El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó reforzar la seguridad de Caracol TV, Caracol Radio, RCN y SEMANA, tras las alertas de inteligencia sobre “posibles atentados terroristas del ELN” contra las instalaciones de estos medios de comunicación.

El pronunciamiento lo hizo en la mañana de este 8 de noviembre, luego de la evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión, en Bogotá, por una amenaza de bomba registrada ayer en la noche (7 de noviembre). Aunque durante la inspección no se encontraron explosivos, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante la información recibida.

A través de X, De la Espriella aseguró que impartió instrucciones para que los organismos del Estado concentren sus capacidades en proteger a los medios, sus periodistas, trabajadores y familiares: “¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!”.

Y advirtió que su Gobierno no permitirá que las amenazas de grupos armados afecten el ejercicio periodístico: “La libertad de prensa es sagrada y se respeta. Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, afirmó.

En otro apartado de su mensaje, De la Espriella sostuvo que el Estado mantendrá su autoridad frente a las amenazas y manifestó su respaldo a los periodistas del país: “¡AQUÍ NO GOBIERNA EL TERRORISMO! ¡AQUÍ IMPERA LA LEY Y LA AUTORIDAD DEL ESTADO!”, agregó: “Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos”, concluyó.

Alcaldía de Bogotá activó organismos de inteligencia tras amenazas contra medios de comunicación

La Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, compartió información de seguridad con medios de comunicación y con el Gobierno Distrital. Ante esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó, por medio de la Secretaría de Seguridad, la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el propósito de que los organismos de inteligencia y seguridad analizaran la información. La Policía Metropolitana de Bogotá también adoptó medidas preventivas relacionadas con la alerta.

Por otro lado, desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó su solidaridad con los periodistas, trabajadores y familiares de Caracol Televisión y Caracol Radio: “La gente no puede vivir con miedo”, escribió en X, en la que también pidió enfrentar a los grupos terroristas: “Los terroristas nunca triunfarán. Hay que derrotarlos, es ahora o nunca. Sabemos quiénes son sus amigos y aliados. Quieren volver al poder. Hay que impedirlo”.

Gutiérrez también cuestionó la política de Paz Total del Gobierno anterior y afirmó: “Durante los cuatro años de la mal llamada ‘Paz Total’, los grupos armados ilegales crecieron un 90%. Pasaron de 15.000 a casi 29.000 integrantes”.

Finalmente, se refirió a la Ley de Sometimiento a la Justicia sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella: “A muy buena hora el presidente @ABDELAESPRIELLA sancionó la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia. Cero reconocimiento político e impunidad. Se les acabó la guachafita. En Colombia los que tienen que sentir miedo son los criminales, no los ciudadanos”.

Caracol Radio alertó sobre posibles atentados

Caracol Radio, en la noche del 7 de noviembre, había confirmado que recibió información de las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación. La cadena radial informó que, tras conocer la alerta, activó los protocolos de seguridad para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes:

“En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes”, señaló la empresa.

En su pronunciamiento, la emisora también advirtió que garantizar la seguridad de quienes trabajan en los medios es indispensable para el ejercicio periodístico y la democracia: “Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”, concluyó.

También, la evacuación de Caracol Televisión se produjo durante la emisión del noticiero de las siete de la noche. Personas vinculadas con el canal le contaron a este medio que el jefe de emisión salió corriendo y pidió a todos los que estaban en el edificio que hicieran lo mismo.

Cerca de las 9:30 p. m., Caracol Televisión confirmó en sus redes sociales que había recibido información de las autoridades sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal y que había adoptado medidas para proteger a su personal y sus instalaciones.

Durante casi cuatro horas se extendió este jueves la diligencia de Deyci Jiménez ante la Corte Suprema de Justicia, donde la contratista ratificó la existencia de una supuesta red de contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales hacia el expresidente Gustavo Petro.

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La declaración se rindió ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien recibió a los abogados de las partes y los elementos de prueba que aportaron.

Según reveló Noticias Caracol, Jiménez guardó silencio frente a varias de las preguntas que le formularon tanto la Corte como la defensa de Petro. Entre ellas, no respondió sobre la compra de droga para el exmandatario. Lo que sí hizo fue comprometerse a entregar su celular, que será inspeccionado por la Policía Judicial.

¿Qué dijo el abogado de Deyci Jiménez?

Sin aportar detalles para no entorpecer las investigaciones, el abogado de la joven, Felipe Caballero, aseguró que Jiménez seguirá declarando cada vez que sea llamada, pese a las amenazas en su contra, y señaló que ella también ha hablado de una superintendente.

