Nacional
Revuelo por denuncias de Gustavo Petro de invasión peruana en isla amazónica
Se trata de un fenómeno que compromete de forma directa a Leticia, capital del departamento del Amazonas, donde el río ha sido históricamente la principal vía de conexión, sustento económico y símbolo de identidad territorial.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa que combina dimensiones ambientales, culturales y geopolíticas: el río Amazonas —el más largo y caudaloso del planeta, y un regulador clave del clima global— está desviando su cauce de manera progresiva hacia el territorio peruano. Se trata de un fenómeno que compromete de forma directa a Leticia, capital del departamento del Amazonas, donde el río ha sido históricamente la principal vía de conexión, sustento económico y símbolo de identidad territorial.
Pero la alerta no es nueva. Ya en 1993, estudios del Laboratorio de Estudios Hidráulicos de la Universidad Nacional, sede Bogotá, advertían que el 70 % del caudal del Amazonas fluía por canales peruanos, mientras solo el 30 % lo hacía por los brazos colombianos. Hoy, esa proporción ha caído a un preocupante 19,5 %, debido a una combinación de procesos de sedimentación y a falta de intervención técnica oportuna, pese a que desde 2006 existen propuestas técnicas viables que nunca se ejecutaron, como el dragado de emergencia o la instalación de espolones sumergidos.
En ese sentido, la situación es crítica: si la tendencia continúa, Leticia dejaría de ser una ciudad ribereña, con impactos profundos no solo en su estructura urbana y económica, sino también en la cultura anfibia de los pueblos indígenas y en la soberanía territorial del país.
Una de las voces más persistentes en esta discusión ha sido la de la profesora Lilian Posada García, adscrita al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, que desde hace más de tres décadas ha investigado el comportamiento del río Amazonas, propuesto soluciones concretas y alertado sobre la necesidad de actuar antes de que el país pierda su principal vínculo con la cuenca amazónica.
EL medio de comunicación el Colombiano habló con ella sobre los hallazgos más recientes de esta investigación, las omisiones institucionales y las medidas urgentes que aún pueden evitar un desenlace irreversible.
Desde hace más de una década usted ha advertido que el río Amazonas se está desplazando del lado colombiano hacia el territorio peruano. ¿Cómo y con qué indicadores técnicos es posible detectar ese cambio y qué herramientas o modelos usan para monitorear el comportamiento del caudal?
“El monitoreo del río Amazonas lo venimos haciendo desde 1994. Inicialmente lo comenzó la sede Bogotá de la Universidad Nacional, cuando se evidenció acumulación de sedimentos en el puerto de Leticia, específicamente frente a la isla Fantasía. En ese momento se construyó una dársena que rápidamente volvió a llenarse de sedimentos.
En 2012, retomamos los estudios con otro equipo técnico, porque era evidente que Colombia estaba perdiendo funcionalidad en su puerto. Para detectar la evolución del río usamos fotografías aéreas e imágenes satelitales, año tras año, desde la década de 1960. A través de estas analizamos la posición del cauce, las barras y cómo se han movilizado las islas o cerrado brazos.
El Amazonas es un río anastomosado, lo que significa que tiene múltiples brazos y muchas islas debido a la alta carga de sedimentos finos. En diferentes épocas, el río escoge una u otra trayectoria para el flujo, pero si la sedimentación se concentra en un lado, puede abandonar el otro, como ha venido ocurriendo con el brazo colombiano.
Un punto fijo importante es el estrecho de Nazaret, aguas arriba de Leticia, donde el río se divide entre un brazo ancho que fluye hacia Perú y otro que llega a Leticia, cada vez más sedimentado. Actualmente, ese brazo tiene profundidades críticas”.
En sus estudios de 2006 ya se planteaban soluciones como el dragado y la instalación de espolones sumergidos. ¿Por qué no se implementaron en su momento y qué instituciones tenían esa responsabilidad?
“Cuando se habla de espolones muchas personas imaginan estructuras enormes para desviar el río, pero en realidad son salientes sumergidas que redirigen los sedimentos del fondo y el flujo hacia el lado colombiano, sin afectar la navegación ni los ecosistemas.
Proponíamos instalarlos aguas abajo del estrecho de Nazaret para devolver parte del caudal hacia nuestros canales. Asimismo sugerimos un dragado entre la isla Ronda y la Fantasía para recuperar profundidad, pero tampoco se ejecutó.
La responsabilidad recaía principalmente en la Cancillería colombiana, que debía dialogar con Perú para explicar que estos cambios no alteraban la soberanía, y que incluso les ofrecían beneficios como el control de erosión. Pero mientras se gestionaban esas conversaciones, no se hizo nada.
Considero que hubo negligencia del Estado. La Armada Nacional, que patrulla la zona, también debió haber alertado cuando comenzaron a evidenciarse los cambios de caudal y sedimentación”.
¿Qué consecuencias concretas tendría este fenómeno para las comunidades aledañas, el territorio y la soberanía, no solo en términos ambientales sino también sociales y culturales?
