Nacional
Luego de un intenso debate, en la Cámara se aprueba la reforma a la salud
El proyecto inicial abarcaba 62 artículos; no obstante, a lo largo del debate en la cámara baja se eliminó uno –el relacionado con el mérito para la dirección y administración de las instituciones de salud–, y fueron avalados 22 nuevos artículos.
Después de semanas de discusión y controversia, finalmente la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro logró superar su primera vuelta y fue aprobada por la Cámara de Representantes. Sin embargo, para ser ley de la República ahora deberá superar otros dos debates en el Senado.
El proyecto inicial abarcaba 62 artículos; no obstante, a lo largo del debate en la cámara baja se eliminó uno –el relacionado con el mérito para la dirección y administración de las instituciones de salud–, y fueron avalados 22 nuevos artículos. Es decir, al Senado llegará un texto con 83 artículos.
En diciembre pasado, durante las sesiones extras, la plenaria de la Cámara logró darle vía libre a un primer paquete de 23 artículos, relacionados con las generalidades y bases del proyecto.
En primer lugar, se determinó que la base de la atención en salud se hará con referencia en el territorio donde estén ubicados los ciudadanos. Es decir, que el barrio, la comuna o localidad, la ciudad y el departamento donde residan determinarán cómo y cuáles serán los servicios a los que puede acceder.
En ese sentido, cada persona tendrá que inscribirse en el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) más cercano a su lugar de residencia. Estos CAPS serán como centros de salud adonde los usuarios vayan cuando necesiten ir al médico, bien sea por voluntad propia (a hacerse un chequeo) o por demanda inducida (luego de una visita de un Equipo Básico de Salud Territorial).
Estos últimos son brigadas de salud compuestas por médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales que van a las casas (sobre todo en zonas rurales, apartadas o en condición de pobreza) para evaluar su estado de salud y sugerirles acudir a los CAPS para revisar las dolencias que identifiquen.
Por otro lado, todo lo anterior mudará la forma en la que se piden las citas médicas, pues estas tendrían que ser solicitadas en los CAPS; entre tanto, las entidades promotoras de salud (EPS) como se conocen actualmente desaparecerían para convertirse en entidades gestoras de salud y vida (EGSV), que serán la encargadas de coordinar la red de prestadores de salud (hospitales y clínicas) de mediana y alta complejidad y las remisiones de pacientes que hagan los CAPS, así como de hacer auditorías médicas, es decir, revisar que las cuentas que le cobren al Estado correspondan a los servicios prestados.
En consecuencia con lo anterior, la reforma establece que los hospitales y las clínicas que reciban atenciones de mediana complejidad (cirugías simples, exámenes y consultas con especialistas) y alta complejidad (que requieren mayor tecnología y especialización médica y supraespecialistas como cardiología o reumatología) se harán mediante las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud (RIITS), que serán ordenadas por las secretarías de Salud municipales, departamentales o distritales.
Esto se traduce en que después de que el paciente sea visto por un médico general en el CAPS, puede ser remitido a un prestador de las RIITS para que lo atiendan en un sitio de mayor nivel, según la orden médica. En esa remisión del CAPS a las RIITS mediarán las Gestoras, que tendrán a su cargo el proceso de mandar al ciudadano a un especialista de más nivel o menor nivel.
En tercer lugar, se acabará la afiliación a las EPS a nivel nacional y se pasaría a la afiliación por departamentos. Se aprobó que las EPS se transformarán en EGSV y se organizarán “por territorios para la gestión en salud, reconociendo su experiencia en los sitios en donde históricamente han gestionado el riesgo en salud”. Por ejemplo, Sura prestaría sus oficios solo para Antioquia, de manera que alguien que viva en otro departamento no podría vincularse a esa gestora.
Posteriormente, en febrero pasado –también en otras sesiones extras– se aprobó otro paquete de artículos relacionado con el apartado de fuentes, usos y gestión de los recursos financieros del sistema.
Uno de ellos se refiere a la creación de Servicios Sociales Complementarios en Salud, que son los que requiere una persona para tener acceso efectivo a los servicios de salud y su condición socioeconómica y/o geográfica le impide proporcionárselos por sí misma, como lo son el transporte, hospedaje, cuidado o asistente personal en casa.
