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Luego de un intenso debate, en la Cámara se aprueba la reforma a la salud

El proyecto inicial abarcaba 62 artículos; no obstante, a lo largo del debate en la cámara baja se eliminó uno –el relacionado con el mérito para la dirección y administración de las instituciones de salud–, y fueron avalados 22 nuevos artículos.

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Después de semanas de discusión y controversia, finalmente la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro logró superar su primera vuelta y fue aprobada por la Cámara de Representantes. Sin embargo, para ser ley de la República ahora deberá superar otros dos debates en el Senado.

El proyecto inicial abarcaba 62 artículos; no obstante, a lo largo del debate en la cámara baja se eliminó uno –el relacionado con el mérito para la dirección y administración de las instituciones de salud–, y fueron avalados 22 nuevos artículos. Es decir, al Senado llegará un texto con 83 artículos.

En diciembre pasado, durante las sesiones extras, la plenaria de la Cámara logró darle vía libre a un primer paquete de 23 artículos, relacionados con las generalidades y bases del proyecto.

En primer lugar, se determinó que la base de la atención en salud se hará con referencia en el territorio donde estén ubicados los ciudadanos. Es decir, que el barrio, la comuna o localidad, la ciudad y el departamento donde residan determinarán cómo y cuáles serán los servicios a los que puede acceder.

En ese sentido, cada persona tendrá que inscribirse en el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) más cercano a su lugar de residencia. Estos CAPS serán como centros de salud adonde los usuarios vayan cuando necesiten ir al médico, bien sea por voluntad propia (a hacerse un chequeo) o por demanda inducida (luego de una visita de un Equipo Básico de Salud Territorial).

Estos últimos son brigadas de salud compuestas por médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales que van a las casas (sobre todo en zonas rurales, apartadas o en condición de pobreza) para evaluar su estado de salud y sugerirles acudir a los CAPS para revisar las dolencias que identifiquen.

Por otro lado, todo lo anterior mudará la forma en la que se piden las citas médicas, pues estas tendrían que ser solicitadas en los CAPS; entre tanto, las entidades promotoras de salud (EPS) como se conocen actualmente desaparecerían para convertirse en entidades gestoras de salud y vida (EGSV), que serán la encargadas de coordinar la red de prestadores de salud (hospitales y clínicas) de mediana y alta complejidad y las remisiones de pacientes que hagan los CAPS, así como de hacer auditorías médicas, es decir, revisar que las cuentas que le cobren al Estado correspondan a los servicios prestados.

En consecuencia con lo anterior, la reforma establece que los hospitales y las clínicas que reciban atenciones de mediana complejidad (cirugías simples, exámenes y consultas con especialistas) y alta complejidad (que requieren mayor tecnología y especialización médica y supraespecialistas como cardiología o reumatología) se harán mediante las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud (RIITS), que serán ordenadas por las secretarías de Salud municipales, departamentales o distritales.

Esto se traduce en que después de que el paciente sea visto por un médico general en el CAPS, puede ser remitido a un prestador de las RIITS para que lo atiendan en un sitio de mayor nivel, según la orden médica. En esa remisión del CAPS a las RIITS mediarán las Gestoras, que tendrán a su cargo el proceso de mandar al ciudadano a un especialista de más nivel o menor nivel.

En tercer lugar, se acabará la afiliación a las EPS a nivel nacional y se pasaría a la afiliación por departamentos. Se aprobó que las EPS se transformarán en EGSV y se organizarán “por territorios para la gestión en salud, reconociendo su experiencia en los sitios en donde históricamente han gestionado el riesgo en salud”. Por ejemplo, Sura prestaría sus oficios solo para Antioquia, de manera que alguien que viva en otro departamento no podría vincularse a esa gestora.

Posteriormente, en febrero pasado –también en otras sesiones extras– se aprobó otro paquete de artículos relacionado con el apartado de fuentes, usos y gestión de los recursos financieros del sistema.

Uno de ellos se refiere a la creación de Servicios Sociales Complementarios en Salud, que son los que requiere una persona para tener acceso efectivo a los servicios de salud y su condición socioeconómica y/o geográfica le impide proporcionárselos por sí misma, como lo son el transporte, hospedaje, cuidado o asistente personal en casa.

