Nacional
De La Espriella presentó el «Libro de la Verdad» con 82 casos de corrupción del gobierno Petro
El evento realizado en la Universidad del Externado tuvo como fin la exposición de algunos de estos casos y se ratificó la coordinación que tendrán desde el Ejecutivo con los órganos de control y el Ministerio Público..
El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría el “Libro de la Verdad” en el que presenta una serie de denuncias sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro. El mandatario se acompañó de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
El segundo al mando aseguró que en este libro se exponen nueve comportamientos “asociados a prácticas que pueden fomentar la corrupción, documentados en 82 casos que hoy presentamos al país en el Libro de la Verdad”.
El evento realizado en la Universidad del Externado tuvo como fin la exposición de algunos de estos casos y se ratificó la coordinación que tendrán desde el Ejecutivo con los órganos de control y el Ministerio Público. “Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo el presidente.
En el libro, publicado por la revista Semana y luego reproducido por otros medios, que consta de 135 páginas, hay un punto que se titula “Hallazgos en materia de corrupción y balance de acciones frente a estas situaciones – Equipo Élite Anticorrupción”.
“Desde que fui designado por el Presidente de la República como director del Empalme Anticorrupción, iniciamos un trabajo riguroso con más de 1.200 profesionales voluntarios que asumieron uno de los mayores desafíos de este Gobierno: realizar un inventario y un análisis forense de las condiciones en las que recibimos el Estado”, dijo Restrepo respecto a ese equipo anticorrupción al que se hace referencia en el libro.
En ese tercer capítulo se explica que el objetivo era “identificar oportunamente estas situaciones, analizar la información disponible y, cuando los hallazgos así lo justificaron, activar los mecanismos institucionales de control mediante solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales o actuaciones judiciales”.
Además, se lee que en algunas de esas ocasiones esas investigaciones “produjeron resultados inmediatos, como la suspensión de procesos contractuales o actos administrativos, la apertura de investigaciones previa solicitud nuestra y la adopción de medidas preventivas”. Y también, “poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que requerían una evaluación más profunda para determinar la eventual existencia de responsabilidades”.
está relacionado con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta. Según el libro del nuevo gobierno las irregularidades están en el proceso de contratación para construir una planta desalinizadora en Santa Marta, por cerca de COP 786.000 millones.
En el proyecto, cuyos documentos iniciales fueron publicados el 18 y 19 de junio de 2026, se asegura que “se encontraron posibles cambios frente al proyecto inicialmente aprobado, inquietudes sobre la deficiencia de los estudios previos y de mercado, asuntos técnicos que quedaban bajo definición del futuro contratista y el aparente desconocimiento del CONPES que servía de derrotero para el proyecto”.
En este libro dice que, tras revisar la documentación, el 25 de julio el Equipo Élite solicitó a la Procuraduría medidas preventivas sobre el proceso. Cuatro días después, el 29 de julio, el Ministerio Público pidió suspender provisionalmente la contratación para evaluar sus condiciones técnicas, jurídicas y financieras.
El segundo caso tiene que ver con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), específicamente con la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026. “Mediante esta decisión se declararon hábiles los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026 (sábados, domingos y festivos) para adelantar actuaciones precontractuales, contractuales, administrativas y presupuestales, sin reconocimiento de horas extras, en un momento en el que el Gobierno se encontraba próximo a finalizar su período”, se lee en el texto.
En ese sentido, el nuevo gobierno expresa que el 9 de julio de 2026 se presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo en cuestión. El 28 de julio de 2026, “el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos de la resolución al considerar que la habilitación extraordinaria de esos días podía tener efectos sobre el desarrollo de los procesos de contratación”.
Reforma Agraria
En el libro se expresa que se le estaba haciendo seguimiento a la implementación de la reforma agraria del gobierno Petro con “especial atención”. De esta manera, aseguran que había algunas complicaciones con el mecanismo utilizado para la adquisición de predios destinados al Fondo de Tierras y a la forma como se estaban realizando los desembolsos y las titulaciones de los predios.
El equipo de “empalme anticorrupción” advirtió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó COP 1 billón para adquirir predios, pese a que una parte importante de los pagos se realizó antes de culminar la transferencia y registro de los inmuebles.
De 537 predios analizados, solo tres habían sido debidamente titularizados, según los análisis del equipo designado por De la Espriella. Posteriormente, se presentó denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria, y se resaltó la necesidad de reforzar el seguimiento a la adquisición de tierras con recursos públicos.
