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Muchos aspirantes a ocupar la Casa de Nariño después de Gustavo Petro

La periodista Vicky Dávila que, aunque aún no se lanza al agua y sigue fungiendo como directora de la Revista Semana, se da como candidata en los mentideros políticos.

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Photo: Colprensa

Su prolongada impopularidad, sus mensajes erráticos, los frecuentes y cada vez más sonados escándalos —tanto personales como de corrupción—, así como los líos en materia de ejecución e incluso de presupuesto, no dejan de pasarle factura al Gobierno de Gustavo Petro.

Si bien han transcurrido poco más de dos años de mandato, esas flaquezas del primer gobierno de izquierda en Colombia no dejan de ser aprovechadas por diferentes sectores políticos que, en el perpetuo ajedrez del poder, buscan desde ya hacerse a un cupo en la carrera por ocupar el solio presidencial en 2026.

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Los hay de todas las orillas, frentes e intereses, y aunque hoy no dejan de ser graduados como “precandidatos”, desde ya —en diferentes escenarios—, siguen dándole forma a una cantada aspiración presidencial. El fenómeno es de tal calado que una reciente encuesta de las firmas Guarumo y EcoAnalítica daba cuenta de un abanico de al menos 40 aspirantes.

El panorama no deja de estar viche y aún es temprano para aventurarse a perfilar favoritos; sin embargo, desde ya se vislumbran las facciones que marcarán el derrotero de los comicios. “Van a entrar en el escenario político cuatro bloques. Uno progresista, que va más allá de Petro; otro de derecha pura que no ha logrado desmarcarse de una agenda más allá de seguridad; un bloque de centro desdibujado y sin una agenda política y social clara, y un bloque del establecimiento político tradicional que va a negociar con los otros bloques”, explica el profesor de políticas públicas Jorge Iván Cuervo.

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Un bloque más allá de Petro

Sin duda, hoy las miradas están puestas en el candidato que, alzando las banderas del presidente y acogiendo sus luchas, herede su legado con miras a asegurar continuidad. En este frente sobresalen figuras como María José Pizarro, Francia Márquez, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Daniel Quintero, Luis Gilberto Murillo o Roy Barreras.

Si bien contar con el guiño de Casa de Nariño siempre será una ventaja, en las actuales circunstancias tener ese espaldarazo podría jugar en contra. De acuerdo con la profesora Eugénie Richard, de la Universidad Externado —experta en marketing político y comunicación gubernamental—, el primer mandatario sigue gobernando para un nicho del 30 % de la población en el que se concentra su voto duro, pero el o la ungida deberá trascender ese techo para abarcar más sectores. Allí será clave desmarcarse de una única tendencia radical.

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“Quien llegue detrás de Petro va a tener un doble reto. Primero, volver a unificar los votos de la izquierda. Segundo, presentarse como un candidato del progresismo que lucha por la paz y la justicia social, pero no necesariamente presentándose como el heredero de Petro. El desafío será encontrar un discurso que sea progresista, pero no necesariamente petrista”, asegura Richard.

Insistiendo en que aún el escenario es prematuro, el politólogo Sebastián Líppez De Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, asegura que todavía pueden ocurrir acontecimientos que marcarían el rumbo de la carrera presidencial, particularmente, que el Gobierno pueda consolidar y darle forma a su agenda reformista, lo que aseguraría un lugar para la izquierda en segunda vuelta.

“En la medida en que el Gobierno pueda empezar a consolidar más temas de su agenda, podría ir catapultando a otras figuras del Pacto Histórico. No obstante, uno de los grandes problemas del Gobierno Petro es la concentración del liderazgo y poder en su figura. Ello impide la definición de procedimientos y dinámicas como las de un partido, además que opaca la participación de otras figuras”, asegura.

Derecha, a la expectativa

En contraste al petrismo, buscando capitalizar sus errores y mostrarse como una orilla antagonista, emerge el bloque de derecha que, aunque está reunida alrededor de la oposición al primer mandatario, no deja de estar fragmentada.

“Hasta el momento no ha sido una oposición que capitalice con fuerza los errores del Gobierno y que se haya constituido en una gran fuerza con liderazgos descollantes. Hay algunas figuras con cierta notoriedad, pero no llegan al nivel de Gustavo Petro, ni cuentan con un perfil que en el imaginario colectivo se podría enmarcar como estadista”, señala Líppez De Castro.

En este espectro no dejan de ser disruptivas figuras como el exfiscal Francisco Barbosa y, particularmente, la periodista Vicky Dávila que, aunque aún no se lanza al agua y sigue fungiendo como directora de la Revista Semana, se da como candidata en los mentideros políticos. Su contraposición a Petro, la viralidad y alcance de sus artículos, y el trabajo que ha permitido poner al descubierto las flaquezas del Gobierno son hechos que juegan a su favor.

