Nacional
Inocencio Meléndez ahora aparece contratando en San Andrés
Meléndez era el subsecretario técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cuando en la administración de Samuel Moreno se contrataba la troncal de TransMilenio por la calle 26.
El nombre de Inocencio Meléndez está fijado como sobre cemento en la historia de Bogotá. Algunos aún lo recuerdan porque protagonizó las portadas de la prensa durante años, sin exagerar.
Meléndez era el subsecretario técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cuando en la administración de Samuel Moreno se contrataba la troncal de TransMilenio por la calle 26. Los contratistas eran los Nule, primos y familiares que elaboraron uno de los entramados más memorables de la historia de la corrupción en Colombia.
Meléndez era un abogado brillante que se formó en Bogotá tras llegar de los Montes de María, en Sucre, para estudiar y encontrar oportunidades. Un voraz lector de la teoría del derecho y las sanciones disciplinarias que rápidamente ganó reconocimiento académico y como autor de libros académicos.
Hasta que hubo un incumplimiento de los Nule en la obra de la 26. A partir de allí, la historia de Meléndez pasó de ser la de un lector incansable con una carrera prometedora, a la del testigo estrella contra uno de los políticos más poderosos del país, nieto de un presidente, y no cualquiera: de Gustavo Rojas Pinilla, el militar que gobernó a Colombia en la década del 50.
Samuel Moreno Rojas inició su calvario con las declaraciones de Meléndez. Pasó buena parte de su vida en la cárcel y su historia terminó en una repentina muerte en 2023 en la ciudad que le cumplió sus sueños y sus pesadillas. Los Nule, los contratistas —entre ellos Emilio Tapia— y los funcionarios que recibieron coimas a cambio de facilitar los multimillonarios contratos al grupo, temblaban cada vez que Meléndez se paraba ante los estrados de la Corte Suprema y de la Fiscalía para declarar. Él fue el primer condenado luego de lograr un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos por la firma de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y sin estudios. Lo sabía todo de la historia de corrupción, en la que participó, y lo contó todo también a la justicia.
Tras cuatro años de prisión, de una condena de siete, Meléndez recuperó su libertad en 2015 por buen comportamiento y adelantar estudios. En 2021 fue mencionada en el escándalo de Centros Poblados porque su nombre aparecía como destinatario de un correo de Emilio Tapia. Él explicó que estaba prestando sus servicios jurídicos en asuntos disciplinarios luego de pagar su condena y que lo habían consultado con ese propósito. Pero su verdadero resurgimiento es hasta ahora con el actual gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo.
El diario El Colombiano de Medellín conoció un proceso de contratación que la Gobernación firmó el pasado 16 de agosto con la firma jurídica de Meléndez IRM Consultoría contractual por 1.500 millones de pesos por 4 meses, para ejecutarlo en 75 días hábiles, es decir, equivale a 20 millones de pesos por día.
El objeto del contrato es “la prestación de servicios profesionales de acompañamiento y apoyo para la revisión y análisis de los componentes jurídico, técnico, operativo y financiero de las etapas precontractual, celebración y de ejecución del contrato de concesión portuaria No 189, celebrado el 05 de noviembre de 2004, entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como entidad contratante y la sociedad portuaria San Andrés Port Society S.A”. Aunque no se ha firmado, todo está listo para que se dé.
La familia Gallardo tiene una larga historia de propiedades y relevancia en la isla. De acuerdo con un documento de la Gobernación conocido por este periódico, los tíos del gobernador Gallardo son propietarios de un muelle llamado Toninos, por el que en varios casos ante tribunales los funcionarios y el propio mandatario local se han tenido que declarar impedidos en una controversia jurídica con el hotel Sirenis por los límites de una playa.
El contrato pretende revisar la concesión que le entregó la Gobernación a la San Andrés Port Society en 2004 por 20 años. Esto para revisar si hay lugar a alguna reclamación por las etapas originarias del contrato y de su ejecución. Pero la historia tiene un desenlace y punto de giro adicional. Otro documento clave encontrado por este diario señala que en 2017 Emilio Tapia hacía parte de la junta de socios de San Andrés Port Society y le correspondían unos dividendos por cobrar de 2007 a 2017. Extrañamente, los caminos de Meléndez se encontraron en la historia del carrusel, Centros Poblados, y ahora en el puerto principal de San Andrés.
Aunque Inocencio Meléndez no es el representante legal de IRM y no aparece en el Registro Mercantil (allí firma su hermana Celidet Meléndez Julio como presidente y suplente del presidente) está claro que quien está detrás de la consultora es el abogado extestigo del carrusel. La página web de la empresa lo menciona como director jurídico y allí publicita todos sus libros jurídicos para la venta. La imagen del perfil de Whatsapp de Meléndez, buscado por este diario, es una fotografía que dice: 10 años grupo IRM consultoría contractual.