El artículo 22 habla del pago de las prestaciones económicas por maternidad, paternidad y por incapacidad derivada de una enfermedad de origen común. Para esto, el Ministerio de Salud definirá el procedimiento para la expedición, reconocimiento y pago de estas prestaciones de la población cotizante.

“Las mujeres y personas gestantes no cotizantes, categorizadas en los niveles A, B y C del SISBÉN o el instrumento de focalización que haga sus veces, recibirán el equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente, durante los tres (3) meses siguientes al parto viable, esta protección alcanzará de manera progresiva los cuatro (4) meses a partir del año 2030”, señala ese apartado.

Por su parte, el artículo 23 aprobó que se les den créditos blandos con tasas compensadas a las Instituciones de Salud del Estado (ISE) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas o mixtas para facilitarles el saneamiento de sus finanzas y les favorezca su estabilización financiera y permanencia en el sistema de salud.

Entre tanto, se modificó la destinación de parte de los recursos del fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante. Lo anterior significa que las cajas de compensación familiar que administren programas de salud podrán usar los recursos de su apropiación del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) hasta en un 40 % de los recursos de ese fondo para el saneamiento de pasivos asociados a la prestación de servicios de salud de sus afiliados.

Además de precisar el uso de los recursos de las cuentas maestras, que son un mecanismo para darle un adecuado control y seguimiento a los recursos del régimen subsidiado, se especificó también la destinación de los excedentes resultantes del proceso de saneamiento de aportes patronales financiados con recursos del situado fiscal y del sistema general de participaciones, así como de los usos de los recursos excedentes del sector para priorizar las necesidades en el saneamiento del sistema.

Posteriormente, en las sesiones de esta semana, se aprobó otro bloque de artículos que incluye el punto 9, uno de los más controvertidos, pues estableció las funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), entidad que pasará a tener parte de las funciones que hoy realizan las entidades promotoras de salud (EPS), como el pago a clínicas de hospitales y clínicas y las auditorías de las facturas que estas le envíen cobrando por la prestación de servicios de salud.

“Adres va a tener que auditar y girar a los prestadores. (…) Va a hacer de todo en este sistema, el pagador y fondo único, ¿y que no va a necesitar un solo trabajador de planta más? La Adres tiene (actualmente) casi 220. ¿Me van a decir a mí que Adres no necesita un fortalecimiento cuando su presupuesto es apenas de $400.000 millones?”, cuestionó al respecto la representante Jennifer Pedraza (Partido Dignidad), quien fue una de las que se retiró de la votación.

Con la aprobación de ese artículo, la Adres quedaría con 27 funciones. Entre estas se encuentran, la de suscribir los acuerdos con los prestadores, gestores farmacéuticos y proveedores de servicios y tecnologías en salud; constituir un fondo para la atención de catástrofes, epidemias y contingencias financieras; realizar contratos con entidades especializadas para la realización de auditorías médicas y de cuentas a las Gestoras de Salud y Vida (actuales EPS); así como hacer el pago de la remuneración por administración e incentivos a las mencionadas gestoras.

Además, se precisaron las nuevas fuentes de financiación para el sistema, que modifica un artículo del Estatuto Tributario que refiere a la destinación de los impuestos saludables. En ese sentido, quedó establecido que desde enero de 2026 el Gobierno destinará al sistema de salud el 100 % del recaudo de los impuestos a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos.

Por otro lado, se aprobó la creación del Fondo Único Público de Salud que será manejado por la Adres. Tendrá tres cuentas de recursos para la financiación de la atención primaria en salud, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y la Cuenta General para el Manejo y Destinaciones. Será vigilado por la Superintendencia del ramo.

Se creó además la Cuenta de Atención Primaria en Salud, con la que se pagarán los servicios prestados por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS); las soluciones de transporte y dotación de los equipos de salud territorial; la atención prehospitalaria de urgencias médicas en municipios y distritos; y los demás usos que establezca el ministerio para la atención primaria.

Así mismo, el artículo 16 estableció la Cuenta de Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria que se usará para la sostenibilidad de las Instituciones de Salud del Estado y para el transporte intermunicipal e interdepartamental medicalizado de los departamentos y distritos.

