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Minsalud cambia ruta de $15.7 billones de pesos y no da justificación alguna

A mediados de este mes, la senadora Norma Hurtado llamó la atención sobre el traslado de $14 billones del presupuesto del Ministerio de Salud “a otros fines”, “mientras los colombianos están sin citas, cirugías, tratamientos y medicamentos” y que “en 2026 lo vuelven a hacer”.

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Si hay algo por lo que el presidente Gustavo Petro saca pecho en materia de salud son los equipos básicos de salud (EBS) y la inversión en infraestructura hospitalaria pública en el país. Ambos caminos hacen parte de la perspectiva de su Gobierno sobre mudar el sistema actual —que califica de centrarse en curar la enfermedad— por uno en el que su énfasis sea la prevención y la promoción.

Por eso es que, cada que puede, se ufana de que la inversión de su Gobierno en la red pública hospitalaria ha sido la más alta en comparación con sus antecesores. Y aunque las cifras apuntan a que es así, lo cierto es que no se conoce hasta ahora cuál ha sido y será el impacto de esa financiación mientras el sistema de salud vive una crisis sin precedentes por la falta, precisamente, de recursos suficientes.

A mediados de este mes, la senadora Norma Hurtado llamó la atención sobre el traslado de $14 billones del presupuesto del Ministerio de Salud “a otros fines”, “mientras los colombianos están sin citas, cirugías, tratamientos y medicamentos” y que “en 2026 lo vuelven a hacer”.

Ese traslado que menciona la congresista se fue al apoyo a programas de desarrollo de la salud–Ley 100 de 1993. EL COLOMBIANO consultó los documentos de la ejecución presupuestal del Minsalud y encontró que, efectivamente, para ese ítem se destinarán $4,4 billones en 2026. Esos programas de desarrollo han estado presentes en el presupuesto del ministerio desde la vigencia de la Ley 100 (que estructuró el modelo de salud actual) y tienen el objetivo de impulsar su implementación a lo largo del tiempo.

Para esto, esa entidad expide resoluciones para establecer los criterios con que se asignan recursos del presupuesto general de la Nación. Tras la revisión que hizo este diario de los documentos de ejecución presupuestal de esa cartera encontró que no son $14 billones, sino $16,7 billones los que en el Gobierno Petro se han destinado a ese rubro. Esa cifra corresponde a $272.796 millones de 2022 (agosto a septiembre), $226.031 millones de 2023, $3,6 billones de 2024 y $12,6 billones de 2025.

Históricamente, lo que se destinaba a eso era una cifra baja, pero en el actual Gobierno se dio una inversión inédita. Tanto así, que incrementó en un 1.501 % en comparación con el periodo de Iván Duque. En ese Gobierno se invirtieron $292.603 millones en 2018 (agosto a diciembre), $386.095 millones en 2019, $6.002 millones en 2020, $360.459 millones en 2021 y $513.952 millones en 2022 (enero a julio). Lo que da un total de $1,04 billones y lo que indica que en la Administración actual lo destinado a esto incrementó en $15,7 billones. Esa cifra que se repite contando solo los años completos de ambos periodos (ver gráfico).

¿En qué han usado esa plata?

EL COLOMBIANO le preguntó al Ministerio de Salud a qué se ha destinado ese presupuesto, pero no contestó. Sin embargo, varios expertos consultados coinciden en que esa bolsa se utiliza para pagar proyectos de promoción y prevención e infraestructura hospitalaria pública. Como lo explicó el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, “la apuesta del Gobierno es ir expandiendo la red pública para equiparar la red privada y remplazarla.

Actualmente la primera representa el 20 % de la oferta en el país y la segunda, el 80 %, por lo que igualarla es complicado”. “Ellos no creen en el aseguramiento (modelo actual basado en el subsidio a la demanda), sino en el subsidio a la oferta. Creen que lo que debe haber es más red pública financiada con oferta y que esa sea la que atienda mayoritariamente a la población de los territorios”, agregó.

Por su parte, la senadora Hurtado añadió sobre el cambio de inversión mencionado que “es un rubro que históricamente había tenido presupuestos muy bajos, pero que ahora se ha convertido en uno muy significativo, porque es el rubro a través del cual él respalda los equipos extramurales o los equipos de atención básica, respalda la compra de ambulancias y algunos temas de infraestructura” (leer entrevista completa).

“Lo que han hecho es meter los EBS y la infraestructura en esa bolsa. Pueden hacerlo así, pero nunca había sido tanta inversión, normalmente era para campañas pequeñas porque la mayor cantidad se va para el aseguramiento”, aseguró por su parte el investigador Johnattan García. Son precisamente esos frentes la principal bandera de Petro: llevar equipos extramurales a las casas de la gente para valorarlas médicamente y construir hospitales en las zonas apartadas o con bajo acceso a servicios de salud del país.