También anticipó que en el caso podrían aparecer otros funcionarios o exfuncionarios con fuero constitucional, aunque no precisó sus identidades. “Sé que hay otros nombres que el país va a ir conociendo y yo estoy completamente seguro de que no van a ser solo 40 casos, sino que más mujeres se van a envalentonar porque cuando la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección brinden todas las garantías, yo estoy seguro de que vamos a conocer un escándalo más grande desde que ya se conoce”, dijo a medios.

La defensa aseguró que le pidieron al magistrado que verificara si la joven se encontraba en condiciones para hablar “ante la presión que ha recibido”. Indicó que “ella fue valiente y dijo que sí. Respondió las preguntas del magistrado, del abogado defensor”.

Sobre el celular, el abogado señaló que se fijará la fecha en la que se hará efectiva la entrega de esa prueba. “Ha anunciado que aportará otros elementos materiales de prueba”, dijo Caballero.

¿Qué responde la defensa de Petro y Pizarro?

Del otro lado, Alejandro Carranza, defensor de Petro y de la exsenadora María José Pizarro, negó el intercambio de contratos por favores sexuales. “Vamos a demostrar la inocencia del expresidente Petro. Vamos a demostrar la equivocación profunda, el montaje que se está orquestando”, afirmó.

Carranza aseguró que emprendió una acción judicial contra Jiménez por, presuntamente, aportar documentos falsos para su contratación. Se trata de una certificación de HispanTV, que señala que Jiménez estuvo vinculada al canal como productora audiovisual independiente.

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Sin embargo, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que ese canal emitió un comunicado en el que asegura que no expidió, autorizó ni avaló el certificado fechado el 15 de junio de 2021 que usó Jiménez como experiencia laboral para obtener sus contratos con el Estado.

El apoderado de la joven, Felipe Caballero, señaló que hay una estrategia de la defensa: primero, al calificar los hechos de montaje; segundo, al buscar a su familia para poner sobre ella una presión para que no declare; tercero, denunciarla por un hecho “menor”.

Entre tanto, Carranza también dijo que el director del Dapre, Andrés Ríos, supuestamente estaría interrogando a mujeres que trabajaron en la administración Petro para que declaren en contra del expresidente.

A su juicio, con estos nuevos testimonios se está estigmatizando a varias de las trabajadoras del gobierno Petro “como si todas fueran mujeres que prestan servicios sexuales, y no mujeres que salen adelante”.

Las denuncias de Deicy Jiménez contra Petro y Pizarro

Jiménez ha asegurado que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente obtuvo contratos con entidades estatales. Afirma que habría existido un intercambio de favores sexuales por oportunidades laborales y contratos públicos. También señaló que Pizarro habría conocido las circunstancias de su vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

Entre los contratos mencionados está uno por cerca de $34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, que en ese momento ocupaba Pizarro. Los registros contractuales también dan cuenta de vinculaciones de Jiménez con el Senado y otras entidades estatales.

La Sala de Instrucción admitió para estudio una denuncia contra Petro y Pizarro y deberá evaluar los elementos disponibles para determinar si hay méritos para adoptar nuevas decisiones.

Ya fue aprobada la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República y sancionada este miércoles en la noche por el presidente Abelardo de la Espriella.

Esta norma fue una de las principales promesas de Abelardo de la Espriella, quien ha planteado una política de mano dura para combatir a los grupos ilegales, en contraposición al modelo de Gustavo Petro y su fallida apuesta de “paz total”.

La nueva ley establece condiciones más estrictas para quienes pretendan someterse a la justicia, sin mesas de negociación política, sin gestores de paz y sin las suspensión automática de órdenes de captura o extradiciones.

La aprobación de la propuesta supone un cambio en el marco jurídico para enfrentar a estructuras criminales. El debate ahora estará en su aplicación y en si las reglas logran traducirse en resultados frente a la violencia y el control territorial de los grupos.

”Se acaban las mesas de negociación, se acaban los gestores de paz. Aquí no les suspenderán la orden de captura ni la extradición a nadie”, afirmó el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien destacó las disposiciones para impedir que los responsables del reclutamiento de menores accedan a los beneficios contemplados en la norma.

La ley estipula un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de organizaciones criminales que se sometan a la justicia y cumplan las condiciones establecidas.

Aun así, solo habrá acuerdo de sometimiento a la justicia ordinaria, no se crearán tribunales particulares para resolver la situación jurídica de los desmovilizados.