De igual manera, se aprobó el artículo 18 que habla de la unidad de pago por capitación (dinero para atención de usuarios, conocida como UPC). Se mantuvo que el Ministerio de Salud será el encargado de definir su valor anual y estableció que para que alcance se asignará presupuestalmente un per cápita para el financiamiento del nivel primario y se establecerá otro per cápita para financiar la atención en salud de mediana y alta complejidad.

En esa misma línea, se estableció que una vez prestado un servicio, las IPS y proveedores presentarán las cuentas a la Adres y a la gestora correspondiente. Desde entonces, la Adres dispondrá de 30 días para pagar mínimo el 85 % de su valor y la gestora de 60 días para realizar la auditoría de la facturación.

Al final de la discusión, se aprobaron 22 artículos nuevos, que se referían, entre otros asuntos, al fortalecimiento del Invima, a un observatorio de salud mental, al trámite expedito para la convalidación de títulos en salud obtenidos en el extranjero, a los estímulos especiales para los investigadores y a la política del autocuidado. Entre tanto, 50 de los 62 artículos tuvieron modificación.

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La forma que se esta formulando la Ley Laura que prohíbe la reconversión de sexo

La iniciativa, radicada el pasado 26 de agosto como el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se denomina “Ley Laura, Niños No Experimento” y ya se encuentra en trámite.

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El Congreso tiene sobre la mesa un proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, radicada el pasado 26 de agosto como el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se denomina “Ley Laura, Niños No Experimento” y ya se encuentra en trámite.

La propuesta pretende establecer que los menores de 18 años no puedan acceder a intervenciones médicas destinadas a modificar características sexuales con el propósito de adecuarlas a una identidad de género distinta del sexo asignado al nacer.

También plantea sanciones para los profesionales de la salud y las instituciones que realicen, ordenen, autoricen o faciliten los procedimientos que quedarían prohibidos. Uno de los tratamientos que quedaría en el centro de esa prohibición son los bloqueadores de pubertad.

Los autores y congresistas que presentaron el proyecto de ley son Andrés Eduardo Forero Molina (senador del Centro Democrático), Luis Miguel López Aristizábal (representante por el Partido Conservador), Carol Borda (representante de Salvación Nacional), David Gerardo Cote Rodríguez (representante del Centro Democrático) y Sara Castellanos (senadora de Salvación Nacional).

Y precisamente sobre su utilización en menores habló el endocrinólogo pediátrico Mario Angulo Mosquera, quien hizo parte del equipo especializado de la Fundación Valle del Lili que atendió este tipo de casos desde finales de 2017.

Según explicó el médico en entrevista con Mañanas Blu, el uso de estos medicamentos no comienza simplemente porque un niño manifieste dudas sobre su identidad de género.

La atención, afirmó, parte de una evaluación en la que intervienen diferentes profesionales y en la que los padres tienen un papel fundamental.

Angulo aseguró que el equipo atendió 114 pacientes desde su creación, una cifra que contrastó con los cerca de 800 pacientes que mensualmente recibe el servicio general de endocrinología pediátrica de la institución.

El especialista explicó que durante la infancia existen menores que exploran diferentes formas de expresión de género y que esas manifestaciones no significan necesariamente que exista una identidad trans. “Hay un porcentaje grande de niños que en su infancia exploran expresiones”, afirmó.

De acuerdo con el endocrinólogo, cuando esas expresiones no son persistentes, el proceso puede mantenerse en un acompañamiento psicológico y familiar.

El equipo que integraba denominaba ese momento como una “fase exploratoria de género”. El escenario cambia, según su explicación, cuando existe una manifestación persistente y el menor comienza la pubertad. Es entonces cuando los bloqueadores pueden entrar en consideración dentro de la valoración médica.

El respaldo del Gobierno al proyecto quedó explícito este martes. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Ejecutivo acompaña la iniciativa y anticipó que trabajará para sacarla adelante. “Compartimos plenamente su espíritu y su contenido. El Gobierno lo apoyará con determinación”, afirmó.