El artículo 22 habla del pago de las prestaciones económicas por maternidad, paternidad y por incapacidad derivada de una enfermedad de origen común. Para esto, el Ministerio de Salud definirá el procedimiento para la expedición, reconocimiento y pago de estas prestaciones de la población cotizante.
“Las mujeres y personas gestantes no cotizantes, categorizadas en los niveles A, B y C del SISBÉN o el instrumento de focalización que haga sus veces, recibirán el equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente, durante los tres (3) meses siguientes al parto viable, esta protección alcanzará de manera progresiva los cuatro (4) meses a partir del año 2030”, señala ese apartado.
Por su parte, el artículo 23 aprobó que se les den créditos blandos con tasas compensadas a las Instituciones de Salud del Estado (ISE) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas o mixtas para facilitarles el saneamiento de sus finanzas y les favorezca su estabilización financiera y permanencia en el sistema de salud.
Entre tanto, se modificó la destinación de parte de los recursos del fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante. Lo anterior significa que las cajas de compensación familiar que administren programas de salud podrán usar los recursos de su apropiación del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) hasta en un 40 % de los recursos de ese fondo para el saneamiento de pasivos asociados a la prestación de servicios de salud de sus afiliados.
Además de precisar el uso de los recursos de las cuentas maestras, que son un mecanismo para darle un adecuado control y seguimiento a los recursos del régimen subsidiado, se especificó también la destinación de los excedentes resultantes del proceso de saneamiento de aportes patronales financiados con recursos del situado fiscal y del sistema general de participaciones, así como de los usos de los recursos excedentes del sector para priorizar las necesidades en el saneamiento del sistema.
Posteriormente, en las sesiones de esta semana, se aprobó otro bloque de artículos que incluye el punto 9, uno de los más controvertidos, pues estableció las funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), entidad que pasará a tener parte de las funciones que hoy realizan las entidades promotoras de salud (EPS), como el pago a clínicas de hospitales y clínicas y las auditorías de las facturas que estas le envíen cobrando por la prestación de servicios de salud.
“Adres va a tener que auditar y girar a los prestadores. (…) Va a hacer de todo en este sistema, el pagador y fondo único, ¿y que no va a necesitar un solo trabajador de planta más? La Adres tiene (actualmente) casi 220. ¿Me van a decir a mí que Adres no necesita un fortalecimiento cuando su presupuesto es apenas de $400.000 millones?”, cuestionó al respecto la representante Jennifer Pedraza (Partido Dignidad), quien fue una de las que se retiró de la votación.
Con la aprobación de ese artículo, la Adres quedaría con 27 funciones. Entre estas se encuentran, la de suscribir los acuerdos con los prestadores, gestores farmacéuticos y proveedores de servicios y tecnologías en salud; constituir un fondo para la atención de catástrofes, epidemias y contingencias financieras; realizar contratos con entidades especializadas para la realización de auditorías médicas y de cuentas a las Gestoras de Salud y Vida (actuales EPS); así como hacer el pago de la remuneración por administración e incentivos a las mencionadas gestoras.
Además, se precisaron las nuevas fuentes de financiación para el sistema, que modifica un artículo del Estatuto Tributario que refiere a la destinación de los impuestos saludables. En ese sentido, quedó establecido que desde enero de 2026 el Gobierno destinará al sistema de salud el 100 % del recaudo de los impuestos a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos.
Por otro lado, se aprobó la creación del Fondo Único Público de Salud que será manejado por la Adres. Tendrá tres cuentas de recursos para la financiación de la atención primaria en salud, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y la Cuenta General para el Manejo y Destinaciones. Será vigilado por la Superintendencia del ramo.
Se creó además la Cuenta de Atención Primaria en Salud, con la que se pagarán los servicios prestados por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS); las soluciones de transporte y dotación de los equipos de salud territorial; la atención prehospitalaria de urgencias médicas en municipios y distritos; y los demás usos que establezca el ministerio para la atención primaria.
