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Dos cortes federales de Estados Unidos avanzan en investigación contra Gustavo Petro
La noticia le dio la vuelta al mundo tras una publicación del diario norteamericano The New York Times, en la que aseguró, con fundamento en tres fuentes anónimas, que dos despachos judiciales de Manhattan y Brooklyn tienen investigaciones abiertas que involucrarían al jefe de Estado colombiano.
La confirmación de que en dos cortes federales de Estados Unidos avanzan pesquisas preliminares en contra del presidente Gustavo Petro, por presuntos nexos con el narcotráfico, es la expresión tácita del sentimiento que ha dominado las relaciones diplomáticas de ambas naciones en los últimos dos años: la desconfianza.
La noticia le dio la vuelta al mundo tras una publicación del diario norteamericano The New York Times, en la que aseguró, con fundamento en tres fuentes anónimas, que dos despachos judiciales de Manhattan y Brooklyn tienen investigaciones abiertas que involucrarían al jefe de Estado colombiano.
“Las indagaciones han estado explorando, entre otras cosas, posibles reuniones del señor Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de estos”, se lee en el reportaje publicado ayer.
En las averiguaciones participan investigadores de la DEA (agencia antidrogas) y de HSI (agencia de investigaciones de seguridad nacional).
El estado de las indagaciones es apenas preliminar, por lo que no hay un expediente formal ni mucho menos acusaciones oficiales.
La agencia noticiosa Reuters confirmó la situación con sus propias fuentes dentro del Gobierno, aunque afirmando que las averiguaciones no se centran directamente en Petro.
De otro lado, la agencia AP detalló que la DEA habría designado al político como un objetivo prioritario, bajo el supuesto de que habría sido mencionado por varios informantes confidenciales en averiguaciones contra el narcotráfico transnacional.
Su política de “paz total”, presuntamente, habría sido el vehículo de las relaciones con algunos capos, incluyendo uno relacionado con el cartel de Sinaloa. Al respecto no se ha pronunciado la DEA de forma oficial.
Las publicaciones desataron múltiples reacciones de todo tipo. Entre los opositores, uno de los más severos fue el congresista republicano Carlos A. Gimenez, quien en el pasado también ha lanzado improperios contra el presidente.
“Desde el Congreso de Estados Unidos esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro. Le ha hecho un daño irremediable a Colombia. Ojalá los colombianos se hayan dado cuenta de que la izquierda solo trae miseria y violencia”, trinó, acompañando el mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial, en la que se ve a Petro y Nicolás Maduro con uniformes de presidiarios.
Uno de los primeros en reaccionar en Colombia fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
“Alertas sobre la investigación de fiscales de Estados Unidos frente a presuntos nexos del presidente Petro con narcotraficantes. Esto tiene nombre propio: alias ‘Calarcá’. El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal. Se le entregó información de inteligencia y, junto con la Fiscalía terminó en libertad (…) El presidente Petro ha actuado, en la práctica, como defensor de oficio de alias ‘Calarcá’ (…) Ante el silencio que hoy impera en Colombia, resulta legítimo que autoridades internacionales, como las de Estados Unidos, pongan la lupa sobre estos hechos”, publicó.
Reiteró que “las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico” y que “ninguna autoridad competente ha emitido una determinación o notificación formal” contra Petro.
El despacho diplomático defendió al primer mandatario, manifestando que “a lo largo de su vida pública ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal”.
El presidente Petro, por su parte, afirmó que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso y los gobiernos locales y nacionales, en lo que se denominó la época de la gobernanza paramilitar”.
Añadió que “respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no descubrió ni un solo peso de narcotraficantes, porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.
Desde su perspectiva, “me servirán los procesos en EE.UU. para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada hasta los tuétanos con los narcotraficantes”.
Campanazos de alerta
Las investigaciones judiciales en cuestión ponen en duda los esfuerzos diplomáticos por recomponer las tórridas relaciones entre Colombia y EE. UU., afectadas por los choques ideológicos entre Petro y su homólogo Donald Trump.
El pasado 3 de febrero se reunieron en Washington para limar asperezas, en un encuentro que la Cancillería catalogó como “un éxito de la diplomacia”.