Hasta entonces, aunque existía una coincidencia pública entre el presidente y sectores de las iglesias cristianas y católicas que han defendido el proyecto, el respaldo de De la Espriella a esta agenda legislativa no había quedado expresamente planteado.

El pronunciamiento llegó después de que el senador Andrés Forero, del Centro Democrático y uno de los congresistas que impulsa la iniciativa, le recordara al mandatario que el Congreso ya había presentado el proyecto.

“Presidente, junto con varios congresistas ya presentamos un proyecto de ley”, le respondió Forero. Y agregó: “Esperamos contar con el apoyo del Gobierno”.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, también respaldó la iniciativa y dijo defender “las válidas preocupaciones del Presidente De la Espriella”.

Desde las organizaciones que defienden los derechos de las personas trans, la lectura es completamente distinta. Lina Quevedo, activista por los derechos de esta población, dijo en diálogo con El País América que la iniciativa, a su juicio, parte de afirmaciones que no corresponden con la atención médica que reciben actualmente los menores trans en Colombia.

“Quedó muy claro el espaldarazo”, sostuvo Quevedo. La activista cuestionó particularmente las afirmaciones sobre cirugías, mutilaciones y esterilizaciones químicas en menores.

Según explicó, en Colombia no se realizan cirugías de cambio de sexo, mutilaciones ni esterilizaciones químicas a menores de edad, como sostienen quienes promueven el proyecto.

Quevedo señaló que la atención existente comprende acompañamiento psicosocial para niños y adolescentes que se identifican como trans y, en determinados casos, el uso de bloqueadores de pubertad bajo supervisión médica.

Estos medicamentos, recordó, también se utilizan en pacientes con pubertad precoz y tienen como finalidad retrasar temporalmente el desarrollo puberal.

Para la activista, el problema del proyecto va más allá de la discusión sobre los tratamientos. “Ese proyecto no solo es contra las infancias y adolescencias trans, sino que es contra la autonomía médica, es la politización de la medicina”, afirmó.

El debate legislativo coincidió con la difusión del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, del mexicano Samuel Adrián, producción que cuestiona los tratamientos de afirmación de género para menores y que puso en circulación la afirmación de que el 78 % de los procedimientos de reafirmación de género en Colombia se practican en niños menores de siete años.

Angulo apareció mencionado en esa producción a partir de una grabación que, según denunció, fue utilizada sin su consentimiento.

El endocrinólogo alegó una vulneración de sus derechos a la honra y al buen nombre y pidió retirar los clips, referencias e imágenes en los que aparece.

La controversia alrededor del documental se trasladó también al ámbito judicial. Adrián fue detenido el domingo pasado 13 de septiembre por la Policía cuando llegó al aeropuerto El Dorado procedente de Panamá, en un procedimiento relacionado con el desacato de una medida judicial.

El procedimiento correspondió a la actuación de las autoridades por el presunto incumplimiento de una orden judicial, no a una captura con orden judicial.

¿Qué son los bloqueadores de pubertad?

Los medicamentos a los que se refiere el proyecto son utilizados para detener temporalmente los cambios físicos propios de la pubertad.

Angulo explicó que no existe una edad única para el inicio de ese proceso biológico. Puede comenzar alrededor de los nueve años, pero cada menor desarrolla la pubertad en un momento diferente.

“Cada niño, cada niña arranca su pubertad en su propio momento”, señaló.

Según el endocrinólogo, cuando los bloqueadores son considerados pertinentes, su propósito es suspender temporalmente esos cambios mientras continúa el proceso de evaluación del menor y su familia.

El médico resumió esa finalidad como una forma de “ganar tiempo” antes de tomar decisiones posteriores. También aseguró que el bloqueo puberal es reversible.

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Según su explicación, al suspender los medicamentos se reanuda el proceso de producción hormonal asociado con la pubertad. “Es un tratamiento completamente reversible”, afirmó.

El especialista diferenció esta intervención de las hormonas cruzadas, que pueden generar cambios permanentes y que, según el protocolo que describió, se consideran en una etapa posterior, habitualmente después de los 16 años.

El proyecto también incluye las cirugías

La iniciativa que estudia el Congreso tiene un alcance mayor al de los bloqueadores. El texto propone prohibir también determinados tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.