El abogado ha asegurado que luego de pagar su condena lo único que sabe hacer es el litigio y a eso se dedica tras cumplir con la justicia. Sin embargo, fuentes dentro de la Isla aseguran que el valor del contrato podría ser exagerado para el objeto con el que se buscó y también hablan de relaciones del gobernador con Tapia, responsable de todo el caso Centros Poblados en el que participó a través de empresas fantasma y se ganó un contrato por un billón de pesos con una garantía bancaria falsa del Banco Itaú. Nadie explica por qué el nombre de Tapia aparece otra vez relacionado en la sociedad portuaria.
La isla tiene numerosos problemas que no han sido resueltos, varios de ellos exacerbados tras el paso del huracán Iota. En los últimos meses, el sector turismo expuso una caída perjudicial de los viajes y la ocupación. Pero además preocupan la inseguridad por la actividad de bandas criminales, la sobrepoblación, el uso de su territorio para el tráfico ilegal de migrantes. Y, según varios habitantes consultados, la corrupción.
El diario El Colombiano de Medellín buscó tanto al gobernador Gallardo como a Inocencio Meléndez, a quienes les envió las mismas preguntas. El gobernador no respondió todos los cuestionamientos, pero afirmó: “No he suscrito el contrato, no conozco al señor Tapia, no tengo ninguna sociedad relacionada con el puerto”. El abogado Meléndez dijo que contestaría las preguntas, pero hasta el cierre de esta edición no lo hizo.
Mientras tanto, los habitantes de San Andrés se preguntan si 1.500 millones para la revisión de un contrato con el puerto, en el que aparece Tapia, no es demasiado dinero en una isla agobiada por otros problemas actuales.
Nacional
James jugará en el León de México y no en el Junior de Barranquilla
La oferta económica del equipo mejicano, que jugará la Copa Mundial de Clubes este año, habría superado al doble al equipo barranquillero por lo que se vieron obligados a retirarse de la negociación.
La esperada llegada de James Rodríguez al Junior de Barranquilla no se concretará. Fuad Char, máximo accionista del club, confirmó que las negociaciones con el futbolista se interrumpieron debido a diferencias económicas insalvables.
Antes y después de la reunión de aproximadamente tres horas en Medellín, donde se discutieron aspectos contractuales y tributarios, Char había mostrado optimismo sobre el posible fichaje.
Sin embargo, al regresar a Barranquilla, se encontró con una comunicación del entorno de James, indicando que habían recibido una oferta que duplicaba la propuesta del Junior.
“Mientras venía en camino recibí un comunicado de ellos donde me dicen que tienen una oferta muy superior a la nuestra, casi el doble. Prácticamente, creo que esta operación se cayó”, declaró Char.
El dirigente, en entrevista en la capital del Atlántico, manifestó su descontento por la forma en que se manejó la situación, calificándola de “indelicadeza” por parte del equipo de James. “Nos hubieran dicho que estábamos lejos y no había problema. No me hablaron de dónde viene la propuesta. Vamos a ver qué hay en el mercado”, añadió.
En simultáneo con las conversaciones entre James y Junior, medios internacionales especularon con el interés de un nuevo equipo en el jugador, el Club León de México, que participará en el próximo Mundial de Clubes.
Incluso, se llegó a mencionar que el capitán de la Selección Colombia le habría dado el sí a la propuesta de “La Fiera” para vestir sus colores en el 2025, lo que elevó aún más la incertidumbre sobre el futuro del cucuteño.
Con esta noticia, el Junior de Barranquilla deberá buscar alternativas en el mercado de fichajes para la temporada 2025, mientras que no se confirma la versión dada por medios mexicanos ni se hace oficial la contratación por parte del club del estado de Guanajuato. Por lo pronto, por los lados del cuadro de Barranquilla, se conoce que se hicieron a los servicios de Jesús Manuel Díaz, hermano de Lucho Díaz, quien juega para el Liverpool. Tiene 20 años y ha tenido su formación deportiva en el Barranquilla FC, de la segunda división del fútbol colombiano.
Nacional
Nicolás Maduro tomó posesión como nuevo presidente de Venezuela
Gobiernos alrededor del mundo anuncian su rechazo total a esta toma del poder, incluso, desde el Congreso de Estados Unidos, manifestaron su apoyo a Edmundo González y a María Corina Machado.
A las 9:30 a.m. Nicolás Maduro llegó a la Asamblea Nacional para hacer efectiva la posesión ilegítima ante las autoridades electorales venezolanas.
Rodeado de militares y con la presencia de Miguel Díaz Canel como único mandatario internacional entre los asistentes, Maduro es señalado por el mundo como el nuevo dictador de Venezuela.
Gobiernos alrededor del mundo anuncian su rechazo total a esta toma del poder, incluso, desde el Congreso de Estados Unidos, manifestaron su apoyo a Edmundo González y a María Corina Machado, asegurando que son los verdaderos ganadores de la contienda electoral.
La oposición también se pronunció y calificó la toma como un golpe de Estado. “Con la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro (…), apoyado por la fuerza bruta y desconociendo la soberanía popular expresada contundentemente el pasado 28 de julio, se ha consumado un golpe de Estado”, dijo la Plataforma Unitaria, coalición de la oposición venezolana.
Maduro, quien está en el poder desde 2013, tomó juramento en el Parlamento, que también está bajo su control. Rodeado de militares y con la presencia de contados diplomáticos, el acto no tardó más de 10 minutos.