“Las consecuencias son graves. Muchas comunidades indígenas dependen de la pesca en lagos como los de Yahuarcaca, que tienen una productividad altísima. Si el río se aleja, esos peces dejarán de llegar y la pesca desaparecerá. Las comunidades tendrían que transformar completamente su cultura anfibia.
En términos agrícolas, todo depende de la humedad del suelo, que está alimentada por el río. Si el caudal se aleja, disminuye la humedad subterránea y eso puede afectar severamente la vegetación y los suelos.
Leticia, por ser una ciudad ribereña, se comunica, se moviliza y vive gracias al río. Si lo pierde, se pierde parte de su identidad, su economía y su funcionalidad como capital del Amazonas colombiano. Además, si los canales fronterizos se secan, se podrían perder hitos limítrofes y eso compromete la soberanía territorial”.
Usted también trabajó en La Mojana, donde la desconexión hídrica tuvo consecuencias graves. ¿Qué paralelos encuentra entre ambos casos y qué aprendizajes se podrían aplicar en Leticia?
“La Mojana es también un ecosistema fluvial, alimentado por el río Cauca y el San Jorge. El fondo del Cauca está a mayor altura, así que alimenta permanentemente, de forma subterránea, esa región. Cuando hay crecientes, el río se desborda y humedece el corazón de La Mojana, dándole vida a sus ciénagas.
Pero si se construyen estructuras impermeables, como se hizo en algunos puntos, se bloquea esa comunicación y el territorio empieza a desertificarse. Lo mismo puede pasar en Leticia si el brazo del Amazonas que la conecta se seca.
Las islas frente a Leticia son extensas —de más de ocho kilómetros de largo—, y si no se interviene, toda esa zona perderá su productividad y biodiversidad. La lección es clara: no se puede trabajar contra el río, hay que actuar de forma amigable y técnica para mantener los flujos naturales”.
En los últimos años se ha insistido en la necesidad de una gobernanza binacional y trinacional sobre el Amazonas. ¿Qué tan viable es una solución concertada con Perú y eventualmente con Brasil, y qué rol debería jugar Colombia en esa diplomacia fluvial?
En Leticia se realizó un seminario de gobernanza fluvial, organizado por la Armada Nacional, el Ideam y otras instituciones. Allí se discutió la necesidad de crear planes conjuntos entre Colombia, Perú y Brasil para proteger el río como arteria compartida.
Yo participé en ese evento con una ponencia sobre la importancia de monitorear y medir el caudal, prender las alarmas cuando sea necesario y mantener el sistema instrumentado y por eso sostengo que Colombia debe jugar un papel activo en esa diplomacia, con base en el conocimiento técnico que ya tiene.
Además, la Armada debería estar denunciando cuando se pierden puntos como el río Atacuari, que ya se secó. Hay hitos limítrofes que antes estaban sobre el cauce y ahora están en tierra. Eso debería generar una alerta internacional”.
Nacional
Armada de Colombia rescata a 11 tripulantes sanos y salvos en Providencia
La Armada de Colombia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, rescató a 11 tripulantes de la motonave “Vagabond”, que sufrió un incendio en su cuarto de máquinas mientras navegaba al norte de la isla de Providencia.
Tras recibir el reporte de la emergencia, la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, por medio del Puesto Avanzado de Guardacostas de Providencia, desplegó de manera inmediata una Unidad de Reacción Rápida hacia la posición informada, manteniendo comunicación y seguimiento permanente durante el desplazamiento.
Al llegar al lugar, los marinos confirmaron la presencia de los 11 tripulantes y brindaron apoyo para intentar controlar el incendio; sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y ante la imposibilidad de contenerlas, priorizaron la protección de la vida humana en el mar, evacuando a toda la tripulación y trasladándola de manera segura hasta Providencia.
A su llegada al muelle, los ciudadanos fueron valorados y se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud.
La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna de las emergencias marítimas en el Archipiélago.
Nacional
La falla de un generador puso a prueba el sistema eléctrico de San Andrés
De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
San Andrés enfrenta nuevamente el debate sobre la confiabilidad de su sistema de generación eléctrica. Durante las últimas semanas, las interrupciones del servicio han generado preocupación entre usuarios, comerciantes y sectores de la comunidad, en medio de una contingencia que afectó uno de los principales equipos de generación de la isla.
La situación tiene como uno de sus principales protagonistas al generador Miller Blackstone 2, ubicado en la central de generación de Punta Evans. De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.
La reducción de esa capacidad coincidió con otro proceso técnico de importancia: la unidad MAN Diésel 2 se encontraba en un mantenimiento mayor tipo overhaul, intervención programada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La combinación de ambos escenarios dejó al sistema con menor margen de respuesta frente a los momentos de mayor demanda.
Una falla que terminó afectando a los usuarios
La gerente de SOPESA, Jackeline Llanos, explicó que la contingencia presentada en el generador no era un evento que pudiera anticiparse dentro de la operación normal del sistema.
