María Fernanda Cabal critica duramente proyecto de ley de reforma carcelaria - Radio Seaflower
Síguenos en

Nacional

María Fernanda Cabal critica duramente proyecto de ley de reforma carcelaria

La senadora María Fernanda Cabal, y líder de la oposición denuncia que el Gobierno busca pagar con impunidad los votos del “Pacto de La Picota”. Narcos, asesinos y secuestradores quedarían libres tras solo cinco años de cárcel y condiciones ridículas como vivir en “colonias agrícolas”.

Publicado

on

Photo: El Colombiano

El Gobierno de Gustavo Petro presentará este 20 de julio un proyecto que, de aprobarse, permitiría que narcotraficantes, extorsionistas, asesinos y cabecillas de las estructuras criminales más sanguinarias del país salgan de prisión tras apenas cinco años de condena. La fórmula para su libertad: acogerse al discurso oficial de la “paz total”.

Pero no se trata de paz. Se trata de pago político, canje de votos por impunidad, según denunció la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó el proyecto como “una licencia para delinquir”.

“Este es el pago de Petro a los criminales que participaron en el infame pacto de La Picota. A cambio de más de un millón y medio de votos conseguidos con el apoyo de mafiosos, ahora les quieren regalar impunidad”, denunció Cabal en su cuenta de X.

Y no es una exageración. El texto preliminar del proyecto, revelado por El Tiempo, plantea una reforma profunda a la Ley de Justicia y Paz, con el objetivo de ofrecer beneficios judiciales a estructuras armadas que hoy negocian con el Gobierno bajo la sombrilla de la “paz total”.

¿Qué plantea Petro?

Bajo el nuevo esquema, cabecillas como alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo, podrían salir de prisión con una simple fórmula: entregar armas, “portarse bien”, liberar menores reclutados y firmar que ya no delinquen. ¿El premio? Entre 5 y 8 años de cárcel, incluso para delitos atroces, y si ya cumplieron ese tiempo, libertad condicional inmediata. Para miembros rasos, las penas irían de 2 a 5 años, también con posibilidad de salir libres.

Como si eso no fuera insultante, el lugar de reclusión ya no sería una cárcel, sino “colonias agrícolas” o “casas étnicas”, lo que Cabal calificó como una burla:

“Esto no es justicia. Es complicidad. Es la manera en la que Gustavo Petro busca proteger a sus aliados criminales y evitar que sean extraditados a los Estados Unidos, donde sí enfrentarían penas ejemplares”.

https://twitter.com/ActualidadRT/status/1940372631729168882

La lista de premiados: jefes del narcotráfico y organizaciones criminales

Entre los posibles beneficiarios están estructuras como:

  • La Oficina de Medellín
  • Los Shottas de Buenaventura
  • Los Mexicanos de Quibdó
  • La Inmaculada de Tuluá
  • La Segunda Marquetalia de Iván Márquez
  • Los Costeños y otras facciones que han sembrado el terror en regiones enteras

Alias como ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Pesebre’, ‘Vallejo’, ‘Pipe Tuluá’ y ‘Castor’ ya han pagado cinco años de cárcel. Bajo esta ley, solo tendrían que presentar una “certificación de buena conducta” expedida por el Alto Comisionado para la Paz, y quedarían en libertad.

Extradiciones congeladas, bienes para “reinserción” y justicia desfigurada

El proyecto también contempla la suspensión de extradiciones a Estados Unidos y un reparto de los bienes incautados: 65% para reparar víctimas, 20% para proyectos estatales y 15% para programas de reinserción de los criminales. Es decir, el dinero del narcotráfico terminaría financiando su propia reintegración, con el sello oficial del Estado.

La senadora Cabal lanzó una advertencia: “Con este gobierno, los delincuentes hacen campaña, negocian leyes y pronto dormirán en casa”. Y recordó que muchos de estos criminales fueron los mismos que participaron en el infame tarimazo —acto de campaña donde se subieron a tarimas junto a Petro y ofrecieron votos a cambio de beneficios.

“Pretenden disfrazar esta burla a las víctimas como ‘paz total’, cuando en realidad es una paz a la medida de los narcos. Con Petro, la justicia se somete a los capos”, sentenció Cabal.