Así lo expuso el Jefe de Estado el pasado 16 de enero cuando anunció la llegada de unidades renales al hospital público de Maicao en La Guajira. “Ni la inversión en 20 años de los últimos gobiernos en la red pública hospitalaria del país ha alcanzado la que ya hicimos en nuestro gobierno (sic)”, afirmó.

¿Y los resultados e impactos?

Ese fin —en principio de buena fe— que expone el mandatario con orgullo no representa en sí misma una mala apuesta de política de salud. Al fin y al cabo ningún estudioso del tema ni opositor al Gobierno lo tilda como tal, pues invertir en construir hospitales y en hacer promoción y prevención en zonas apartadas no son malas ideas.

El problema radica cuando, en el medio de esa histórica inversión, el sistema de salud vive la duras y las maduras y no solo en las instituciones prestadoras de servicios privadas, sino también en las públicas.

Basta recordar el llamado de auxilio que hizo el 16 de enero (mismo día en que Petro habló de las unidades renales para Maicao) el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, sobre el ahogo financiero que viven por lo que le deben las EPS, incluidas las intervenidas por el Gobierno; el cierre de servicios médicos en el papis, que en el primer semestre de 2025 contabilizaba 6.084, según un informe de la Unión de Instituciones prestadoras de servicios de salud (Unips); así como, según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), la muerte de 2.436 pacientes con esas dolencias el año pasado.

En ese sentido, el profesor de salud pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, expresó que si bien “hay déficit en infraestructura, toca que generar capacidad resolutiva, es una inversión que se debe hacer con un modelo de gestión que garantice su sostenibilidad en el futuro”.

“No obstante, si hay pocos recursos en la demanda (usuarios de las EPS), pero hay capacidad instalada (hospitales y clínicas), se debería contratar y tener incentivos para atenderla con la existente, pero se está fortaleciendo la pública ignorando la privada que se podría aprovechar”, añadió.

En la consulta que hizo este diario al Minsalud se le preguntó sobre los criterios y estudios que se han tenido en cuenta para ejecutar la inversión que ha hecho en infraestructura hospitalaria pública, en cuanto a los puntos que señala Peñaloza y a la proyección de los impactos que quiere atender o mejorar.

Entre tanto, las personas consultadas para esta nota coinciden en que no hay una base de información pública que permita consultar y analizar si esas estrategias están teniendo impactos en los indicadores de salud pública (sobre los cuales el presidente Petro ha sostenido con datos refutados que han mejorado), en el caso de los EBS; así como las pautas que siguieron para construir hospitales, referentes si se hicieron con base en la población o en las frecuencias de uso (número de veces que las personas van al médico) y cómo se van a medir su impacto en cuanto a raceros como la oportunidad del servicio y los tiempos de espera.

“El sistema de salud no tiene transparencia de información ni datos claros y este Gobierno no está haciendo mucho para mejorar eso en el cambio de filosofía (sobre el modelo) y en el mejor manejo de la información”, aseveró Giovanni Jiménez al respecto.

La información que Presidencia entrega sobre la inversión en infraestructura hospitalaria señala cinco hospitales entregados: el Hospital El Socorro de San Diego (Cesar), de $3.837 millones; la empresa social del Estado (ESE) Manuel Castro Tovar de Pitalito (Huila), de $1.139 millones; la ESE Édgar Alonso Pulido de Pauna de Pauna (Boyacá), de $1.384 millones; el Hospital Juan Luis Londoño de El Zulia (Norte de Santander), de $2.461 millones, y la sede administrativa del Hospital Universitario de Sincelejo de Corozal (Sucre), de $568 millones.

https://twitter.com/infopresidencia/status/2015079488783048868

La crisis financiera del sistema

El experto en sistemas de salud, Andrés Vecino, expuso recientemente en sus redes sociales que la crisis que vive el sistema inició desde los cálculos de la unidad de pago por capitación–UPC (plata que el Estado le da a las EPS para atender a sus afiliados) de 2022 y 2023. Estos se hicieron con base en datos de atención de 2020 y 2021, respectivamente.

Pero en esos años, debido a la pandemia del covid-19, bajó la frecuencia de uso “porque era difícil hacerlo, no había disponibilidad y había miedo de ir al médico, entonces se calcularon con información de cuando la gente no estaba acudiendo”.

A esto se le sumó la inflación, que encareció los costos de la prestación de servicios de salud. “Entonces, no es solo que las personas estaban yendo más al médico, sino que cada tratamiento era mucho más costosos”, dijo. Además, en 2023 el Ministerio de Salud “introdujo nuevas tecnologías que antes no estaban dentro de la UPC”.

Esos tres factores, expuso Vecino, “terminaron reflejando un incremento en los costos versus los ingresos”, que tiene actualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) gastando $110 de cada $100 que le ingresan por UPC.