Después de la cita hubo un desescalamiento verbal y el mandatario colombiano recuperó su visa, que había sido anulada. No obstante, a Petro no le suspendieron las sanciones financieras de la Lista Clinton, ni a su exesposa Verónica Alcócer, ni a su hijo Nicolás Petro Burgos y menos a su ministro del Interior, Armando Benedetti.
Tampoco se anuló la descertificación al país en la lucha contra el narcotráfico, por lo que el recorte presupuestal de las ayudas quedó en firme.
Las indagaciones judiciales activas suponen un golpe a esa confianza que se pretendía recuperar, pero en el fondo era claro que eso se veía venir.
En el sistema judicial de Estados Unidos es común que a una sanción de Lista Clinton, de parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, le sobrevenga una investigación paralela en el Departamento de Justicia.
Es importante recordar que el 23 de octubre de 2025, cuando fue impuesta dicha sanción de carácter financiero (congelamiento de cuentas bancarias y transacciones), el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses (…) Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.
El informe del Tesoro consignó duros planteamientos en su momento, como que el presidente “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’”, y hasta que “se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cartel de Los Soles”.
Dicho señalamiento tuvo como soporte algunos informes de la DEA, la misma agencia que coopera con las fiscalías de Brooklyn y Manhattan en la indagación preliminar por supuestos nexos con narcotraficantes.
Llama la atención que, según lo dicho por The New York Times, uno de los aspectos analizados sea la campaña presidencial de 2022 y si esta recibió dineros calientes, pues ya el Tesoro lo había insinuado cuando incluyó en la lista negra a su primogénito.
“En 2023 fue arrestado en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de canalizar dinero recibido del narcotráfico hacia las iniciativas de ‘paz total’ y la campaña electoral de Gustavo Petro. Admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico y del hijo de un contratista que está siendo juzgado por financiar a paramilitares”, decía el documento en contra de Nicolás Petro.
Allí se referían a las conexiones de este con Samuel Santander Lopesierra (“el Hombre Marlboro”), quien fue extraditado a EE. UU. en 2003 por narcotráfico; y con Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, un contratista estatal de la Costa Atlántica investigado por nexos con las autodefensas paramilitares.
Otros campanazos de alerta, mucho más directos, provinieron del propio Donald Trump y algunos miembros de su gabinete. “Líder del narcotráfico”, “matón” y “lunático”, son algunos de los improperios con los que el líder de EE. UU. se ha referido a Petro en el pasado.
La situación también trajo al presente un episodio salido a la luz pública el anterior mes de noviembre, por una fotografía posteada en la galería del sitio web oficial de la Casa Blanca.
Allí se retrataba una reunión de funcionarios en el Despacho Oval, donde James Blair, el subjefe de gabinete de Trump, sostenía una carpeta con documentos. En dichos papeles aparecía un fotomontaje hecho con IA, que mostraba a Petro y Maduro con los uniformes anaranjados de los presos.
¿Quiénes podrían declarar?
Muchos de los casos en el sistema judicial de Estados Unidos se construyen con base en los testimonios de convictos, quienes aspiran a una rebaja de la sentencia por medio de la implementación de la llamada Regla 35, alegando cooperación con la justicia.
Y ante la indagación preliminar en las cortes federales, surge la pregunta de quién podría ser llamado a declarar en contra del jefe de Estado colombiano.
En poder de los estadounidenses están cuatro presuntos integrantes del Cartel de los Soles, la organización criminal con la cual, según la hipótesis no probada del Departamento del Tesoro, Petro habría tenido conexiones: el exdictador Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores; el general (r) Hugo Armando Carvajal Barrios; y el general (r) Clíver Antonio Alcalá Cordones, quien está pagando una condena de 21 años y seis meses por proveer de armas a las Farc.
La reunión de Gustavo Petro con Donald Trump, el 3 de febrero en Washington, fue catalogada como “exitosa”, pero no apagó la desconfianza. FOTO Presidencia
No sería extraño que los agentes de la DEA les consultaran a estas personas si saben alguna información acerca de Petro, a cambio de beneficios legales.
Fuentes judiciales le comentaron a este diario que también hay extraditables colombianos que podrían ser llamados, pues en corrillos carcelarios han manifestado animadversión por el presidente.