Caminos comunitarios para la paz
Respecto a la iniciativa de “Caminos comunitarios de la Paz Total” promovida por la administración Petro, “e identificaron recursos destinados a la intervención de infraestructura por más de COP 612.000 millones, que se comprometieron con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y que derivaron en una ejecución muy baja”, se lee en el texto presentado por De la Espriella y Restrepo.
Además, según ellos, en algunos de los municipios se había girado la totalidad de los recursos “pese a que las obras no registraban avance físico. Por ejemplo, en Antioquia, seis convenios por más de COP 2.289 millones presentaban ejecución presupuestal del cien por ciento, mientras las intervenciones permanecían suspendidas y con avance físico del cero por ciento”. El equipo de De la Espriella interpuso una denuncia penal ante las autoridades.
Unidad Nacional de Protección (UNP)
La contratación de servicios de protección de las zonas 1 y 2 del país “que agrupan territorialmente a diferentes departamentos de Colombia para gestionar trámites, asignaciones operativas, esquemas de protección y desplazamientos”, adelantada por la UNP por más de COP 78.000 millones con el objetivo de “garantizar la prestación del servicio de escoltas para las personas beneficiarias de los esquemas de protección”, fue revisada por el equipo. Y planteó interrogantes sobre la delimitación del objeto contractual y la exclusión de otras zonas estratégicas.
Nacional
Gobierno anuncia que elimina aparato de información y propaganda en RTVC
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un paquete de medidas para recuperar el carácter público, plural e independiente del Sistema de Medios Públicos de Colombia.
En una reunión extraordinaria realizada ayer sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.
En esa reunión se tomaron las siguientes decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión. De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que representaba aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible destinados a actividades “periodísticas”.
- Revisión inmediata de los contenidos y formatos actualmente al aire. Inravisión debe responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público, y no a intereses particulares o políticos. La entidad será un Sistema de Medios Públicos, no un instrumento político.
- La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, con contenidos que reconozcan la diversidad regional, fortalezcan la identidad nacional, promuevan el conocimiento y garanticen que las distintas voces del país tengan espacio en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.
- Revisión de contratos y convenios. Como parte del proceso de reorganización, Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos actualmente vigentes con ministerios y entidades del orden nacional, relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios. También se revisarán los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los
$100.000 millones. Además, la administración señala que durante los días 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
- Solicitud de acompañamiento a organismos de control. Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad. La revisión incluirá, entre otros aspectos, posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos, así como contratos de mantenimiento y operación de la red, logística y transporte aéreo y terrestre que, según la administración, habrían registrado incrementos superiores al 100 % frente al valor inicial.
La entidad entregará a los organismos competentes la información correspondiente para que sean las autoridades de control las que determinen si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
En la Patria Milagro se vivirá una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos. La transformación anunciada busca que Inravisión concentre sus capacidades en el cumplimiento de su misión pública y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a todos los colombianos.
La administración de la entidad aseguró que el objetivo es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos y en el que la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional recuperen un papel central.
La medida hace parte de un proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026. En paralelo, Inravisión mantiene actualmente una programación especial destinada a acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, como parte de la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia.
Nacional
Fueron 120 segundos de horror en Colombia
La cifra oficial revelada por la entidad especializada a través de una publicación en redes sociales respondió, según ellos, a la interrogante más recurrente de todos los ciudadanos colombianos posterior al evento telúrico: “¿Cuánto duró?”.
Un registro instrumental de entre 90 segundos y dos minutos en las estaciones más cercanas al epicentro fue el balance técnico de tiempo entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) de la duración del fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.
La cifra oficial revelada por la entidad especializada a través de una publicación en redes sociales respondió, según ellos, a la interrogante más recurrente de todos los ciudadanos colombianos posterior al evento telúrico: “¿Cuánto duró?”.
Ante la disparidad de testimonios de la población sobre la percepción del tiempo de la sacudida, la entidad especializada aclaró que la duración de un temblor abarca tres conceptos técnicos importantes e independientes: el tiempo percibido por los habitantes, el tiempo registrado por la instrumentación y la duración exacta del movimiento en la falla de origen.
El reporte técnico del Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló a través de la publicación que los sismómetros monitorean hasta movimientos del suelo imperceptibles para las personas.
Por esta razón, mientras la población puede percibir una sacudida durante contados segundos, las estaciones de monitoreo captan las ondas durante varios minutos. De acuerdo con el SGC, “en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”.
En el evento reportado este lunes en San José del Palmar, la red de monitoreo registró un rango de movimiento significativo que fluctuó entre un minuto y medio y dos minutos en las zonas inmediatas al epicentro, es decir, el resto de lugares afectados.