Ante esta situación, “el Gobierno no ha querido reconocer que debe incrementar suficientemente ese presupuesto y es por eso que estamos viendo las barreras al acceso”, que se traducen en demoras en las citas y en la atención, en la entrega de medicamentos y falta de acceso a tratamientos. “Estamos viendo todo esto simplemente porque el Gobierno es el responsable de enviar el dinero y no lo está haciendo de forma suficiente”, puntualizó.

https://twitter.com/infopresidencia/status/2014865740772605965

¿Cómo fue el seguimiento que le hizo a los recursos que han trasladado?

Nosotros desde 2023 hemos venido evidenciando que el ministro Guillermo Jaramillo adoptó la figura de los traslados: tomar recursos del aseguramiento, que constitucionalmente están destinados a la prestación de los servicios de salud, y trasladarlos al rubro de apoyo a la Ley 100. Es un rubro que históricamente había tenido presupuestos muy bajos, pero que ahora se ha convertido en un rubro muy significativo porque es a través del cual él respalda los EBS, la compra de ambulancias y algunos temas de infraestructura. He venido haciendo solicitudes a la Contraloría y Procuraduría, pues hemos evidenciado la posible desfinanciación del aseguramiento en salud y esto a quien perjudica directamente es a los usuarios y a los pacientes.

¿A qué fondo le están quitando esos recursos?

Yo fui muy enfática cuando estábamos en la aprobación del presupuesto y presenté una proposición para darle prelación a la financiación del aseguramiento, pues tenemos claro que ese es el mecanismo para garantizar la protección del goce efectivo de la salud. Entonces, al desfinanciar el aseguramiento, vamos a entrar en situaciones como la ausencia de medicamentos, suspensión de tratamientos y que no hay un flujo de recursos para el pago de la prestación de servicios.

¿En qué quedó esa proposición que presentó?

Acuérdese cómo es todo. Para ese presupuesto muy pocas veces el Ministerio de Hacienda y el de Salud aprueban una proposición de una congresista y mucho menos una proposición presentada por Norma Hurtado.

¿Qué significa para el sistema de salud que hagan esa reasignación presupuestal?

El problema que tenemos actualmente es la desfinanciación del sistema. Por eso siempre es importante entender de dónde provienen los recursos y especialmente cómo se financia la UPC. Entonces si nuestro sistema es de una financiación mixta, donde las cotizaciones de los trabajadores formales e independientes y los impuestos nacionales y locales conforman ese gran presupuesto, tomar de ahí para asumir nuevos gastos —que son válidos, que son necesarios para el país—, la respuesta es sí. Los EBS son importantes en las regiones más apartadas, la compra de ambulancias es importante para los territorios, los nuevos proyectos de infraestructura también para algunos territorios. Pero, por Dios, busquen otras fuentes de financiación que no sean el aseguramiento.

¿Le ha consultado al ministerio sobre los resultados de esas inversiones?

Sí, claro. Hemos elevado varios derechos de petición. Algunos de ellos llegan con respuestas muy someras y otros llegan con una información que se hace necesaria contrarrestarla con las ejecuciones del ministerio y con las realidades que nos remiten los entes territoriales. Recuerde que los recursos de los EBS son giros a los hospitales, entonces es un cruce de información que es necesario validar para poder dar una información mucho más clara y mucho más precisa. Pero la Contraloría ha venido haciendo unas preguntas desde 2024, donde pregunta dónde está la plata destinada a los equipos básicos y creo que destapa un proyecto improvisado por parte del Ministerio de Salud.

¿Por qué cree que no están haciendo bien esos gastos en infraestructura y EBS?

Lo que pasa es que no solamente se necesita la buena intención y no solamente se necesita tener los recursos. El Gobierno tiene la intención y los recursos, pero la estrategia y, especialmente, los resultados son los que no se han materializado en el bienestar de los colombianos. ¿Donde están los resultados en salud?, que es lo que todos queremos observar: la calidad y el mejoramiento de la salud de las personas que viven en una Colombia mucho más apartada.

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Robert Pattinson fue elegido para interpretar al nuevo agente James Bond 007

Ahora, cuando Amazon MGM esté lista para compartir detalles de la próxima película de 007, se pondrá el traje de James Bond, cogerá su licencia para matar y emprenderá una nueva misión dirigida por Denis Villeneuve.

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Dicen que cuando el río suena… Las apuestas de cara al actor elegido llevan mucho tiempo sobre la mesa, pero durante los últimos días se habían intensificado. Había varios candidatos conocidos y una figura misteriosa sin desvelar, pero el enigma ha llegado a su fin: Robert Pattinson es el nuevo James Bond e interpretará al agente 007 en las próximas películas de la saga. A sus 40 años, el actor británico ha sido elegido para suceder a Daniel Craig, quien estuvo al servicio del MI6 durante 17 años.