Así mismo, el artículo 16 estableció la Cuenta de Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria que se usará para la sostenibilidad de las Instituciones de Salud del Estado y para el transporte intermunicipal e interdepartamental medicalizado de los departamentos y distritos.
De igual manera, se aprobó el artículo 18 que habla de la unidad de pago por capitación (dinero para atención de usuarios, conocida como UPC). Se mantuvo que el Ministerio de Salud será el encargado de definir su valor anual y estableció que para que alcance se asignará presupuestalmente un per cápita para el financiamiento del nivel primario y se establecerá otro per cápita para financiar la atención en salud de mediana y alta complejidad.
En esa misma línea, se estableció que una vez prestado un servicio, las IPS y proveedores presentarán las cuentas a la Adres y a la gestora correspondiente. Desde entonces, la Adres dispondrá de 30 días para pagar mínimo el 85 % de su valor y la gestora de 60 días para realizar la auditoría de la facturación.
Al final de la discusión, se aprobaron 22 artículos nuevos, que se referían, entre otros asuntos, al fortalecimiento del Invima, a un observatorio de salud mental, al trámite expedito para la convalidación de títulos en salud obtenidos en el extranjero, a los estímulos especiales para los investigadores y a la política del autocuidado. Entre tanto, 50 de los 62 artículos tuvieron modificación.
Nacional
Armada de Colombia rescata a 11 tripulantes sanos y salvos en Providencia
La Armada de Colombia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
Tras recibir el reporte de la emergencia, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, por medio del Puesto Avanzado de Guardacostas de Providencia, desplegó de manera inmediata una Unidad de Reacción Rápida hacia la posición informada, manteniendo comunicación y seguimiento permanente durante el desplazamiento.
Al llegar al lugar, los marinos confirmaron la presencia de los 11 tripulantes y brindaron apoyo para intentar controlar el incendio; sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y ante la imposibilidad de contenerlas, priorizaron la protección de la vida humana en el mar, evacuando a toda la tripulación y trasladándola de manera segura hasta Providencia.
A su llegada al muelle, los ciudadanos fueron valorados y se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud.
La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna de las emergencias marítimas en el Archipiélago.
Nacional
La falla de un generador puso a prueba el sistema eléctrico de San Andrés
De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
San Andrés enfrenta nuevamente el debate sobre la confiabilidad de su sistema de generación eléctrica. Durante las últimas semanas, las interrupciones del servicio han generado preocupación entre usuarios, comerciantes y sectores de la comunidad, en medio de una contingencia que afectó uno de los principales equipos de generación de la isla.
La situación tiene como uno de sus principales protagonistas al generador Miller Blackstone 2, ubicado en la central de generación de Punta Evans. De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
La reducción de esa capacidad coincidió con otro proceso técnico de importancia: la unidad MAN Diésel 2 se encontraba en un mantenimiento mayor tipo overhaul, intervención programada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La combinación de ambos escenarios dejó al sistema con menor margen de respuesta frente a los momentos de mayor demanda.
Una falla que terminó afectando a los usuarios
La gerente de SOPESA, Jackeline Llanos, explicó que la contingencia presentada en el generador no era un evento que pudiera anticiparse dentro de la operación normal del sistema.
Según la empresa, San Andrés cuenta con 11 unidades de generación y la capacidad instalada está diseñada para atender la totalidad de los usuarios del departamento. Sin embargo, cuando una unidad sale de servicio y otra se encuentra en mantenimiento, el margen disponible para enfrentar incrementos de demanda o nuevas contingencias se reduce considerablemente.
Ese escenario fue el que terminó reflejándose en las interrupciones del servicio que experimentaron distintos sectores de la isla.
Para una comunidad que depende prácticamente de manera permanente de la energía eléctrica para sus hogares, hoteles, restaurantes, comercios, instituciones y servicios esenciales, cada interrupción representa mucho más que la ausencia temporal de electricidad.
También significa equipos que dejan de funcionar, alimentos que pueden perderse por falta de refrigeración, dificultades para trabajar y estudiar, afectaciones al comercio y, en algunos casos, preocupación por posibles daños en electrodomésticos.