Sin embargo, para la profesora Eugénie Richard, aún hace falta no solo que la periodista dé el salto, sino que se mida de tú a tú con otras figuras como las senadoras María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, quienes tienen experiencia en política, con recorrido en lo público y con cada vez más visibilidad. Se trata de factores que les permitirían aglutinar a sectores de derecha y centroderecha.

“La candidatura de Vicky Dávila todavía no se ha consolidado. Existe en los imaginarios colectivos, pero no se ha aclarado ni desarrollado. Vicky en las encuestas está muy por encima de María Fernanda Cabal, pero falta mucho tiempo y Cabal tiene una ventaja: cuenta con una estructura de partido. No obstante, es muy temprano”, indica Richard.

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Centro, en búsqueda de agenda

Con miras a capitalizar votos de ambas orillas, aparece el centro político, que bien puede tener matices de centroizquierda o centroderecha. Allí sobresalen figuras como Claudia López, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán o Alejandro Gaviria. La mayoría de ellos ya ha competido al menos una vez en unos comicios presidenciales y, de acuerdo con el profesor Cuervo, uno de sus desafíos será lograr verdadera proyección nacional de la mano de una agenda robusta.

“Este es un bloque que se considera de moderación y negociación, pero son un grupo político muy desdibujado. Mi impresión es que son intelectuales que se las dan de progresistas, pero que no conocen el país, ni proponen una agenda social”, reclama Cuervo.

En ese sentido, para Líppez De Castro será determinante lo que ocurra con eventuales coaliciones que ayuden a fortalecer este espectro y darle consistencia a una candidatura diversa. “Las consultas interpartidistas en 2022, al final, dieron lugar a la carrera presidencial. Esa dinámica fue fundamental y hay que ver si se va a repetir en las próximas elecciones”, precisa.

En el abanico de posibilidades emerge además lo que podría considerarse como un cuarto bloque de partidos tradicionales que, aun sin candidatos propios y determinantes, entrará a jugar bien sea para consolidar un aspirante propio —como Germán Vargas Lleras o Simón Gaviria—, o buscará aliarse con otros bloques con miras a asegurar una tajada de burocracia.

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Presidente Abelardo De La Espriella anuncia procesos por señales satelitales en cárceles

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

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En un comunicado público, el presidente Abelardo De La Espriella conminó al Ministerio de las TIC y al Inpec a implementar cuanto antes, de la mano de empresas operadoras de internet 4G, 5G y satelital, las medidas necesarias para impedir el acceso a internet y a las redes móviles desde las cárceles del país.

Dicho acceso a internet de alta velocidad y a redes de telefonía celular al interior de las prisiones colombianas, documentado en recientes operativos sorpresa, motivó la apertura formal de procesos sancionatorios contra las principales empresas de telecomunicaciones que operan en el territorio nacional.

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

El Gobierno busca evitar que las redes de comunicación sean utilizadas para coordinar extorsiones desde las prisiones.

La decisión administrativa surge luego de que inspecciones técnicas y operativos de control confirmaran que los reclusos continúan utilizando infraestructura tecnológica externa para mantener comunicaciones no autorizadas.

A través de un comunicado de prensa divulgado el 21 de noviembre de 2026, la Presidencia de la República informó que el MinTIC formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S. y cuatro grandes proveedores de telefonía móvil:

Comunicación Celular S.A. (Comcel).

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Partners Telecom Colombia S.A.S.

Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo).

¿Incumplieron los operadores por no bloquear señales de celular en cárceles?

El objetivo de estas actuaciones administrativas es establecer si las compañías incumplieron el deber legal de atenuar, restringir o eliminar las señales de transmisión, recepción y control dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Hallazgos tecnológicos en La Picota y otras tres cárceles

El detonante de las investigaciones ocurrió durante intervenciones recientes realizadas en la cárcel La Picota, en Bogotá. En ese centro penitenciario, las autoridades incautaron un arsenal tecnológico compuesto por 3.754 tarjetas SIM, 582 teléfonos celulares, 38 módems y seis antenas de conexión satelital Starlink, además de otros elementos electrónicos.

Tras ese operativo inicial en la capital del país, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC ejecutó verificaciones técnicas en otras regiones.

Los análisis confirmaron la existencia de redes wifi activas provistas por Starlink en cuatro establecimientos carcelarios:

Las Heliconias, ubicada en Florencia (Caquetá).

Bellavista, situada en el municipio de Bello (Antioquia).

La Picota, en Bogotá.

La cárcel de Acacías, en el departamento del Meta.

Con base en estas pruebas técnicas, la cartera de las TIC busca determinar si Starlink adoptó las medidas exigibles por la normativa vigente para impedir que su red satelital facilitara conexiones ilícitas desde los centros de reclusión.

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Gobierno retiene proyecto de decreto para efectuar corridas de toros en varias ciudades

Según explicó el Ejecutivo, el texto se publicó antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales. Por esta razón, fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite.

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El Gobierno Nacional se pronunció sobre el borrador de decreto relacionado con los espectáculos taurinos que había sido publicado para recibir comentarios de la ciudadanía. En un comunicado, la Presidencia aclaró que el documento no corresponde a una decisión oficial ni a una instrucción del presidente Abelardo De La Espriella.

