San Andrés enfrenta nuevamente el debate sobre la confiabilidad de su sistema de generación eléctrica. Durante las últimas semanas, las interrupciones del servicio han generado preocupación entre usuarios, comerciantes y sectores de la comunidad, en medio de una contingencia que afectó uno de los principales equipos de generación de la isla.

La situación tiene como uno de sus principales protagonistas al generador Miller Blackstone 2, ubicado en la central de generación de Punta Evans. De acuerdo con la información entregada por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia, SOPESA, la contingencia registrada el pasado 21 de julio de 2026 produjo una disminución temporal de la capacidad de generación disponible.

La reducción de esa capacidad coincidió con otro proceso técnico de importancia: la unidad MAN Diésel 2 se encontraba en un mantenimiento mayor tipo overhaul, intervención programada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La combinación de ambos escenarios dejó al sistema con menor margen de respuesta frente a los momentos de mayor demanda.

Una falla que terminó afectando a los usuarios

La gerente de SOPESA, Jackeline Llanos, explicó que la contingencia presentada en el generador no era un evento que pudiera anticiparse dentro de la operación normal del sistema.

Según la empresa, San Andrés cuenta con 11 unidades de generación y la capacidad instalada está diseñada para atender la totalidad de los usuarios del departamento. Sin embargo, cuando una unidad sale de servicio y otra se encuentra en mantenimiento, el margen disponible para enfrentar incrementos de demanda o nuevas contingencias se reduce considerablemente.

Ese escenario fue el que terminó reflejándose en las interrupciones del servicio que experimentaron distintos sectores de la isla.

Para una comunidad que depende prácticamente de manera permanente de la energía eléctrica para sus hogares, hoteles, restaurantes, comercios, instituciones y servicios esenciales, cada interrupción representa mucho más que la ausencia temporal de electricidad.

También significa equipos que dejan de funcionar, alimentos que pueden perderse por falta de refrigeración, dificultades para trabajar y estudiar, afectaciones al comercio y, en algunos casos, preocupación por posibles daños en electrodomésticos.

El mantenimiento de la MAN 2

Mientras se atendía la contingencia del Miller Blackstone 2, SOPESA adelantaba el mantenimiento mayor de la unidad MAN Diésel 2.

La empresa explicó que este tipo de intervención hace parte de los procesos de mantenimiento recomendados por los fabricantes y que los trabajos preventivos y correctivos buscan precisamente conservar la confiabilidad de los equipos de generación.

El cronograma informado por SOPESA contemplaba el regreso de la unidad afectada a una operación normal y continua alrededor del 11 y 12 de agosto, con el propósito de recuperar capacidad de generación y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico de la isla.

La recuperación de esta unidad era considerada fundamental para aumentar nuevamente el margen disponible y mejorar la estabilidad del servicio.

La molestia de los usuarios

Los cortes también generaron una creciente reacción ciudadana. Las interrupciones fueron objeto de cuestionamientos y comentarios en redes sociales y otros espacios de participación, mientras algunos usuarios reclamaron mayor información y respuestas oportunas frente a lo que estaba ocurriendo.

Precisamente, uno de los aspectos que quedó sobre la mesa fue la necesidad de que la comunidad conozca con mayor claridad qué ocurre con el sistema de generación cuando se presenta una contingencia y cuáles son las medidas adoptadas para evitar que una falla termine convirtiéndose en una cadena de interrupciones.

La situación también ocurre en un contexto más amplio de preocupación por el servicio de energía en el Archipiélago. En junio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que adelantaría una auditoría al sistema de atención al usuario de SOPESA, después de escuchar las inquietudes planteadas por comunidades raizales de San Andrés.

¿Y qué pasa si un electrodoméstico resulta afectado?

Uno de los principales interrogantes de los usuarios después de los cortes es qué ocurre cuando un electrodoméstico sufre daños asociados a una interrupción o alteración del servicio.

