas a hechos de alteración del orden público o posibles actividades criminales. “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, relató.

El exdirector de la Policía explicó que esas comunicaciones no se daban para prevenir acciones, sino, en la mayoría de los casos, después de que los operativos ya habían concluido. Según dijo, eran llamados de reproche. “Cuando ya estaban culminadas, realmente cuando ya estaban culminadas era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, sostuvo.

Sanabria recordó incluso un episodio relacionado con una protesta feminista en Bogotá que afectó el sistema de transporte masivo. Según su versión, tras ordenar la intervención del Escuadrón Antidisturbios, recibió una llamada de Sarabia para pedir que no se actuara. “Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios… ella llamaba que no se hiciera nada”, aseguró.

Frente a estas afirmaciones, Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en Londres, reconoció que sí llamó al entonces director de la Policía, pero únicamente por ese episodio relacionado con las protestas de mujeres en Bogotá, y negó haber interferido en operativos contra grupos armados ilegales.

“Yo nunca tuve una llamada con el general en esas características. Es un general por quien tengo pleno respeto, por toda su experiencia y trayectoria en la Policía; así se lo manifesté al momento de su salida. La verdad, resulta muy curioso que tres años después haga estas manifestaciones, porque en otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto. Simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado algo, pero nunca habló de una orden específica para suspender algún operativo”, dijo a Blu Radio.

Mientras tanto, el equipo jurídico de la embajadora anunció que interpondrá denuncias penales contra el uniformado.

“Laura Sarabia actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República (…) Cualquier actuación relacionada con los hechos recientemente mencionados por el General (r) Sanabria se limitó a una pregunta —no instrucción— sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”, se lee en un comunicado de la defensa de Sarabia.

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