La oposición se alista para frenar lo que califican como “la legalización del crimen”

Desde el Congreso, sectores independientes y de oposición ya alertan sobre el peligro de generalizar beneficios sin revisar caso por caso. No habrá distinción entre quien reclutó un menor o quien dirigió una masacre, mientras cumpla con unos requisitos formales. La ley se aplicaría como una fórmula matemática, sin memoria, sin justicia real.

Cabal confirmó que radicará ponencia negativa y que elevará una denuncia internacional por violación a los derechos de las víctimas, si el Congreso insiste en avanzar con esta propuesta.

Sigue leyendo

Nacional

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia procesos por señales satelitales en cárceles

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

Publicado

on

En un comunicado público, el presidente Abelardo De La Espriella conminó al Ministerio de las TIC y al Inpec a implementar cuanto antes, de la mano de empresas operadoras de internet 4G, 5G y satelital, las medidas necesarias para impedir el acceso a internet y a las redes móviles desde las cárceles del país.

Dicho acceso a internet de alta velocidad y a redes de telefonía celular al interior de las prisiones colombianas, documentado en recientes operativos sorpresa, motivó la apertura formal de procesos sancionatorios contra las principales empresas de telecomunicaciones que operan en el territorio nacional.

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

El Gobierno busca evitar que las redes de comunicación sean utilizadas para coordinar extorsiones desde las prisiones.

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

A través de un comunicado de prensa divulgado el 21 de noviembre de 2026, la Presidencia de la República informó que el MinTIC formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S. y cuatro grandes proveedores de telefonía móvil:

Comunicación Celular S.A. (Comcel).

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Partners Telecom Colombia S.A.S.

Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo).

¿Incumplieron los operadores por no bloquear señales de celular en cárceles?

El objetivo de estas actuaciones administrativas es establecer si las compañías incumplieron el deber legal de atenuar, restringir o eliminar las señales de transmisión, recepción y control dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Hallazgos tecnológicos en La Picota y otras tres cárceles

El detonante de las investigaciones ocurrió durante intervenciones recientes realizadas en la cárcel La Picota, en Bogotá. En ese centro penitenciario, las autoridades incautaron un arsenal tecnológico compuesto por 3.754 tarjetas SIM, 582 teléfonos celulares, 38 módems y seis antenas de conexión satelital Starlink, además de otros elementos electrónicos.

Tras ese operativo inicial en la capital del país, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC ejecutó verificaciones técnicas en otras regiones.

Los análisis confirmaron la existencia de redes wifi activas provistas por Starlink en cuatro establecimientos carcelarios:

Las Heliconias, ubicada en Florencia (Caquetá).

Bellavista, situada en el municipio de Bello (Antioquia).

La Picota, en Bogotá.

La cárcel de Acacías, en el departamento del Meta.

Con base en estas pruebas técnicas, la cartera de las TIC busca determinar si Starlink adoptó las medidas exigibles por la normativa vigente para impedir que su red satelital facilitara conexiones ilícitas desde los centros de reclusión.

Sigue leyendo

Nacional

Gobierno retiene proyecto de decreto para efectuar corridas de toros en varias ciudades

Según explicó el Ejecutivo, el texto se publicó antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales. Por esta razón, fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite.

Publicado

on

El Gobierno Nacional se pronunció sobre el borrador de decreto relacionado con los espectáculos taurinos que había sido publicado para recibir comentarios de la ciudadanía. En un comunicado, la Presidencia aclaró que el documento no corresponde a una decisión oficial ni a una instrucción del presidente Abelardo De La Espriella.

Según explicó el Ejecutivo, el texto se publicó antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales. Por esta razón, fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite. «El documento fue publicado de manera prematura», señaló la Casa de Nariño.

La propuesta había generado cuestionamientos porque contemplaba modificar algunas de las reglas que regulan los espectáculos taurinos durante el periodo previo a la prohibición definitiva. Entre los cambios estaban el uso de varas, banderillas y estoques, además de las condiciones para el ingreso de menores de edad.

Frente a los cuestionamientos, la Presidencia reiteró que el bienestar de los animales es uno de sus compromisos y defendió la necesidad de prevenir el maltrato. En ese sentido, el comunicado señaló: «El respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales».