Respecto a la sensación individual de los ciudadanos —algunos de los cuales afirmaron haber sentido el temblor durante mayor o menor tiempo—, la institución explicó que la percepción no es uniforme. Esta variación depende de la distancia al hipocentro (el punto interior de la Tierra donde inicia la ruptura), la tipología de las edificaciones y las condiciones topográficas y geológicas del suelo.
El tipo de terreno desempeña un rol determinante en la propagación sísmica. En superficies compuestas por rocas rígidas, las ondas tienden a amplificarse en menor medida. Por el contrario, los suelos blandos presentan una tendencia a amplificar las ondas, prolongando el movimiento percibido.
La entidad concluyó que la respuesta a la pregunta “¿cuánto duró el sismo?” depende de si la evaluación se realiza desde la duración percibida por la población, la registrada por los instrumentos de medición o la ocurrida en la fuente sísmica.
De acuerdo con el más reciente balance oficial emitido por las autoridades nacionales, la emergencia deja de manera preliminar 111 personas fallecidas, 87 heridos y más de 100 desaparecidos, con las mayores afectaciones concentradas en los departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.
¿Cuánto tiempo duró el sismo del 10 de agosto en Colombia según el registro oficial?
Las estaciones de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) más cercanas al epicentro en San José del Palmar, Chocó, registraron entre 90 segundos y 2 minutos (de 1:30 a 2:00 minutos) de movimiento significativo.
¿Por qué algunas personas sintieron el temblor más largo o más corto que otras?
La percepción individual de la duración varía según la distancia al hipocentro, el tipo de edificación y las condiciones del suelo donde se encuentre cada persona. Los suelos blandos suelen amplificar la vibración y hacer que se sienta por más tiempo, mientras que las rocas rígidas amortiguan el movimiento.
¿Cuál es la diferencia entre la duración percibida y la duración instrumental de un temblor?
La duración percibida es el tiempo durante el cual un ser humano alcanza a sentir la sacudida, mientras que la duración instrumental mide el tiempo total en que los sismómetros captan las ondas. Como los equipos detectan vibraciones imperceptibles para las personas, el registro instrumental suele ser considerablemente más largo.
¿El Servicio Geológico Colombiano puede predecir cuánto va a durar un temblor antes de que ocurra?
No. Ni la duración, ni la magnitud, ni la hora exacta de un sismo se pueden predecir. El SGC únicamente puede calcular la duración de las ondas e informarla una vez que los instrumentos de monitoreo han registrado el evento en tiempo real.
Nacional
Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia
El abogado nacido en Bogotá, de 48 años, que había construido una campaña presidencial alrededor de la seguridad, la autoridad, la defensa de las instituciones y una comunicación política poco convencional, pasaba de ser candidato a convertirse formalmente en jefe de Estado.
Cali amaneció el 7 de agosto con algo más que el acostumbrado movimiento de una ciudad acostumbrada a las grandes jornadas. Esta vez, la capital del Valle del Cauca tenía sobre sus hombros una responsabilidad que durante más de un siglo había pertenecido a Bogotá: recibir la ceremonia de posesión de un presidente de Colombia.
La protagonista era una figura que pocos años atrás parecía destinada a los escenarios jurídicos y mediáticos y que ahora llegaba al corazón del poder nacional: Abelardo de la Espriella.
La ceremonia rompió una tradición republicana de más de cien años. La Arena USC, en la Universidad Santiago de Cali, reemplazó a la tradicional Plaza de Bolívar como escenario del acto solemne. Allí se congregaron cerca de 2.300 personas entre congresistas, empresarios, dirigentes políticos, representantes gremiales y delegaciones internacionales.
Pero la escogencia de Cali no fue simplemente un cambio de dirección en la invitación presidencial. Desde la campaña, De la Espriella había insistido en que quería llevar la posesión a una región distinta de Bogotá y, originalmente, había planteado hacerlo en una guarnición militar. La propuesta provocó un enfrentamiento con el entonces presidente Gustavo Petro, quien se opuso a utilizar instalaciones militares para la ceremonia. Finalmente, el nuevo mandatario trasladó el acto a un escenario civil, aunque mantuvo un fuerte componente militar en la jornada.
Una alfombra roja para el nuevo poder
Pasadas las cuatro de la tarde, la Arena USC comenzó a convertirse en el retrato de la nueva Colombia que De la Espriella había prometido durante su campaña.
Por la alfombra roja desfilaron presidentes, expresidentes, dirigentes políticos y representantes internacionales. El rey Felipe VI de España estuvo entre los invitados, acompañado por mandatarios como Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; José Antonio Kast, de Chile; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras, y Laura Fernández, de Costa Rica.
