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Piden declarar emergencia social y económica en el Meta

De acuerdo con el alcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman, los cierres viales en el Meta han golpeado “la economía y el turismo en la mitad del país”. Además, indicó que “es posible una prematura escasez de oxígeno e insumos médicos en Villavicencio”.

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Photo: Colprensa

El alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, dijo a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) que “llevamos un mes con una conexión intermitente en la vía”. Y es que la comunicación entre la capital del Meta y Bogotá no ha podido mantenerse firme desde el derrumbe en Quetame (Cundinamarca), hace poco más de un mes.

De acuerdo con Harman, los cierres viales han golpeado “la economía y el turismo en la mitad del país”. Además, indicó que “es posible una prematura escasez de oxígeno e insumos médicos en Villavicencio”.

Entre otras afectaciones, Harman predice que los alimentos podrían incrementar su costo en un 300% y señala que la población vive en “zozobra” por las “más de cien réplicas a partir del sismo del jueves”, que se produjo en El Calvario, Meta, y tuvo una magnitud de 6,1.

Precisamente por ese sismo hubo otro derrumbe en la vía Bogotá-Villavicencio, en el que la ANI y el Ministerio de Transporte vienen trabajando desde que lo reportaron el 17 de agosto. Este domingo, el ministro William Camargo dijo que están evaluando reabrir ese sector, teniendo en cuenta que se cayó una parte del puente Los Grillos.

Una de las medidas que se tomaron como alternativas fue un puente aéreo solidario entre Bogotá y Villavicencio, que ya ha transportado a más de 2.100 pasajeros en lo que va del fin de semana. Sin embargo, el alcalde Harman menciona que “hay dificultades” en ese mecanismo.

El alcalde de la capital del Meta dice que, si no se declara el estado de emergencia, “los impactos pueden ser irreversibles desde el punto de vista social, económico y humanitario”.

Hasta el momento, el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien recientemente se hizo viral porque estaba siendo entrevistado cuando empezó el primer temblor del 17 de agosto, no se ha pronunciado frente a la solicitud de Harman. No obstante, sí llegó un apoyo clave, el de la alcaldesa Claudia López.

La mandataria de Bogotá se sumó al llamado de Harman y se dirigió al presidente Gustavo Petro a través de sus redes. “Presidente @petrogustavo, en este momento hay tantas o más razones para declarar emergencia económica y social para Villavicencio y el Meta como para La Guajira”, declaró.

Asimismo, instó al Gobierno a instalar un puesto de mando unificado junto a las gobernaciones del Meta y de Cundinamarca. “Unamos esfuerzos para prevenir y atender a nuestros ciudadanos” por las “múltiples emergencias y contingencias que estamos enfrentando en este momento”.

“Señor presidente, estamos atentos a sus instrucciones y nos ponemos a su disposición para coordinar y ayudar”, añadió López. “Es imperativo actuar eficazmente ya”, concluyó.

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Continúan reuniones con población de Schooner Bight en San Andrés

Es necesario lograr que las empresas tanto de energía como de aseo y telefonía móvil celular cumplan con lo pactado no solo en impacto negativo sino en materia de inversiones para la población de la zona al suroccidente de San Andrés.

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Photo: Gobernación Departamento Archipiélago

Continúan las reuniones para lograr consensos en el cumplimiento de promesas hechas por parte de las empresas de servicios públicos entre el Gobierno local, las empresas prestadoras y los habitantes del sector de Schooner Bight, al suroccidente de San Andrés, quienes ya efectuaron sendos bloqueos sobre la vía circunvalar por el impacto negativo que viene causando sobre los pobladores de la zona.

Jihad Zabián Nelson, activista y habitante de Schooner Bight, manifestó en declaraciones ofrecidas a Radio Seaflower, que es necesario lograr que las empresas tanto de energía como de aseo y telefonía móvil celular cumplan con lo pactado no solo en impacto negativo sino en materia de inversiones para la población de la zona donde se prometieron desde servicios médicos de calidad hasta puntos de recreación para sus pobladores.

«Vemos que la empresa de energía instaló recientemente un parque fotovoltaico en la zona sin haber hecho una consulta previa ni socialización con los habitantes del sector así como se comprometieron tanto la empresa de telefonía móvil celular Claro como Interaseo de hacer un puesto de salud para los habitantes del barrio a la cual tampoco han cumplido por lo que hemos querido solicitar que se hagan presentes al respecto», manifestó.

También se ha referido a los recientes bloqueos liderados por la comunidad los cuales han requerido de la presencia de funcionarios del Gobierno local para apaciguar los ánimos y buscar salidas negociadas que permitan la circulación de vehículos y las operaciones en las plantas dispuestas para el manejo de la energía y los residuos sólidos en la zona.