“Juro” que “este nuevo período presidencial será el período de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia (…) lo juro por la historia, lo juro por mi vida”, prometió Maduro ante el jefe del legislativo, el dirigente chavista, Jorge Rodríguez.
Mientras tanto, Edmundo González se encuentra en Republica Dominicana, con el mundo a la espera de conocer cual será su siguiente movida. Este sería el último destino antes de abordar un vuelo directo a Caracas, aunque con el espacio aéreo cerrado y defensa antiaérea dispuesta para interceptar cualquier injerencia, la llegada de González parece difícil.
La investidura ocurre justo un día después de la marcha opositora que anunciaba el adportas de las movidas de los líderes Edmundo González y María Corina Machado, para tomarse el poder en Venezuela.
Sin embargo, la marcha terminó con la denuncia de un arresto y posterior liberación de Machado. Hecho que el régimen negó y calificó de “invento”.
El cambio de hora de la toma de poder, fue justificada por presuntas amenazas de un golpe orquestado por mercenarios pertenecientes a otros gobierno extranjeros.
Mientras tanto, Maduro asegura que para los próximos 6 años de mandato que le esperan, realizará una “gran reforma constitucional”, bajo la cual asegura, además que recuperará la economía del país. Aunque expertos aseguran que limitará las libertades ciudadanas.
Nacional
ANLA impuso una medida preventiva de suspensión de muelle de Buenaventura
Grupo Portuario indicó que, en la actualidad, en las bodegas del terminal granelero hay almacenadas cerca de 90.000 toneladas de carga y que, debido a la inmovilización por la sanción, está afectando tanto a importadores como a exportadores.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) asumió, recientemente, la competencia ambiental del Muelle 13, ubicado en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, que hasta hace poco era supervisado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de la ciudad.
Con esta decisión, tomada mediante el Auto 11665 de 2024, la ANLA pasa a evaluar, vigilar y sancionar cualquier incumplimiento relacionado con las actividades portuarias de gran calado que allí se desarrollen.
A través de la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025, la ANLA impuso una medida preventiva de suspensión de las actividades a cargo de la sociedad Grupo Portuario S.A.
“Esta medida se adoptó debido a que los manejos ambientales actuales desconocen presuntamente las medidas de manejo ambiental que deberían implementarse frente a los impactos ambientales actuales”, señala la resolución. Además, la autoridad considera urgente que las acciones de prevención, mitigación, corrección o compensación se ajusten a la realidad del territorio y del proyecto.
Para levantar la suspensión, el operador debe presentar un instrumento de manejo y control ambiental que refleje las condiciones actuales del muelle y su entorno, así como el cumplimiento de la normativa vigente. La ANLA subrayó que esta exigencia busca salvaguardar el desarrollo sostenible de la zona, además de proteger los derechos ambientales de las comunidades.
“Es esencial contar con un instrumento de manejo ambiental adecuado y actualizado, que garantice la protección del entorno y responda a las demandas del proyecto”, puntualizó la entidad.
Ante la decisión de la Anla, el Grupo Portuario, encargado del Muelle 13, emitió un comunicado en el que rechazó la suspensión de las operaciones y lo catalogaron de “desproporcionado”, ya que exige un nuevo estudio ambiental, desconociendo la vigencia del Plan de Manejo Ambiental de 2002.
“Resulta arbitraria la interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, considerando que se trata de un servicio público esencial, con grandes repercusiones sociales, económicas y laborales”, indicó la entidad.
Grupo Portuario indicó que, en la actualidad, en las bodegas del terminal granelero hay almacenadas cerca de 90.000 toneladas de carga y que, debido a la inmovilización por la sanción, está afectando tanto a importadores como a exportadores.
La empresa portuaria insistió en que la decisión de la Anla “desconoce el cumplimiento a cabalidad por su parte de las exigencias ambientales y pone de presente la necesidad de que las entidades gubernamentales respeten el Estado de derecho y la seguridad jurídica”.
Aseguró también que la decisión de la autoridad ambiental fue emitida de manera “infundada, arbitraria y fuera de su competencia”.
Por último, Grupo Portuario señaló que ha sido motor de bienestar económico y social de Buenaventura, como parte de su compromiso con la comunidad en el diseño del proyecto pesquero Estero San Antonio, que busca fortalecer la economía mediante la creación del Centro Pesquero.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó a la autoridad portuaria por no haberse dado cuenta de que las cargas de granos estaban siendo ensuciadas todos los días, resaltando que esto puede provocar grandes riesgos en mujeres en estado de embarazo y sus bebés.
“Cómo es posible que la autoridad portuaria de Buenaventura no haya observado lo que la Anla observó, si centenares de palomas [estaban] ensuciando todos los días los granos importados en el llamado muelle 13: trigo, garbanzo, lentejas y otros, para la alimentación de las y los colombianos. Las mujeres embarazadas y sus bebés quedan expuestas a la toxoplasmosis. Esta enfermedad puede provocar abortos, deformaciones o muertes de bebes o mujeres en embarazado”, fueron las palabras del mandatario en su cuenta personal de X.
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