Sobre este último punto, Angulo fue enfático al explicar el funcionamiento del equipo médico que integró. “No se realiza ningún procedimiento quirúrgico”, afirmó. También señaló que los menores no llegan solos a este tipo de consultas y que los padres tienen un papel central en las decisiones.

El tratamiento, agregó, no depende exclusivamente de un endocrinólogo, sino de un equipo multidisciplinario que puede involucrar profesionales de endocrinología, psicología y acompañamiento familiar.

Este punto hace parte del debate que pretende abordar el proyecto: sus autores sostienen que, debido a los posibles efectos físicos y psicológicos y a las dudas que, según ellos, persisten sobre los efectos a largo plazo de algunas intervenciones, debe aplicarse el principio de precaución y prohibirse su utilización en menores.

El caso que da nombre al proyecto de ley

La iniciativa toma su nombre “Ley Laura, Niños No Experimento” por el caso de una joven cuyo proceso de transición médica durante la adolescencia aparece en la exposición de motivos como uno de los argumentos para impulsar la prohibición.

Según el documento presentado ante el Congreso, Laura acudió a la Fundación Valle del Lili cuando tenía 15 años y posteriormente recibió tratamiento con testosterona y bloqueadores de pubertad.

A los 17 años, de acuerdo con el relato incorporado al proyecto de ley, se sometió a una cirugía de masculinización torácica. Posteriormente decidió no transicionar y llevó su caso ante la justicia.

Su experiencia es utilizada por los autores del proyecto para plantear cuestionamientos relacionados con el consentimiento informado, la valoración de los riesgos y la capacidad de los menores para comprender las consecuencias de determinadas intervenciones médicas.

La propuesta también cita como antecedente internacional el caso de Keira Bell, en Reino Unido, y la denominada Cass Review, una investigación independiente sobre la atención de niños y adolescentes con incongruencia o disforia de género.

¿Qué tendría que pasar para que la prohibición sea ley?

El Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado apenas inició su trámite y tiene que someterse a debates en ambas cámaras.

La iniciativa contempla excepciones para intervenciones médicas relacionadas con condiciones que afectan el desarrollo sexual y que no tengan como finalidad una afirmación de género, entre ellas determinados casos de pubertad precoz y algunas alteraciones congénitas, genéticas o cromosómicas.

También propone sanciones para los profesionales que incumplan la eventual prohibición. El proyecto plantea que estas conductas puedan constituir faltas graves frente a la ética médica y contempla medidas administrativas para las instituciones de salud.

Por ahora, el punto central de la discusión es si los menores deben poder acceder, bajo determinados criterios médicos y con acompañamiento familiar y multidisciplinario, a tratamientos como los bloqueadores de pubertad, o si estas intervenciones deben quedar prohibidas hasta los 18 años, como propone la iniciativa.

El testimonio de Angulo introduce en esa discusión cómo se aplicaba uno de esos protocolos en la práctica: evaluación antes del tratamiento, participación de la familia, intervención de un equipo multidisciplinario y bloqueadores únicamente cuando el menor había llegado a la pubertad y el equipo consideraba pertinente su utilización, según explicó el endocrinólogo.

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Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a los mejores

De esa necesidad nace una celebración que busca convertirse en una tradición: los Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a hombres, mujeres, organizaciones y talentos.

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San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Colombia y el mundo tienen una manera particular de contar sus historias. Aquí, donde el mar parece llevar y traer las noticias con la misma naturalidad con la que lleva los sueños de una generación a otra, también hay historias que merecen detenerse, ser escuchadas y, sobre todo, ser reconocidas.

De esa necesidad nace una celebración que busca convertirse en una tradición: los Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a hombres, mujeres, organizaciones y talentos que, desde distintos escenarios, han contribuido a construir el presente y el futuro del Archipiélago.

No se trata solamente de una estatuilla, una fotografía o una noche de gala. Detrás de cada reconocimiento hay años de trabajo, sacrificios, sueños y una historia personal que se conecta con una historia colectiva: la de unas islas que, pese a sus dificultades, siguen produciendo talento, creatividad, liderazgo y esperanza.

Porque la excelencia rara vez se construye en soledad.