Nacido en Londres el 13 de mayo de 1986, Robert Pattinson comenzó en el modelaje con solo 12 años y un poco más tarde, a los 15, decidió probar suerte en el teatro en la compañía Barnes Theatre Company. No le fue nada mal, ya que la experiencia le sirvió para descubrir su auténtica vocación. Su primer trabajo destacado fue en ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’, película en la que dio vida a Cedric Diggory.

https://twitter.com/RottenTomatoes/status/2122344676422250971

El británico saltó al estrellato en cuanto se puso en la piel de Edward Cullen, protagonista de ‘Crepúsculo’, saga en la que trabajó en cinco películas entre los años 2008 y 2012. Tras el éxito abrumador de la misma, Pattinson comenzó a experimentar todo tipo de registros y fue forjando, poco a poco, una trayectoria repleta de obras muy aclamadas. ‘Good Time’, ‘El faro’, ‘The Batman’, ‘The Drama’, ‘La odisea’, ‘Primetime’…

Ahora, cuando Amazon MGM esté lista para compartir detalles de la próxima película de 007, se pondrá el traje de James Bond, cogerá su licencia para matar y emprenderá una nueva misión dirigida por Denis Villeneuve (’Dune’). Hay muchas ganas de saber cómo se desenvuelve, ya que Daniel Craig dejó el listón muy alto y ya han pasado más de cinco años desde su despedida en ‘Sin tiempo para morir’.

En el momento de publicar esta noticia (información actualizada el 16 de noviembre de 2026), la saga al completo está disponible en Amazon Prime Video. Están incluidas todas las entregas de la misma, desde ‘Agente 007 contra el Dr. No’ (1962) hasta ‘Sin tiempo para morir’ (2021).

‘Agente 007 contra el Dr. No’ (1962)

‘Desde Rusia con amor’ (1963)

‘James Bond contra Goldfinger’ (1964)

‘Operación Trueno’ (1965)

‘Solo se vive dos veces’ (1967)

‘Diamantes para la eternidad’ (1971)

‘Al servicio secreto de su Majestad’ (1969)

‘Vive y deja morir’ (1973)

‘El hombre de la pistola de oro’ (1974)

‘La espía que me amó’ (1977)

‘Moonraker’ (1979)

‘Solo para sus ojos’ (1981)

‘Octopussy’ (1983)

‘Nunca digas nunca jamás’ (1984)

‘Panorama para matar’ (1985)

‘Alta tensión’ (1987)

‘Licencia para matar’ (1989)

‘GoldenEye’ (1995)

‘El mañana nunca muere’ (1997)

‘El mundo nunca es suficiente’ (1999)

‘Muere otro día’ (2002)

‘Casino Royale’ (2006)

‘Quantum of Solace’ (2008)

‘Skyfall’ (2012)

‘Spectre’ (2015)

‘Sin tiempo para morir’ (2021)

En cuanto a la próxima película de 007, habrá que esperar para saber cómo se llamará y cuándo podremos verla. Lo que sí sabemos es que James Bond será interpretado por Robert Pattinson.

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Abelardo de la Espriella anuncia que no se gravará con IVA productos de la canasta familiar

La noticia más importante estuvo asociada a los planes tributarios que maneja el gobierno, luego de que el presidente señalara no tener previsto imponerle IVA a la canasta familiar.

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Este domingo 15 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella presentó un balance de sus primeros 100 días de Gobierno, en el que destacó puntos de la Ley Fiscal, su gestión en la seguridad y los avances en la reconstrucción del país tras el terremoto del 10 de agosto.

“Vengo a rendirles cuentas, a mostrarles qué hemos hecho, qué estamos cambiando y cuáles son los primeros resultados de un gobierno que decidió enfrentar los problemas en lugar de esconderlos, como siempre se hacía”, expresó el mandatario.

La presentación estuvo acompañada de un video que recopiló diferentes momentos de su gestión: desde su victoria electoral y posesión, hasta la emergencia provocada por el terremoto y operaciones de la Fuerza Pública contra grupos armados.

La noticia más importante estuvo asociada a los planes tributarios que maneja el gobierno, luego de que el presidente señalara no tener previsto imponerle IVA a la canasta familiar.

“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, afirmó.

De la Espriella sostuvo que pidió al equipo económico proteger la canasta básica, aunque los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraron inviable esa propuesta. Según su relato, posteriormente se ajustó el proyecto para mantener esa protección y alcanzar la meta de recaudo, con un mayor esfuerzo del Estado.

Sin embargo, aclaró que la iniciativa todavía no es una ley, sino un proyecto en construcción. También manifestó que está dispuesto a buscar consensos con los partidos y diferentes sectores políticos, e incluso a adoptar una alternativa distinta si permite alcanzar los objetivos fiscales.

Estudian la posibilidad de bajar el IVA al 18% o 17%

Durante su discurso, el presidente reveló que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA, actualmente del 19%, al 18% o incluso al 17%.