Según explicó el Ejecutivo, el texto se publicó antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales. Por esta razón, fue retirado de la plataforma y no continuará su trámite. «El documento fue publicado de manera prematura», señaló la Casa de Nariño.

La propuesta había generado cuestionamientos porque contemplaba modificar algunas de las reglas que regulan los espectáculos taurinos durante el periodo previo a la prohibición definitiva. Entre los cambios estaban el uso de varas, banderillas y estoques, además de las condiciones para el ingreso de menores de edad.

Frente a los cuestionamientos, la Presidencia reiteró que el bienestar de los animales es uno de sus compromisos y defendió la necesidad de prevenir el maltrato. En ese sentido, el comunicado señaló: «El respeto por nuestras tradiciones no puede estar por encima de la protección de los animales».

Finalmente, el Gobierno Nacional aclaró que el retiro del borrador no significa que exista una intención de reactivar estos espectáculos. «No existe ninguna decisión presidencial encaminada a revivir las corridas de toros», indicó la Presidencia, que reiteró su compromiso con la protección animal en Colombia.

La Ley 2385 de 2024, conocida popularmente como la Ley «No Más Olé», prohíbe en todo el territorio de Colombia las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas, las tientas, además de las corralejas, peleas de gallos y el coleo.

Puntos clave de la medida

• Fecha de prohibición definitiva: La ley estableció un periodo de transición de tres años, por lo que la prohibición total y absoluta entrará en vigor el 22 de julio de 2027.

• Ratificación constitucional: La Corte Constitucional de Colombia avaló la ley y ratificó su constitucionalidad mediante sentencias recientes (como la C-374 de 2025 y la C-312 de 2026), determinando que la protección de los animales como seres sintientes priman sobre el ejercicio de estas actividades.

• Período de transición y reconversión: Durante los años previos a 2027, la ley contempla planes de reconversión económica y laboral para las familias y comunidades que dependían económicamente de la tauromaquia, así como la transformación de las plazas de toros en espacios culturales, deportivos y artísticos.

• Polémicas recientes: Se han presentado debates por borradores normativos (como el polémico proyecto administrativo retirado recientemente por el gobierno), pero las autoridades y la Corte han reafirmado que el cronograma de prohibición para julio de 2027 sigue en pie.

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La congresista Luz Verónica Estrada en problemas por falsificación de diplomas

La colectividad también anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional se reunirá el próximo lunes 23 de noviembre para estudiar las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante antioqueña.

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La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada enfrenta una nueva presión política. El Pacto Histórico le solicitó renunciar a su curul, en medio del escándalo por los presuntos títulos académicos falsos que habría presentado para acreditar su formación como bachiller e ingeniera de Minas y Metalurgia.

La decisión se suma a las denuncias penales y a la investigación disciplinaria que enfrenta. En un comunicado, la Coordinación Nacional Provisional del movimiento aseguró que la congresista debe dar un paso al costado “ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente”, para que pueda asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes.

La colectividad también anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional se reunirá el próximo lunes 23 de noviembre para estudiar las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante antioqueña.

La petición llegó después de que varios integrantes del propio Pacto Histórico cuestionaran la permanencia de Estrada en el Congreso.

El representante Agmeth Escaf fue uno de los primeros en pedirle públicamente que renunciara. “Verónica, lastimosamente tienes que renunciar”, manifestó. El senador Iván Cepeda también se refirió al escándalo y sostuvo que “personas que le mientan al país tienen que asumir las consecuencias”.

El congresista agregó que la colectividad estaba evaluando internamente las medidas que correspondían frente a la situación. Desde otro partido, la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) presentó denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por la presunta falsedad documental.

También pidió que se investigue el contrato que Estrada obtuvo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante 2025.

El escándalo también revivió entrevistas que la representante concedió antes de que se conocieran las denuncias. En una conversación con el Canal del Congreso, Estrada habló de su materia favorita en el colegio: “La verdad, la matemática, fuerte, pero me gusta y siempre me ha gustado”.

En esa conversación recordó a su primera profesora de preescolar “con los primeros pasos de educación, y eso es muy bonito”. Sobre su gusto por la matemática, agregó que “valió la pena, yo creo, cada esfuerzo, y valió la pena que esos profesores siempre nos enseñaran, nos regañaran y, bueno, de todo se aprende”.

Contó que después de supuestamente terminar el bachillerato en 2017 se trasladó a Marmato, Caldas, para comenzar a trabajar en minería. Dijo que su primera labor consistía en contar los coches utilizados para sacar el mineral de las minas y que permaneció cuatro años en esa actividad.

Sin embargo, la versión sobre la fecha de graduación contrasta con los registros del colegio de Caramanta, que indican que no había terminado la educación media.

Y otra “perla”: la congresista aparece como coautora del proyecto de ley que busca facilitar la consulta pública de títulos académicos para prevenir irregularidades en la acreditación de estudios.

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