Cada ganador recibe un galardón luego de elaborar una historia diferente.. Algunos lo hicieron después de años de esfuerzo profesional; otros, desde el mundo de la cultura, el deporte, la educación, el emprendimiento o el servicio a la comunidad. Pero todos compartieron algo: haber dejado una huella.

Y esa huella es precisamente la que Radio Seaflower quiso poner en primer plano.

Es reconocer a quienes mantienen vivas las tradiciones, a quienes defienden la cultura raizal, a quienes educan a las nuevas generaciones, a quienes emprenden, crean, investigan, comunican, compiten y trabajan diariamente para que San Andrés, Providencia y Santa Catalina tengan un lugar cada vez más visible en Colombia y en el Caribe.

Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia son, en ese sentido, una que muchas veces no aparece en los titulares.

Una fotografía de personas que trabajan lejos del ruido, pero cuyos resultados terminan hablando por ellas.

Los nombres de quienes fueron escogidos para recibir el reconocimiento en las diferentes categorías y que, durante la ceremonia, sintieron que detrás del aplauso había algo mucho más importante: el reconocimiento de su propia gente.

PERSONAJE DEL AÑO-Pastores Ricardo y María Patricia Rodriguez, del Centro Mundial de Avivamiento

De una manera sencilla y entregada a una secreta y ungida relación con el Espiritu Sant o de Dios, esta pareja de pastores ha sabido llegar un ministerio impecale y libre de ataduras con las tentaciones del mundano poder político y económico del país. La gran convocatoria nacional de la reciente marcha por la paz fue la muestra de ello.

EMPRESARIA DEL AÑO-María Fernanda Bertel Puyo, gerente del Centro Comercial Santafé de Medellín

Este lugar donde se congregan las mejores marcas del país se ha convertido en un santuario al cual nuestro medio de comunicación se ha sentido en su casa, la misma casa que han encontrado personas de todo el país.

MEJOR ARTISTA DEL AÑO-Adrián Charry

Este joven artista cristiano ha sabido subir escaleras con la paciencia de Job, siempre preciso y con la dedicación de un artista consagrado hoy se convierte en un referente para las nuevas generaciones de artistas isleños que buscan la consagración.

MEJOR GENERADOR DE CONTENIDO DEL AÑO-Temis Rodríguez Flórez

A través de su cuenta de Irie Films en redes sociales, este joven productor audiovisual isleño envía el mensaje correcto con sustento sobre la conciencia ambiental y la fragilidad del ecosistema de San Andrés, el destino turístico más apetecido y codiciado en Colombia.

MEJOR EMPRENDEDORA DEL AÑO-Diana Camila Girón Africano

Graduada en publicidad, se atrevió a reunir a un grupo de mujeres para poder trabajar en el impuso para la creación de un emprendimiento como la agencia Táctica y hoy es ejemplo para las mujeres jóvenes de San Andrés.

MEJOR LIDEREZA JUVENIL DEL AÑO-Ashly Fontalvo Manuel

Desde niña ha estado vinculada al tema de los procesos comunitarios y comunales y hoy esta comunicadora social y periodista se constituye en el futuro del liderazgo comunitario en San Andrés y Colombia.

MEJOR ANALISTA POLITICA DEL AÑO-Karol Solis Menco

Nacida en Barranquilla y recientemente receptora de un doctorado en ciencias políticas en Estados Unidos, esta intrépida mujer costeña hoy es considerada como uno de los mas finos regalos que nos ha otorgado el algoritmo en redes sociales. Segura, precisa, contundente y conciliadora en sus comentarios, hoy Karol se prepara dará dar el siguiente paso en su carrera y es la obtención de un asiento en el controvertido mesón del poder político en Colombia.

Cada nombre representó una historia. Cada aplauso, un agradecimiento. Y cada premio, la confirmación de que en las islas hay mucho más talento del que a veces alcanza a conocer el resto del país.

Más que un premio

En una época en la que las noticias suelen concentrarse en los problemas, reconocer lo bueno también es una forma de hacer periodismo.

Radio Seaflower decidió mirar hacia ese otro lado: hacia las historias que inspiran, hacia quienes construyen, hacia quienes no se rinden y hacia quienes entienden que servir a su comunidad también es una manera de dejar legado.

Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia nacen así con una misión que va más allá de una ceremonia: visibilizar a quienes hacen grande al Archipiélago.

Porque San Andrés no es solamente sus playas, sus arrecifes, su música o sus paisajes.

San Andrés también son sus mujeres y sus hombres.

Son sus maestros.

Sus artistas.

Sus deportistas.

Sus emprendedores.

Sus líderes.

Sus trabajadores.

Sus jóvenes.

Sus mayores.

Son todos aquellos que, desde su propio lugar, aportan para que estas islas sigan avanzando.

Una celebración que apenas comienza

Cuando las luces se apagaron y los aplausos comenzaron a quedar atrás, permaneció algo más importante: la sensación de haber compartido una noche dedicada a celebrar lo que somos.

Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia no solamente reconocen a quienes ganaron. Reconocen aquello que las islas pueden llegar a ser.

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Luego de la confesión de Juliana Guerrero por fraude vienen mas casos similares

En su momento, la congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José y hasta identificó 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario.

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La condena a tres años de prisión (excarcelables) contra Juliana Guerrero es apenas una de las consecuencias que trajo lo que sería una “fábrica” de títulos exprés en la Fundación Universitaria San José. La joven aceptó los cargos por el delito de fraude procesal, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoció que había falsificado títulos para poder aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro.

Aun con el golpe que significa esta condena para Petro, quien la apoyó incondicionalmente y hasta quiso desestimar el escándalo, Guerrero no es la única que intentó defraudar a la administración pública con diplomas de mentiras.

En su momento, la congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José y hasta identificó 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos rápidos sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.

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Ante esto, el Ministerio de Educación aseguró que a la fecha hay una investigación administrativa sancionatoria en curso contra esa institución “sobre la cual se emitió un nuevo auto de pruebas el 20 de agosto”. La cartera agregó que continuará con las actuaciones en ese sentido.

En cuanto al proceso y lo que puede derivarse del mismo, dijo que “el ministerio está adelantando, a partir de sus funciones de inspección y vigilancia, un proceso administrativo que todavía no ha llegado a una decisión. Ya se tomaron medidas preventivas frente a la San José, pero la investigación continúa”.

Agregó que es incierto cuándo pueden conocerse las decisiones y cuáles serán sus consecuencias. “La cuestión ahora es cuándo va a salir esa decisión y cuál será su efecto. Dentro de los posibles efectos está remover a toda la junta, intervenir formalmente la institución, adoptar un plan de mejoramiento o incluso cerrarla”, aseguró.

A su vez, señaló que “dentro de las medidas que puede adoptar el Ministerio existen esas posibilidades. Hay varios escenarios después de la intervención administrativa”. Finalmente, con respecto a cómo se ponderan esos escenarios al momento de tomar una decisión, dijo que “depende de qué tantas faltas o qué tantos elementos encuentre el Ministerio durante la investigación”.

Cabe recordar que de la Fundación Universitaria San José también fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general y estuvo relacionado con la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que figuraban a nombre de la joven y que eran falsos.

Entre los casos señalados por la representante figura el de Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN al momento de la denuncia. Según la investigación, habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. “Es como si fuese un delito estudiar. Estos señalamientos buscan réditos políticos”, respondió.

Otra denuncia involucró a Nelfy Melo Morales, entonces secretaria privada de Petro, conocida como Nelfita. La funcionaria habría obtenido tres títulos académicos en año y medio. Melo Morales expresó que “cumplí de manera estricta las indicaciones de la universidad y nunca presioné ni gestioné de forma indebida mi proceso de grado”.

La lista también la integran el representante legal de esa institución, Francisco Pareja, quien habría obtenido dos títulos ilegales firmados por su esposa y sin haber presentado Saber TyT ni Saber Pro, según denunció la hoy senadora Jennifer Pedraza.

La misma congresista reveló que la exsenadora Sandra Ramírez (Comunes) haría obetnido un título irregular como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Según Pedraza, “la San José no tiene permiso para ofrecer esta especialización, que solo está autorizada para la Universidad Reformada y de forma presencial”. La firmante de paz defendió su título como “legítimo” y que presentó el Saber TyT en su pregrado.

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