Finalmente, el Gobierno Nacional aclaró que el retiro del borrador no significa que exista una intención de reactivar estos espectáculos. «No existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros», indicó la Presidencia, que reiteró su compromiso con la protección animal en Colombia.

La Ley 2385 de 2024, conocida popularmente como la Ley «No Más Olé», prohíbe en todo el territorio de Colombia las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas, las tientas, además de las corralejas, peleas de gallos y el coleo.

Puntos clave de la medida

• Fecha de prohibición definitiva: La ley estableció un periodo de transición de tres años, por lo que la prohibición total y absoluta entrará en vigor el 22 de julio de 2027.

• Ratificación constitucional: La Corte Constitucional de Colombia avaló la ley y ratificó su constitucionalidad mediante sentencias recientes (como la C-374 de 2025 y la C-312 de 2026), determinando que la protección de los animales como seres sintientes priman sobre el ejercicio de estas actividades.

• Período de transición y reconversión: Durante los años previos a 2027, la ley contempla planes de reconversión económica y laboral para las familias y comunidades que dependían económicamente de la tauromaquia, así como la transformación de las plazas de toros en espacios culturales, deportivos y artísticos.

• Polémicas recientes: Se han presentado debates por borradores normativos (como el polémico proyecto administrativo retirado recientemente por el gobierno), pero las autoridades y la Corte han reafirmado que el cronograma de prohibición para julio de 2027 sigue en pie.

Sigue leyendo

Nacional

La congresista Luz Verónica Estrada en problemas por falsificación de diplomas

La colectividad también anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional se reunirá el próximo lunes 23 de noviembre para estudiar las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante antioqueña.

Publicado

on

La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada enfrenta una nueva presión política. El Pacto Histórico le solicitó renunciar a su curul, en medio del escándalo por los presuntos títulos académicos falsos que habría presentado para acreditar su formación como bachiller e ingeniera de Minas y Metalurgia.

La decisión se suma a las denuncias penales y a la investigación disciplinaria que enfrenta. En un comunicado, la Coordinación Nacional Provisional del movimiento aseguró que la congresista debe dar un paso al costado “ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente”, para que pueda asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes.

La colectividad también anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional se reunirá el próximo lunes 23 de noviembre para estudiar las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante antioqueña.

La petición llegó después de que varios integrantes del propio Pacto Histórico cuestionaran la permanencia de Estrada en el Congreso.

El representante Agmeth Escaf fue uno de los primeros en pedirle públicamente que renunciara. “Verónica, lastimosamente tienes que renunciar”, manifestó. El senador Iván Cepeda también se refirió al escándalo y sostuvo que “personas que le mientan al país tienen que asumir las consecuencias”.

El congresista agregó que la colectividad estaba evaluando internamente las medidas que correspondían frente a la situación. Desde otro partido, la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) presentó denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por la presunta falsedad documental.

También pidió que se investigue el contrato que Estrada obtuvo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante 2025.

El escándalo también revivió entrevistas que la representante concedió antes de que se conocieran las denuncias. En una conversación con el Canal del Congreso, Estrada habló de su materia favorita en el colegio: “La verdad, la matemática, fuerte, pero me gusta y siempre me ha gustado”.

En esa conversación recordó a su primera profesora de preescolar “con los primeros pasos de educación, y eso es muy bonito”. Sobre su gusto por la matemática, agregó que “valió la pena, yo creo, cada esfuerzo, y valió la pena que esos profesores siempre nos enseñaran, nos regañaran y, bueno, de todo se aprende”.

Contó que después de supuestamente terminar el bachillerato en 2017 se trasladó a Marmato, Caldas, para comenzar a trabajar en minería. Dijo que su primera labor consistía en contar los coches utilizados para sacar el mineral de las minas y que permaneció cuatro años en esa actividad.

Sin embargo, la versión sobre la fecha de graduación contrasta con los registros del colegio de Caramanta, que indican que no había terminado la educación media.

Y otra “perla”: la congresista aparece como coautora del proyecto de ley que busca facilitar la consulta pública de títulos académicos para prevenir irregularidades en la acreditación de estudios.

Sigue leyendo

Trending