Uno de ellos es Andrés Felipe Marín (“Pipe Tuluá”), jefe de la banda “la Inmaculada”, extraditado el mismo día de la cumbre con Trump en Washington, y presentado por Petro como un trofeo de la lucha contra el narcotráfico.
El cabecilla grabó unos audios en los cuales señalaba que habría financiado la campaña presidencial mediante aportes entregados a su hermano Juan Fernando Petro.
“Si estamos hablando de compra de funcionarios, lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, contó “Pipe Tuluá” en uno de los apartes de la grabación, cuyo contenido está en poder de la Fiscalía.
Otros posibles testigos podrían ser Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”), un socio de la organización criminal Clan del Golfo, con injerencia en Antioquia y Cartagena; y Jesús Berdugo Chávez (“Tánatos”), aliado del cartel de Sinaloa, con redes de exportación de cocaína en Nariño y Guayaquil (Ecuador).
Según una indagación preliminar, que no avanza desde hace dos años en la Fiscalía, ambos habrían pagado una suma cercana a los $500 millones para que no los extraditaran y los incluyeran en el proceso de “paz total”, otorgándoles el estatus de gestores de paz; sin embargo, a “Falcon” lo extraditaron en 2022 y lo condenaron a 14 años de prisión, y a “Tánatos” se lo llevaron en 2023.
Estos señalamientos hacen parte del proceso contra Juan Fernando Petro y Danilo Rueda, el primer alto comisionado de paz del Gobierno Petro, quienes en varios escenarios negaron las sindicaciones y se declararon inocentes.
Nacional
La forma que se esta formulando la Ley Laura que prohíbe la reconversión de sexo
La iniciativa, radicada el pasado 26 de agosto como el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se denomina “Ley Laura, Niños No Experimento” y ya se encuentra en trámite.
El Congreso tiene sobre la mesa un proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, radicada el pasado 26 de agosto como el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se denomina “Ley Laura, Niños No Experimento” y ya se encuentra en trámite.
La propuesta pretende establecer que los menores de 18 años no puedan acceder a intervenciones médicas destinadas a modificar características sexuales con el propósito de adecuarlas a una identidad de género distinta del sexo asignado al nacer.
También plantea sanciones para los profesionales de la salud y las instituciones que realicen, ordenen, autoricen o faciliten los procedimientos que quedarían prohibidos. Uno de los tratamientos que quedaría en el centro de esa prohibición son los bloqueadores de pubertad.
Los autores y congresistas que presentaron el proyecto de ley son Andrés Eduardo Forero Molina (senador del Centro Democrático), Luis Miguel López Aristizábal (representante por el Partido Conservador), Carol Borda (representante de Salvación Nacional), David Gerardo Cote Rodríguez (representante del Centro Democrático) y Sara Castellanos (senadora de Salvación Nacional).
Y precisamente sobre su utilización en menores habló el endocrinólogo pediátrico Mario Angulo Mosquera, quien hizo parte del equipo especializado de la Fundación Valle del Lili que atendió este tipo de casos desde finales de 2017.
Según explicó el médico en entrevista con Mañanas Blu, el uso de estos medicamentos no comienza simplemente porque un niño manifieste dudas sobre su identidad de género.
La atención, afirmó, parte de una evaluación en la que intervienen diferentes profesionales y en la que los padres tienen un papel fundamental.
Angulo aseguró que el equipo atendió 114 pacientes desde su creación, una cifra que contrastó con los cerca de 800 pacientes que mensualmente recibe el servicio general de endocrinología pediátrica de la institución.
El especialista explicó que durante la infancia existen menores que exploran diferentes formas de expresión de género y que esas manifestaciones no significan necesariamente que exista una identidad trans. “Hay un porcentaje grande de niños que en su infancia exploran expresiones”, afirmó.
De acuerdo con el endocrinólogo, cuando esas expresiones no son persistentes, el proceso puede mantenerse en un acompañamiento psicológico y familiar.
El equipo que integraba denominaba ese momento como una “fase exploratoria de género”. El escenario cambia, según su explicación, cuando existe una manifestación persistente y el menor comienza la pubertad. Es entonces cuando los bloqueadores pueden entrar en consideración dentro de la valoración médica.
El respaldo del Gobierno al proyecto quedó explícito este martes. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Ejecutivo acompaña la iniciativa y anticipó que trabajará para sacarla adelante. “Compartimos plenamente su espíritu y su contenido. El Gobierno lo apoyará con determinación”, afirmó.