Esta norma se aplicará de la misma manera a las guerrillas y a otras estructuras de crimen organizado, sin un trato diferenciado; en el pasado se les proporcionaba un tratamiento legal distinto a los grupos de origen rebelde, como el ELN y las Farc.

Una de las innovaciones es que el proceso de acercamiento y desarme no será eterno: durará máximo tres meses, prorrogables solo una vez, y estará a cargo del Ministerio de Justicia. Antes, las conversaciones podían prolongarse durante años, y estaban en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Los beneficios que contempla la Ley de Sometimiento están sujetos a compromisos como la entrega de armas, bienes ilícitos, información y colaboración con las autoridades.

El grupo que quiera someterse debe presentar la lista de integrantes y financiadores, bienes, secuestrados, menores reclutados y campos minados, así como datos sobre sus actividades de narcotráfico.

Los cabecillas que cumplan los requisitos, podrán aspirar a una rebaja de máximo 30% de la pena, siempre y cuando no sea inferior a 10 años. Si reclutaron menores de edad, la rebaja será solo de 10%.

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A los integrantes rasos de los grupos sometidos, en cambio, se les ofrecerá rebaja de hasta el 50% de la pena, si cumplen con sus compromisos. Si reclutaron menores, será del 30%

Los integrantes rasos podrán obtener libertad condicional al cumplir cuatro quintas partes de la pena (4/5); y si cooperan con información estratégica para la justicia, con las dos quintas partes (2/5).

Los financiadores y testaferros de la organización tendrán una pena mínima de 6 años, con derechos a suspensión de la misma si cumplen todos los compromisos.

Entre las innovaciones también vale la pena destacar que las víctimas tienen la posibilidad de vetar las suspensiones de la pena y las libertadores condicionales, en caso de que no sean resueltas sus demandas.

No se frenan las capturas Otro de los puntos a resaltar es que acogerse al procedimiento no significará que se suspendan las órdenes de captura o los procesos de extradición, como sucedía con los gestores y negociadores de paz en el Gobierno Petro.

La diferencia es relevante, porque el sometimiento no supone una garantía automática de libertad ni una protección frente a las actuaciones de las autoridades judiciales.

Este fue uno de los asuntos más sensibles durante la discusión legislativa, por las controversias alrededor de los beneficios penales y el tratamiento que recibirían los responsables de estas conductas.

El alcance de la ley no se medirá por la eliminación de las mesas de negociación o de los gestores de paz, sino por su capacidad para conseguir que los grupos ilegales aban- donen sus actividades, colaboren con la justicia y permitan avanzar en la reparación de víctimas.

Ese será el principal desafío para el Gobierno: convertir el nuevo marco jurídico en resultados concretos en los territorios.

La ley establece condiciones e incentivos penales, pero su efectividad dependerá de la capacidad institucional para verificar los compromisos y evitar que las organizaciones utilicen el mecanismo para reorganizarse o mantener sus economías ilegales.

Discusión con la JEP

El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, por sus cuestionamientos a la Ley de Sometimiento, luego de que señalara similitudes entre esa iniciativa y el modelo de justicia transicional de esa jurisdicción.

“Yo escuché el otro día al doctor Ramelli decir que esta ley era más parecida (a la JEP), y nada tiene de parecido. Esta ley es rigurosa, es de verdad al servicio de la ciudadanía, del pueblo”, afirmó.

Y añadió que “la niñez es una de las prioridades de este Gobierno y, obviamente, la niñez en el conflicto o en la operación de grupos terroristas al margen de la ley ha sido víctima. De tal manera que la víctima está en el centro de la ley de sometimiento”. Durante sus declaraciones del 26 de octubre, el magistrado señaló que le llamaba la atención encontrar en el proyecto mecanismos que ya aplica la JEP, como la búsqueda de desaparecidos, labores de reparación a víctimas y participación en programas restaurativos.

La fallida política de paz total

En el gobierno de Gustavo Petro se instauró la política de “paz total” con la Ley 2272 de 2022, que lo facultó para sostener diálogos con toda clase de grupo armado, desde guerrillas hasta bandas urbanas.

Se instalaron 12 mesas de conversación y en las más avanzadas se acordaron treguas y zonas de ubicación temporal de combatientes; pero ninguna llegó a feliz término.

Los grupos ilegales aprovecharon las gabelas para fortalecerse económica y territorialmente.

La política de paz se destiñó cuando salieron a la luz supuestos acuerdos bajo la mesa para despedir a oficiales de la Fuerza Pública y bloquear las investigaciones judiciales a cambio de votos.