SOPESA ha señalado que existen mecanismos para presentar reclamaciones por este tipo de situaciones. La empresa solicita información como la fecha y hora del evento, descripción del equipo afectado, marca, referencia, modelo y registro fotográfico, entre otros documentos. Posteriormente se realiza una evaluación técnica para determinar si procede el reconocimiento del daño.

Esto significa que los usuarios que consideren haber sufrido daños no necesariamente deben asumir automáticamente la pérdida del equipo, sino que pueden presentar formalmente su reclamación ante la empresa.

Un problema que va más allá de una máquina

Aunque la contingencia del Miller Blackstone 2 explica buena parte de las interrupciones recientes, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué tan preparado está el sistema eléctrico de San Andrés para responder cuando uno de sus principales equipos queda fuera de servicio?

La respuesta no depende únicamente de reparar una máquina.

También involucra mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos, capacidad de respaldo, planificación de la generación, crecimiento de la demanda y alternativas que permitan reducir la dependencia de los combustibles tradicionales.

SOPESA ha señalado que dentro de sus obligaciones contempla proyectos relacionados con energías renovables. Entre ellos se encuentra la planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, que ya está en operación y busca utilizar parte de los residuos generados en la isla para producir energía.

San Andrés necesita certezas

La crisis reciente deja una enseñanza clara: en un territorio insular como San Andrés, donde no existe una conexión eléctrica con el continente, la generación local es un asunto estratégico.

Una falla técnica puede tener repercusiones inmediatas sobre miles de personas y sobre sectores fundamentales de la economía insular.

Por eso, más allá de determinar qué ocurrió con una máquina específica, el desafío está en garantizar que el sistema tenga suficiente capacidad de respaldo para que el daño de una unidad no termine convirtiéndose en interrupciones repetitivas para la población.

La comunidad espera ahora que, con la recuperación de las unidades intervenidas, el servicio pueda estabilizarse y que las lecciones de esta contingencia permitan fortalecer la infraestructura eléctrica del Archipiélago.

Porque para San Andrés la energía no es simplemente un servicio público. Es una condición indispensable para que la isla pueda funcionar.

En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.

En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
2. Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
3. La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
4. Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.

Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.

5. Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.

La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.

En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.

La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.

La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría el “Libro de la Verdad” en el que presenta una serie de denuncias sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro. El mandatario se acompañó de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

El segundo al mando aseguró que en este libro se exponen nueve comportamientos “asociados a prácticas que pueden fomentar la corrupción, documentados en 82 casos que hoy presentamos al país en el Libro de la Verdad”.

El evento realizado en la Universidad del Externado tuvo como fin la exposición de algunos de estos casos y se ratificó la coordinación que tendrán desde el Ejecutivo con los órganos de control y el Ministerio Público. “Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo el presidente.

En el libro, publicado por la revista Semana y luego reproducido por otros medios, que consta de 135 páginas, hay un punto que se titula “Hallazgos en materia de corrupción y balance de acciones frente a estas situaciones – Equipo Élite Anticorrupción”.

“Desde que fui designado por el Presidente de la República como director del Empalme Anticorrupción, iniciamos un trabajo riguroso con más de 1.200 profesionales voluntarios que asumieron uno de los mayores desafíos de este Gobierno: realizar un inventario y un análisis forense de las condiciones en las que recibimos el Estado”, dijo Restrepo respecto a ese equipo anticorrupción al que se hace referencia en el libro.

En ese tercer capítulo se explica que el objetivo era “identificar oportunamente estas situaciones, analizar la información disponible y, cuando los hallazgos así lo justificaron, activar los mecanismos institucionales de control mediante solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales o actuaciones judiciales”.