Hasta entonces, aunque existía una coincidencia pública entre el presidente y sectores de las iglesias cristianas y católicas que han defendido el proyecto, el respaldo de De la Espriella a esta agenda legislativa no había quedado expresamente planteado.
El pronunciamiento llegó después de que el senador Andrés Forero, del Centro Democrático y uno de los congresistas que impulsa la iniciativa, le recordara al mandatario que el Congreso ya había presentado el proyecto.
“Presidente, junto con varios congresistas ya presentamos un proyecto de ley”, le respondió Forero. Y agregó: “Esperamos contar con el apoyo del Gobierno”.
El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, también respaldó la iniciativa y dijo defender “las válidas preocupaciones del Presidente De la Espriella”.
Desde las organizaciones que defienden los derechos de las personas trans, la lectura es completamente distinta. Lina Quevedo, activista por los derechos de esta población, dijo en diálogo con El País América que la iniciativa, a su juicio, parte de afirmaciones que no corresponden con la atención médica que reciben actualmente los menores trans en Colombia.
“Quedó muy claro el espaldarazo”, sostuvo Quevedo. La activista cuestionó particularmente las afirmaciones sobre cirugías, mutilaciones y esterilizaciones químicas en menores.
Según explicó, en Colombia no se realizan cirugías de cambio de sexo, mutilaciones ni esterilizaciones químicas a menores de edad, como sostienen quienes promueven el proyecto.
Quevedo señaló que la atención existente comprende acompañamiento psicosocial para niños y adolescentes que se identifican como trans y, en determinados casos, el uso de bloqueadores de pubertad bajo supervisión médica.
Estos medicamentos, recordó, también se utilizan en pacientes con pubertad precoz y tienen como finalidad retrasar temporalmente el desarrollo puberal.
Para la activista, el problema del proyecto va más allá de la discusión sobre los tratamientos. “Ese proyecto no solo es contra las infancias y adolescencias trans, sino que es contra la autonomía médica, es la politización de la medicina”, afirmó.
El debate legislativo coincidió con la difusión del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, del mexicano Samuel Adrián, producción que cuestiona los tratamientos de afirmación de género para menores y que puso en circulación la afirmación de que el 78 % de los procedimientos de reafirmación de género en Colombia se practican en niños menores de siete años.
Angulo apareció mencionado en esa producción a partir de una grabación que, según denunció, fue utilizada sin su consentimiento.
El endocrinólogo alegó una vulneración de sus derechos a la honra y al buen nombre y pidió retirar los clips, referencias e imágenes en los que aparece.
La controversia alrededor del documental se trasladó también al ámbito judicial. Adrián fue detenido el domingo pasado 13 de septiembre por la Policía cuando llegó al aeropuerto El Dorado procedente de Panamá, en un procedimiento relacionado con el desacato de una medida judicial.
El procedimiento correspondió a la actuación de las autoridades por el presunto incumplimiento de una orden judicial, no a una captura con orden judicial.
¿Qué son los bloqueadores de pubertad?
Los medicamentos a los que se refiere el proyecto son utilizados para detener temporalmente los cambios físicos propios de la pubertad.
Angulo explicó que no existe una edad única para el inicio de ese proceso biológico. Puede comenzar alrededor de los nueve años, pero cada menor desarrolla la pubertad en un momento diferente.
“Cada niño, cada niña arranca su pubertad en su propio momento”, señaló.
Según el endocrinólogo, cuando los bloqueadores son considerados pertinentes, su propósito es suspender temporalmente esos cambios mientras continúa el proceso de evaluación del menor y su familia.
El médico resumió esa finalidad como una forma de “ganar tiempo” antes de tomar decisiones posteriores. También aseguró que el bloqueo puberal es reversible.
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Según su explicación, al suspender los medicamentos se reanuda el proceso de producción hormonal asociado con la pubertad. “Es un tratamiento completamente reversible”, afirmó.
El especialista diferenció esta intervención de las hormonas cruzadas, que pueden generar cambios permanentes y que, según el protocolo que describió, se consideran en una etapa posterior, habitualmente después de los 16 años.