El mandatario insistió en que la Ley de Rescate Económico no debe entenderse como una imposición y que está dispuesto a modificar la propuesta para encontrar una alternativa que contribuya a la estabilidad fiscal.

Aseguró que su propuesta contempla un recorte directo y permanente de más de $23 billones y que buscará profundizarlo para alcanzar el objetivo de reducir en 40% el tamaño del Estado, anunciado durante su campaña.

Agregó que el Gobierno contempla vender activos improductivos de la Nación por $4 billones y que analiza otras alternativas para conseguir recursos sin afectar a los ciudadanos.

En materia de orden público, De la Espriella aseguró que su administración recupera el control territorial y enfrentar a las organizaciones criminales. Confirmó que puso fin a los procesos de diálogo de la denominada política de paz total y que cualquier acercamiento con grupos ilegales deberá ajustarse a la Constitución y la ley.

Durante el balance mencionó operaciones contra estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

Entre los nombres que destacó estuvieron alias Bendito Menor, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; alias Negro Perea, jefe de una subestructura del Clan del Golfo, quien fue abatido en una operación en Tarazá, Antioquia, junto con otros nueve integrantes de esa organización; y alias Urías Perdomo, identificado como integrante de las disidencias de las Farc.

Recordó que este fin de semana fueron capturados alias Primo Gay, señalado como cabecilla del Frente 36, y alias Nairobi o Páez, identificado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua.

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, en los primeros 100 días se incautaron 6.336 armas de fuego y se realizaron 654 capturas por extorsión y 184 relacionadas con conductas de secuestro.

En la lucha contra el narcotráfico, reportó la incautación de más de 389 toneladas de estupefacientes, entre ellas aproximadamente 172 toneladas de cocaína y 128 toneladas de marihuana. Y fueron destruidos 1.493 laboratorios utilizados para producir drogas ilícitas.

$343.513 millones para los damnificados del terremoto

La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto fue otro de los ejes del balance. De la Espriella sostuvo que, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se autorizaron más de $343.513 millones para entregar apoyos económicos a las personas damnificadas.

A su vez anunció que ya se creó el Fondo Milagro, que cuenta con un programa de intervenciones urgentes por $624.000 millones. Este instrumento busca coordinar recursos públicos y privados e impulsar la recuperación de los territorios afectados.

En materia de vivienda, se asignaron beneficios económicos individuales por más de $35.000 millones. Señaló que se proyectan nuevas viviendas y mejoramientos habitacionales, aunque no precisó cuántas unidades se construirán o adecuarán.

Para proteger el empleo, el Gobierno abrió una convocatoria de apoyo al pago de nómina por más de $36.000 millones. Reportó avances en subsidios para pequeños y medianos empresarios afectados por la emergencia.

El presidente sostuvo que la reconstrucción no se limita a levantar viviendas, sino que también implica recuperar negocios, empleos y servicios esenciales. No obstante, reconoció que todavía hay familias esperando soluciones habitacionales y comerciantes que buscan reactivar sus actividades.

¿Cuántos pacientes atendió el plan de choque en salud?

En el sector salud, De la Espriella aseguró que su administración puso en marcha un plan de choque para atender dificultades que encontró en el sistema.

Como resultados de esa estrategia, reportó la distribución de 7,25 millones de unidades de medicamentos, la atención de 177.048 pacientes y la realización de 120.586 procedimientos que, según afirmó, estaban represados.

Detrás de esas cifras hay personas que necesitaban medicamentos, cirugías y tratamientos que no podían seguir esperando.

Asimismo mencionó acciones para recuperar colegios afectados por el terremoto, restablecer la conectividad, fortalecer los servicios de salud y reconstruir infraestructura en las regiones golpeadas por la emergencia.

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Se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella

Se cumplen 100 días de mandato de De la Espriella y en cada jornada hay un tipo de incendio distinto por resolver, ya sea por la herencia del gobierno de Gustavo Petro en temas tan complejos como la seguridad, la salud, el déficit fiscal, pero también por la propia dinámica de un país dividido políticamente.

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En la biografía de varios presidentes famosos de la historia hay una constante que se revela desde el inicio del mandato: todos los días hay que apagar incendios. Y en un país como Colombia, ni se diga. Al presidente Abelardo De la Espriella le ha tocado hacerlo, pero desde su primer “día hábil” como mandatario: el 10 de agosto, cuando la tierra tembló y dejó el lamentable saldo de 300 muertos y más de 260.000 afectados, además de los retos que implica la reconstrucción, hoy bajo escrutinio.

Se cumplen 100 días de mandato de De la Espriella y en cada jornada hay un tipo de incendio distinto por resolver, ya sea por la herencia del gobierno de Gustavo Petro en temas tan complejos como la seguridad, la salud, el déficit fiscal, pero también por la propia dinámica de un país dividido políticamente. La mitad votó por De la Espriella, por su promesa de la “patria milagro” y no de la “patria miseria”, cuya bandera principal es combatir al crimen para mejorar la seguridad.