Además, se lee que en algunas de esas ocasiones esas investigaciones “produjeron resultados inmediatos, como la suspensión de procesos contractuales o actos administrativos, la apertura de investigaciones previa solicitud nuestra y la adopción de medidas preventivas”. Y también, “poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que requerían una evaluación más profunda para determinar la eventual existencia de responsabilidades”.

está relacionado con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta. Según el libro del nuevo gobierno las irregularidades están en el proceso de contratación para construir una planta desalinizadora en Santa Marta, por cerca de COP 786.000 millones.

En el proyecto, cuyos documentos iniciales fueron publicados el 18 y 19 de junio de 2026, se asegura que “se encontraron posibles cambios frente al proyecto inicialmente aprobado, inquietudes sobre la deficiencia de los estudios previos y de mercado, asuntos técnicos que quedaban bajo definición del futuro contratista y el aparente desconocimiento del CONPES que servía de derrotero para el proyecto”.

En este libro dice que, tras revisar la documentación, el 25 de julio el Equipo Élite solicitó a la Procuraduría medidas preventivas sobre el proceso. Cuatro días después, el 29 de julio, el Ministerio Público pidió suspender provisionalmente la contratación para evaluar sus condiciones técnicas, jurídicas y financieras.

El segundo caso tiene que ver con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), específicamente con la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026. “Mediante esta decisión se declararon hábiles los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026 (sábados, domingos y festivos) para adelantar actuaciones precontractuales, contractuales, administrativas y presupuestales, sin reconocimiento de horas extras, en un momento en el que el Gobierno se encontraba próximo a finalizar su período”, se lee en el texto.

En ese sentido, el nuevo gobierno expresa que el 9 de julio de 2026 se presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo en cuestión. El 28 de julio de 2026, “el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos de la resolución al considerar que la habilitación extraordinaria de esos días podía tener efectos sobre el desarrollo de los procesos de contratación”.

Reforma Agraria

En el libro se expresa que se le estaba haciendo seguimiento a la implementación de la reforma agraria del gobierno Petro con “especial atención”. De esta manera, aseguran que había algunas complicaciones con el mecanismo utilizado para la adquisición de predios destinados al Fondo de Tierras y a la forma como se estaban realizando los desembolsos y las titulaciones de los predios.

El equipo de “empalme anticorrupción” advirtió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó COP 1 billón para adquirir predios, pese a que una parte importante de los pagos se realizó antes de culminar la transferencia y registro de los inmuebles.

De 537 predios analizados, solo tres habían sido debidamente titularizados, según los análisis del equipo designado por De la Espriella. Posteriormente, se presentó denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria, y se resaltó la necesidad de reforzar el seguimiento a la adquisición de tierras con recursos públicos.

Caminos comunitarios para la paz

Respecto a la iniciativa de “Caminos comunitarios de la Paz Total” promovida por la administración Petro, “e identificaron recursos destinados a la intervención de infraestructura por más de COP 612.000 millones, que se comprometieron con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y que derivaron en una ejecución muy baja”, se lee en el texto presentado por De la Espriella y Restrepo.

Además, según ellos, en algunos de los municipios se había girado la totalidad de los recursos “pese a que las obras no registraban avance físico. Por ejemplo, en Antioquia, seis convenios por más de COP 2.289 millones presentaban ejecución presupuestal del cien por ciento, mientras las intervenciones permanecían suspendidas y con avance físico del cero por ciento”. El equipo de De la Espriella interpuso una denuncia penal ante las autoridades.

Unidad Nacional de Protección (UNP)

La contratación de servicios de protección de las zonas 1 y 2 del país “que agrupan territorialmente a diferentes departamentos de Colombia para gestionar trámites, asignaciones operativas, esquemas de protección y desplazamientos”, adelantada por la UNP por más de COP 78.000 millones con el objetivo de “garantizar la prestación del servicio de escoltas para las personas beneficiarias de los esquemas de protección”, fue revisada por el equipo. Y planteó interrogantes sobre la delimitación del objeto contractual y la exclusión de otras zonas estratégicas.