El proyecto también incluye las cirugías
La iniciativa que estudia el Congreso tiene un alcance mayor al de los bloqueadores. El texto propone prohibir también determinados tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.
Sobre este último punto, Angulo fue enfático al explicar el funcionamiento del equipo médico que integró. “No se realiza ningún procedimiento quirúrgico”, afirmó. También señaló que los menores no llegan solos a este tipo de consultas y que los padres tienen un papel central en las decisiones.
El tratamiento, agregó, no depende exclusivamente de un endocrinólogo, sino de un equipo multidisciplinario que puede involucrar profesionales de endocrinología, psicología y acompañamiento familiar.
Este punto hace parte del debate que pretende abordar el proyecto: sus autores sostienen que, debido a los posibles efectos físicos y psicológicos y a las dudas que, según ellos, persisten sobre los efectos a largo plazo de algunas intervenciones, debe aplicarse el principio de precaución y prohibirse su utilización en menores.
El caso que da nombre al proyecto de ley
La iniciativa toma su nombre “Ley Laura, Niños No Experimento” por el caso de una joven cuyo proceso de transición médica durante la adolescencia aparece en la exposición de motivos como uno de los argumentos para impulsar la prohibición.
Según el documento presentado ante el Congreso, Laura acudió a la Fundación Valle del Lili cuando tenía 15 años y posteriormente recibió tratamiento con testosterona y bloqueadores de pubertad.
A los 17 años, de acuerdo con el relato incorporado al proyecto de ley, se sometió a una cirugía de masculinización torácica. Posteriormente decidió no transicionar y llevó su caso ante la justicia.
Su experiencia es utilizada por los autores del proyecto para plantear cuestionamientos relacionados con el consentimiento informado, la valoración de los riesgos y la capacidad de los menores para comprender las consecuencias de determinadas intervenciones médicas.
La propuesta también cita como antecedente internacional el caso de Keira Bell, en Reino Unido, y la denominada Cass Review, una investigación independiente sobre la atención de niños y adolescentes con incongruencia o disforia de género.
¿Qué tendría que pasar para que la prohibición sea ley?
El Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado apenas inició su trámite y tiene que someterse a debates en ambas cámaras.
La iniciativa contempla excepciones para intervenciones médicas relacionadas con condiciones que afectan el desarrollo sexual y que no tengan como finalidad una afirmación de género, entre ellas determinados casos de pubertad precoz y algunas alteraciones congénitas, genéticas o cromosómicas.
También propone sanciones para los profesionales que incumplan la eventual prohibición. El proyecto plantea que estas conductas puedan constituir faltas graves frente a la ética médica y contempla medidas administrativas para las instituciones de salud.
Por ahora, el punto central de la discusión es si los menores deben poder acceder, bajo determinados criterios médicos y con acompañamiento familiar y multidisciplinario, a tratamientos como los bloqueadores de pubertad, o si estas intervenciones deben quedar prohibidas hasta los 18 años, como propone la iniciativa.
El testimonio de Angulo introduce en esa discusión cómo se aplicaba uno de esos protocolos en la práctica: evaluación antes del tratamiento, participación de la familia, intervención de un equipo multidisciplinario y bloqueadores únicamente cuando el menor había llegado a la pubertad y el equipo consideraba pertinente su utilización, según explicó el endocrinólogo.
Nacional
Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a los mejores
De esa necesidad nace una celebración que busca convertirse en una tradición: los Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a hombres, mujeres, organizaciones y talentos.
San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Colombia y el mundo tienen una manera particular de contar sus historias. Aquí, donde el mar parece llevar y traer las noticias con la misma naturalidad con la que lleva los sueños de una generación a otra, también hay historias que merecen detenerse, ser escuchadas y, sobre todo, ser reconocidas.
De esa necesidad nace una celebración que busca convertirse en una tradición: los Premios Radio Seaflower a la Excelencia, un reconocimiento a hombres, mujeres, organizaciones y talentos que, desde distintos escenarios, han contribuido a construir el presente y el futuro del Archipiélago.
No se trata solamente de una estatuilla, una fotografía o una noche de gala. Detrás de cada reconocimiento hay años de trabajo, sacrificios, sueños y una historia personal que se conecta con una historia colectiva: la de unas islas que, pese a sus dificultades, siguen produciendo talento, creatividad, liderazgo y esperanza.