En la práctica, según datos del Ministerio de Defensa —disponibles para los primeros dos meses del mandato—, el Gobierno ha logrado disminuir la frecuencia de algunos delitos de alto impacto. Comparando los meses de agosto y septiembre de 2026, los homicidios bajaron de 1.190 casos en agosto a 966 en septiembre; las masacres, de 30 a 23; los secuestros, de 42 a 24; el hurto a personas, de 23.158 a 19.621; y los actos terroristas, de 123 a 98. Es un avance.

Las cifras de seguridad de De la Espriella: qué dicen realmente los datos oficiales

Pero la apuesta por la seguridad y los retos en salud, que son dos asuntos fundamentales para los colombianos, no son los únicos temas de la agenda. El Gobierno ha trazado en estos primeros 100 días una hoja de ruta que a nivel narrativo pareciera concentrarse en la seguridad; sin embargo desde todas las carteras se hacen esfuerzos y apuestas, aunque no se comuniquen de la mejor manera, lo que ha suscitado críticas de varios sectores que reclaman mayor intervención de ministros y otros funcionarios en el debate público.

Lo cierto es que estos primeros 100 días de mandato dejan ver a un jefe de Estado presente. Y aunque parezca una obviedad u obligación, veníamos de cuatro años de ausencias, “agendas privadas” y caos en la forma de gobernar. De la Espriella, en cambio, está en el día a día de la agenda nacional y ha delegado al vicepresidente José Manuel Restrepo —figura clave del gabinete— para que viaje al exterior mientras él recorre el país de norte a sur con su puesta en escena que debe traducirse en soluciones para las comunidades.

A nivel político, no la tiene fácil. Su gobernabilidad aún es muy frágil pues prácticamente depende de las mayorías que logre conformar con el Centro Democrático en el Congreso. Ese partido, que hace parte de la coalición, ha sido crítico de algunas apuestas del Gobierno, lo que también equilibra la cancha.

Aún así, con cambio de ministro incluido tras la salida de Rodrigo Lara en Interior, el Gobierno logró sacar adelante la ley de sometimiento, que es un marco legal clave para combatir a los delincuentes. Están pendientes, entre otros, el estatuto antiterrorista, la ley antimermelada y que Barranquilla sea la capital alterna de Colombia, que es una promesa simbólica de un presidente costeño que ha tenido que ceder ante la fría Bogotá.

Estos primeros 100 días son más que 100 incendios. Y está por verse si en el resto de mandato Abelardo de la Espriella logrará apagarlos todos, lo que sería el verdadero milagro.

“Bienvenido a la Patria Milagro”: el tono de su política contra el crimen

La lucha de frente contra el crimen, en contraposición a la política de negociaciones de su antecesor Gustavo Petro, ha sido el eje del proyecto político del presidente Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días de mandato, al punto de que ha invertido gran parte de su estrategia comunicativa en posicionar una narrativa de sheriff, es decir del comandante con atuendo militar que encabeza operativos y se carea con los delincuentes, de pistola al cinto y radio en la mano.

Desde sus días de campaña, prometió que sería “el primer soldado de la Patria”, y lo ha llevado al extremo de estampar en una bomba su firma y la frase “Bienvenidos a la patria milagro”. El artefacto fue arrojado desde un avión Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial a un campamento del frente 33 de las Farc en Tibú, Norte de Santander, el 9 de noviembre, matando a cuatro presuntos delincuentes.

Otra de las promesas que ha cumplido fue la creación de los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana (BOSUR), con los que ha liderado operativos masivos en las ciudades, que han dejado cerca de 620 capturados en Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga.

Tal cual lo había prometido, acabó con la política de “paz total” de Petro, con sendos decretos que suprimieron las mesas de diálogos, y logró que el Congreso le aprobara la Ley de Sometimiento, con la que ofrece a los grupos criminales otra opción para alcanzar un desarme con beneficios jurídicos, sin necesidad de negociaciones.

Es destacable, en términos de seguridad, la reactivación de la cooperación militar con Estados Unidos e Israel, una relación que venía maltrecha, y que ahora se traduce en mayores recursos para la capacitación, la maquinaria de guerra y el intercambio de Inteligencia. Con los norteamericanos y otros 17 países de la región se constituyó la Coalición de las Américas contra los Carteles, que suma esfuerzos en la lucha contra la delincuencia transnacional.

La ofensiva generalizada contra el crimen se ha traducido en unas 32.000 capturas y la firma de 167 extradiciones, entre ellas la de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), jefe de los Comandos de Frontera y exnegociador de la “paz total”.