También estuvieron expresidentes colombianos como Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana.
Hubo, sin embargo, ausencias que no pasaron inadvertidas.
El presidente saliente, Gustavo Petro, no estuvo presente. Tampoco fueron invitados los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Y en el Congreso, la bancada del Pacto Histórico no asistió al acto, aunque sí se logró el quórum necesario para realizar la ceremonia constitucional.
La escena dejaba así una imagen difícil de ignorar: mientras unos llegaban para acompañar el nacimiento del nuevo Gobierno, otros escogían no estar allí.
El juramento
A las 4:22 de la tarde llegó el momento que había esperado buena parte del país.
Abelardo de la Espriella juró ante el Congreso de la República y recibió la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Honorio Henríquez. Con ese acto, asumió oficialmente como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.
A su lado estaba su familia.
El abogado nacido en Bogotá, de 48 años, que había construido una campaña presidencial alrededor de la seguridad, la autoridad, la defensa de las instituciones y una comunicación política poco convencional, pasaba de ser candidato a convertirse formalmente en jefe de Estado.
Y entonces comenzó el discurso.
“El tigre ha llegado”
Si había una frase que resumía el tono del nuevo mandatario, probablemente era aquella que pronunció ante las Fuerzas Militares: “El tigre ha llegado”.
De la Espriella anunció una política de mano firme frente al narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales. Ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía combatir las estructuras delincuenciales y advirtió que quienes persistieran en el delito tendrían que someterse a la ley o enfrentar la respuesta del Estado.
La seguridad ocupó, de esta manera, un lugar central desde el primer discurso presidencial.
Pero hubo otro mensaje que buscó ampliar el alcance de su llegada al poder. De la Espriella afirmó que sería el presidente de todos los colombianos, incluso de aquellos que no votaron por él.
Era una declaración importante para un país que llegó a las elecciones profundamente dividido y que ahora comenzaba un nuevo capítulo político.
Fe, música y política
La ceremonia también tuvo momentos que se alejaron del protocolo estrictamente político.
Hubo un espacio de oración con la participación del rabino David Michaan, el pastor Eduardo Cañas Estrada y el sacerdote Francisco Javier Múnera Correa. La cantante Maía interpretó Aleluya, mientras en el recinto se mezclaban símbolos religiosos, música y solemnidad institucional.
El mensaje parecía claro: el nuevo Gobierno quería construir su identidad también desde los símbolos.
Y esa identidad estuvo presente en prácticamente cada detalle de la jornada.
De la Arena a los cuarteles
La ceremonia había terminado, pero la jornada presidencial todavía tenía una escena por contar.
Después del acto formal de posesión en la Arena USC, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, en Cali, donde las Fuerzas Militares le rindieron honores como nuevo comandante supremo.
Fue allí donde pronunció su primer discurso dirigido directamente a la Fuerza Pública y donde reforzó su mensaje de autoridad y lucha contra las organizaciones criminales.
Era, en cierta forma, la imagen que había buscado desde el comienzo: una posesión fuera de Bogotá, pero profundamente ligada a Cali y a las Fuerzas Militares.
El primer día de un Gobierno que promete mano firme
La posesión no fue únicamente una ceremonia protocolaria.
Fue el primer capítulo de un Gobierno que llega con una promesa contundente: recuperar el orden, fortalecer la autoridad del Estado y enfrentar al crimen organizado.
Y el nuevo presidente quiso demostrarlo desde las primeras horas.
Ese mismo día comenzó a ejecutar una de sus primeras decisiones en materia de seguridad: el traslado de 117 internos vinculados a estructuras criminales y procesos relacionados con las negociaciones de paz hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.
Así, entre la banda presidencial, los himnos, los invitados internacionales, las oraciones, los aplausos y las ceremonias militares, Colombia comenzó oficialmente una nueva etapa.
Una etapa que tendrá como escenario un país todavía polarizado, una economía con enormes desafíos, regiones que reclaman mayor presencia del Estado y una ciudadanía que espera resultados.
Cali puso el escenario.
La Arena USC recibió al nuevo presidente.
Las Fuerzas Militares recibieron al nuevo comandante.
Y Colombia, desde ese 7 de agosto, comenzó a preguntarse qué significarán realmente para el país las palabras con las que Abelardo de la Espriella inauguró su mandato: orden, autoridad y libertad.
Ahora ya no hay campaña.
Ya no hay discursos de candidato.
Ya no hay promesas desde una tarima electoral.
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