Según la empresa, San Andrés cuenta con 11 unidades de generación y la capacidad instalada está diseñada para atender la totalidad de los usuarios del departamento. Sin embargo, cuando una unidad sale de servicio y otra se encuentra en mantenimiento, el margen disponible para enfrentar incrementos de demanda o nuevas contingencias se reduce considerablemente.
Ese escenario fue el que terminó reflejándose en las interrupciones del servicio que experimentaron distintos sectores de la isla.
Para una comunidad que depende prácticamente de manera permanente de la energía eléctrica para sus hogares, hoteles, restaurantes, comercios, instituciones y servicios esenciales, cada interrupción representa mucho más que la ausencia temporal de electricidad.
También significa equipos que dejan de funcionar, alimentos que pueden perderse por falta de refrigeración, dificultades para trabajar y estudiar, afectaciones al comercio y, en algunos casos, preocupación por posibles daños en electrodomésticos.
El mantenimiento de la MAN 2
Mientras se atendía la contingencia del Miller Blackstone 2, SOPESA adelantaba el mantenimiento mayor de la unidad MAN Diésel 2.
La empresa explicó que este tipo de intervención hace parte de los procesos de mantenimiento recomendados por los fabricantes y que los trabajos preventivos y correctivos buscan precisamente conservar la confiabilidad de los equipos de generación.
El cronograma informado por SOPESA contemplaba el regreso de la unidad afectada a una operación normal y continua alrededor del 11 y 12 de agosto, con el propósito de recuperar capacidad de generación y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico de la isla.
La recuperación de esta unidad era considerada fundamental para aumentar nuevamente el margen disponible y mejorar la estabilidad del servicio.
La molestia de los usuarios
Los cortes también generaron una creciente reacción ciudadana. Las interrupciones fueron objeto de cuestionamientos y comentarios en redes sociales y otros espacios de participación, mientras algunos usuarios reclamaron mayor información y respuestas oportunas frente a lo que estaba ocurriendo.
Precisamente, uno de los aspectos que quedó sobre la mesa fue la necesidad de que la comunidad conozca con mayor claridad qué ocurre con el sistema de generación cuando se presenta una contingencia y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que una falla termine convirtiéndose en una cadena de interrupciones.
La situación también ocurre en un contexto más amplio de preocupación por el servicio de energía en el Archipiélago. En junio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que adelantaría una auditoría al sistema de atención al usuario de SOPESA, después de escuchar las inquietudes planteadas por comunidades raizales de San Andrés.
¿Y qué pasa si un electrodoméstico resulta afectado?
Uno de los principales interrogantes de los usuarios después de los cortes es qué ocurre cuando un electrodoméstico sufre daños asociados a una interrupción o alteración del servicio.
SOPESA ha señalado que existen mecanismos para presentar reclamaciones por este tipo de situaciones. La empresa solicita información como la fecha y hora del evento, descripción del equipo afectado, marca, referencia, modelo y registro fotográfico, entre otros documentos. Posteriormente se realiza una evaluación técnica para determinar si procede el reconocimiento del daño.
Esto significa que los usuarios que consideren haber sufrido daños no necesariamente deben asumir automáticamente la pérdida del equipo, sino que pueden presentar formalmente su reclamación ante la empresa.
Un problema que va más allá de una máquina
Aunque la contingencia del Miller Blackstone 2 explica buena parte de las interrupciones recientes, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué tan preparado está el sistema eléctrico de San Andrés para responder cuando uno de sus principales equipos queda fuera de servicio?
La respuesta no depende únicamente de reparar una máquina.
También involucra mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos, capacidad de respaldo, planificación de la generación, crecimiento de la demanda y alternativas que permitan reducir la dependencia de los combustibles tradicionales.
SOPESA ha señalado que dentro de sus obligaciones contempla proyectos relacionados con energías renovables. Entre ellos se encuentra la planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, que ya está en operación y busca utilizar parte de los residuos generados en la isla para producir energía.
San Andrés necesita certezas
La crisis reciente deja una enseñanza clara: en un territorio insular como San Andrés, donde no existe una conexión eléctrica con el continente, la generación local es un asunto estratégico.
Una falla técnica puede tener repercusiones inmediatas sobre miles de personas y sobre sectores fundamentales de la economía insular.
Por eso, más allá de determinar qué ocurrió con una máquina específica, el desafío está en garantizar que el sistema tenga suficiente capacidad de respaldo para que el daño de una unidad no termine convirtiéndose en interrupciones repetitivas para la población.
La comunidad espera ahora que, con la recuperación de las unidades intervenidas, el servicio pueda estabilizarse y que las lecciones de esta contingencia permitan fortalecer la infraestructura eléctrica del Archipiélago.
Porque para San Andrés la energía no es simplemente un servicio público. Es una condición indispensable para que la isla pueda funcionar.
Nacional
Gobierno anuncia que elimina aparato de información y propaganda en RTVC
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un paquete de medidas para recuperar el carácter público, plural e independiente del Sistema de Medios Públicos de Colombia.
En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.
En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
- Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
- La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
- Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
- Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.
La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.
La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.
La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.
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