El Gobierno ha autorizado ocho bombardeos en este tiempo, que impactaron a las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo. El más mortífero fue el del 30 de agosto en Miraflores, Guaviare, que dejó 23 muertos del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia fariana que comanda Néstor Vera (“Iván Mordisco”).

Ese hecho dejó una de las imágenes más emblemáticas y polémicas de lo que lleva la administración, cuando De la Espriella se grabó caminando triunfante entre los cadáveres embolsados.

En cuanto a los objetivos de alto valor estratégico, se destacan las bajas de José Pérez Villanueva (“Cholo”) y Naín Pérez Toncel (“Bendito Menor”), de “los Pachenca”; Duván Castillo Cortés (“Max Max”), jefe de explosivistas del bloque Occidental del EMC; y Juan Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”), cabecilla del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).

A la fecha, el Gobierno se atribuye la captura o muerte de 36 cabecillas de distintas organizaciones.

Aun así, no ha conquistado los trofeos de guerra que De la Espriella declaró como objetivo militar antes de ponerse la banda presidencial: Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), del EMBF; Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”) y Carlos García Téllez (“Andrey Avendaño”), del ELN; al igual que “Iván Mordisco”, del EMC.

El jefe de Estado no ha logrado que despegue su plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos, a pesar de que dijo que lo haría desde el primer día, y todavía no es claro cuál es su estrategia antidrogas.

La lista de pendientes también incluye los buques-cárcel de la Armada, que por ahora no registran avances; y la eliminación del Inpec, para reemplazarlo por otra entidad carcelaria, que ni siquiera está en el borrador de algún proyecto de ley.

De la Espriella tiene razón cuando dice que los daños que una administración produjo en un cuatrienio no se pueden resolver en apenas 100 días. Esas afectaciones heredadas son palpables en el sector Defensa, cuando hay que enfrentar grupos armados que crecieron hasta sumar 29.000 integrantes, administrando grandes fortunas por la bonanza del narcotráfico y la minería ilegal de oro.

Por la floja administración y recortes presupuestales, “solo el 46% de la capacidad militar está disponible para realizar operaciones”, según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, lo que implica un descuido en el mantenimiento y compra de medios de transporte y logística.

Salud: “plan de choque”, deudas que siguen y cargos inestables

La vara para medir al presidente De la Espriella en materia de salud se la puso él en la campaña presidencial de la que salió vencedor. “Yo con $10 billones en 90 días estabilizo el sistema y no dejo que nadie se quede sin medicamentos y sin tratamientos. Y además, puedo pagarles a las EPS (entidades promotoras de salud) que lo están haciendo bien y a los médicos y al personal clínico y hospitalario”, prometió.

Hoy, a 100 días de iniciado su Gobierno, se puede asegurar que su plan en salud tiene el mérito de estar adelantando un “plan de choque” que prioriza a los pacientes más críticos y de haber marcado un camino totalmente opuesto al de su antecesor, pero tiene el pendiente de la incertidumbre por encontrar de dónde sacar los recursos para sostener un sistema que heredó destruido y con la contingencia inesperada del terremoto del 10 de agosto.

Estos más de tres meses han estado marcados por su intento de estabilizar un sistema golpeado por las deudas y las barreras para acceder a medicamentos, citas y procedimientos. A la par, retomó el buen trato con las EPS, organizaciones de pacientes y otros actores del sector que, para el Gobierno Petro, eran enemigos.

Sin embargo, también ha tenido sobresaltos, como la estabilidad en los cargos. La dirección de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) está en calidad de encargo de la viceministra de Protección Social, Marcela Brun, luego de que Iván Sánchez fuera declarado insubsistente cuando corría el segundo mes de su gestión. Esa entidad es clave, pues es el “banco de la salud” que se encarga de manejar la plata que sostiene el sistema. Y la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud tuvo el nombramiento fugaz de Hannah Escobar, a quien la ministra Ana María Vesga le pidió la renuncia luego de una campaña de desprestigio que sufrió en redes sociales por parte de influenciadores aberladistas por sus posturas liberales (como en favor de la interrupción voluntaria del embarazo).

También ha estado marcado por mensajes cruzados. De la Espriella anunció que las EPS “inviables” deberían liquidarse ordenadamente, mientras Vesga habló de estabilizarlas. Según la Contraloría, de 23 EPS en operación solo cuatro —Aliansalud, Salud Total, Salud Mía y Sura— cumplían las condiciones financieras. La organización Pacientes Colombia advirtió que, por ejemplo, liquidar Nueva EPS (11,4 millones de afiliados) podría quebrar el sistema.

A junio de 2026, las 23 EPS analizadas por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud reportaban activos por $21,65 billones y pasivos por $40,35 billones: déficit patrimonial de $18,7 billones, 63% mayor que un año antes. Entre tanto, las cuentas por pagar sumaban $19 billones y las provisiones $20,4 billones.