El mantenimiento de la MAN 2
Mientras se atendía la contingencia del Miller Blackstone 2, SOPESA adelantaba el mantenimiento mayor de la unidad MAN Diésel 2.
La empresa explicó que este tipo de intervención hace parte de los procesos de mantenimiento recomendados por los fabricantes y que los trabajos preventivos y correctivos buscan precisamente conservar la confiabilidad de los equipos de generación.
El cronograma informado por SOPESA contemplaba el regreso de la unidad afectada a una operación normal y continua alrededor del 11 y 12 de agosto, con el propósito de recuperar capacidad de generación y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico de la isla.
La recuperación de esta unidad era considerada fundamental para aumentar nuevamente el margen disponible y mejorar la estabilidad del servicio.
La molestia de los usuarios
Los cortes también generaron una creciente reacción ciudadana. Las interrupciones fueron objeto de cuestionamientos y comentarios en redes sociales y otros espacios de participación, mientras algunos usuarios reclamaron mayor información y respuestas oportunas frente a lo que estaba ocurriendo.
Precisamente, uno de los aspectos que quedó sobre la mesa fue la necesidad de que la comunidad conozca con mayor claridad qué ocurre con el sistema de generación cuando se presenta una contingencia y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que una falla termine convirtiéndose en una cadena de interrupciones.
La situación también ocurre en un contexto más amplio de preocupación por el servicio de energía en el Archipiélago. En junio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que adelantaría una auditoría al sistema de atención al usuario de SOPESA, después de escuchar las inquietudes planteadas por comunidades raizales de San Andrés.
¿Y qué pasa si un electrodoméstico resulta afectado?
Uno de los principales interrogantes de los usuarios después de los cortes es qué ocurre cuando un electrodoméstico sufre daños asociados a una interrupción o alteración del servicio.
SOPESA ha señalado que existen mecanismos para presentar reclamaciones por este tipo de situaciones. La empresa solicita información como la fecha y hora del evento, descripción del equipo afectado, marca, referencia, modelo y registro fotográfico, entre otros documentos. Posteriormente se realiza una evaluación técnica para determinar si procede el reconocimiento del daño.
Esto significa que los usuarios que consideren haber sufrido daños no necesariamente deben asumir automáticamente la pérdida del equipo, sino que pueden presentar formalmente su reclamación ante la empresa.
Un problema que va más allá de una máquina
Aunque la contingencia del Miller Blackstone 2 explica buena parte de las interrupciones recientes, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué tan preparado está el sistema eléctrico de San Andrés para responder cuando uno de sus principales equipos queda fuera de servicio?
La respuesta no depende únicamente de reparar una máquina.
También involucra mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos, capacidad de respaldo, planificación de la generación, crecimiento de la demanda y alternativas que permitan reducir la dependencia de los combustibles tradicionales.
SOPESA ha señalado que dentro de sus obligaciones contempla proyectos relacionados con energías renovables. Entre ellos se encuentra la planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, que ya está en operación y busca utilizar parte de los residuos generados en la isla para producir energía.
San Andrés necesita certezas
La crisis reciente deja una enseñanza clara: en un territorio insular como San Andrés, donde no existe una conexión eléctrica con el continente, la generación local es un asunto estratégico.
Una falla técnica puede tener repercusiones inmediatas sobre miles de personas y sobre sectores fundamentales de la economía insular.
Por eso, más allá de determinar qué ocurrió con una máquina específica, el desafío está en garantizar que el sistema tenga suficiente capacidad de respaldo para que el daño de una unidad no termine convirtiéndose en interrupciones repetitivas para la población.
La comunidad espera ahora que, con la recuperación de las unidades intervenidas, el servicio pueda estabilizarse y que las lecciones de esta contingencia permitan fortalecer la infraestructura eléctrica del Archipiélago.
Porque para San Andrés la energía no es simplemente un servicio público. Es una condición indispensable para que la isla pueda funcionar.
Nacional
Gobierno anuncia que elimina aparato de información y propaganda en RTVC
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un paquete de medidas para recuperar el carácter público, plural e independiente del Sistema de Medios Públicos de Colombia.
En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.
En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
- Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
- La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
- Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
- Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.
La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.
La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.
La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.
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