Porque la excelencia rara vez se construye en soledad.
Cada ganador recibe un galardón luego de elaborar una historia diferente.. Algunos lo hicieron después de años de esfuerzo profesional; otros, desde el mundo de la cultura, el deporte, la educación, el emprendimiento o el servicio a la comunidad. Pero todos compartieron algo: haber dejado una huella.
Y esa huella es precisamente la que Radio Seaflower quiso poner en primer plano.
Es reconocer a quienes mantienen vivas las tradiciones, a quienes defienden la cultura raizal, a quienes educan a las nuevas generaciones, a quienes emprenden, crean, investigan, comunican, compiten y trabajan diariamente para que San Andrés, Providencia y Santa Catalina tengan un lugar cada vez más visible en Colombia y en el Caribe.
Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia son, en ese sentido, una que muchas veces no aparece en los titulares.
Una fotografía de personas que trabajan lejos del ruido, pero cuyos resultados terminan hablando por ellas.
Los nombres de quienes fueron escogidos para recibir el reconocimiento en las diferentes categorías y que, durante la ceremonia, sintieron que detrás del aplauso había algo mucho más importante: el reconocimiento de su propia gente.
PERSONAJE DEL AÑO-Pastores Ricardo y María Patricia Rodriguez, del Centro Mundial de Avivamiento
De una manera sencilla y entregada a una secreta y ungida relación con el Espiritu Sant o de Dios, esta pareja de pastores ha sabido llegar un ministerio impecale y libre de ataduras con las tentaciones del mundano poder político y económico del país. La gran convocatoria nacional de la reciente marcha por la paz fue la muestra de ello.
EMPRESARIA DEL AÑO-María Fernanda Bertel Puyo, gerente del Centro Comercial Santafé de Medellín
Este lugar donde se congregan las mejores marcas del país se ha convertido en un santuario al cual nuestro medio de comunicación se ha sentido en su casa, la misma casa que han encontrado personas de todo el país.
MEJOR ARTISTA DEL AÑO-Adrián Charry
Este joven artista cristiano ha sabido subir escaleras con la paciencia de Job, siempre preciso y con la dedicación de un artista consagrado hoy se convierte en un referente para las nuevas generaciones de artistas isleños que buscan la consagración.
MEJOR GENERADOR DE CONTENIDO DEL AÑO-Temis Rodríguez Flórez
A través de su cuenta de Irie Films en redes sociales, este joven productor audiovisual isleño envía el mensaje correcto con sustento sobre la conciencia ambiental y la fragilidad del ecosistema de San Andrés, el destino turístico más apetecido y codiciado en Colombia.
MEJOR EMPRENDEDORA DEL AÑO-Diana Camila Girón Africano
Graduada en publicidad, se atrevió a reunir a un grupo de mujeres para poder trabajar en el impuso para la creación de un emprendimiento como la agencia Táctica y hoy es ejemplo para las mujeres jóvenes de San Andrés.
MEJOR LIDEREZA JUVENIL DEL AÑO-Ashly Fontalvo Manuel
Desde niña ha estado vinculada al tema de los procesos comunitarios y comunales y hoy esta comunicadora social y periodista se constituye en el futuro del liderazgo comunitario en San Andrés y Colombia.
MEJOR ANALISTA POLITICA DEL AÑO-Karol Solis Menco
Nacida en Barranquilla y recientemente receptora de un doctorado en ciencias políticas en Estados Unidos, esta intrépida mujer costeña hoy es considerada como uno de los mas finos regalos que nos ha otorgado el algoritmo en redes sociales. Segura, precisa, contundente y conciliadora en sus comentarios, hoy Karol se prepara dará dar el siguiente paso en su carrera y es la obtención de un asiento en el controvertido mesón del poder político en Colombia.
Cada nombre representó una historia. Cada aplauso, un agradecimiento. Y cada premio, la confirmación de que en las islas hay mucho más talento del que a veces alcanza a conocer el resto del país.
Más que un premio
En una época en la que las noticias suelen concentrarse en los problemas, reconocer lo bueno también es una forma de hacer periodismo.
Radio Seaflower decidió mirar hacia ese otro lado: hacia las historias que inspiran, hacia quienes construyen, hacia quienes no se rinden y hacia quienes entienden que servir a su comunidad también es una manera de dejar legado.
Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia nacen así con una misión que va más allá de una ceremonia: visibilizar a quienes hacen grande al Archipiélago.
Porque San Andrés no es solamente sus playas, sus arrecifes, su música o sus paisajes.
San Andrés también son sus mujeres y sus hombres.
Son sus maestros.
Sus artistas.
Sus deportistas.
Sus emprendedores.
Sus líderes.
Sus trabajadores.
Sus jóvenes.
Sus mayores.
Son todos aquellos que, desde su propio lugar, aportan para que estas islas sigan avanzando.
Una celebración que apenas comienza
Cuando las luces se apagaron y los aplausos comenzaron a quedar atrás, permaneció algo más importante: la sensación de haber compartido una noche dedicada a celebrar lo que somos.
Los Premios Radio Seaflower a la Excelencia no solamente reconocen a quienes ganaron. Reconocen aquello que las islas pueden llegar a ser.
Nacional
Luego de la confesión de Juliana Guerrero por fraude vienen mas casos similares
En su momento, la congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José y hasta identificó 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario.
La condena a tres años de prisión (excarcelables) contra Juliana Guerrero es apenas una de las consecuencias que trajo lo que sería una “fábrica” de títulos exprés en la Fundación Universitaria San José. La joven aceptó los cargos por el delito de fraude procesal, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoció que había falsificado títulos para poder aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro.
Aun con el golpe que significa esta condena para Petro, quien la apoyó incondicionalmente y hasta quiso desestimar el escándalo, Guerrero no es la única que intentó defraudar a la administración pública con diplomas de mentiras.
En su momento, la congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José y hasta identificó 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos rápidos sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.
Ante esto, el Ministerio de Educación aseguró que a la fecha hay una investigación administrativa sancionatoria en curso contra esa institución “sobre la cual se emitió un nuevo auto de pruebas el 20 de agosto”. La cartera agregó que continuará con las actuaciones en ese sentido.
En cuanto al proceso y lo que puede derivarse del mismo, dijo que “el ministerio está adelantando, a partir de sus funciones de inspección y vigilancia, un proceso administrativo que todavía no ha llegado a una decisión. Ya se tomaron medidas preventivas frente a la San José, pero la investigación continúa”.
Agregó que es incierto cuándo pueden conocerse las decisiones y cuáles serán sus consecuencias. “La cuestión ahora es cuándo va a salir esa decisión y cuál será su efecto. Dentro de los posibles efectos está remover a toda la junta, intervenir formalmente la institución, adoptar un plan de mejoramiento o incluso cerrarla”, aseguró.
A su vez, señaló que “dentro de las medidas que puede adoptar el Ministerio existen esas posibilidades. Hay varios escenarios después de la intervención administrativa”. Finalmente, con respecto a cómo se ponderan esos escenarios al momento de tomar una decisión, dijo que “depende de qué tantas faltas o qué tantos elementos encuentre el Ministerio durante la investigación”.
Cabe recordar que de la Fundación Universitaria San José también fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general y estuvo relacionado con la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que figuraban a nombre de la joven y que eran falsos.
Entre los casos señalados por la representante figura el de Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN al momento de la denuncia. Según la investigación, habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. “Es como si fuese un delito estudiar. Estos señalamientos buscan réditos políticos”, respondió.
Otra denuncia involucró a Nelfy Melo Morales, entonces secretaria privada de Petro, conocida como Nelfita. La funcionaria habría obtenido tres títulos académicos en año y medio. Melo Morales expresó que “cumplí de manera estricta las indicaciones de la universidad y nunca presioné ni gestioné de forma indebida mi proceso de grado”.
La lista también la integran el representante legal de esa institución, Francisco Pareja, quien habría obtenido dos títulos ilegales firmados por su esposa y sin haber presentado Saber TyT ni Saber Pro, según denunció la hoy senadora Jennifer Pedraza.
La misma congresista reveló que la exsenadora Sandra Ramírez (Comunes) haría obetnido un título irregular como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Según Pedraza, “la San José no tiene permiso para ofrecer esta especialización, que solo está autorizada para la Universidad Reformada y de forma presencial”. La firmante de paz defendió su título como “legítimo” y que presentó el Saber TyT en su pregrado.
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