A corte de junio de 2026, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) acumulaban deudas por $27,8 billones, según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas: 8,2% más que seis meses antes y con 60,5% vencidas. Nueva EPS encabezaba la lista, con $8,35 billones y $5,94 billones en mora. Nueve aseguradoras intervenidas o vigiladas concentraban el 65,7 % de la deuda total. La falta de pagos, vale recordar, provoca cierres de servicios, restricciones, demoras y saturación de los servicios de urgencias.

La apuesta principal del Ministerio de Salud fue el “Plan de Choque” para 1.069.196 pacientes con medicamentos, citas o procedimientos pendientes. Prioriza enfermedades de alto costo, crónicas y de riesgo, además de mujeres gestantes.

Además, para aliviar las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores, el Gobierno anunció una compra de cartera a cero interés y con un año de gracia. Sin embargo, no estaba claro de dónde saldrían los recursos. La ministra había solicitado $13 billones, pero las adiciones presupuestales pedidas fueron de $2 billones y otros $3 billones. Estos últimos quedaron en veremos luego de que se cayera el Presupuesto General de la Nación en el Congreso.

La crisis siguió reflejándose en casos de pacientes. El bebé Juan José Barroso murió tras esperar 20 días un traslado en Antioquia; mientras que otros usuarios denunciaron tratamientos interrumpidos y falta de medicamentos. Expertos valoraron el enfoque en pacientes críticos, pero advirtieron que continúan las dificultades para quienes necesitan atención rutinaria o crónica, así como las filas y demoras en consultas.

Resultados del “plan de choque”

Los resultados divulgados por el ministerio han necesitado precisiones. El 6 de octubre, el presidente De la Espriella anunció más de 7,2 millones de medicamentos entregados —31,2% de la meta— a 177.000 pacientes y 120.000 procedimientos resueltos. Después la entidad aclaró que eran unidades y no pacientes. Después informó que, al 14 de octubre, más de 300.000 personas registraban entregas y que el avance de 42,89% medía unidades dispensadas frente a pendientes.

Actualmente, el tablero de monitoreo al plan muestra un avance del 30,55% en los registros de cierres de medicamentos y procedimientos pendientes. Discriminado por personas con problemas de acceso a medicamentos, el avance es del 47,65 % y de acceso a procedimientos, del 20,31 %. Según esas cifras, 514.072 personas (27,79 %) tienen cerrados sus pendientes. No obstante, Pacientes Colombia ha criticado que ese tablero no tiene trazabilidad de esas cifras.

Por otra parte, el Minsalud expidió una resolución que habilitó a la Adres para otorgar créditos directos a las EPS para pagar deudas. El dinero irá a hospitales, clínicas y proveedores mediante giro directo y cubrirá servicios prestados, facturas validadas y deudas conciliadas. El Gobierno aclaró que no es un subsidio ni condonación, sino que tendrá intereses equivalentes a la inflación y plazos de hasta 12 meses de gracia y otros 12 para pagar. Las EPS deberán autorizar descuentos de sus giros y firmar convenios de desempeño y quedaron excluidas las que están en liquidación o retiro voluntario.

Retos a la vuelta de la esquina

La Corte Constitucional ordenó garantizar los recursos para la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata para que las EPS paguen la atención médica de sus afiliados, de 2027 con respaldo técnico y sin supeditarla a restricciones presupuestales. Vesga anticipó en una reunión en el Senado que habría un aumento de entre 12% y 13%, sujeto a estudios.

En 2025 dos autos de la Corte Constitucional declararon que la UPC es insuficiente para sostener la demanda de servicios de las EPS y ordenó ajustarla, pero el Gobierno de Gustavo Petro y su ministro, Guillermo Jaramillo, no lo acataron. El exfuncionario tiene abierto un incidente de desacato.

En el frente institucional, De la Espriella tendrá que enfrentar en el Congreso la resistida propuesta de la Ley de Rescate Fiscal que plantea subir del 5% al 19% el IVA a los programas de medicina prepagada, que alcanzó casi 1,5 millones de afiliados en 2026, un crecimiento superior al 35 % desde 2023. Entre tanto, los planes voluntarios sumaban 2,2 millones de usuarios en 2024, de los cuales el 66,5 % pertenecía a hogares con ingresos de menos de uno y hasta cinco salarios mínimos.

Sin ir más lejos, el balance inicial del Gobierno combina un cambio de interlocución con los actores del sector y medidas para priorizar pacientes y llevar recursos a los prestadores, en un contexto de crisis financiera, deudas crecientes y financiación incierta. Como le dijo un representante de organizaciones de pacientes “después de que en el Gobierno Petro tuvieran una postura de imponer y no resolver, celebramos que en el de Abelardo al menos son de puertas abiertas. Lo que no hay es plata y eso hace que la crisis no se vaya a resolver tan rápido ni que sea sencillo”.

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