«Vimos como llegaron de manera rápida, casi inmediata, a atender la quema del botadero de Punto Verde ubicado en el sector de North End pero a Schooner Bight tardaron un buen rato en llegar lo que nos parece un despropósito de gran afectación para nuestra población», agregó.

Según información entregada por Zabián Nelson, en Schooner Bight podrían haber unas 200 familias afectadas por la emisión de gases tóxicos causados por quemas en el botadero Magic Garden al tiempo que se han perdido zonas boscosas que han servido como protector ambiental para la construcción de espacios de generación energética, sumado al impacto causado por las estaciones de transmisión de datos e internet de cable submarino instalados en el área.

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EPS Sura a la espera de una respuesta de Supersalud para confirmar liquidación

Es de recordar que EPS Sura ha acumulado pérdidas en los dos últimos años por más de $221.000 millones, según lo informaron desde la entidad prestadora de salud.

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Photo: El Colombiano

De acuerdo con Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, la solicitud que la EPS Sura acaba de radicar ante la Superintendencia Nacional de Salud debe recibir una respuesta en máximo 65 días.

En dicho plazo, la Supersalud debe tomar una decisión frente al programa de desmonte progresivo que presentó la EPS, y si este fuera aprobado, iniciaría de inmediato su implementación.

Aquí hay que tener en cuenta que la EPS Sura tiene 5,5 millones de afiliados, que tras su desmonte tendrían que ir a una EPS que ordene el Gobierno Nacional, pero en vista de que las más grandes ya están en algún proceso de intervención ante la SuperSalud, no es muy claro cuál pueda ser.

Llano fue enfático en aclarar que no hay plan B, sin embargo, el gobierno podría intervenir a la EPS Sura por no cumplir con los requisitos de habilitación financiera. Es de recordar que EPS Sura ha acumulado pérdidas en los dos últimos años por más de $221.000 millones.

Como dijo la presidenta de Suramericana, “la inadecuada financiación de nuestro sistema de salud es histórica y estructural, con un marco jurídico que otorga coberturas y servicios ilimitados, junto con un presupuesto limitado”.

Aunque Sura quiso dejar en claro que seguirá prestando su atención hasta el último día y cuidando de sus pacientes, mientras la Superintendencia tome decisiones de fondo.

Lo que es cierto es que ninguna de las reformas presentadas hasta el momento, según Llano, suplen las necesidades del sistema, por lo cual es difícil un acuerdo entre la EPS y el Gobierno que no pase por el desmonte de la prestadora de salud.

En todo caso, Sura mantendrá los demás negocios alrededor de la salud y seguirá siendo un actor relevante, concluyó Llano.

La EPS Sura radicó en la mañana de este martes, ante la Superintendencia Nacional de Salud, la solicitud para el desmonte progresivo de la EPS, que cuenta hoy con 5,42 millones de afiliados, la mayoría de ellos antioqueños.

La noticia se da luego de los malos resultados financieros que se han ido acumulando y que ahora tienen a la EPS al límite, si sigue funcionando se consumirá las reservas técnicas que es la plata con la que puede garantizar el pago de sus deudas, es lo único que le queda.

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Nueva ley prohíbe la realización de corridas de toros en Colombia

Además, el proyecto le apuesta a transformar las plazas de toros, pues se estima que hoy el 90 % de estos escenarios están subutilizados dos o tres días al año o abandonadas.

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Photo: Colprensa

En una decisión histórica, este martes la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto que busca prohibir las corridas de toros en Colombia.

La iniciativa busca prohibir únicamente las corridas de toros, señalando que son “una expresión que atenta contra la dignidad y la vida de los animales”. Para ello, consagra un proceso de transición de tres años, es decir, no prohíbe inmediatamente las corridas.

En esa línea, se contemplan también programas de reconversión laboral con quienes subsisten con este oficio y teniendo en cuenta las familias taurinas. Además, el proyecto le apuesta a transformar las plazas de toros, pues se estima que hoy el 90 % de estos escenarios están subutilizados dos o tres días al año o abandonadas.

“Serán adecuadas para conciertos, ferias, actividades lúdicas, deportivas o como establecimientos comerciales que dinamizarán la economía y el empleo”, precisa la iniciativa.

Si bien durante las últimas semanas hubo dilaciones a la hora de votar el proyecto, este martes finalmente se votaron cuatro de los siete artículos que contempla la iniciativa. Con 93 votos a favor y solo dos en contra se aprobaron. Posteriormente, se votó el título y la pregunta de la iniciativa.

El proyecto, que fue construido en coautoría con más de 40 congresistas de distintos partidos políticos, es una “oportunidad única” para sacar a Colombia de la lista de 8 países del mundo que hoy avalan esta práctica, según explicó el representante Alejandro García, ponente de la iniciativa.

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